Plataforma de derechos humanos denuncia existencia de “Comando Álvarez Martínez”
Fuente: Red Morazánica de Información .
Tegucigalpa 26 de agosto de 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, denunció hoy la existencia una organización paramilitar denominada “Comando Álvarez Martínez”, conocida también como “CAM”, dedicada amenazar a los ciudadanos que trabajan en la defensa del los derechos humanos.
La denuncia fue presentada en conferencia de prensa, donde denunciaron también, que se han recrudecido las amenazas por todos los medios contra activistas sociales y defensoras/defensores de derechos humanos.
Las amenazas son recibidas a “través de mensajes por medios electrónicos firmados con las siglas “CAM” o “Comando Álvarez Martínez”, identidad ya usada en el pasado en actos de terrorismo de Estado” recuerdan.
Diferentes organizaciones internacionales han hecho llamados al Estado de Honduras, para que cese la persecución y las amenazas que reciben de forma permanente las personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Ayer el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicitó a “la comunidad nacional e internacional, de manera urgente”, Para que se inicie un proceso de investigación, análisis y tomen postura oficial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Lobo Sosa en contra del pueblo hondureño.
Hace pocos días Amnistía Internacional emitió una acción urgente a favor de la defensora de los derechos humanos Gladis Lanza, después de que recibió un mensaje amenazador de correo electrónico y una serie de llamadas telefónicas anónimas.
Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Améndola renovado”.
Según la comunicación de AI, “muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980”.
El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza, relató la carta de AI.
Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la población a que denuncia cualquier acto de represión e intimidación en cualquiera de las oficinas de las organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos.
25/8/10
Burgos Aclara como usò fondos del Alba y desmiente al T.S.C. por informe político
Debido a la información mal intencionada expresada por los medios de comunicación golpistas relacionada con el uso de los Fondos del Alba por parte de COPECO durante la Administración de Manuel Zelaya Rosales.
Yo, Marco Tulio Burgos Córdova, responsable de todas las acciones de COPECO en mi calidad de Comisionado Nacional durante el gobierno del Presidente Zelaya Rosales en virtud de toda la información tendenciosa que han publicado medios como El Heraldo, La Prensa, HRN y otros noticieros de Televicentro, Abriendo Brecha, CNN en relación con el manejo de fondos en COPECO especialmente a mis compañeros y compañeras en resistencia popular hago saber lo siguiente
Primero
Que mientras yo fui responsable de COPECO nunca ingresaron o estuvieron a disposición de COPECO 100 millones de dólares del Alba o Petrocaribe. Puesto que antes del Golpe de Estado sólo ingresaron al país 50 millones de dólares que a la fecha del 3 de septiembre del 2009, la ministra de facto de finanzas Gabriela Núñez y la Presidenta de facto del Banco Central de Honduras Sandra Midence expresaron públicamente que se encontraban intactos en las cuentas del Banco Central de Honduras, fondos de los que hasta hoy no han dado razón de su utilización.
Segundo
Que el gobierno hermano de Venezuela, en un acto de solidaridad con nuestro pueblo, donó y depositó en el Banco Central de Honduras, dos millones de dólares (Unos 37 millones de lempiras), además de que contribuyó con unas 30 mil libras de asistencia humanitaria para la atención de las más de 320 mil personas afectadas distribuidos en más de 750 comunidades de 17 departamentos en todo el país, a causa de las inundaciones provocadas por la depresión tropical 16 y el frente frío de octubre del 2008. Reconociendo además que recibimos además otras donaciones de distinta naturaleza de otros países amigos como Francia por 80 mil euros, China Taiwán, Estados Unidos de América, Guatemala, Canadá, Japón y otros países amigos, además de las generosas donaciones de miles de hondureños y hondureñas recaudadas a través de días y días de maratones en la Plaza la Libertad de la Casa Presidencial en Tegucigalpa, con el apoyo de algunas pocas y muy destacadas empresas privadas.
Tercero
Que miles de familias y decenas de acaldes pueden atestiguar como, a pesar de tener las carreteras destrozadas por todo el país, no quedó ni una sola comunidad sin atención básica, habiéndose distribuido, con esos dineros y otros del gobierno, ayuda humanitaria a cerca de 60 mil familias durante los siguientes siete meses, pudiéndose apoyar a los afectados con alimentos y con colchonetas y otros enseres donde fue necesario. Desde Gracias a Dios hasta el sur de departamento de Lempira y desde Cortés hasta la Costa de los Amates.
Cuarto
Que todas las cuentas, facturas, recibos que certifican las acciones de COPECO y del Gobierno de Manuel Zelaya Rosales, quedaron perfectamente justificadas y documentadas en las oficinas de COPECO y no soy responsable de los posibles extravíos o sustracción de las mismas después del golpe de estado, haciéndoles saber además que al momento del golpe ya se habían consumido cerca de 22 millones de lempiras de la donación de Venezuela y todas las demás donaciones, quedando aún en las cuentas del Banco central un saldo de cerca de 15 millones de lempiras de los fondos Venezolanos, que estaban programados para seguir ayudando hasta que salieran las cosechas de las siembras realizadas en mayo.
Quinto
Que ni el Tribunal Nacional de Cuentas, ni la Fiscalía me han llamado o pedido que explique ninguno de estos actos y que no fue hasta hoy que me he presentado a través de un representante, que se me ha dado una citación en la fiscalía para comparecer.
Sexto
Que tengo la plena disposición de esclarecer cualquier duda, sobre cualquier hecho que haya estado o esté bajo mi responsabilidad, ante la fiscalía y ante cualquier instancia que la coordinación de la resistencia decida puesto que lo único que me interesa es lo que piensen y sientan de este caso los hondureños y hondureñas miembros y simpatizantes del Frente Nacional de Resistencia Popular , a quienes les aseguro que las ayudas humanitaria se manejaron por mi equipo y por mi mismo, con toda la dedicación, transparencia y el respeto por los derechos de los afectados.
Agradeciendo de antemano, la difusión que le puedan dar a este comunicado aclaratorio
Atentamente, en resistencia y por la Asamblea Nacional Constituyente
Marco Burgos
Ex Comisionado Nacional de COPECO
Gobierno 2006-2010
0801-1961-05160
Tegucigalpa, MDC. 24 de Agosto de 2010.
Yo, Marco Tulio Burgos Córdova, responsable de todas las acciones de COPECO en mi calidad de Comisionado Nacional durante el gobierno del Presidente Zelaya Rosales en virtud de toda la información tendenciosa que han publicado medios como El Heraldo, La Prensa, HRN y otros noticieros de Televicentro, Abriendo Brecha, CNN en relación con el manejo de fondos en COPECO especialmente a mis compañeros y compañeras en resistencia popular hago saber lo siguiente
Primero
Que mientras yo fui responsable de COPECO nunca ingresaron o estuvieron a disposición de COPECO 100 millones de dólares del Alba o Petrocaribe. Puesto que antes del Golpe de Estado sólo ingresaron al país 50 millones de dólares que a la fecha del 3 de septiembre del 2009, la ministra de facto de finanzas Gabriela Núñez y la Presidenta de facto del Banco Central de Honduras Sandra Midence expresaron públicamente que se encontraban intactos en las cuentas del Banco Central de Honduras, fondos de los que hasta hoy no han dado razón de su utilización.
Segundo
Que el gobierno hermano de Venezuela, en un acto de solidaridad con nuestro pueblo, donó y depositó en el Banco Central de Honduras, dos millones de dólares (Unos 37 millones de lempiras), además de que contribuyó con unas 30 mil libras de asistencia humanitaria para la atención de las más de 320 mil personas afectadas distribuidos en más de 750 comunidades de 17 departamentos en todo el país, a causa de las inundaciones provocadas por la depresión tropical 16 y el frente frío de octubre del 2008. Reconociendo además que recibimos además otras donaciones de distinta naturaleza de otros países amigos como Francia por 80 mil euros, China Taiwán, Estados Unidos de América, Guatemala, Canadá, Japón y otros países amigos, además de las generosas donaciones de miles de hondureños y hondureñas recaudadas a través de días y días de maratones en la Plaza la Libertad de la Casa Presidencial en Tegucigalpa, con el apoyo de algunas pocas y muy destacadas empresas privadas.
