Pachito, el investigado, en representación de Colombia llega a la toma de posesión enmedio de cadáveres

El día de mañana entre los invitados a la toma de posesión de Lobo estará el Vice presidente de Colombia. La pobre Colombia que desde hace años se desangra viviendo una guerra civil que ni tan siquiera es reconocida por el mundo. La gran Colombia cuyos habitantes han votado la reelección segunda de Álvaro Uribe, que ya va por la tercera sin nadie que lo pueda parar y sin oposición continental alguna, con un silencio total porque conviene a los intereses que no son, precisamente, colombianos.

La democrática Colombia cuyos parlamentarios han ido cayendo uno a uno por haber recibido financiamiento narco, al grado que el año pasado salió a la luz un chiste popular que se basaba en la necesidad de cerrar el Congreso porque lo raro era encontrar gente que no estuviera financiada por los amos de la coca.

Ese gobierno  nos envía como representante a la toma de posesión de Lobo al sr. Santos, vicepresidente de Colombia. Santos llega con un expediente en su contra bajo el brazo pues el vicefiscal general de la Nación, Francisco Pareja Reinemer, revocó un auto inhibitorio proferido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y ordenó la reapertura de la indagación previa contra Francisco Santos por posibles nexos con las autodefensas. Las investigaciones decidirán si se vincula formalmente a Francisco Santos o si se archiva, por segunda vez, el caso.

El periódico de su familia ha saltado a la palestra, y así tenía que ser, en defensa de Santos basándose en que la investigación reabierta es "un desperdicio lamentable del aparato judicial" sic. Claro, su familia tiene el deber de defenderlo.  Dice "el Tiempo" colombiano que "cualquiera que conozca a Pachito -como se le conoce en Bogotá-  sabe que " lo enredan actuaciones pasadas en las que lo metió su carácter de eterno niño hiperactivo, incapaz de un acto de malicia"



Y es que  Santos Calderón llega también en los momentos en que en un pequeño pueblo de nombre La Macarena, a 200 Km al sur de Bogotá, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de latinoamérica.  Se han encontrado, hasta el momento,  más de 2000 cadáveres "NN" sin identificar asesinados por el ejercito del que Uribe y su Vicepresidente tienen el comando.
 
La orden era "enterrarlos sin nombre" y así lo hicieron desde el 2005, en todo el continente americano no existe un antecedente igual, fosas comunes con números parecidos fueron encontradas en la Alemania Nazi o en la camboya de Pol Pot.
 
Si tuviéramos periodistas de verdad en nuestro país ya nos estarían informando y acribillarían de preguntas al Vicepresidente que llega a la toma de posesión de Lobo. Pero no hay ni interés ni posibilidad de abordar a este personaje que finge no saber lo que es del dominio público.

A la Macarena están llegando delegaciones de parlamentarios europeos, que han quedado horrorizados ante tanto salvajismo. El jurista Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, informa que  "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".

Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones "a partir de marzo", tras las elecciones legislativas y presidenciales, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe para el Congreso y la Eurocámara.

Decíamos que hasta  finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares. La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.
La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.

"El Gobierno no quiere investigar"

Alfredo Molano, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares. Molano dice que la propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Denucnia que hay cementerios clandestinos enormes en Colombia y  gente borrada. Además dice que también es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

También hipotiza que los cadáveres pueden estar relacionados con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente y  buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

Molano dice que ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno de Uribe no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes.