El presidente constitucional expatriado, Manuel Zelaya, refutó, hoy, que pueda regresar “libremente a Honduras cuando él quiera”, como le aseguró Porfirio Lobo, titular del régimen hondureño, si su Ministro [de seguridad], el Fiscal y el presidente de la Corte dicen que “lo capturarán” cuando venga a Honduras, “porque la ley debe cumplirse.”
Zelaya le manda a decir a Porfirio Lobo, que para poder regresar “anule usted presidente, de oficio, los juicios y las acusaciones en mi contra”, en un correo electrónico enviado desde su exilio en República Dominicana, a su amigo y abogado asesor, Razel Tomé.
Porfirio Lobo expresó, ayer, que Manuel Zelaya “no puede ser capturado" al regresar a Honduras, porque representaría un “grave problema al país cualquier decisión que pretenda mandar a la cárcel al presidente Zelaya.”
Lobo, se refiere a diversas presiones internacionales para que se respete el derecho de Zelaya a regresar y participar en la vida política de su país, como condición previa al posible reconocimiento de Porfirio Lobo como presidente de Honduras, para reanudar las relaciones del país suspendidas por organismos y naciones como sanción en rechazo al golpe de Estado.
Cuestionó Porfirio Lobo que otros funcionarios de ese gobierno ya han ingresado a Honduras, que han recibido “atención judicial", y le aseguró a Zelaya que “no le va a pasar nada, se lo garantizo yo.”
Sin embargo, el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, expresó también este miércoles, en relación al retorno de Zelaya, que “están vigentes las órdenes de captura contra él” y que si éste regresara al país, las ejecutará.
Lobo dijo que habló con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, quien le habría asegurado que si bien ellos “entienden la ley y la justicia, también entendemos la situación política real que enfrentamos los hondureños.”
Agregó que Rivera Avilés, era del parecer que “sencillamente hay que dar toda la facilidad para que no [se] genere un gran conflicto para nuestra querida Honduras.”
Contrario sensu, la Corte Suprema de Justicia, separó ayer a seis de los jueces que mantienen una postura opuesta al golpe de Estado, por “intolerancia política e ideológica”, según expresó uno de los despedidos, Guillermo López Lone, para quien ese acto está “lejos de la reconciliación” que el régimen dice buscar.
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