30/5/10

Interpretando las noticias de esta semana

Esta semana nos ha traído novedades interesantes, la primera es que muchos sostenedores del golpe de Estado, esos que “orgullosamente” pregonaban que “que para mantener la dignidad como país, no importaba quedar aislados o realizar sacrificios”, y que ahora responsabilizan a la comunidad internacional por las consecuencias negativas de la asonada, poco a poco se van dando cuenta de cómo están las cosas y que si bien es cierto el maquillaje pudo haber tenido efectos positivos en un primer momento, no tiene la resistencia necesaria para mantener la máscara que en el país no ha pasado nada. Los señores del poder y sus comparsas pensaban que a los seis meses todos los países harían borrón y cuenta nueva, que los dólares comenzarían a llegar y que todo seguiría como antes.


La verdad es que los seis meses ya casi han pasado y el reconocimiento no ha llegado, y no ha llegado porque tampoco las reparaciones son sinceras, vivimos engañados y engañándonos y no aprendemos ni de nuestros propios errores. A ellos les resulta fácil la demagogia de culpar a Chávez o a Correa por lo ocurrido porque los señores del golpe saben muy bien que en medio de la ignorancia política y la alienación mental la táctica del enemigo externo funciona casi siempre aunque no como quisieran .

Qué confianza podemos tener los hondureños en cada uno de los tres poderes si ellos mismos son los que le dieron el golpe de gracia a la Constitución? Con qué valor moral se puede actuar si los mismos diputados falsificaron una renuncia para justificar su propio accionar? Es que la Corte Suprema de Justicia nos puede decir que es apolítica y nos puede asegurar que impartirá justicia imparcial cuando ellos mismos están implicados en el rompimiento del orden Constitucional? Acaso el partido nacional no fue co autor de ese golpe? Pueden esos tres poderes ser juez y parte en una situación en la que resultan ser los protagonistas principales junto con las Fuerzas Armadas y los mandantes de la empresa privada?

Mientras tanto la gente sigue cada vez con mayores problemas económicos y de seguridad. Cada semana mueren más miembros o simpatizantes de la resistencia y, hasta el momento, no existe ni la mínima respuesta sobre quiénes son los ejecutores intelectuales y materiales de esos crímenes que tienen el sello claro de los escuadrones de la muerte.

Lo habíamos dicho en Setiembre y lo repetimos ahora, ese golpe fue el tiro de gracia a la economía del país, ninguno de los que lo planificaron pensó –o si pensó demostró que no le importaba- en las consecuencias económicas. Ahora en su política de tender la mano para vivir de la caridad internacional se postran ante el FMI, que llega a “analizar las perspectivas económicas para el año 2010 y las estrategias económicas del paquetazo” que nos receta el gobierno cachureco. El FMI con palabras “suaves” resalta la irresponsabilidad de dar un golpe en medio de una crisis mundial pues la “incertidumbre política”, como le dicen ellos, agravó la catastrófica economía nacional, desestabilizando las cuentas fiscales y la balanza de pagos.

Ante la falta de "pisto" la recaudación de impuestos es prioritaria, pero ¿ Cómo se puede recaudar impuestos si los llamados a pagarlos defraudan al fisco y en lugar de partida doble llevan doble contabilidad? ¿ Cómo se puede recuperar un impuesto indirecto que la ciudadanía paga pero las empresas que lo recolectan no lo ingresan al Estado y además forman parte del mismo gobierno que tendría que controlarlas? ¿Es qué nadie se da cuenta de los enormes conflictos de interés que existen? Se nos olvida acaso que los mismos organismos contralores se han prestado siempre como encubridores de esas enormes defraudaciones fiscales?

Y qué decir de la emisión de moneda sin respaldo o de la incontenible carrera del endeudamiento interno? Y todavía hay gente sin patria que se atreve a defender lo indefendible. ¿Cómo es posible que Adolfo Facussé diga que no es problema para el país que los que dicen ser empresarios mantengan deudas millonarias con el Estado, evadan al fisco y se embolsen las recaudaciones? Claro que es problema! Y un grave problema porque nos da la medida del Estado que tenemos y quiénes son los que realmente tienen el poder y quiénes son los que ocupan puestos públicos para cuidar los intereses de esas cúpulas.
Cuando en el país el leiv motiv es el de enriquecerse a costa del pueblo, la responsabilidad es de muchos: hechores y encubridores. Causa tristeza ver como gente que ha nacido en el país por accidente o que ha llegado a él huyendo de la miseria en el propio, en lugar de comportarse mejor, ha imitado, perfeccionando, los comportamientos deshonestos. Si el sector público es ineficiente y clientelista, igualmente el sector privado es también ineficiente, clientelista y evasor de impuestos. Pregunta: ¿Qué país se puede construir con elementos de esta calaña?

