El caso de la detención arbitraria de un joven militante del FNRP
Hijo de una lidereza presidenta de los mercados de Tegucigalpa, doña Arnulfa García, el joven Edwuin Otoniel Aguilera García, no solamente fue detenido sin orden legal, sino que también la policía falsificó el parte del detenido cometiendo el delito, agravado con alevosía, de falsedad documental y falsa imputación de un delito.
Hechos
El sábado 18 de Setiembre a las 2 y media de la tarde Edwuin se encontraba en el mercado las Américas acompañado de dos amigas y frente al puesto de ventas de su madre. Es como si a uno de ustedes lo detuvieran en la propia puerta de la casa, y bajo la presencia de la propia madre.
A él se acercaron unos policías que procedieron a solicitarle sus documentos. Edwuin no llevaba su tarjeta de identidad porque días antes había sido asaltado. El no tener su documentación fue el pretexto de la policía para detenerlo y llevarlo a las celdas de la posta del Galindo y, posteriormente, a la cuarta estación del barrio Belén. Este pasaje es importante porque la motivación de la detención fue el no portar documentos de identificación, motivación que, posteriormente, fue alterada por la misma policía, con el egravante que el joven no podía ser detenido ya que existe una resolución del Ministerio Público en el sentido que ninguna persona puede ser privada de su libertad por no portar documento de identificación. En pocas palabras en este acto ilegal es la policía la que ha comentido un rosario de delitos.
Inmediatamente después de la detención la madre, doña Arnulfa García, acude a la posta del Galindo a pedir la libertad de su hijo. Lleva una fotocopia de la tarjeta de identidad. La recibe el oficial 0201 que estaba de turno. Al reclamar la libertad de su hijo, doña Arnulfa recibe una sola respuesta: el oficial 0201 la amenaza con meterla "presa" también a ella.
Casi a escondidas, el joven Edwuin y otros detenidos, son llevados a otra delegación policial: la del barrio Belén. Doña Arnulfa, mujer de temple y valiente, llega también a la estación de policía del barrio Belén con la fotocopia de la tarjeta de identidad de su hijo. La muestra y solicita verlo, pero como la ley no existe en Honduras, la respuesta de los oficiales de turno es la misma de siempre: negar los hechos. Niegan la detención y el traslado de Edwin a esa delegación. Doña Arnulfa no se rinde y declara que tiene testigos que han visto cuándo su hijo era llevado en una patrulla junto a otros pobres desgraciados de quienes también se negaba su detención a los padres que llegaban a reclamar por ellos.
Ante la imposibilidad de obtener su derecho, doña Arnulfa, ya desesperada y temiendo por la vida de su hijo, denuncia su caso al CODEH, es obvio que no puede denunciar al CONADEH porque sabe muy bien que CONADEH no puede responder por los derechos humanos de la gente común y corriente.
El CODEH solicita la cooperación del Observatorio Ecuménico de DDJJ del CLAI pues está ya colaborando en la denuncia por la agresión que la policía militarizada hizo a la población indefensa que conmemoraba el 15 de Setiembre y por el vil asesinato de la presidenta del SITRAHISS, doña Juana Bustillo, por parte de un escuadrón de la muerte.
El Observatorio Ecuménico del CLAI oficialmente interviene en el caso. Llama a la delegación policial de Belén (Tel. 2237526) en donde obtiene el nombre de los oficiales responsables: un inspector de apellido ESCOBAR,otro de apellido AGUILAR y otro de apellido AMADOR, todos ausentes por andar haciendo "operativos". El policía que respondió al teléfono concluyó diciendo que "no podía liberar al detenido sin tener orden del fiscal o del juez y si lo hacía sería hasta el día siguiente". Es interesante ver como a la madre del joven se le negó la presencia en la estación de Belén y cómo ante la intervención del CLAI no le queda más remedio a la policía que aceptar lo que hasta hace poco negaba: Edwuin Otoniel Aguilera estaba ahí, detenido e incomunicado.
Por la tarde, alrededor de las 6,30 el CLAI logra comunicarse con el Sub inspector de apellido Aguilar que confirma la respuesta del policía que atendió anteriormerte el teléfono: "ellos no pueden hacer nada". El CLAI no se amedrenta y le recuerda al sub inspector que existe el delito de abuso de autoridad y detención ilegal, le recuerda también - a veces la amnesia o la ignorancia pareciera que pueden dar resultados- que fue el mismo Ministerio Público que sacó una resolución para evitar tanto abuso cometido por la misma policía. Tal resolución dice expresamente que "ninguna persona puede ser privada de libertad por no portar documentos de identificación". No hay que olvidar que en Honduras gran cantidad de personas no tiene su tarjeta de identidad por problemas del Instituto encargado de identificar a las personas.
El Observatorio Ecuménico, reitera al sub inspector Aguilar que "si el joven no tiene antecedentes penales, no ha agredido a ninguna persona o a ningún policía, no representa ninguna amenaza para la sociedad o las autoridades" y, además ya plenamente identificado por su misma madre que había ido a reclamarlo, "no entendía el porqué de la negación a ponerlo en libertad y por qué no lo entregaba de inmediato".