Tercero
Que miles de familias y decenas de acaldes pueden atestiguar como, a pesar de tener las carreteras destrozadas por todo el país, no quedó ni una sola comunidad sin atención básica, habiéndose distribuido, con esos dineros y otros del gobierno, ayuda humanitaria a cerca de 60 mil familias durante los siguientes siete meses, pudiéndose apoyar a los afectados con alimentos y con colchonetas y otros enseres donde fue necesario. Desde Gracias a Dios hasta el sur de departamento de Lempira y desde Cortés hasta la Costa de los Amates.
Cuarto
Que todas las cuentas, facturas, recibos que certifican las acciones de COPECO y del Gobierno de Manuel Zelaya Rosales, quedaron perfectamente justificadas y documentadas en las oficinas de COPECO y no soy responsable de los posibles extravíos o sustracción de las mismas después del golpe de estado, haciéndoles saber además que al momento del golpe ya se habían consumido cerca de 22 millones de lempiras de la donación de Venezuela y todas las demás donaciones, quedando aún en las cuentas del Banco central un saldo de cerca de 15 millones de lempiras de los fondos Venezolanos, que estaban programados para seguir ayudando hasta que salieran las cosechas de las siembras realizadas en mayo.
Quinto
Que ni el Tribunal Nacional de Cuentas, ni la Fiscalía me han llamado o pedido que explique ninguno de estos actos y que no fue hasta hoy que me he presentado a través de un representante, que se me ha dado una citación en la fiscalía para comparecer.
Sexto
Que tengo la plena disposición de esclarecer cualquier duda, sobre cualquier hecho que haya estado o esté bajo mi responsabilidad, ante la fiscalía y ante cualquier instancia que la coordinación de la resistencia decida puesto que lo único que me interesa es lo que piensen y sientan de este caso los hondureños y hondureñas miembros y simpatizantes del Frente Nacional de Resistencia Popular , a quienes les aseguro que las ayudas humanitaria se manejaron por mi equipo y por mi mismo, con toda la dedicación, transparencia y el respeto por los derechos de los afectados.
Agradeciendo de antemano, la difusión que le puedan dar a este comunicado aclaratorio
Atentamente, en resistencia y por la Asamblea Nacional Constituyente
Marco Burgos
Ex Comisionado Nacional de COPECO
Gobierno 2006-2010
0801-1961-05160
Tegucigalpa, MDC. 24 de Agosto de 2010.
23/8/10
Alcaración Sobre Fondos del Alba
ACLARACION PUBLICA SOBRE EL USO DE LOS FONDOS DEL ALBA
ANTE LAS CALUMNIOSAS E INFUNDADAS ASEVERACIONES PUBLICADAS POR DIARIO LA PRENSA DE HONDURAS Y DIFUNDIDAS INTERNACIONALMENTE POR CNN SIN NINGUN RELACIONADAS CON EL USO DE LOS FONDOS DEL ALBA EL GABINETE DE GOBIERNO DEL EXPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, EL GABINETE DEL EX PRESIDENTE COMUNICA LO SIGUIENTE:
1-QUE SE RECIBIO EN CALIDAD DE DONACION POR PARTE DE LA HERMANA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UN VALOR DE 2.0 MILLONES DE DOLARES PARA USO DE LAS CONTINGENCIA DE COPECO A EFECTO DE ATENDER A LOS DANMIFICADOS DE LA TORMENTA TROPICAL DE OCTUBRE DE 2008. ESTOS RECURSOS FUERON UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION DE GRANOS BASICOS A LOS DANMIFICADOS, OPERACIÓN QUE FUE LIQUIDADA Y DOCUMENTADA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DE COPECO.
2-LOS RECURSOS FINANCIEROS DESEMBOLSADOS POR POR VALOR DE $50.00 MILLONES DEL ALBA DESTINADOS AL APOYO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y $30.00 MILLONES PARA FINANCIAR A LOS MICROEMPRESARIOS AGRICOLAS POR PARTE DE BANADESA Y MAS DE $120.0 MILLONES DE DE PETROCARIBE,DESTINADOS A APOYO DE LA ENEE Y A OTROS SECTORES PRODUCTIVOS NO SE UTILIZARON POR ESTAR EN PROCESO DE REGLAMENTACION SU USO EN EL MOMENTO DEL GOLPE DE ESTADO Y POR CONSIGUIENTE ESTOS RECURSOS ESTABAN DISPONIBLES EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS E IBAN SER UTILIZADOS POR INTERMEDIO DE UN FONDO DE FIDEICOMISO APROBADO Y REGLAMENTADO POR EL CONGRESO NACIONAL.
3-ES TOTALMENTE FALSO QUE EN LA ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE ZELAYA SE HAYA HECHO USO DE ESOS RECURSOS. FUE EL GOBIERNO GOLPISTA EN QUE HIZO USO PARA FINES DISTINTOS PARA LOS CUALES FUERON SUSCRITOS CON LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
4-RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO GOLPISTA DE MICHELETI, A LAS FUERZAS ARMADAS Y A LOS MIEMBROS EL GABINETE DEFACTO DEL ABUSO DE ESTOS RECURSOS FINANCIEROS Y EXORTAMOS A LOS ORGANISMOS CONTRALORES DEL ESTADO: MINISTERIO PUBLICO,TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS,CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE DEDUZCAN TODA LA RESPONSABILIDAD CIVIL,PENAL Y CRIMINAL CORRESPONDIENTE.
GABINETE DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
19/8/10
Teniente Coronel Cristobal Antonio Vargas mantiene amenazada a entera familia
El teniente coronel, Cristóbal Antonio Vargas, de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH), fue culpado públicamente, ayer, de amenazas a muerte e intento de asesinato, por la señora Iris Lorena Molina Hernández, y por su esposo, José Adalberto Mejía, quien es director del Hospital de Santa Bárbara.
Molina Hernández, denunció en Globo TV, que desde el 28 de junio de 2009, en que se inició el golpe de Estado que defenestró al presidente Manuel Zelaya, en Honduras, ella ha sido víctima permanente del “acoso del Coronel Vargas y de la esposa de éste, Victoria Yaneth de Vargas”.
El oficial Vargas, vive en una casa que alquila contiguo a la de Iris Molina, ubicada en el Bulevar Romero Larios, en Comayagua, y llegó irritado a la vivienda propiedad de la familia ofendida “exigiéndole que apagara la Radio Globo”.
Molina le respondió al Coronel, que ella estaba en su casa y “no puede venir a decirme [él] cómo, cuándo y qué debo escuchar”, relató la agraviada.
El uno de agosto de 2010, el teniente coronel Vargas volvió a plantarse frente a la casa de los Molina Mejía, como a las nueve y 45 de la noche, gritándoles que salieran y haciendo varios disparos -aparentemente al aire- con su arma de reglamento, según denunció Iris Molina.
El coronel Vargas, la misma noche, “mandó a los hijos [de él] a recoger los casquillos de bala, para que no hubiera evidencias”, amplió la denunciante.
Sin embargo, Iris Molina describió que “se pueden contar doce disparos que quedaron incrustados en la pared del costado y en la del frente de la casa”, de la familia hostigada.
“Al día siguiente, nos mantuvo acorralados [el oficial], todo el día”, no los dejaba salir de la casa denunció Molina. Y explicó que ella y su esposo, han llamado a la Policía y pusieron la denuncia a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), pero sospechan que no quieren apurar el asunto por tratarse de un alto oficial.
Los esposos explicaron que también reciben ayuda del Comité para los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), a quien ellos pusieron la denuncia en Comayagua.
El presidente del Codeh, Andrés Pavón, explicó que “logramos que la Policía atendiera el caso, y la DGIC ha estado tratando del caso, nosotros pedimos una protección urgente a la Asociación Mundial de Derechos Humanos y a la Organización Mundial Contra la Tortura”.
Pavón agregó que “si el Estado no responde”, eso servirá para “mostrar que es porque hay una institucionalidad” que sostiene esa violación a los derechos humanos.
“La declaración dice, que escucharan [la familia] Radio Globo le molestaba ‘terriblemente’ al militar”, contó Pavón.
El Coronel llega gritando que la va mandar a matar.