Mientras tanto Pepe no sabe qué hacer y para no afrontar la realidad se dedica a viajar por los únicos 4 países que lo reciben: Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica y, de paso, cruza el charco como convidado de piedra únicamente para convencerse que los “países amigos”, de manera suavecita, le aconsejan que es mejor que de señales reales de que las cosas están cambiando porque si los tres poderes siguen jugando a hacerse los tontos, no llegará ni plata ni reconocimiento. Por ello el hombre de la sonrisa nerviosa un día dobla y el otro repica. Ahora dice que va a recoger a Zelaya a Dominicana para que venga a su país, después que su misma bancada aprobó su expulsión. Ya ni sus correligionarios y amigos lo entienden, es como tener de presidente a Leonard Zelig (víctima de una rara enfermedad que se manifiesta en la transformación psicosomática –en el caso de Leonard- de su interlocutor en relación con el contexto en el que se encuentra) es así que desde el exterior le ruega al presidente de la Corte que no “encarcele a Zelaya".  Clama por justicia sabiendo que en el país la justicia no existe. Pero no hay que decirlo gritando, hay que susurrarlo porque hay que aparentar que somos respetuosos de las leyes, de la Constitución y, que el poder judicial es incorruptible e imparcial.

Hay todavía quiénes a toda costa manejan discursos que la realidad ha desnudado, como el asesor del Ministerio Público y también ex magistrado de Corte Suprema, Rigoberto Espinal Irías que acusa a Pepe Lobo de falta de “respeto a la división de poderes”, dice Espinal “ que nuestros poderes son independientes y ejercen dentro del mandato constitucional” respondiendo a la afirmación de Lobo que públicamente declara que “ya ha cabildeado con la Corte el ingreso de Zelaya”. La verdad es que el cabildeo lo ha hecho pero no le ha dado resultado, pero no porque exista la tal “división de poderes” (ahí hay uno solo: el económico y sus tres divinas representaciones, el ejecutivo, legislativo y judicial) sino porque la CSJ sabe muy bien el rol que ha jugado en el golpe y hasta donde está implicada, igual que el Ministerio Público. Por ello no resulta extraño que se aclare con contundencia, como lo hace Jorge Rivera Avilez, que a Zelaya se “le respetará el debido proceso” según indica Danilo Izaguirre.

En lo que si tiene razón Espinal Irías es cuando afirma que “el país no ha logrado una verdadera reconciliación”. Eso es verdad. En el país no hay reconciliación y no podrá haberla hasta que las mismas autoridades comprendan que no pueden seguir mofándose del pueblo y encubriendo –por acción o por omisión- los asesinatos, secuestros, prevaricatos, impunidades, etc., que nos afectan.

Uno que se quedó hablando solo como ciego aullándole a la luna es don Abad. Su ceguera no le permitió ver lo que sucedía en el país y sus años le impiden darse cuenta que ya se le pasó el cuarto de hora y, lo que es peor, no ve el daño que le hace a la figura del Ombudsman. Se le olvidó a don Abad el significado de la figura de defensor del pueblo y debilitó tanto esa institución que logró que le cortaran los fondos con los que siempre ha vivido y que Lobo le nombrara una paralela, que hasta la fecha no ha hecho nada, pero que le permite a Lobo Sosa decir que se “preocupa por los derechos humanos”.

Pero la mayor desfachatez de esta semana la ha protagonizado el ex presidente Maduro, -ahora autodenominado máximo defensor de la Constitución-quedarán para la historia sus frases: “ en Honduras nadie puede estar por encima de la ley” “la única forma en la que se logra la paz, es respetando las instituciones, el progreso es con un estado de derecho sólido y respetando las instituciones, la única forma que logra el servicio de salud es cumpliendo la Constitución, no una nueva que van a escribir un par de personas que quieren quedarse en el poder” (aunque la frase es ilegible se entiende). Estas frases son la síntesis cruda de la amnesia individual y colectiva en la que vivimos. Ya se le olvidó a Maduro cómo llegó al poder cuando la misma Constitución no se lo permitía, como logró mantener su candidatura con la patraña de inscribir a un testaferro,; patraña utilizada también por Elvin Santos, por mientras se acondicionaba la ley a su capricho y conveniencia? Se le olvidó cómo se tomaba las calles con sus seguidores y quemaba llantas? Y todavía los hondureños no nos indignamos cuando estos ejemplares de la política juegan con nuestra memoria y con la decencia de los que todavía conocemos el significado de esta palabra. No existe en toda la Constitución de la República ningún artículo que permita utilizar un testaferro mientras el “candidato” resuelve sus problemas legales y logra resoluciones a su favor. Cómo es posible entonces que los hondureños permitamos esto, y que nos den “capote” demostrándonos lo pusilánimes que somos?

Hibueras

29/5/10

Obligados a informar

Al final se han aclarado tantas incomprensiones, pero estuvo bien que la gente sacara a la luz pública sus dudas porque eso abona a la misma transparencia dentro del FNRP, y le recuerda a la dirigencia que se deben a sus bases y tienen la obligación de informarles. También la crisis sirvió para desnudar todo el infantilismo político que hay en ciertos grupos, ya sea opositores, oportunistas o simplemente con el afan de boicotear el buuen trabajo dell FNRP.

A continuación la aclarazión enviada hoy.

Declaración
Con la mejor de las intenciones, los abajo firmantes responsablemente podemos decir, que algunos medios de comunicación ³cayeron en una trampa² al dar credibilidad a GENTE que no estuvo en la reunión del jueves 13 de mayo 2010, entre 4 de los miembros de la Coordinación del FNRP y el gerente de Radio America, quien llego a la sede de la Vía Campesina, acompañado del Periodista Eduardo Maldonado como gestor para ³solicitar seguridad para los reporteros de su radio, porque ellos le decían que no cubrían los eventos de la Resistencia por las amenazas a muerte y agresiones de que eran objeto y el quería saber si era cierto².