Cómo toca recordar el espíritu de las leyes y su contenido a las mismas autoridades el CLAI le recordaba entonces al sub inspector Aguilar que en el país, al menos sobre el papel, la ley no contempla el arresto y detención por 24 horas por una detención a todas luces ilegal, que su deber era poner a los detenidos a la orden del Fiscal e informar al CONADEH . Para reforzar la solicitud y refrescar la memoria a los desmemoriados CLAI le recuerda al sub inspector el ejemplo reciente del caso de los dos jóvenes que fueron detenidos en esa misma delegación, fueron reclamados por sus parientes, la delegación negó la presencia de los jóvenes y los pobres detenidos aparecieron asesinados y con señales de tortura días después. Como cereza sobre el pastel, y muy inteligentemente, CLAI le recuerda al sub inspector que en esa misma estación de Belén hay un agente de apellido OLIVA que se dedica a asaltar las celdas de los detenidos. Informa por último CLAI que si no obtiene respuesta buscará comunicarse con el Comisionado Mario Rene Chamorro jefe de la Región Metropolitana para ponerle en antecedentes de la situación. Al final el Oficial Aguilar se compromete a "revisar el caso y ver que podía hacer", admitiendo "ingenuamente" que la policía actúa como quiere y no cómo señala la ley, y accediendo a "revisar el caso" solamente ante el "temor" de que su superior fuera "avisado".
Una vez obtenida una respuesta medianamente positiva el CLAI contacta a doña Arnulfa y le informa que puede llamar al sub inspector García para sacar a su hijo de la posta de Belén. Para sorpresa de doña Arnulfa, se descubre entonces que en el registro de ingreso a la delegación la Policía había cambiado el parte, falsificando los documentos y cambiando los hechos. Ya el ingreso de Edwuin no era por no llevar documento de identidad sino por "escándalo público", por ello le dicen a doña Arnulfa pondrán al detenido a disposición del Juez de Conciliación hasta el día siguiente. Doña Arnulfa reclama y trae a memoria del sub inspector la reciente plática con el representante del Observatorio Ecuménico. La respuesta que obtiene es una sola y cargada de toda la prepotencia que puede ofrecer la impunidad y la falta de un verdadero Estado de derecho: "A nosotros no nos manda nadie, ninguna otra autoridad, aquí mandamos nosotros" dice alegremente y con todo el cinismo o ignorancia el sub inspector de turno García y agrega: "venga mañana".
La única salida, ante la desesperación de la madre que temía por la vida de su hijo fue la de proporcionarle el número de celular del Comisionado René Chamorro, para que fuera ella misma la que le expusiera el caso de abuso de autoridad. Chamorro de inmediato envió en una patrulla a un inspector de policía para que pusiera inmediatamente en libertad a Edwuin y entregarlo a su madre porque su detención era, a todas luces, ilegal.
A las 10 de la noche, por fin, doña Arnulfa pudo abrazar a su hijo Edwuin, que de no haber sido por la determinación del Comisionado Chamorro, la valiente insistencia de la señora y la intervención del CLAI, iba seguramente en contra de un destino lleno de incognitas y, de repente, podía hasta correr la mala suerte de los jóvenes asesinados.
El dilema es ¿Cúantos Chamorros tiene que tener la policía para no cometer abusos e ilegalidades? ¿Hasta cuándo la población indefensa tendrá que defenderse de la misma Policía? ¿Podemos seguir pagando con nuestros impuestos a nuestros propios torturadores y asesinos?
Lo que se vive en las cárceles de las posta policiales.
Esta es otra historia todavía no contada y mucho menos documentada, pero el tiempo en que Edwuin pasó detenido fue suficiente para salir aterrorizado. Declara doña Arnulfa que fue testigo, junto a otras personas, de las torturas y maltratos que la policía cometía contra un joven, del que desconoce su nombre. Este pobre joven fue torturado por la policía coon latigazos en todo el cuerpo, la cara, las piernas, los brazos, la espalda, todo al estilo de las cárceles clandestinas de Videla, que ahora alega que ellos nunca fueron sádicos. Después de cada sesión de tortura lo revivían echándole agua para lavarle la sangre y de nuevo volvían a la carga con el látigo, hasta provocar de nuevo las hemorragias y al final encerrarlo en una celda. Lejos están estos "héroes" de recordar la prohibición establecida en el artículo 68 de la Constitución, en la Ley Orgánica de la Policía, en el Código Procesal Penal y el contenido de los tratados internacionales. ¿De que ha servido gastar tanto recurso en capacitación y formación en DDHH en esta gente si su comportamiento demuestra que no ha habido ninguna repercusión? O peor aún, tal vez los recursos gastados han servido para evitar males mayores logrando que los carniceros se apiaden de sus víctimas.
El CLAI ha realizado una excelente labor y nos ha dado material, con su informe, para documentar lo que cualquiera de nosotros puede vivir si llega a ser "huésped" de esos centros de detención que más que de detención tendrían que llamarse centros de tortura. La FISCALÍA de los DDHH tendría que intervenir todas las delegaciones para evitar los abusos de autoridad y los actos de represión que la policía realiza contra la indefensa población y que ve ya como comportamiento normal.
Esta relación ha sido realizada sobre la base del informe presentado por Leonel Casco Gutiérrez, Procurador de los Derechos Humanos
Coordinador Observatorio Ecuménico DDHH del CLAI.
Celular 9892-6935
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