El miércoles 11 de agosto de 2010, hace dos noches, el teniente coronel Vargas llegó a la casa, otra vez, a gritarle “que si no la mataba él, la iba a mandar a matar”, acusó Molina.
Reveló que Vargas también la ha seguido: “Una vez cuando me baje del bus apareció y se paró [el coronel] como a dos cuadras, y entonces cuando llegó, puso el carro de frente a mi casa”.
El coronel Vargas, también apostó un contingente militar de frente al hogar de los Mejía Molina, mientras otro resguardo de militares sacaban unas cosas, o hacían un trabajo en la casa de Vargas.
Manifestó estar preocupada porque tienen dos hijos menores y la mayor parte del tiempo ella está sola, porque su esposo trabaja en Santa Bárbara.
Los esposos Iris Lorena Hernández y José Adalberto Mejía, responsabilizaron al teniente coronel Cristóbal Antonio Vargas de cualquier atentado contra ellos o contra su familia.
El vocero de las Fueras Armadas, coronel Benjamín Oliva, recogió la denuncia y dijo que investigaría los hechos, y primero determinaría a qué fuero corresponde el caso, porque “no sería un acto institucional, sino personal” de Vargas, dijo.
Molina le respondió que “si es un acto personal, no institucional, con mucha más razón [Vargas] debe ser juzgado por su acción criminal”.
Molina Hernández, denunció en Globo TV, que desde el 28 de junio de 2009, en que se inició el golpe de Estado que defenestró al presidente Manuel Zelaya, en Honduras, ella ha sido víctima permanente del “acoso del Coronel Vargas y de la esposa de éste, Victoria Yaneth de Vargas”.
El oficial Vargas, vive en una casa que alquila contiguo a la de Iris Molina, ubicada en el Bulevar Romero Larios, en Comayagua, y llegó irritado a la vivienda propiedad de la familia ofendida “exigiéndole que apagara la Radio Globo”.
Molina le respondió al Coronel, que ella estaba en su casa y “no puede venir a decirme [él] cómo, cuándo y qué debo escuchar”, relató la agraviada.
El uno de agosto de 2010, el teniente coronel Vargas volvió a plantarse frente a la casa de los Molina Mejía, como a las nueve y 45 de la noche, gritándoles que salieran y haciendo varios disparos -aparentemente al aire- con su arma de reglamento, según denunció Iris Molina.
El coronel Vargas, la misma noche, “mandó a los hijos [de él] a recoger los casquillos de bala, para que no hubiera evidencias”, amplió la denunciante.
Sin embargo, Iris Molina describió que “se pueden contar doce disparos que quedaron incrustados en la pared del costado y en la del frente de la casa”, de la familia hostigada.
“Al día siguiente, nos mantuvo acorralados [el oficial], todo el día”, no los dejaba salir de la casa denunció Molina. Y explicó que ella y su esposo, han llamado a la Policía y pusieron la denuncia a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), pero sospechan que no quieren apurar el asunto por tratarse de un alto oficial.
Los esposos explicaron que también reciben ayuda del Comité para los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), a quien ellos pusieron la denuncia en Comayagua.
El presidente del Codeh, Andrés Pavón, explicó que “logramos que la Policía atendiera el caso, y la DGIC ha estado tratando del caso, nosotros pedimos una protección urgente a la Asociación Mundial de Derechos Humanos y a la Organización Mundial Contra la Tortura”.
Pavón agregó que “si el Estado no responde”, eso servirá para “mostrar que es porque hay una institucionalidad” que sostiene esa violación a los derechos humanos.
“La declaración dice, que escucharan [la familia] Radio Globo le molestaba ‘terriblemente’ al militar”, contó Pavón.
El Coronel llega gritando que la va mandar a matar.
El miércoles 11 de agosto de 2010, hace dos noches, el teniente coronel Vargas llegó a la casa, otra vez, a gritarle “que si no la mataba él, la iba a mandar a matar”, acusó Molina.
Reveló que Vargas también la ha seguido: “Una vez cuando me baje del bus apareció y se paró [el coronel] como a dos cuadras, y entonces cuando llegó, puso el carro de frente a mi casa”.
El coronel Vargas, también apostó un contingente militar de frente al hogar de los Mejía Molina, mientras otro resguardo de militares sacaban unas cosas, o hacían un trabajo en la casa de Vargas.
Manifestó estar preocupada porque tienen dos hijos menores y la mayor parte del tiempo ella está sola, porque su esposo trabaja en Santa Bárbara.
Los esposos Iris Lorena Hernández y José Adalberto Mejía, responsabilizaron al teniente coronel Cristóbal Antonio Vargas de cualquier atentado contra ellos o contra su familia.
El vocero de las Fueras Armadas, coronel Benjamín Oliva, recogió la denuncia y dijo que investigaría los hechos, y primero determinaría a qué fuero corresponde el caso, porque “no sería un acto institucional, sino personal” de Vargas, dijo.
Molina le respondió que “si es un acto personal, no institucional, con mucha más razón [Vargas] debe ser juzgado por su acción criminal”.
Comunicado del Observatorio Ecuménico
CONTINUAN AMENAZAS, PERSECUSIÓN Y HOSTIGAMIENTO CONTRA PERIODISTAS EN HONDURAS
El Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del Consejo Latinoamericano de Iglesias, a la comunidad nacional e internacional comunicamos lo siguiente.
1.- Este día lunes 16 de agosto de 2010, hemos recibido denuncia de parte de la periodista ITSMANIA PINEDA PLATEROS, Presidenta de la organización XIBALBA, ARTE Y CULTURA, por el hecho de haber sufrido una tentativa de asalto a su vivienda ubicada a la entrada de la colonia Las Torres de la ciudad de Comayaguela.
2.- El hecho se produjo la noche del sábado 14 de agosto, amanecer del día domingo 15 de agosto a las 2:00 a.m. de la madrugada, cuando sujetos desconocidos (tres sujetos) intentaron escarbar un hoyo en la pared de su casa, taladraron la pared del muro perimetral e intentaron sacar los balcones para penetrar a la vivienda. La acción delictiva fue evitada gracias al encendido automático de la luz, por lo que los individuos fueron sorprendidos dos en el patio y uno sentado en la viga a la par de la ventana y reconocidos por su propietaria, los cuales fueron enfrentados al siguiente día por la periodista y uno de ellos es informante de la policía.
3.- La periodista Itsmania Pineda Plateros interpuso la denuncia ante la DNIC el domingo 16 de agosto, para que proceda a realizar una investigación del acto, ya que teme por su vida, en vista que desconoce a que actividades se dedican estos individuos que residen en una casa vecina a la suya, porque sospecha que uno de estos sujetos es un ex policía que estaba asignado al departamento de Colón.
La periodista Pineda Plateros, desde el año 2006 ha sufrido amenazas, persecución y hostigamiento por su trabajo desde la organización XIBALBA, ARTE Y CULTURA en pro del rescate de cientos de jóvenes integrantes de maras y pandillas, por lo que en la actualidad goza de medidas cautelares de protección decretadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de lo cual tienen conocimiento la Fiscal Especial de los Derechos Humanos Abogada Sandra Ponce y la Secretaria de Seguridad.
También desde su creación en noviembre del 2009 es colaboradora voluntaria de este Observatorio.
4.- Según ha informado la periodista Pineda Plateros a este OEDH/CLAI, en igual situación vive la periodista y catedrática de educación media Licenciada ELVIRA LILIANA CÁRCAMO PUERTO a quien su casa ubicada en la colonia Arturo Quezada, bloque 47 casa 27 de la ciudad de Comayaguela, ha sido asaltada, le rayan las paredes y es víctima de hostigamientos por parte de un profesor de nombre Dimas y el señor Carlos Montoya que labora en HONDUTEL, por el hecho de militar en el Frente Nacional de Resistencia Popular y cuya denuncia ha sido interpuesta ante organismos de DDHH.
En días anteriores la periodista Liliana Cárcamo, había sido objeto de represalias por parte de los agentes policiales de la Posta de la Colonia San Francisco, quienes le decomisaron sus instrumentos de trabajo, documentos y la credencial como periodista acreditada ante la casa presidencial, ya que es Directora de un programa noticioso televisivo de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en canal 51. El delegado policial fue cambiado de sede y en su lugar nombrado el inspector de policía Daniel Molina.