Esa GENTE, construyo alrededor de ese evento, una burbuja de inventos y calumnias, para ³fundamentar² la exigencia de pedir las cabezas de Juan Barahona, Racel Tome, Rafael Alegría y Carlos H Reyes acusándolos de traidores, vendidos y otros calificativos aun mas groseros.

En esa reunión, con el gerente de Radio America, dejamos claramente establecido que no es política del FNRP, ni amenazar, menos matar a nadie. Que sin duda radio America esta cosechando lo que sembró y como fundamento le relatamos, la metamorfosis que ha sufrido, al pasar históricamente de ser un medio de comunicación independiente, a ser un medio golpista. Ese fenómeno se evidencio aun mas, le dijimos, a partir del día del golpe de Estado, cuando en vez de informar objetivamente sobre lo que acontecía en el país, se dedico a comentar la muerte de Michael Jackson.

Le manifestamos, al gerente, que sin duda el responsable de esa metamorfosis es su propietario Miguel Andonie Fernández y le pedimos le transmitiera todo nuestro repudio por la falta de objetividad y manipulación de la información dándole ejemplos; y le mandamos a decir también que, desde Radio America, no solo se desinforma sino que se invisibiliza la Resistencia y los crímenes cometidos contra el pueblo. Al pedir el gerente una reunión con sus cinco Coordinadores de Noticieros, para abordar el tema, le dijimos que frente a cualquiera, la posición del FNRP seria la misma, pero que le comunicaríamos, al resto de la Coordinación, su deseo; y eso fue, lo que les comunicamos en la reunión del martes 18 de mayo 2010 en Tegucigalpa.

Esa GENTE a quien nos referíamos al principio, no solo calumnio, sino pidió a través de esos medios de comunicación las cabezas de los cuatro asistentes a la reunión: a) en momentos en que la embajada de los Estados Unidos y los liberales golpistas han estado gestionando la unificación del partido liberal para dividir la Resistencia; b) en un contexto de violencia en el que al sector popular de la resistencia le siguen asesinando selectivamente a sus miembros; c) En momentos en que a maestros, campesinos, sindicalistas, jueces honestos, etc., se les ataca brutalmente para destruir sus organizaciones y quitarles sus derechos o el empleo; d) cuando hay dos huelgas: una de jueces despedidos por una Corte de Justicia golpista y cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la otra, de trabajadores universitarios despedidos y que ya lleva un mes; e) en medio de una situación donde se profundiza el modelo neoliberal asaltando los bolsillos del pueblo con impuestos y altísimo costo de la vida; f) también ocurre en pleno proceso en que con mucho trabajo voluntario recogemos firmas de la DECLARACION SOBERANA para convocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente para Refundar Honduras; y, g) precisamente en el momento en que se ha visto el interés de algunos gobiernos en que se reconozca al FNRP como un partido político, lo que ha despertado en alguna gente el gusanillo electorero y ya andan promoviendo candidaturas o alianzas para desviarnos del objetivo principal: LA CONSTITUYENTE PARA LA REFUNDACION DE HONDURAS Y EL RETORNO DE MANUEL ZELAYA ROSALES Y TODOS LOS EXILIADOS SIN CONDICIONES A SU TIERRA NATAL.

En conclusión: la campaña ha sido bien orquestada y ha dejado al desnudo el propósito de volver al bipartidismo, hacer política al viejo estilo de la oligarquía y empezar a descabezar el FNRP para propósitos electoreros, invisibilizarlo como fuerza social y política con identidad propia y de nuevo, como el 28 de junio 2009, pretender abortar el proceso a la Constituyente.

No hay duda que nos esperan luchas más difíciles pero siempre con la verdad, saldremos adelante y triunfaremos como Pueblo en Resistencia. En las luchas gremiales y políticas en que hemos participado desde hace muchas décadas, podremos haber cometido errores pero rendirnos, traficar con los intereses populares y cometer traiciones: ¡JAMAS!.
Tegucigalpa 25 de mayo 2010
JUAN BARAHONA CARLOS H REYES
RAFAEL ALEGRIA RASEL TOMÉ

22/5/10

Golpe es golpe, dice Pepe

Carta de Cejil a Insulza

                                                                                                              Washington, D.C., 14 de mayo de 2010

Dr. José Miguel Insulza
Secretario General
Organización de los Estados Americanos

Ref.: Situación de derechos humanos en Honduras

Distinguido señor Secretario General:

Reciba un cordial saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de derechos humanos que ha seguido de cerca la situación de Honduras a partir de los hechos acaecidos el 28 de junio pasado.

Por este medio, nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento nuestras preocupaciones respecto de algunos acontecimientos que ponen en entredicho el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado de Honduras.

