El editorial de diario Tiempo de hoy resume la dramaticidad de un "diálogo" en donde la parte afectada, es decir el pueblo, está siendo burlada por la camarilla que asaltó el poder el 28 de Junio. A continuación el editorial.
Lógica del diálogo
Como era de esperar, en la fecha señalada para anunciar el resultado final del “diálogo” entre las “partes” legitimista y golpista –auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA)— con el fin de darle salida a la crisis política, el régimen de facto volvió al juego dilatorio en su empeño de mantenerse indefinidamente en el poder.
A estas alturas del prolongado esfuerzo por la restitución del orden constitucional e institucional en nuestro país, ya nadie se llama a engaño en torno a las verdaderas intenciones del sector golpista, cuyo control, estrategia y tácticas son de cuño militar.
En este sentido, la mesa de diálogo –si es que puede considerársela así—está integrada con una “parte” auténtica, con voz propia y capacidad de compromiso, mientras que la otra parte, la golpista, nada más desempeña una maniobra de distracción, dándole al poder fáctico el espacio suficiente para consolidar su control del Estado y del acontecer nacional. De esta manera, los leguleyos del régimen de facto presentan su última carta marcada, para enredar definitivamente la mesa de diálogo, exigiendo que la restitución del régimen constitucional quede en manos de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a favor del golpe de Estado, calificándolo de “sucesión constitucional”, al margen de la Constitución y de la doctrina constitucional hondureña. No es necesario tener dos dedos de frente para entender que por esa vía se pretende una sucesión de plazos inventados para alcanzar el día programado para las elecciones – 29 de noviembre— con la ciudadanía bajo amenaza, con el país en estado de sitio efectivo, sin libertad de expresión y amordazados los medios de comunicación social opositores al régimen de facto, con un ejército de ocupación dueño de las calles, de las mesas electorales y con la orden del dictador Micheletti de que “no haya piedad para la resistencia”.
Un régimen de facto, cuyo pretexto para asaltar el poder público fue el de garantizar “el respeto a la Constitución y la defensa de la democracia en Honduras”, aunque, en realidad, se trata de una declaración de guerra a la soberanía popular, a la República, y a la institucionalidad democrática. Una guerra contra la civilidad, sin piedad, sin cuartel y sin lugar a prisioneros. Solución total, al estilo hitleriano o staliniano.
Dentro de esa dialéctica golpista, no cabe la propuesta lógica de que sea el congreso nacional, que definitivamente sancionó el golpe militar, el que se encargue de restituir el Estado de derecho a como estaba antes del 28 de junio/09, puesto que sería reconocer –por reducción al absurdo, si se quiere—la soberanía nacional encarnada en el Poder Legislativo. Un congreso nacional con capacidad para derrocar un golpe de Estado militar. El congreso nacional, por supuesto, en una democracia es el poder político por excelencia. En él están representados los partidos políticos, que a su vez son los intermediarios de la voluntad popular y cuyos diputados representan teóricamente la soberanía nacional, que es la única capaz de investir al Ejecutivo con el poder que el pueblo le ha otorgado. Así es, en síntesis, la cuestión para el caso. Pero hoy día en Honduras la soberanía nacional ha sido capturada por los militares y su marioneta Micheletti. Y así vemos que los decretos de estado de sitio, de supresión de la libertad de expresión y de libertad de empresa, que a la asamblea legislativa corresponde aprobarlos, son decretos emitidos y aprobados por el poder ejecutivo de facto, dándole a las Fuerzas Armadas el poder omnímodo para administrarlos y aplicarlos. O sea, entonces, la lógica subterránea del “diálogo”.
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