La periodista Liliana Cárcamo goza de medidas de protección por parte de la Policía Metropolitana N.1 a cargo del Comisionado de Policía Ambrosio Ordoñez, gestionadas por la organización XIBALBA.
Este Observatorio hace un llamado a la comunidad internacional para que se demande del Presidente de facto Porfirio Lobo Sosa y sus cuerpos de seguridad, el respeto, protección para las víctimas y una investigación exhaustiva e inmediata de estos hechos, para sancionar a los culpables con todo el peso de la ley.
Tegucigalpa, MDC 16 de agosto de 2010.
Leonel Casco Gutiérrez
Procurador de los Derechos Humanos
Coordinador Observatorio Ecuménico DDHH del CLAI.
Los Valles de Santa Bárbara fijan su posición
PRONUNCIAMIENTO
Las organizaciones populares de la región Los Valles Santa Bárbara, preocupados por la situación crítica que está azotando al pueblo hondureño, ante la opinión pública nacional e internacional asumimos nuestra posición firme y convincente en relación a la problemática educativa y situación de país, pronunciándonos en los siguientes términos:
1. La crisis generada por el golpe de estado del 28 de junio sigue vulnerando las conquistas sociales del pueblo hondureño porque la clase política, empresarial y militar lo están utilizando como plataforma para recomponer el poder a sus intereses de siempre afectando directamente a toda la población hondureña.
2. La permanente violación de derechos humanos y el irrespeto a la ley desconociendo los veredictos que ellos mismos han ordenado, nos demuestra que la ley únicamente sirve para juzgar a los que están en contra del régimen ilegitimo fruto del golpe de estado.
3. La falta de voluntad empresarial y de gobierno para aprobar el nuevo salario mínimo nos tiene en alerta permanente por las pretensiones visibles de la clase político empresarial para atacar a los sindicatos, gremios y toda organización popular que lucha por mejores condiciones de vida.
4. Ante la amenaza latente de aprobar una nueva ley de educación que cercena los derechos fundamentales de los docentes y privatiza la educación en Honduras, nos manifestamos en oposición total por eliminar el derecho a educación publica que tenemos los hondureños y hondureñas.
5. La problemática magisterial que a todas luces es un acto bochornoso del gobierno y los políticos despilfarrando sin consentimiento los ahorros de toda una vida de los docentes y enterrando el derecho
humano a una jubilación digna.
POR TANTO, CON PLENA CONVICCION Y RESPONSABILIDAD DECLARAMOS:
1. Denunciar ante la opinión pública nacional e internacional al Estado de Honduras por violentar las conquistas del pueblo hondureño y repudiamos sus actos intimidatorios así como la eliminación de
beneficios sociales.
2. Rechazamos totalmente la aprobación de una nueva ley de educación porque atenta contra la estabilidad de los maestros y la educación pública que es nuestra, la cual defenderemos con todos los recursos a
nuestro alcance.
3. Exigimos la inmediata aprobación del salario mínimo por ser de interés colectivo para toda la sociedad hondureña.
4. Nos declaramos listos para salir a las calles hacer prevalecer los derechos de todo el pueblo hondureño.
ORGANIZACIÓN PUPULARES DE LOS VALLES SANTA BARBARA
1. La crisis generada por el golpe de estado del 28 de junio sigue vulnerando las conquistas sociales del pueblo hondureño porque la clase política, empresarial y militar lo están utilizando como plataforma para recomponer el poder a sus intereses de siempre afectando directamente a toda la población hondureña.
2. La permanente violación de derechos humanos y el irrespeto a la ley desconociendo los veredictos que ellos mismos han ordenado, nos demuestra que la ley únicamente sirve para juzgar a los que están en contra del régimen ilegitimo fruto del golpe de estado.
3. La falta de voluntad empresarial y de gobierno para aprobar el nuevo salario mínimo nos tiene en alerta permanente por las pretensiones visibles de la clase político empresarial para atacar a los sindicatos, gremios y toda organización popular que lucha por mejores condiciones de vida.
4. Ante la amenaza latente de aprobar una nueva ley de educación que cercena los derechos fundamentales de los docentes y privatiza la educación en Honduras, nos manifestamos en oposición total por eliminar el derecho a educación publica que tenemos los hondureños y hondureñas.
5. La problemática magisterial que a todas luces es un acto bochornoso del gobierno y los políticos despilfarrando sin consentimiento los ahorros de toda una vida de los docentes y enterrando el derecho
humano a una jubilación digna.
POR TANTO, CON PLENA CONVICCION Y RESPONSABILIDAD DECLARAMOS:
1. Denunciar ante la opinión pública nacional e internacional al Estado de Honduras por violentar las conquistas del pueblo hondureño y repudiamos sus actos intimidatorios así como la eliminación de
beneficios sociales.
2. Rechazamos totalmente la aprobación de una nueva ley de educación porque atenta contra la estabilidad de los maestros y la educación pública que es nuestra, la cual defenderemos con todos los recursos a
nuestro alcance.
3. Exigimos la inmediata aprobación del salario mínimo por ser de interés colectivo para toda la sociedad hondureña.
4. Nos declaramos listos para salir a las calles hacer prevalecer los derechos de todo el pueblo hondureño.
ORGANIZACIÓN PUPULARES DE LOS VALLES SANTA BARBARA
José Antonio Funes evidencia la incapacidad de Bernard Martínez
Estimado señor Bernard Martínez
Ministro de Cultura, Artes y Deportes
Por diferentes medios me he enterado del oficio No. OS-545-2010, en el que usted solicita a la señora Rosa María Prats, Directora de la Galería Nacional de Arte, un espacio en este edificio para “albergar el Archivo Nacional, el Archivo de Tierras y Sala de Investigadores y Analistas”. En un principio pensé que se trataba de una broma de mal gusto, o alguna torpeza de un funcionario al que se le puede cruzar una carta con otra en medio de esos ajetreos burocráticos. Pero lamentablemente no ha sido así, su firma está allí en el oficio y, por lo visto, usted sigue defendiendo el temerario contenido de esa misiva.
Señor Ministro, no sé qué idea debe de tener usted de lo que se trata un Archivo Nacional o de lo que se trata una Galería Nacional de Arte. Pero si analiza con detenimiento se dará cuenta que son dos instituciones que cumplen funciones totalmente diferentes. ¿En qué país se ha visto que un Archivo Nacional, donde asisten investigadores nacionales y extranjeros, va a estar arrinconado en una Galería Nacional de Arte? Pero, además de absurda, su decisión resulta desde todo punto de vista atentatoria contra el Patrimonio Nacional –que en su calidad de Ministro usted es el primer llamado a defender- ya que estaría poniendo en grave riesgo la seguridad física de la antigua casa presidencial al intentar convertirla en las oficinas de la SCAD ; y, de paso, al invadir de papeles y libros la Galería Nacional de Arte, estaría invadiendo un espacio que no le pertenece a la SCAD , sino a la UNAH y al Congreso Nacional. Es decir, estaría incurriendo en abuso de poder, otro error lamentable que igual lo puede llevar un día ante los tribunales del país.
Señor Martínez, un Ministro llega a una institución, como la que usted dirige, a construir, no a destruir; a defender el patrimonio cultural del país, no a pisotearlo a su capricho. En estas circunstancias, entiendo bien la indignación del ex Ministro de Cultura Rodolfo Pastor Fasquelle porque él trabajó duro para recuperar el edificio que alberga hoy la Galería Nacional de Arte y para organizar en la antigua casa presidencial el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH). Estos logros deben ser considerados “de Estado”, pues sirven para beneficiar a la nación, a ensanchar la oportunidad para acceder a la cultura y a la historia del país. Allí tiene un ejemplo, haga obra con ladrillos nuevos, pero no rompiendo los ladrillos de las obras de otros. Nadie tiene derecho a destruir lo que le sirve al pueblo hondureño, y que usted lo hiciera sería un contrasentido, una traición a su cargo.
Por el amor que pueda tenerle a Honduras, no continúe usted con la escalada seudofascista que se desató desde la SCAD contra el patrimonio cultural del país después del golpe de Estado del 28 de junio del año anterior, donde sobre esa institución flameaban soberbias las banderas de la ignorancia pasmosa y la corrupción.
