En la foto la policía dándole una golpiza a un joven sampedrano.
El discurso azucarado de los jefes policiales es desmentido por la realidad, porque no es cierto que se respete el derecho constitucional de protesta de los ciudadanos ni que la policía negocie y dialogue con los manifestantes.
Recibo diariamente decenas de denuncias escritas y gráficas de mujeres y hombres maltratados, golpeados, ofendidos; mientras amigos y compatriotas del exterior me comentan angustiados las noticias que les llegan desde Honduras donde todo indica que se ha vuelto atrás en materia de respeto a los derechos humanos.
Lo grave es que este proceso de represión avanza en su lógica fatal: comenzó con las bombas lacrimógenas, los garrotazos, las costillas rotas y la agresión a comunicadores sociales; siguió con los heridos y muertos con bala de plomo no de goma; con los presos rociados de químicos insoportables y con todo tipo de trato inhumano; y ahora no se sabe, pero se sospecha con espanto, cuál es la etapa superior que sigue.
El proceso ha estado acompañado de una fraseología propia de la guerra fría; el discurso de las más altas autoridades del país ha estado cargado del más crudo anticomunismo, una corriente de opinión ultraconservadora, desprestigiada, profundamente antidemocrática, que sirvió en el pasado para justificar dictaduras y los más brutales regímenes represivos; y los animadores de las marchas de blanco promueven consignas que en vez de convocar a la paz, su objetivo declarado, invitan al enfrentamiento.
Hay que entender que la movilización de nuestro pueblo tiene como telón de fondo el viejo ideal de mejores condiciones de vida para los eternamente postergados; y que concretamente denuncia la presencia de un gobierno de corte conservador erigido sobre una indignante farsa parlamentaria, y condena el golpe de Estado que interrumpió la vigencia del régimen constitucional.
En esta movilización hay partidarios del presidente depuesto pero hay también ciudadanos que, sin ningún nexo político con él, creen que en Honduras se ha cometido un crimen de lesa patria, que su destitución atenta contra la ley y que es urgente volver a un régimen de derecho que abra espacios a la lucha por una nueva democracia.
La forma cómo este gobierno enfrenta las protestas es un claro indicativo de su vocación, y la fraseología de la cúpula militar y policial plena de opiniones políticas sectarias nos dice que el camino del entendimiento fraterno está lejos de ser propiciado por quienes ostentan los altos cargos del Estado.La represión no es propia de gobiernos de paz, es exclusiva de aquéllos que temen a sus pueblos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario