CEJIL envía carta al mediador

Carta Abierta del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)

con sede en San José Costa Rica, dirigida al Presidente Óscar Arias

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Costa Rica

Las organizaciones de derechos humanos firmantes rechazamos el golpe de Estado en contra del presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales. Sin duda alguna, este acto es un desafío a la democracia en todo el continente y pone a prueba la capacidad de respuesta efectiva de la comunidad internacional.

En este sentido, agradecemos sus gestiones para iniciar un proceso de diálogo que es necesario y urgente para restablecer la paz en Honduras y la vigencia del Estado de Derecho.

A través de la presente, es nuestra intención manifestarle una serie de preocupaciones expresadas por el movimiento social hondureño para que sean consideradas en el proceso de negociación que recién inicia.

Señor Presidente, debe usted saber que además de la evidente ruptura del orden constitucional, las autoridades golpistas han llevado a cabo una serie de acciones en contra del deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población hondureña, obligación contenida en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Podemos afirmar que durante la vigencia del gobierno de facto, los y las hondureñas han sido víctimas de numerosas violaciones a sus derechos fundamentales.

En primer lugar cabe resaltar las violaciones a la libertad de expresión. No sólo se ha limitado el acceso a información confiable, transparente y objetiva, sino que se han ejecutado órdenes directas de cierre y censura a medios de comunicación y a periodistas que apoyan al Presidente Manuel Zelaya. Adicionalmente hay una política clara de represión contra toda persona que manifieste su desacuerdo con el gobierno de facto.

Según información recopilada por las organizaciones, más de 300 personas han sido detenidas por su participación en manifestaciones pacíficas, aproximadamente 180 personas han sido detenidas por violar el toque de queda, y 18 personas están siendo procesadas por los delitos de asociación ilícita y sedición.

Cabe destacar que el ejército ha utilizado gas picante y la presencia de francotiradores para reprimir a los manifestantes.

El joven Isis Obed Murillo Mencia fue ejecutado por miembros del ejército hondureño durante la manifestación ocurrida el pasado 5 de julio, a su muerte se suman otras cuatro ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron con posterioridad al golpe pero cuyas circunstancias no están claras.

Por otra parte, varios defensores y defensoras de derechos humanos fueron y continúan siendo víctimas de actos de hostigamiento y amenazas, sus comunicaciones son interrumpidas con frecuencia, y las sedes de las organizaciones están siendo vigiladas por el ejército.

Ante el panorama referido, las organizaciones firmantes reafirmamos que el diálogo es la única vía para resolver la crisis que afecta al Estado de Honduras, sin embargo, hacemos un llamado respetuoso para que cualquier negociación tome en cuenta los principios de verdad, reparación y justicia, y en atención a ello manifestamos:-

SI al restablecimiento del orden constitucional y retorno del Presidente Manuel Zelaya a Honduras para el ejercicio de sus funciones.-

NO a la impunidad por las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de facto político militar, lo que incluye el golpe de Estado mismo, y todas las acciones contra la población civil ejecutadas principalmente por órganos militares con el apoyo y/o tolerancia de la Policía Nacional.-

SI a la liberación de los presos políticos capturados con posterioridad al golpe de Estado y a la suspensión de todos los procedimientos fiscales y penales iniciados por el Ministerio Público después del 28 de junio, como claras acciones de persecución política contra los funcionarios del Gobierno Zelaya y los dirigentes sociales simpatizantes del proyecto de la Consulta Popular.-

SI a la inmediata desmilitarización de las dependencias públicas que luego del golpe de Estado pasaron a control de las Fuerzas Armadas, ello implica: el retorno inmediato del control de la seguridad pública o interna a la Policía Nacional, el retorno sin reservas al control civil y bajo supervisión de organismos de derechos humanos, incluyendo de la sociedad civil, de los servicios públicos y de telecomunicaciones, como son la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Hondutel, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Dirección de Migración y Extranjería, hospitales públicos, cuyos accesos están militarizados, entre otros.-

SI a la suspensión del uso de armas químicas y letales para reprimir manifestaciones y la separación de las Fuerzas Armadas de actividades de control de manifestaciones públicas.-

SI a la suspensión definitiva del estado de sitio o excepción decretado sin seguir el procedimiento Constitucional y que ha sido utilizado para justificar las violaciones a derechos humanos fundamentales.-

SI al reestablecimiento de la libertad de expresión y asociación, y a la protección de la legítima labor de los defensores-as de derechos humanos, comunicadores, líderes sociales y periodistas.

San José, 9 de julio de 2009