Atentamente,
José Antonio Funes
Escritor, Profesor Universitario e Investigador.
Director de la Biblioteca Nacional de Honduras 2006-2007.
Ministro de Cultura, Artes y Deportes
Por diferentes medios me he enterado del oficio No. OS-545-2010, en el que usted solicita a la señora Rosa María Prats, Directora de la Galería Nacional de Arte, un espacio en este edificio para “albergar el Archivo Nacional, el Archivo de Tierras y Sala de Investigadores y Analistas”. En un principio pensé que se trataba de una broma de mal gusto, o alguna torpeza de un funcionario al que se le puede cruzar una carta con otra en medio de esos ajetreos burocráticos. Pero lamentablemente no ha sido así, su firma está allí en el oficio y, por lo visto, usted sigue defendiendo el temerario contenido de esa misiva.
Señor Ministro, no sé qué idea debe de tener usted de lo que se trata un Archivo Nacional o de lo que se trata una Galería Nacional de Arte. Pero si analiza con detenimiento se dará cuenta que son dos instituciones que cumplen funciones totalmente diferentes. ¿En qué país se ha visto que un Archivo Nacional, donde asisten investigadores nacionales y extranjeros, va a estar arrinconado en una Galería Nacional de Arte? Pero, además de absurda, su decisión resulta desde todo punto de vista atentatoria contra el Patrimonio Nacional –que en su calidad de Ministro usted es el primer llamado a defender- ya que estaría poniendo en grave riesgo la seguridad física de la antigua casa presidencial al intentar convertirla en las oficinas de la SCAD ; y, de paso, al invadir de papeles y libros la Galería Nacional de Arte, estaría invadiendo un espacio que no le pertenece a la SCAD , sino a la UNAH y al Congreso Nacional. Es decir, estaría incurriendo en abuso de poder, otro error lamentable que igual lo puede llevar un día ante los tribunales del país.
Señor Martínez, un Ministro llega a una institución, como la que usted dirige, a construir, no a destruir; a defender el patrimonio cultural del país, no a pisotearlo a su capricho. En estas circunstancias, entiendo bien la indignación del ex Ministro de Cultura Rodolfo Pastor Fasquelle porque él trabajó duro para recuperar el edificio que alberga hoy la Galería Nacional de Arte y para organizar en la antigua casa presidencial el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH). Estos logros deben ser considerados “de Estado”, pues sirven para beneficiar a la nación, a ensanchar la oportunidad para acceder a la cultura y a la historia del país. Allí tiene un ejemplo, haga obra con ladrillos nuevos, pero no rompiendo los ladrillos de las obras de otros. Nadie tiene derecho a destruir lo que le sirve al pueblo hondureño, y que usted lo hiciera sería un contrasentido, una traición a su cargo.
Por el amor que pueda tenerle a Honduras, no continúe usted con la escalada seudofascista que se desató desde la SCAD contra el patrimonio cultural del país después del golpe de Estado del 28 de junio del año anterior, donde sobre esa institución flameaban soberbias las banderas de la ignorancia pasmosa y la corrupción.
Atentamente,
José Antonio Funes
Escritor, Profesor Universitario e Investigador.
Director de la Biblioteca Nacional de Honduras 2006-2007.
27/7/10
Editorial de Diario Tiempo. Abundancia de pruebas
Las declaraciones públicas del doctor Enrique Ortez Colindres, quien fue secretario de facto en el Despacho de Relaciones Exteriores al comienzo de la dictadura de Micheletti, confirma lo que ya todo el mundo sabía: que lo sucedido el 28 de junio/09 fue un golpe de Estado militar. Esto es algo que no debería sorprender a nadie.
“Los militares son los que hacen que corra la cadena jurídica y lo ponen”, a Micheletti en el taburete presidencial, y eso es exactamente lo que sucedió ese nefasto día del rompimiento constitucional e institucional en que se creó la más profunda y corrosiva crisis política en la historia de Honduras.
Esas declaraciones del ex-canciller Ortez Colindres merecen la concentrada atención de la nación, de los organismos encargados de establecer la verdad sobre este golpe de Estado militar y de los historiadores, porque provienen de un protagonista importante en esos acontecimientos, y, también, porque contribuye a poner los hechos y sus consecuencias en su justo lugar.
TIEMPO, el Diario de Honduras, fue el primer medio de comunicación que, consciente de lo sucedido, calificó la asonada del 28 de junio de golpe de Estado militar, en el mismo momento en que los demás participantes y comparsas del atentado se afanaban en inventar la figura de “la sucesión constitucional” para disfrazar de legalidad el delito cometido de traición a la Patria.
La comunidad internacional, representada en este caso por el SICA a nivel centroamericano, por la OEA en el ámbito continental y por la ONU en la dimensión mundial, no dudó en proceder al aislamiento de Honduras bajo régimen golpista. Estados Unidos, sin embargo, tardó, unilateralmente, en calificar el golpe de Estado, y, por razones --que tampoco se ignoran--, nunca admitió la factoría militar del rompimiento del Estado de Derecho.
A los pocos días de haberse consumado el atropello a la constitucionalidad y de tomar cuerpo la resistencia popular al golpe de Estado, era evidente la sumisión del Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia al Poder Militar.
Una confabulación, además, respaldada por los sectores de la ultraderecha local –empresarios y capos religiosos—en connivencia con la ultraderecha norteamericana, cubano-norteamericana y venezolana que prácticamente elaboró, financió y dirigió la campaña mediática para formar una opinión pública favorable al golpe. Como resultado de esa campaña tenemos la exacerbada polarización política y social en la familia hondureña, con perspectiva de encarnizada lucha de clases.
Ante la contundencia de los hechos, y en función de la verdad histórica –que no siempre la escriben, como se dice, los vencedores--, sería peregrino considerar que las afirmaciones del ex-canciller del gobierno de facto de Micheletti no tienen carácter vinculante, como si se tratara de un juicio jurídico y no de un juicio político. ¡Claro que esas declaraciones tienen un valor vinculante en lo que importa, que es la verdad, a secas, y no la verdad jurídica acomodada a artificios procesales!
Dentro de esa verdad que a todos interesa, está el hecho infortunado y anti-histórico, de que Honduras, con el golpe de Estado del 28 de junio/09, fue sumergida en las oscuras profundidades de la re-militarización del Estado y de un sistema de comunicación social entregado a deformar el pensamiento colectivo de los hondureños en un modelo de sociedad autocrática y presa de la explotación oligárquica.
“Los militares son los que hacen que corra la cadena jurídica y lo ponen”, a Micheletti en el taburete presidencial, y eso es exactamente lo que sucedió ese nefasto día del rompimiento constitucional e institucional en que se creó la más profunda y corrosiva crisis política en la historia de Honduras.
Esas declaraciones del ex-canciller Ortez Colindres merecen la concentrada atención de la nación, de los organismos encargados de establecer la verdad sobre este golpe de Estado militar y de los historiadores, porque provienen de un protagonista importante en esos acontecimientos, y, también, porque contribuye a poner los hechos y sus consecuencias en su justo lugar.
TIEMPO, el Diario de Honduras, fue el primer medio de comunicación que, consciente de lo sucedido, calificó la asonada del 28 de junio de golpe de Estado militar, en el mismo momento en que los demás participantes y comparsas del atentado se afanaban en inventar la figura de “la sucesión constitucional” para disfrazar de legalidad el delito cometido de traición a la Patria.
La comunidad internacional, representada en este caso por el SICA a nivel centroamericano, por la OEA en el ámbito continental y por la ONU en la dimensión mundial, no dudó en proceder al aislamiento de Honduras bajo régimen golpista. Estados Unidos, sin embargo, tardó, unilateralmente, en calificar el golpe de Estado, y, por razones --que tampoco se ignoran--, nunca admitió la factoría militar del rompimiento del Estado de Derecho.
A los pocos días de haberse consumado el atropello a la constitucionalidad y de tomar cuerpo la resistencia popular al golpe de Estado, era evidente la sumisión del Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia al Poder Militar.
Una confabulación, además, respaldada por los sectores de la ultraderecha local –empresarios y capos religiosos—en connivencia con la ultraderecha norteamericana, cubano-norteamericana y venezolana que prácticamente elaboró, financió y dirigió la campaña mediática para formar una opinión pública favorable al golpe. Como resultado de esa campaña tenemos la exacerbada polarización política y social en la familia hondureña, con perspectiva de encarnizada lucha de clases.
