22/10/09

Elecciones secuestradas

Señores magistrados:

En respuesta a su requerimiento sobre la participación de la Candidatura Independiente que lidero y que ha sido inscrita en el TSE, en este proceso electoral, me permito ratificar a Uds. mi voluntad de participar en el mismo, si se restituye el orden constitucional.

Es mi deber cívico señalar que las circunstancias que me obligaron a formular el planteamiento al que ustedes hacen referencia en su carta, continúan y generan un ambiente de incertidumbre, inseguridad, hostigamiento y falta de credibilidad, que no garantiza la transparencia en sus resultados. Me permitiré señalar los siguientes:

Las circunstancias que se generaron a partir del 28 de junio, continúan vigentes y siguen erosionando grave e irreversiblemente la institucionalidad de la democracia en el país.

La comunidad internacional ha condenado los hechos del 28 de junio y los ha calificado como un Golpe de Estado, igual que lo ha condenado y calificado nuestra Candidatura Independiente.

La violación sistemática de los derechos humanos no ha cesado y son muchos los que han sido asesinados, heridos, entre los que se cuenta el suscrito y otros políticos, exilados, otros injustamente apresados (presos políticos), cateadas sus casas y no pocos perseguidos judicialmente por su participación en las protestas contra la dictadura.

Los esfuerzos por lograr la restitución del orden constitucional han sido boicoteados por la dictadura, a pesar de la firme voluntad de la sociedad, algunos partidos políticos, de la resistencia contra el Golpe de Estado y del Presidente Zelaya por llegar a acuerdos que faciliten el retorno al orden constitucional.

Los observadores contratados por el TSE no son garantía para la seguridad y transparencia del proceso electoral, porque son las mismas organizaciones que han justificado el Golpe de Estado y las acciones represivas contra el pueblo hondureño en resistencia.

No confiamos en el COHEP, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional Anticorrupción, la Unión Cívica Democrática (“los blancos”), Vida Abundante y las Cámaras de Comercio e Industrias.

También genera inseguridad en el proceso comprobar que las instituciones que actuarán como observadores también operarán como “Custodios Electorales”, con lo que se cierra el círculo que revela el secuestro de las elecciones por esos grupos antidemocráticos y notoriamente conocidos como “golpistas”.

Finalmente, se subraya la incompatibilidad que genera la participación de la iglesia protestante en el proceso electoral con el principio de laicidad del Estado, sobre el que se construye la República laica y nuestra Constitución recoge ampliamente.

No obstante lo anterior, la restitución del orden constitucional está en proceso. La Comisión de Diálogo no ha concluido su agenda y está pendiente de abordar, justamente, el punto que concierne al retorno al orden constitucional; igualmente, la comunidad internacional está pendiente de la conclusión definitiva de todos los esfuerzos iniciados con ese fin.
Mientras el proceso de diálogo no se agote, la restitución del orden constitucional es una posibilidad real y, con ello, la legitimidad del proceso electoral. En esta línea de pensamiento, la Candidatura Independiente Popular a la Presidencia de la República continúa en el proceso electoral, pero a la espera de que concluya el diálogo citado.

Finalmente, no debe ser obstáculo para esperar el resultado de este proceso de diálogo, la supuesta urgencia de la impresión de los materiales electorales, porque lo que está en juego en este momento es la democracia, y este es un principio mucho más elevado que cualquier otro, más con relación a un asunto eminentemente material, como es el de la confección de esa documentación.

Atentamente.
CARLOS H. REYES
CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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