El Primer Batallón de Comunicaciones (Las Mesas F.M.) con fecha 22 de Octubre de 2009 envía una solicitud muy particular a los alcaldes. “La solicitud” está firmada por Carlos Roberto Rivera Cardona jefe de la Sección de Recursos Humanos y con grado de Capitán.
Con una táctica digna de la escuela fascista, el militar pide a los Alcaldes que delaten a sus propios ciudadanos proporcionando “ lideres, nombres y teléfonos que conforman la resistencia y que le llevan intranquilidad a los proyectos de su comunidad”. Dejando de lado el sentido gramatical de la nota, preocupa el hecho que, sin medir las consecuencias, las Fuerzas Armadas soliciten a las autoridades civiles la ejecución de acciones completamente ilegales dignas de las peores dictaduras que han azotado la humanidad.
La inclinación de ciertos humanos para cumplir actos feroces y absurdos ha dejado grandes lecciones al mundo. Pensábamos que en nuestro país cosas similares nunca más volverían a pasar, pero hoy de nuevo estamos viendo como ciertos sujetos, ante la incapacidad de controlar hasta su propia sombra, incitan a los Alcaldes a cometer actos ilegales y viles. Hitler, Pinochet, Stalin, Mussolini, los Coroneles griegos, Romeo Lucas, y a esta lista se podrían agregar tantos otros, son ejemplos que demuestran concreta y sanguinariamente cuales atrocidades son capaces de cometer las dictaduras.
Pero es que la dictadura hondureña está tratando de espantar su propio terror buscando reprimir indiscriminadamente al pueblo en resistencia. Así sucedió cuando el nacismo demonizó a los hebreos, a los gitanos y a los negros.
La opresión y la persecución del pueblo en resistencia es para impedir que participen activamente en la vida política de la sociedad en que vivimos.
La represión política demostrada por todos los abusos cometidos, por los arrestos injustificados, por las torturas físicas y psíquicas, por los homicidios selectivos tiene un nombre: terrorismo de Estado.
El terrorismo de Estado en Honduras ha logrado que el ordenamiento jurídico y la policía, así como el ejercito, actúen de una manera extremadamente punitiva, instaurando un clima de miedo en donde cualquier ciudadano se vuelve un sujeto al que se “puede castigar”, al que se le puede aplicar cualquier medida que restrinja sus derechos. En pocas palabras “culpable hasta que no se pruebe lo contrario”
La nota que ha enviado el Coronel Rivera Cardona retrata, sin necesidad de explicaciones, el peligro en que está cayendo toda la sociedad hondureña. Demuestra además quién detenta el poder real en esta dictadura, pues en ninguna ley interna se establece que las autoridades civiles tienen que obedecer órdenes militares. La misma Ley de Municipalidades establece claramente que los actos de la Administración Municipal deben “ajustarse a una jerarquía” y esta jerarquía no es la militar.
Esperamos que las Autoridades Municipales tengan la inteligencia suficiente para no crear más división dentro de la sociedad, para no convertirse en delatores de sus propios familiares, hermanos, madres, padres o amigos.
Le recordamos al Coronel Rivera que dentro del mismo ejercito hay altos oficiales y soldados con parientes que no apoyan el golpe de Estado. Dudamos por ejemplo que Romeo Vasquez Velasquez se atreva a delatar a alguno de sus parientes. Entonces es un crimen pedir a los Alcaldes que en lugar de gobernar junto a su pueblo se conviertan en viles soplones.
Rosamaría Ghidinelli
LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEBERAN AJUSTARSE A LA JERARQUIANORMATIVA SIGUIENTE:
1) LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA;
2) LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR HONDURAS;
3) LA PRESENTE LEY;
4) LAS LEYES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES;
5) LAS LEYES ESPECIALES Y GENERALES VIGENTES EN LA REPUBLICA;
6) LOS REGLAMENTOS QUE SE EMITAN PARA LA APLICACION DE LA PRESENTE LEY;
7) LOS DEMAS REGLAMENTOS GENERALES O ESPECIALES;
8) LA LEY DE POLICIAEN LO QUE NO SE OPONGA A LA PRESENTE LEY; Y,
9) LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PUBLICO.
Artículo 0067 -
DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL, LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR, Y HACER QUE SE CUMPLAN LAS ORDENANZAS Y DISPOSICIONESDE ORDEN EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD.
Hasta los niños están siendo víctima de la represión
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) denunció este miércoles la muerte de al menos 1.600 menores de cinco años en Honduras desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio en el país centroamericano y ha documentado la represión de al menos 79 menores y adolescentes durante el golpe que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales."Dadas las actuales circunstancias que vive Honduras, en el corto plazo no se vislumbra un mejoramiento de la situación de indefensión en que vive la niñez, la adolescencia y la juventud de este país, por lo que resulta indispensable que la comunidad internacional continúe impulsando y apoyando todos los esfuerzos que impidan la violación y aseguren el cumplimiento de sus derechos humanos", advirtió este miércoles el representante de UNICEF en Honduras, Sergio Guimaraes, en un comunicado.
UNICEF denuncia todo tipo de violaciones a los derechos de la infancia entre finales de junio y septiembre de 2009 al indetificar a al menos 79 menores que han sido ejecutados, recibido amenazas de muerte, tratos crueles, han recibido lesiones graves, golpes y heridas de bala, o bien han sufrido hostigamiento y persecución policil y militar, detenciones ilegales y han sufrido un uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad bajo el Gobierno 'de facto' instalado en Honduras tras el golpe, denunció la organización en un comunicado.
Guimaraes lamentó este miércoles además que "los servicios sociales no están funcionando, el sistema sanitario está al borde del colapso y hay dificultades con los pagos y los abastecimientos". "Las unidades materno-infantiles de los principales hospitales públicos ya no dan abasto para atender las demandas de atención de servicios de salud, cuyo funcionamiento amenaza con colapsar", precisó en el comunicado.
Además, la agencia de la ONU que vela por la protección de los menores también denuncia que más de 1,8 millones de menores en edad escolar han perdido prácticamente este curso debido a la suspensión de clases a raíz del golpe."Esta emergencia silenciosa, que tiene causas crónicas y estructurales, se ve agravada por violaciones directamente relacionadas con la actual situación del país", concluye UNICEF en el comunicado.
UNICEF recordó tanto al Gobierno 'de facto' que encabeza Roberto Micheletti en Honduras como al Ejército su obligación de respetar la Convención de los Derechos del Niño que ha ratificado el Gobierno de Tegucigalpa, al tiempo que lamenta que, en situaciones de coflicto, los menores sean quienes finalmente pagan el precio más alto.
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