Como es de su conocimiento, el golpe de Estado perpetrado contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales fue condenado enérgicamente por usted mismo y distintas instancias, tanto nacionales como internacionales. Particularmente la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió

Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.(1)

Ahora bien, durante los siete meses del gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti ocurrieron miles de violaciones de derechos humanos en Honduras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al respecto que

… junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos. (2)

Lo anterior coincide con las conclusiones a las que arribó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la cual estableció que:

El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general. Las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales. (3)

En virtud de tal informe, la OACNUDH emitió una serie de recomendaciones tendientes tanto a “mejorar la situación de los derechos humanos” (4 ) como a recomendar “enérgicamente” la adopción de distintas medidas “para hacer frente de manera apropiada a los problemas estructurales” (5). En virtud de lo anterior, “… la Alta Comisionada recomienda que la comunidad internacional apoye los programas de derechos humanos aplicados por las organizaciones de la sociedad civil, así como por el sistema de las Naciones Unidas, en particular en el seguimiento de estas recomendaciones.” (6).

Desafortunadamente, la situación de derechos humanos en Honduras no ha tenido un cambio significativo para las personas que habitan en ese país. A partir del mes de enero del presente año, se han desarrollado distintos acontecimientos que cuestionan el efectivo cumplimiento por parte de Honduras de su compromiso internacional de combate a la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas a partir del 28 de junio de 2009.

Estos hechos involucran a distintos poderes del Estado y tienen que ver con la aprobación de un decreto de amnistía (7), con el sobreseimiento definitivo en el procesamiento de 6 militares acusados de apoyar el Golpe de Estado (8), con el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio al señor Roberto Micheletti (9) , con el nombramiento de Romeo Vásquez Velásquez como Gerente de la empresa nacional de telecomunicaciones HONDUTEL (10) , y más recientemente con la instalación de una Comisión de la Verdad que excluye la investigación de violaciones de derechos humanos y el despido arbitrario de varios jueces por ser críticos al golpe de Estado.

En esta ocasión, es interés de CEJIL expresar su profunda preocupación por los dos últimos acontecimientos, es decir, la instalación de la Comisión de la Verdad y la remoción de varios jueces hondureños de sus cargos.

I. Sobre la Comisión de la Verdad
Sin duda, los hechos sucedidos en Honduras requieren de mecanismos excepcionales que coadyuven en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la reconciliación nacional a partir de conclusiones e instrumentos serios que garanticen verdad, justicia y reparación.
No obstante ello, en nuestra opinión, la Comisión de la Verdad instalada por el Presidente Porfirio Lobo el pasado 4 de mayo no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia transicional y de comisiones de verdad. El decreto de creación (011-2010) evidencia una serie de debilidades difíciles de subsanar, entre las cuales se encuentran las siguientes:

1. El mandato de la Comisión de la Verdad no incluye de manera expresa la obligación de investigar violaciones a los derechos Humanos pues se limita a “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
Esta definición excluye textualmente la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas como consecuencia del golpe de Estado, lo que significa que estos hechos, constatados tanto por la CIDH como por la OACNUDH y denunciados por distintas organizaciones de derechos humanos, seguirán en la impunidad y particularmente las voces de las víctimas no serán escuchadas. Ello incumple con las obligaciones de investigar las graves violaciones de derechos humanos, de reparar a las víctimas y de garantizar el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

2. Se excluye a las víctimas de ser parte del proceso de esclarecimiento de la verdad. Ni las víctimas ni sectores de la sociedad civil hondureña afectados por el golpe de Estado han sido tomados en cuenta en el proceso de constitución de la Comisión de la Verdad y tampoco se establece la posibilidad de que participen o expresen sus opiniones en alguna etapa posterior. Ello pone en una situación delicada la credibilidad y legitimidad de este mecanismo.

3. La instalación de la Comisión de la Verdad se ha realizado a través de un decreto presidencial, es decir, es un acto del presidente Porfirio Lobo que no tiene la fuerza jurídica de una ley de la República y por ello no vincula a otros poderes de la República.

4. No se prevé la obligación de los Poderes Legislativo y Judicial así como del Ministerio Público de brindar información a la Comisión de la Verdad. El decreto señala que la Comisión de la Verdad tendrá acceso irrestricto a las instituciones del Ejecutivo, pero en lo que se refiere a los otros dos poderes, éstos “coadyuv[ará]n a las tareas y cumplimiento de sus atribuciones de la Comisión.”

5. En los poderes Legislativo y Judicial están presentes personas que cooperaron con el golpe de Estado y es improbable que estos órganos cumplan con su obligación de colaborar con la Comisión de la Verdad, a sabiendas de su propia responsabilidad en los hechos, y mucho menos tendrán la voluntad de aceptar e implementar las recomendaciones que eventualmente se realicen.

6. No se establece en ninguna norma la obligación del Estado de Honduras de asignar recursos económicos para el adecuado funcionamiento de la Comisión. De esta manera, se deposita toda la responsabilidad en la comunidad internacional, demostrando una vez más la falta de voluntad de las autoridades hondureñas en lograr que esta Comisión sea parte de un proceso serio de esclarecimiento de la verdad. Particularmente, llama la atención el artículo 5º del Decreto en mención que señala lo siguiente:

Artículo 5. La Comisión tendrá su patrimonio propio formado por las aportaciones de cooperación recibido a través de la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y recursos proveídos por otros sujetos de derecho internacional y organismos de cooperación en forma directa a un fondo especial que administrará la Comisión. La ejecución de los fondos estará sujeta a la auditoria interna correspondiente y la auditoria internacional convenida entre los comisionados y los donantes. (11) [Resaltado fuera del original]

7. Como principio fundamental, la sociedad debe tener acceso a la información, salvo las circunstancias excepcionales que señala el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, el “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” establece que “Se deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas y de sus allegados para hacer velar sus derechos.” (Principio 14). En el presente caso, consideramos que no es justificable ni razonable lo establecido en el artículo 14 del Decreto:

Artículo 14. Al finalizar su vigencia y luego de presentar su informe final, la Comisión deberá seleccionar y separar aquella documentación y materiales que tengan carácter confidencial la cual será trasladada al Comité Jurídico Interamericano quien garantizará su custodia sin revelar su contenido durante diez años, cumplido ese plazo esa documentación pasará a ser parte del Archivo de la Biblioteca Nacional de Honduras. [Resaltado fuera del original]

CEJIL valora la voluntad del Poder Ejecutivo para avanzar en una agenda de reconciliación en Honduras; sin embargo, no es posible lograr este objetivo si las expresiones de buena fe no son consecuentes con acciones concretas de todos los poderes del Estado que comprueben la voluntad de combatir la impunidad, de cesar todo acto de represión contra las personas que manifestaron su oposición al golpe de Estado y de adoptar las medidas de reparación y de no repetición de hechos como los mencionados.

De igual manera, consideramos que es fundamental que el apoyo político y técnico que la OEA tenga a bien dar a Honduras (de manera directa o indirecta) no puede ir en contravención a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene ese Estado ni de los pronunciamientos que distintas instancias internacionales han emitido, particularmente la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada.

II. Procesos disciplinarios avanzados contra jueces hondureños

A propósito de la continuación de los actos de persecución en Honduras, consideramos pertinente referirnos a los procesos disciplinarios que iniciaron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra diversos jueces que habían sido críticos del actuar de las instituciones ante tales acontecimientos (12).

El informe de la OACNUDH sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado, da cuenta de estos hechos señalando lo siguiente:

También se adoptaron medidas disciplinarias contra miembros del poder judicial que firmaron un editorial de desacuerdo con la "sucesión constitucional", participaron en demostraciones o formularon declaraciones que se consideró que menoscababan la dignidad de la "administración". Los miembros del poder judicial afectados por esos procedimientos denunciaron que las autoridades no suministraron información acerca de las acusaciones presentadas en su contra, con lo que no pudieron defenderse en forma apropiada (13).

Desafortunadamente, el pasado 5 de mayo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de la remoción del cargo de los siguientes funcionarios, por una decisión de 10 votos a favor y 5 en contra:
􀂃 Luis Alfonso Chévez de la Roca, Juez contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula
􀂃 Ramón Enrique Barrios, Juez de Sentencia de San Pedro Sula
􀂃 Guillermo López Lone, Juez de Sentencia de San Pedro Sula
􀂃 Osman Fajardo Morel, Defensor Público de San Pedro Sula
􀂃 Tirza Flores Lanza, Magistrada de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula

A los jueces Guillermo López y Luis Alfonso Chévez, así como al defensor público Osman Fajardo se les atribuye haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado; al juez Ramón Enrique Barrios lo cuestionaron por haber publicado un artículo en un periódico en el que objetaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar “sucesión constitucional” al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada Flores se le sancionó por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.
Todos los procesos iniciados tienen como común denominador el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto del golpe de Estado. Asimismo, todos los jueces mencionados son miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia, organización que ha expresado públicamente su rechazo al golpe de Estado y cuyos miembros participaron activamente en la interposición de diversos recursos judiciales contra decisiones de las autoridades de facto14.

La Corte Interamericana ha establecido que “La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse (...). También interesa al orden público democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano a expresarse y el de la sociedad en su conjunto de recibir información” (15).

Sin embargo, este hecho vuelve a evidenciar que en Honduras no existe espacio para expresar la diferencia de opiniones. Como mencionó el Relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, en dicho país “no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado”(16).

Adicionalmente, la sanción que se impone a los jueces no solo les afecta a ellos personalmente sino que envía un mensaje claro a otros miembros del Poder Judicial, para que se abstengan de manifestar opiniones que difieran de aquellas expresadas por las autoridades de la Corte Suprema. En este sentido, el despido de los jueces y el defensor público tiene un efecto intimidatorio para estos funcionarios.

Por otra parte, la decisión de la Corte Suprema es el reflejo de una posición política que sus miembros asumieron y defendieron desde que ocurrió el golpe de Estado, esto significa que las autoridades del Poder Judicial no están actuando en forma independiente ni imparcial.

La decisión de la Corte Suprema de Honduras al despedir a cuatro jueces miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia, incluyendo a su Presidente (17), constituye además una intervención ilegítima en el funcionamiento de la Asociación que afecta su existencia misma.

En conclusión, en Honduras todavía no se ha restablecido plenamente la Democracia ni el Estado de Derecho de manera que resulta vital que la OEA se mantenga vigilante ante los actos que son contrarios a los principios democráticos del continente.