Ante la contundencia de los hechos, y en función de la verdad histórica –que no siempre la escriben, como se dice, los vencedores--, sería peregrino considerar que las afirmaciones del ex-canciller del gobierno de facto de Micheletti no tienen carácter vinculante, como si se tratara de un juicio jurídico y no de un juicio político. ¡Claro que esas declaraciones tienen un valor vinculante en lo que importa, que es la verdad, a secas, y no la verdad jurídica acomodada a artificios procesales!
Dentro de esa verdad que a todos interesa, está el hecho infortunado y anti-histórico, de que Honduras, con el golpe de Estado del 28 de junio/09, fue sumergida en las oscuras profundidades de la re-militarización del Estado y de un sistema de comunicación social entregado a deformar el pensamiento colectivo de los hondureños en un modelo de sociedad autocrática y presa de la explotación oligárquica.
24/7/10
El Rostro Mediático del Golpe
MANUEL TORRES CALDERÓN*
Aunque los golpistas tomaron las previsiones del caso para controlar y
doblegar medios de comunicación y periodistas, no es fácil tapar los ojos,
oídos y boca de una sociedad en pleno siglo xxi. Sin remedio, la máscara
mediática tradicional cayó, y un tipo de periodismo murió, desacreditado por
servil y corrupto. Sin embargo, no nació otro nuevo. Quizá esté en gestación
y tenga representaciones aisladas, pero aún está pendiente. En el camino
de la ciudadanización del Derecho a la Información, la experiencia vivida
a partir del 28 de junio es apenas el comienzo. He aquí un buen punto de
partida para debatir al respecto.
A un año del 28 de junio de 2009, los detalles de la conspiración aún no trascienden.
Se conocen algunos datos, pero no todos. Las interrogantes superan con creces a las respuestas:
¿Cómo operó la trama mediática? ¿Quiénes integraron el “Estado Mayor” de las operaciones
sicológicas? ¿Dónde funcionó y cómo se financió? ¿Cuál fue el papel de los asesores internacionales?
¿Hubo israelitas en la operación? ¿Cuándo llegaron, cuándo partieron?...
En la consumación de un golpe de Estado, fase en la cual los acontecimientos se desenvuelven a una velocidad de vértigo, dos son los instrumentos operativos indispensables: las armas y los medios. Cualquiera de ellos que escape de control pone en riesgo el resultado. Eso es válido en cualquier país del mundo.
Los golpistas hondureños conocen de la sociedad de la información y adoptaron las previsiones del caso. Sin embargo, en lo mediático, el panorama es más complejo que lo previsto en el papel: no es fácil tapar los ojos, oídos y boca de una sociedad.
Lo primero que se cumplió en la conspiración fue el alineamiento de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, con HRN, Radio América y Televicentro a la cabeza.
Todos los que apoyaron la caída de Zelaya celebraron los sucesos, sin que en esa actitud hubiera diferencias entre propietarios de medios y la mayoría de sus periodistas. Con tal complicidad, parecía que el cerrojo mediático sería rápido y efectivo, cuestión de horas, pero no fue así.
De los integrantes de ese poderoso cartel llamado Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, únicamente la familia Rosenthal, propietaria de diario Tiempo, Canal 11 y Cable Color, rechazó convertirlos en un instrumento propagandístico incondicional del golpe. La tendencia de sus editoriales y noticias fue defender la institucionalidad pública quebrantada y los derechos personales y constitucionales de Zelaya, sin volverse portavoz del presidente derrocado, ni defensora a ultranza de su gestión de gobierno. Sus contenidos se cuidaron mucho de no contribuir a una polarización extrema de la opinión pública.
Bajo control la mayoría de la prensa tradicional, los militares se dieron a la tarea de enfrentar a los medios televisivos y radiales que reaccionaron en contra del golpe; algunos lo hacían con cautela, temerosos de un cierre total que los dejara fuera del aire, y otros apostaron a que la reversión del golpe era posible y asumieron una programación de agitación, denuncia y convocatoria de la Resistencia.
EL GOLPE ROMPIÓ LA RUTINA DE LA PRENSA INTERNACIONAL
En el caso de la prensa internacional, la cobertura fue inmediata e incontrolable para el golpismo. Hacía años que no ocurría en América Latina un “cuartelazo” contra un gobernante civil, con el ingrediente adicional de un contexto geopolítico que involucraba de manera directa la visión del presidente venezolano Hugo Chávez.
Los acontecimientos en Honduras reunieron todos los requisitos para entrar al plató de los medios televisivos internacionales: dramatismo, color, violencia y desenlace incierto.
También fueron días en los cuales la agenda informativa mundial pasaba momentos de rutina, a excepción de la muerte inesperada de Michael Jackson, el 25 de junio, en Los Ángeles.
En las primeras horas de aquel domingo un hecho circunstancial se volvió clave: en Tegucigalpa había un equipo de prensa de la cadena de televisión Telesur que cubría los pormenores de la anunciada consulta de la “cuarta urna”, a la que respaldaba con su cobertura.
Como es conocido, Telesur es una compañía pública fundada en 2005 que tiene a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela como auspiciantes. Todos ellos rompieron relaciones con el gobierno usurpador de Micheletti y condenaron al golpismo. Telesur reflejó ese criterio y cubrió en extenso el desarrollo de los acontecimientos.
Ante el eclipse informativo oficialista, se dio el fenómeno de que Telesur se volvió local en Honduras. Las compañías por cable, que incluían en su oferta a Telesur, vieron multiplicada su audiencia. Fue tan importante la cobertura de esa cadena, que sus informativos y programas especiales se retransmitían por
emisoras hondureñas en resistencia, y sus reportajes eran subidos de inmediato a sitios de Yutube, donde aún pueden verse.
Los militares se percataron de ello y el equipo de prensa de Telesur, junto a otras corresponsalías, fue acosado de inmediato por el gobierno golpista a través de la Policía de Migración; pero ello no impidió que trascendieran otras versiones informativas en el momento justo.
Telesur no fue la única. Incluso CNN, desde un primer momento, calificó lo ocurrido como “golpe de Estado” y sus noticieros permitieron, a un alto porcentaje de la población hondureña, enterarse de los detalles que encubrían los grandes medios nacionales. También exhibió los disparates de los altos cargos golpistas que eran entrevistados en vivo. Luego hubo una presión fuerte de la derecha internacional para que CNN retornara a su carril ideológico característico. Los golpistas llegaron a prohibir temporalmente la transmisión en Honduras de Telesur y CNN, pero esa censura se convirtió en un bumerán que les trajo descrédito.
EL SECUESTRO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En el frente interno, el control informativo siguió un patrón similar en todo el país. En principio,
fuerzas combinadas de soldados y policías —incluidos altos oficiales de batallones— incursionaron durante la mañana del 28 de junio en las instalaciones de emisoras y canales de televisión opositores para ordenar a los equipos de prensa que no transmitieran sus programas, e incluso que cerraran los medios de comunicación por tiempo indefinido. La mayor agresión ocurrió contra Radio Globo, Canal 36 y, en menor intensidad, Radio Progreso.
La acción de los comandos militares contra esas instalaciones fue similar al atentado ocurrido
en la casa del presidente Zelaya Rosales, sólo que en el caso de los medios lo que se secuestró fue la
libertad de expresión.
Los estrategas del golpe sabían que tenían dos desafíos claros que afrontar: uno, el carisma y la influencia de Zelaya Rosales en un sector importante de la población, lo cual hacía suponer el surgimiento de una corriente de simpatía e indignación ante lo sucedido; y, dos, el espectro demasiado amplio de la oferta mediática existente en Honduras y el potencial de enlace insurreccional de las nuevas tecnologías de comunicación. En los últimos años la red se ha hecho demasiado grande e influyente como para tenerla en el puño.
Entre la experiencia del que había sido el último golpe de Estado (1978) y el actual hubo una diferencia ostensible en términos mediáticos. En el 78 bastó con alinear las dos principales cadenas radiales, HRN y Radio América, el Canal 5 de televisión y los tres periódicos existentes para imponer la versión castrense.
