El caso de la municipalidad de San Pedro Sula,

Tegucigalpa.- Fuente ERIC

Las investigaciones en diversos casos de corrupción llevadas a cabo por el fiscal Luís Javier Santos, le han generado la discriminación, persecución y amenazas a muerte por parte de esferas polí­ticas-empresariales corruptas, que obligaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictarle medidas cautelares de protección.

A pesar de cumplir 19 días sin probar alimentos sólidos y experimentar debilitamiento en su condición fí­sica, Luís Javier Santos de 36 años no pierde su carácter apacible, amable y sobre todo su claridad para explicar el trabajo que realizó con el ideal de servir a su paí­s en la lucha contra la corrupción.

Santos confesó que “moralmente nos sentimos animados aunque en el cuerpo sentimos un poco de debilidad, me afecta grandemente el hecho de no poder ver a mi hijo, el está en San Pedro Sula y está un poquito mal de salud y eso es lo único que me está afectando en lo moral.

Investigaciones en San Pedro Sula

Ingresó a la Fiscalía ­a en 1998 y al ser trasladado de Tocoa, Colón a la Coordinación de la Fiscalí­a de Lucha contra la Corrupción en San Pedro Sula, departamento de Cortés, al norte del país, comenzaron a gestarse las persecuciones y amenazas en su contra. “Ahí­ fue cuando empezamos a conocer realmente cómo se mueve el poder detrás de las autoridades que son nombradas por la ciudadanía, la municipalidad de San Pedro Sula fue una gran experiencia”, sostuvo.
Agregó que un equipo de 4 fiscales trabajó durante nueve meses para conocer que detrás de esa estructura municipal se movían cuatro grupos que controlaban la comuna a su antojo.

“Cada quien tenía su cuota detrás de la municipalidad y cada vez que se tocaba su parte asignada, ese grupo de poder salí­a a defender sus propios intereses, ahí fue donde empezamos a conocer cómo se sustrae el dinero sin escrúpulos de las arcas del Estado”, detalló Santos. Agregó que esas operaciones se realizan depositando cheques en cuentas particulares de los funcionarios o a través de fondos comunes que reúnen todo el dinero malversado para después utilizarlo en actividades polí­ticas. Todo eso nos llevó a que recibiéramos amenazas y a que desembocara en mi traslado para que dejáramos de seguir conociendo todos estos casos, explicó

El equipo de fiscales que coordinaba Luís Javier Santos investigó las administraciones de Roberto Larios Silva y Oscar Kilgore ex alcaldes de la municipalidad de San Pedro Sula, respectivamente. La auditorí­a se inició desde el año 2003 hasta la actual administración de Rodolfo Padilla Suncery, actual alcalde de San Pedro Sula. De todos estos expedientes de corrupción debidamente sustentados, no se ha logrado condenar a ninguno de los responsables.
Existe un auto de prisión en contra de Roberto Larios Silva en el que se incluye a Oscar Kilgore mientras actuó como regidor municipal, que ha sido retrasado porque ha transcurrido más de un año de permanecer engavetado en la Corte Suprema de Justicia, debido a que los defensores de los involucrados interpusieron un recurso de amparo contra la resolución que confirmaba el auto de prisión emanado de la Corte de Apelaciones.

Asimismo existen unos 7 requerimientos fiscales en contra del ex alcalde Oscar Kilgore, de los cuales ya han sido sobreseí­dos dos casos y a los otros cinco no se les ha dado continuidad y están parados por recursos que se han interpuesto sin ningún fundamento o bien porque no se les ha dado la agilidad que corresponde, aseguró el fiscal Luis Javier Santos.

Santos informó que hay 2 requerimientos en contra del actual alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunceri, uno en el cual el auto de prisión fue confirmado por la Corte de Apelaciones, al que se le impuso la suspensión del cargo, sin embargo a través de un recurso de amparo que lleva un año en la Corte Suprema de Justicia, el caso está estancado.
Los requerimientos fueron formulados por malversación de caudales públicos e implican además del alcalde Padilla Sunceri a 3 funcionarios, entre los que se implica al jefe de Comunicaciones Serapio Umanzor.

Este caso a nosotros nos dejó sorprendidos, porque ellos toman posesión el 26 de enero de 2006 y el 5 de marzo ya estaban sacando un cheque por 500 mil lempiras para la empresa del tesorero de la municipalidad, explicó Santos. Agregó que ese cheque se sacó sin ningún fundamento, no se sabía a quien se estaba pagando y sin embargo 3 meses después elaboraron una documentación en donde se señalaba que una empresa del tesorero municipal estaba vendiéndole papelería a la municipalidad sampedrana.

Persisten amenazas

Luís Javier Santos fue objeto de agresiones fí­sicas por parte del alcalde de Santa Bárbara, Edgardo Sabillón Castillo, cuando reactivó una investigación que involucraba al edil en malversación de caudales públicos. Santos dijo que “las investigaciones establecieron que el Congreso Nacional presidido por Rafael Pineda Ponce, libró un cheque destinado a la aldea San Luís en Santa Bárbara para un proyecto de electrificación. Sin embargo el alcalde habí­a retirado y cambiado el cheque a través de otra municipalidad y con los fondos habí­a comprado un vehí­culo en Corporación Flores y el resto del dinero se habí­a quedado con el sin dar respuestas” aseguró

En este caso el tribunal consideró que habí­an suficientes méritos y procedió a su condena de 7 años de reclusión, pero al momento de ejecutar la pena máxima tembló la mano porque le admitieron una fianza e interpusieron un recurso de casación y el caso ya lleva más de un año de estar archivado en la Corte Suprema de Justicia, explicó, Luís Javier.

Santos narró que cuando el juez está dando el fallo de culpabilidad, el imputado (Edgardo Sabillón Castillo) se nos echó encima a los dos fiscales que estábamos en el juicio y nos atacó, debido a eso recibimos amenazas. Añadió que nos dijeron que en cualquier lado nos iban a quitar la vida, que nos iban a matar, y posteriormente a eso, se dio una serie de hechos que nosotros denunciamos como que el Fiscal General y la Directora de Fiscales nunca comparecieron dando su posición sobre este asunto.

El fiscal señaló que los casos de impacto social que en su momento logran pasar del Ministerio Público, por una polí­tica establecida por la institución, sino por la voluntad de algún fiscal que todaví­a cree en la justicia, es parado en la Corte y es archivado ahí­ mediante recursos tal vez inventados, tal engavetados, durmiendo el sueño de los justos.
Santos reveló que investigaciones señalaron a empresas constructoras ficticias o de maletí­n que celebraban contratos de servicios de pavimentación de calles con la municipalidad sampedrana. A través de esos contratos se lograron sustraer más de 70 millones de lempiras por reparación de calles que nunca se repararon como en Chamelecón y Rivera Hernández, nosotros investigamos con los vecinos y esas calles nunca fueron reparadas.

Cuando se inician los requerimientos en contra de los dueños de estas empresas fue cuando empezamos a recibir amenazas, porque son personas que dentro del círculo de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula tienen cierto poder y nos empezaron a decir que ellos no eran Edgardo Sabillón alcalde Santa Bárbara, que ellos si­, nos iban a matar.

Señala Luís Javier que no sólo esas amenazas se dieron, se dieron amenazas de funcionarios de la municipalidad donde incluso ahora si­ ya lo puedo decir, el sub jefe de la policía de análisis de San Pedro Sula, que fue asesinado en Tegucigalpa, manifestó que personas de la municipalidad habían llegado a proponerle a un compañero de la contratación de un sicario para que acabara con la vida de dos fiscales, uno que era Luís Javier Santos y el otro creemos que es uno que estaba involucrado en las investigaciones.

Debido a esto comparecimos a una serie de instancias, incluso al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en donde Bertha Oliva de Nativí­ fue quien nos dio el apoyo para interponer una denuncia ante la CIDH y fue allí en donde nos conceden la medida cautelar a nuestro favor.

Luís Javier Santos inició junto a 7 de sus compañeros y compañeras fiscales una huelga de hambre el pasado 7 de abril. La huelga cada dí­a suma más voluntarios a la causa de diversas organizaciones que exigen la reactivación de los casos de corrupción en el país.