III. Petitorio

Por lo antes expuesto, respetuosamente le solicitamos:

Único. Que, de conformidad con AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) del 4 de julio de 2009 mediante la cual la Asamblea General de la OEA encomienda al Secretario General, intensificar “todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración de la democracia y el estado de derecho en la República de Honduras”, se condicione todo acompañamiento a las autoridades actuales hondureñas al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En términos concretos, respetuosamente solicitamos que se pida al Estado de Honduras lo siguiente:

a. Cese de todo acto de persecución política contra las personas que han manifestado su oposición al golpe de Estado;

b. Con base en el artículo 106 de la Carta de la OEA, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar una revisión de la propuesta actual de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales en la materia;

c. En tanto no se emitan las conclusiones anteriores, se suspenda el apoyo político y económico a tal iniciativa;

d. Solicitar, como muestra de voluntad política para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el acatamiento de las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009;

e. Con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas así como para brindar asistencia técnica, dé su anuencia para la instalación en Honduras de una Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho; y

f. Que todos los poderes del Estado se abstengan de realizar actos y nombramientos que fomentan la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado;

g. Evidencie acciones concretas que fortalezcan la independencia judicial en Honduras, entre otras: la creación de un Consejo de la Judicatura; la reforma de la Ley de la Carrera Judicial en lo conducente; y la rectificación de la resolución de remoción arbitraria de los funcionarios públicos mencionados en el presente documento.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

CEJIL
Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/documentos/Carta_a_Jose_Miguel_Insulza_situacion_Honduras.pdf
1 OEA. Asamblea General. Resolución sobre la crisis política en Honduras. AG/RES. 1 (XXXVII-E/09), de 1º de julio de 2009, Resolutivo tercero.2 CIDH. Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 55, 30 de diciembre de 2009, párr. 6.
3 Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Doc. ONU A/HRC/13/66, de 3 de marzo de 2010. Párr. 77.
4 Tales medidas se relacionaban con el avance de investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas; que se respeten las garantías procesales y la tutela judicial efectiva de las personas que participaron en demostraciones contra el golpe de Estado; y que se repare, apoye y asista a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ídem., párr. 84.


5 Las recomendaciones versan sobre posibles modificaciones de legislación incompatible con normas internacionales; la formulación de un plan nacional de derechos humanos; la excepcionalidad del uso de la fuerza militar; y el establecimiento de un mecanismo nacional independencia de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ídem, párr. 85.
6 Ídem, párr. 86.
7 El pasado 26 de enero, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto No. 02-2010 que otorga amnistía para los delitos políticos y delitos conexos con políticos ocurridos en el período del 1 de enero de 2008 al 27 de enero de 2010. Entre otros, la Comisión Interamericana expresó su preocupación mediante el comunicado de prensa 14/10, de 3 de febrero de 2010, titulado: “CIDH manifiesta preocupación por Decreto de Amnistía en Honduras”.
8http://www.elheraldo.hn/layout/set/print/Ediciones/2010/01/27/Noticias/Sobreseimiento-definitivo-a-Junta-de-Comandantes
9 http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/01/14/Noticias/Declaran-a-Micheletti-diputado-vitalicio
10 El General en retiro Romeo Vásquez Velásquez era El Ministro de La Defensa al perpetrarse el golpe de Estado em Honduras. http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/03/10/Noticias/Romeo-Vasquez-nuevo-gerente-de-Hondutel
11 Decreto Ejecutivo 011-2010, de 4 de mayo de 2010.
12 Tal información fue suministrada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y CEJIL en la audiencia celebrada el pasado el 3 de noviembre sobre los “derechos humanos en el contexto del golpe de Estado en Honduras”; de igual manera, el pasado 10 de noviembre se presentó a la Ilustre Comisión un documento detallando las circunstancias particulares de cada una de las personas sometidas a procesos disciplinarios. En el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la Comisión Interamericana señala querecibió información sobre estos procesos, así como sobre traslados y otros actos de hostigamiento. Ver párrafo 192.

13 Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas… supra nota 3, Párr. 74
14 Así, miembros de la Asociación de Jueces interpusieron una denuncia contra los militares que expulsaron al Presidente Zelaya, y recursos de amparo contra los Decretos PCM-11-2009, PCM-16-2009.

15 Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A. No. 5, párr. 69.
16 Naciones Unidas. Comunicado de prensa sobre visita realizada por el Relator [Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas] a Honduras, 10 de agosto de 2009, pág. 3. 17 Guillermo López Lone es el Presidente actual de la Asociación de Jueces para la Democracia. Tirza Flores y Ramón Barrios son miembros del Tribunal de Honor de la AJD y Luis Chévez es miembro y conductor del programa de radio de la AJD “Tras la verdad”. Este programa se transmite en Radio Progreso una vez por semana.

Poder Judicial hondureño colapsó

El poder judicial colapsó, no tiene ninguna credibilidad y continúa demostrando día a día sus límites, mientras tanto el pueblo sigue indefenso, tal y como lo indican los informes sobre Derechos Humanos. Una Corte politizada, que durante el golpe, por medio del jefe de personal invitaba al personal a manifestarse a favor del mismo. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe del 21 de  Mayo de 2010, puntalizó lo siguiente:. “La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos que debilitan el estado de Derecho, se encuentra facilitada por decisiones de la CSJ [Corte suprema de Justicia]”. La CIDH declara haber “constatado la impunidad” por las violaciones a los derechos humanos que ya habían sido verificadas antes, por esa misma Comisión y por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), lo mismo con las que “continúan ocurriendo”.