En 2009 fue muy diferente. Además de que la naturaleza del conflicto era diferente, el teatro de operaciones, por así decirlo, se había diversificado, tal como se comprobó en el transcurso de las horas, días, semanas y meses venideros.
LA PROPAGANDA SE IMPUSO AL PERIODISMO
La disputa por el acceso a los medios y el control del tema por parte de la opinión pública se volvió decisiva. Infortunadamente, en un contexto de creciente polarización, en el registro histórico de los hechos la propaganda se impuso al periodismo, y ambos contendientes se encargaron de reducir el espacio a la confrontación de las ideas. Las calificaciones y descalificaciones avasallaron los contenidos.
La intolerancia al golpe era correcta, pero no la intolerancia al debate para esclarecer la naturaleza de la crisis, la responsabilidad histórica de sus protagonistas y la búsqueda de las salidas democráticas al
conflicto. El clientelismo siguió, bajo diferentes argumentaciones, promoviendo una sociedad excluyente.
Bajo esas circunstancias, los dos primeros pasos que dio el golpismo le hicieron perder de entrada la batalla: el primero fue la insistencia en llamar “sucesión” a lo que todo el mundo calificaba como “golpe de Estado”. Ese empecinamiento, por ejemplo, puso a los golpistas de espaldas a la gran mayoría de los medios internacionales de prensa que cubrieron los hechos.
Un periodista español que acudió al Congreso Nacional fue entrevistado y confrontado por un reportero oficialista que le reclamó por qué calificaba como “golpe” lo ocurrido, y la respuesta fue: “eso se llama así aquí o en cualquier parte del mundo”.
El segundo aspecto tuvo que ver con los detalles operativos. La captura violenta, secuestro y expulsión —en pijama— a San José de Costa Rica del presidente Zelaya, desnudó la indefensión de la mayoría de la población hondureña. Ese atropello mayúsculo se perpetró teniendo como testigo un “juez ejecutor de la Corte Suprema de Justicia”. Como reacción, un comentario escueto y natural se esparció por todos los rincones: “si eso le ocurrió al Presidente de la República, qué no le puede pasar al resto de la ciudadanía”.
En el fondo, el rechazo inicial al golpe no consistía en tener o no simpatía para Zelaya —eso quedaba en un plano personal—, sino en la exigencia colectiva a favor del debido proceso y el freno al retorno del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos.
En ese instante un poderoso movimiento social emergía y había que precisarlo en su verdadera magnitud y potencial para no perderlo.
LAS PRIMERAS ESCARAMUZAS
El conflicto Mel Zelaya versus la prensa no nació el 28 de junio; en una conspiración de esta naturaleza, la primera maquinaria que se pone a trabajar es la mediática. Apenas unas cuantas horas después de tomar posesión de la Presidencia (enero 2006), Zelaya se quejó del trato que le daba la prensa. No le gustaron las críticas a su discurso inaugural. El desencuentro, sin embargo, no anticipaba la ruptura venidera. Con los meses, la queja se multiplicó y elevó su tono. La disputa tenía que ver con quién imponía la agenda pública: el presidente o los denominados “poderes fácticos”.
Zelaya sabía perfectamente que entre los grupos de poder más influyentes se encuentra el mediático, dominado por unas pocas familias que cobran peaje a la libre circulación de las ideas. Si quieren, apoyan; si no, anulan. La crítica puede ser por cualquier cosa, justificada o no; porque —en lo fundamental— son un instrumento de presión, una manera de perseguir o conseguir algo para beneficio privado o de un grupo corporativo.
Paradójicamente, ha sido el Estado el que ha dado a ese grupo el poder que ahora ostenta. La concesión de contratos multimillonarios, privilegios, facilidades, contactos y la complicidad del secreto explican que la burocracia sea, a estas alturas, un simple rehén de la mediocracia. Lo trágico es que el trasfondo de esa asociación ha sido, a su vez, un proceso histórico, sistemático y permanente de privatización o anulación del derecho social a la información.
ZELAYA NO HIZO LA DIFERENCIA
Zelaya, al asumir la Presidencia, intentó influir en los medios a través de los periodistas y, al igual que sus antecesores, fomentó un complejo entarimado de compromisos mediante canje de favores o por la vía descarnada de la corrupción. Todos los ex presidentes, salvo Carlos Flores Facussé, pensaron que
entre los periodistas/reporteros y los propietarios de los medios era posible levantar una cuña y
separarlos, pero no es así. Propietarios y medios trabajan de común acuerdo. Es un círculo de complicidades y lealtades que gira alrededor del poder y sus regalías. Con Zelaya no hubo ningún cambio de calidad en la relación Casa Presidencial-medios periodistas.
Esa capacidad que siempre tuvo Zelaya, de reciclar dirigentes sociales que estaban de salida, la mostró también con los periodistas que llamó a su entorno, varios de los cuales procedían de las fosas más profundas de la corrupción mediática. La experiencia acumulada enseña que mientras sale más y más dinero para comprar voluntades periodísticas, más vulnerable se vuelve el gobernante, atrapado en una pegajosa e interminable red de tráfico de influencias. La corrupción sólo estimula la compraventa.
Esa lección no pareció entenderla Zelaya, ni sus asesores. Su jefe de prensa, Raúl Valladares, era el tipo de enlace tradicional que bien pudo desempeñar esas funciones en cualquier gobierno anterior. Tan prolijo en el gesto amistoso como en la represalia a quienes muerden la mano del amo. Ex jefe de los noticieros de HRN, fue uno de los favorecidos a principios de los años 90 por el ex presidente conservador Rafael Leonardo Callejas, bajo cuyo régimen la corrupción en el gremio periodístico alcanzó uno de los mayores niveles de los que se tiene memoria. Fue la época del surgimiento del llamado “Grupo de los 13” o los
“tiburones”, en el que figuraban los periodistas con mayor acceso y cercanía al poder, varios de los
cuales volvieron a ser favorecidos con Zelaya.
EN POS DE UN PERIODISMO INCONDICIONAL
Las evidencias confirman que no hubo ninguna diferencia sustancial respecto del pasado en el enfoque de Zelaya hacia los periodistas y los medios; el cambio más bien fue de contexto.
Esta vez, promediando la mitad de su mandato, Zelaya fue más allá y financió las operaciones, o parte de ellas, de algunos medios que respaldaban su proyecto político, entre ellos Radio Globo y Canal 36, así como de numerosos programas particulares rentados por periodistas. Las cuentas de esa subvención no están claras, pero se calculan en cifras de siete dígitos.
En relación con la prensa, el gobierno Zelaya fue cómplice de un sistema de corruptelas responsable de que a muchos periodistas y medios se les olvidara lo elemental de su trabajo: distinguir entre hechos y opiniones; difundir sólo informaciones fundamentadas y contrastadas y evitar datos imprecisos que puedan lesionar la dignidad de las personas; facilitar “sin tergiversar” todos los datos sobre la información difundida; rectificar con diligencia; utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes; no difundir informaciones recibidas de forma confidencial; no usar información privilegiada en provecho propio; respetar el derecho a no proporcionar información o responder a preguntas; no aceptar retribuciones para influir o publicar informaciones u opiniones; respetar el derecho a la intimidad y la imagen; observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia; tratar con especial cuidado la información referente a menores; cuidar las imágenes que, por su crueldad, puedan dañar la sensibilidad; y, por último, actuar “con especial responsabilidad y rigor” en caso de informaciones que puedan suscitar discriminaciones.
Promover el buen periodismo no fue un objetivo gubernamental; al contrario, se trataba de conseguir un periodismo incondicional. Zelaya dio continuidad al hecho de que el Estado hondureño nunca ha tenido una visión social pública en el campo de la comunicación; al contrario, uno tras otro, los gobernantes han renunciado conscientemente a ella, al grado que algunos se encargaron de ceder a particulares desde la frecuencia asignada a la televisión nacional hasta ser complacientes con el control de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) por parte de algunos empresarios.
De Zelaya se afirmó, repetidas veces, que llegó a regalar equipos de televisión a periodistas/ empresarios que, paradójicamente, después los utilizaron en su contra. Nadie, por supuesto, investigó cómo un gobernante puede regalar bienes públicos a particulares sin que actúen los órganos fiscalizadores del
Estado.