La Comisión expone que: “además del cuestionado rol de la CSJ” en el mismo golpe de Estado, esa Corte liberó a los militares acusados de participar en él; y también “despidió”, después, a los jueces y magistrados que intentaron “evitarlo por vías democráticas”. El sr. Jorge Rivera Avilez, presidente de la CSJ, sin vergüenza alguna,  indica  que falta "unicamente notificarles el despido de manera formal":  una velada amenaza que demuestra la "calidad" de jueces con los que contamos

El juez despedido, Guillermo López Lone, en huelga de hambre, refutó a Rivera Avilés, que “no es un procedimiento de carácter administrativo, el despido es una realidad, se tomó en el pleno de la Corte [con] diez magistrados a favor y cinco en contra, el 10 de mayo se ratificó el acto; lo que hace falta es sólo un acto formal, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, explicó.


Según la Asociación Jueces por la Democracia (AJD), fueron despedidos por haber “condenado” el golpe de Estado y sostener que la Corte “conspiró” para expulsar al presidente Manuel Zelaya; y por sus resoluciones en defensa de las garantías constitucionales y los derechos humanos violados al pueblo en resistencia, que se opone al Golpe.
 Lobo Sosa, que ha reconocido que no hubo "sucesión presidencial" sino que lo que se produjo fue un golpe de Estado, ha declarado en el exterior que le pidió a Rivera Avilez que no despidiera a los operadores logrando obtener la "promesa de Rivera  para no proceder a tal despido" que a todas luces es ilegal. Los despedidos son Tirza Flores Lanza, magistrada, los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez de la Rocha.

La magistrada, Tirza del Carmen Flores Lanza, presentó un escrito a la CSJ para que “rectifique” y declare “sin valor ni efecto” los despidos.


Los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha José María Pineda, Gerson Medina, Pablo Munguía, iniciaron una huelga de hambre en los bajos del Palacio Legislativo, no sólo para exigir sus reintegros, sino como un "acto de resistencia" y por transformar un sistema de justicia en "profunda crisis institucional", según dijera Lopez Lone a varios medios. Dos ciudadanos más se les habrían sumado a la huelga, el estudiante de Secundaria, Michael Urbina, y Teodoro Carbajal, ganadero en pequeña escala.


Resumiendo Lobo  ha pasado de llamar al golpe "la cosa" reconociendo los hechos y agrega que “A él todos los sectores le están pidiendo la Constituyente",  "me dicen —insiste el presidente Lobo Sosa—: ¡Constituyente, queremos constituyente! Está bien. ¿Cuál es el problema? Ya hoy veo que es un tema que interesa mucho. Porque oigo a la Resistencia que grita: ¡Constituyente! Y oigo a los empresarios que también gritan: ¡Constituyente!”. A  pesar de estas declaraciones el sr. Lobo Sosa maneja un discurso ambivalente que en nada aporta a la restauración de la legalidad.

Magistrados que votaron a favor de la destitución:

1-Rosalinda Cruz Sequeira.
2-José Francisco Ruiz Gaekel.
3-José Antonio Gutiérrez Navas.
4-Raúl Antonio Henríquez Interiano.
5-Jorge Reyes Díaz.
6-Edith María López Rivera.
7-Víctor Manuel Martínez Sevilla.
8-Rosa de Lourdes Paz Haslam.
9-José Tomás Arita Valle.
10-Jorge Rivera Avilez.

Magistrados que votaron en contra de la destitución:

1-Jacobo Cálix Hernández.
2-Carlos David Cálix Vallecillo.
3-Marco Vinicio Zúniga Medrano.
4-Oscar Fernando Chinchilla Venegas.
5- Gustavo Enrique Bustillo Palma.

Otra víctima de los escuadrones de la muerte

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH denuncia el asesinato del compañero Olayo Hernández Sorto de 37 años de edad, vecino de la comunidad de Pueblo Viejo, miembro de COPINH y secretario del comité comunal del frente de resistencia Popular contra el golpe de estado de la comunidad de Pueblo Viejo municipio de Colomoncagua, departamento de Intibucá.


El compañero Olayo Hernández Sorto fue asesinado el día martes 18 de mayo a eso de las 6.00 PM de 3 disparos de pistola calibre 3.80, uno le impacto en el pecho, el otro en la rodilla y el otro en la espalda.- El cadáver del compañero Olayo mostraba además una herida de arma blanca en la cabeza probablemente de machete.- El cadáver del compañero Olayo Sorto fue encontrado en los Quebrachitos, es de hacer notar que el compañero Olayo Sorto habia sido acusado de ser de la resistencia y de tener armas, ya que su oficio era reparador de armas, oficio del que tenia el respectivo permiso no obstante, en el juzgado de paz del municipio de Colomoncagua se le había impuesto una multa de mil Lempiras (L1,000.00)

El compañero Olayo antes de salir de su casa recibió una llamada de William Ventura para invitarlo a salir de su casa y verse en algún lugar.

El compañero Olayo Hernández Sorto deja 5 hijas e hijos y una esposa que dependían de los ingresos del compañero asesinado.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras exige el esclarecimiento inmediato de este nuevo crimen cometido contra miembros de la resistencia Popular y que se castigue con todo el peso de ley a los criminales; Así mismo exigimos que se detenga esta hemorragia de sangre que sufre el pueblo hondureño, que lucha por la restitución de la democracia.



Compañero Olayo Hernández con tu ejemplo heroico, ¡seguiremos adelante!

Compañero Olayo, ¡juramos vencer!

8/5/10

Lo que los hondureños piensan sobre el sistema judicial

En uno de los diarios digitales de Honduras, de fecha de 7 de mayo del 2010,  vimos un titular que lee, más o menos, así ... "Según la vicepresidenta del Congreso Nacional , Lena Gutierrez, el ex presidente, Manuel Zelaya, debe regresar al país y enfrentarse a la justicia".

Como, al parecer, la honorable diputada no está enterada de la situación y condición de la justicia, en Honduras, nosotros, nos hemos tomado la libertad de, en primer lugar, preguntarle a la diputada Gutierrez ... ¿cual justicia, señora diputada? En Honduras, en la actualidad, existe un triste simulacro de un ente judicial, que, desdichadamente, solo puede llamarse así sin siquiera merecer el nombre.

Si en Honduras hubiera una justicia confiable y digna como suele haber en los paises civilizados, donde no hay golpes de Estado, nosotros seriamos los primeros que le preguntariamos a Zelaya, que si no tiene deudas con la justicia, ¿por que teme retornar a Honduras?

Pero como, al contrario de nuestra estimada diputada Gutierrez, que no está al tanto de la situación política de Honduras, nosotros si estamos enterados de lo que ha sucedido en Honduras desde el 28 de junio, hasta la fecha - 7 de mayo del 2010 - lo cual es que, entre la multitud de cosas que han pasado, está la de que los hondureños carecemos de un sistema judicial confiable y, sobre todo, digno. Nuestro sistema judicial, simplemente, está en manos de forajidos, en los que, no solo no les tenemos confianza sino que tambien la estima que usualmente, los pueblos llegan a sentir por los servidores públicos que le sirven a la Patria, con honradez y ética profesional, elementos estos desconocidos por los personeros del sistema judicial, que en la actualidad tenemos en Honduras.

Por eso, señora diputada Gutierrez, el ciudadano Manuel Zelaya no retorna a Honduras; no es porque deba algo, y aunque parezca incongruente, pero no extraño al ambiente de prevaricación y maledicencia que prevalece en Honduras, es porque NO DEBE nada.

Por último, coloquese usted, señora, en el lugar del ex presidente Zelaya, ¿sería usted tan ingénua para hacerlo? Usted puede hablar porque de ese confortable sillón de la vicepresidencia, de un Con-
greso electo con solo una parte de los ciudadanos votantes, se puede muy fácilmente, hablar sin sentido...

HECTOR A. CASTILLO

6/5/10

Los ministros de Lobo lo desmienten.

El presidente constitucional expatriado, Manuel Zelaya, refutó, hoy, que pueda regresar “libremente a Honduras cuando él quiera”, como le aseguró Porfirio Lobo, titular del régimen hondureño, si su Ministro [de seguridad], el Fiscal y el presidente de la Corte dicen que “lo capturarán” cuando venga a Honduras, “porque la ley debe cumplirse.”

Zelaya le manda a decir a Porfirio Lobo, que para poder regresar “anule usted presidente, de oficio, los juicios y las acusaciones en mi contra”, en un correo electrónico enviado desde su exilio en República Dominicana, a su amigo y abogado asesor, Razel Tomé.
Porfirio Lobo expresó, ayer, que Manuel Zelaya “no puede ser capturado" al regresar a Honduras, porque representaría un “grave problema al país cualquier decisión que pretenda mandar a la cárcel al presidente Zelaya.”
Lobo, se refiere a diversas presiones internacionales para que se respete el derecho de Zelaya a regresar y participar en la vida política de su país, como condición previa al posible reconocimiento de Porfirio Lobo como presidente de Honduras, para reanudar las relaciones del país suspendidas por organismos y naciones como sanción en rechazo al golpe de Estado.
Cuestionó Porfirio Lobo que otros funcionarios de ese gobierno ya han ingresado a Honduras, que han recibido “atención judicial", y le aseguró a Zelaya que “no le va a pasar nada, se lo garantizo yo.”
Sin embargo, el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, expresó también este miércoles, en relación al retorno de Zelaya, que “están vigentes las órdenes de captura contra él” y que si éste regresara al país, las ejecutará.
Lobo dijo que habló con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, quien le habría asegurado que si bien ellos “entienden la ley y la justicia, también entendemos la situación política real que enfrentamos los hondureños.”
Agregó que Rivera Avilés, era del parecer que “sencillamente hay que dar toda la facilidad para que no [se] genere un gran conflicto para nuestra querida Honduras.”
Contrario sensu, la Corte Suprema de Justicia, separó ayer a seis de los jueces que mantienen una postura opuesta al golpe de Estado, por “intolerancia política e ideológica”, según expresó uno de los despedidos, Guillermo López Lone, para quien ese acto está “lejos de la reconciliación” que el régimen dice buscar.