CUANDO LAS DIFERENCIAS SE CONVIRTIERON EN CONFLICTOS
Un elemento que sí resultó novedoso, derivado de la confrontación con los propietarios de los medios, fue la decisión presidencial de publicar un semanario que diera cuenta de sus obras y opiniones: Poder Ciudadano, y potenciar la capacidad instalada y cobertura del Canal 8 de televisión. Ambos funcionaron como órganos de propaganda y, el Canal 8 en particular, se volvió difusor de una especie de “reality show” del presidente Zelaya.
La “transparencia” se volvió medio, no fin.
Pese a sus esfuerzos, en la práctica Zelaya no tuvo la “buena prensa” que esperaba, pero tampoco manifestó interés de alterar las reglas del juego. En esa dirección la colisión era inevitable.
Las diferencias se convirtieron en conflictos a partir de 2007, cuando empezó la aproximación presidencial al gobierno de Hugo Chávez. Las verdaderas lealtades de la prensa se quitaron cualquier tipo de caretas. A partir de ese momento las críticas en su contra se volvieron constantes e ideológicamente cerradas. No
importaba si había razón o no, si estaba el dato comprobado o era rumor; si la información tenía visos de verdad o era pura mentira.
A nivel escrito, La Prensa y El Heraldo marcaban la pauta. El más rancio conservadurismo afloró como su línea editorial, y las reglas del periodismo salieron sobrando. El trasfondo ideológico de los medios terminó en guerra abierta contra las decisiones de Zelaya. Paradójicamente, cuando el gobernante cuestionado se percató de que no era posible evitar la confrontación, entonces intuyó que podía sacarle provecho.
A mediados de 2008, la estrategia presidencial no era evitar el conflicto, sino capitalizarlo políticamente a su favor. De nuevo apareció en la actitud del gobernante el criterio de que “en la crisis me crezco”. De hecho, Zelaya encontró la fórmula para imponer la agenda mediática nacional, con o sin el beneplácito de los dueños de los medios.
Cada semana surgía desde Casa Presidencial un tema de controversia; una vez podía ser una serenata con los Tigres del Norte para cantarle al “Jefe de jefes” y otra podía ser su esfuerzo diplomático para que la OEA suspendiera las sanciones a Cuba. En esa dinámica, las dos últimas imposiciones mediáticas fueron determinantes: la “cuarta urna”, de la que se afirma que inicialmente le fue sugerida por Arturo Corrales, convertido después en su acusador golpista y, ligada a la anterior, la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que ambas propuestas salieron a la palestra pública, el resto de la agenda nacional y de la acción gubernamental dejó de figurar.
Para la derecha hondureña, desde una perspectiva distinta, con la confrontación mediática también se habían roto los límites y se pasaba a otro plano: el de la conspiración militar. Se probaba que los medios por sí mismos no podían derrocar al gobierno, pero tampoco sostenerlo.
ABLANDANDO EL ESCENARIO
En las sombras de la oposición al zelayismo la conspiración avanzaba como un rodillo aplastante de la opinión pública, creando condiciones para una ruptura que se perfilaba inminente. Varios propietarios
de medios mostraban estar al tanto de la operación por venir. La censura y la autocensura se abrían camino para el desenlace.
Las banderillas se clavaban en Zelaya para aislarlo y debilitarlo.
Los titulares de la semana del golpe anticipaban el porvenir.
La manipulación extrema que los poderes fácticos hicieron de la mayoría de los medios hizo
que se hablara en Honduras del terrorismo mediático. Paradójicamente, en una crisis que demandaba el diálogo y el debate como mecanismos de solución, lo que se impuso fue la incomunicación. El manoseo de temas, instituciones y fuentes fue total.
Los sucesos del 28 de junio fueron congruentes con sus antecedentes. La censura mediática se reforzó con la censura estatal y se impuso en todas las manifestaciones posibles: desde el cese brutal de empresas de comunicación (por ejemplo, Radio Globo y Canal 36), agresiones físicas contra comunicadores sociales y cortes de energía eléctrica, hasta cadenas nacionales de radio y televisión.
LAS RESPUESTAS A LA DESINFORMACIÓN OFICIAL
Se produjo una experiencia nefasta que no puede pasar inadvertida. La indignación de la población ante la manipulación mediática tampoco tiene precedentes en el país. A pesar del cerco a la palabra, la imagen y
las letras que tendió el gobierno golpista, es imposible en esta era tecnológica cerrar por completo los espacios.
Las respuestas a la desinformación fueron desde el añejo uso de las paredes hasta el perfil alternativo intrínseco en las nuevas tecnologías de comunicación. Una de las expresiones que más se grabó en el colectivo hondureño fue: Cuando los medios callan, las paredes hablan. Los grafiti invadieron los muros con expresiones que iban desde frases con mensajes violentos e insultantes hasta los más elaborados, profundos y simbólicos.
Desde el golpismo se ensayaron todo tipo de alternativas para silenciar la respuesta popular a la desinformación oficial, incluso se llegó a contar con la asesoría de expertos extranjeros en guerra sicológica. Un capítulo no esclarecido fue la actuación de asesores israelitas en un pretendido intento de silenciar el flujo informativo a través de internet.
En la crisis fue común que se repintaran con pintura blanca los grafiti de la Resistencia, el estallido de explosivos de bajo poder, el sabotaje a sitios web, los cortes de energía, la irrupción de uniformados en salasde redacción, la destrucción de transmisores y las agresiones a comunicadores. El desafío planteado
en tiempos de golpes de Estado es comunicación versus incomunicación, y eso lo confirmó la experiencia vivida por la sociedad hondureña.
TODA REACCIÓN GENERA UNA RESPUESTA
Contrario a lo que los estrategas del golpe pensaron, la comunicación social resistió a la incomunicación oficialista y rápidamente se convirtió en pieza clave de una contracultura que incluyó otras formas y géneros de socialización y transmisión de las denuncias, declaraciones y mensajes. Cada marcha de la Resistencia atraía un mercadillo informal de la protesta, donde se vendían desde discos hasta sombreros alusivos a Zelaya, como nuevo y rentable icono de la rebeldía.
En esas circunstancias, todo recurso era considerado válido, no importa si se respetaban o no las normas profesionales y éticas del Periodismo y la comunicación social.
Las medias-verdades se imponen en los tiempos de conflicto. El caso de la fotografía aparecida en diario La Prensa del cuerpo de Isis Obed Murillo, primera víctima mortal de la represión, lo ilustra perfectamente. En una foto aparecía Isis con las señales visibles de su asesinato, en otra —publicada también— aparecía sin esas señales.
El photoshop ideológico había hecho su trabajo de bisturí censor y su estreno en un golpe de Estado latinoamericano.
Consciente, el gobierno michelettista, de que no había podido imponer su versión —la sucesión— de lo ocurrido, la siguiente etapa de su estrategia fue convencer a la comunidad nacional e internacional de que
la normalidad había retornado luego de las reacciones primeras de protesta.
De la realidad del país se proyectaban dos lecturas: una, la real; la otra, la irreal.
La “irreal” construía sus propios escenarios, como en los estudios cinematográficos; una “realidad” de tabla yeso.
El más destacado fue la organización y movilización de las llamadas marchas de los blanquitos, conformadas por centenares y hasta miles de personas movilizadas como “base social” del michelettismo
y que procedían de diversos orígenes, desde aquellos que marchaban voluntariamente, hasta los obligados por las empresas donde trabajaban.
Fotografías, videos, transmisiones radiales y televisivas acompañaban profusamente esas marchas en las cuales el común denominador era el “anti zelayismo” y el “anti chavismo”. En el primer mes posterior al 28 de junio fueron constantes esas convocatorias (lunes y viernes); luego se redujeron hasta desaparecer.
La presencia en las calles la ganó la Resistencia; no hubo día (de domingo a lunes) sin que se convocara, pese a que la respuesta desde la fuerza armada fue la represión brutal y, desde los medios, el silencio casi absoluto.
CENSURA Y OCULTAMIENTO
La represión policial y militar no era noticia en los medios oficialistas e igual se ocultó la magnitud de las protestas. Uno de los ejemplos de omisión total de la información que más llamó la atención ocurrió en la cobertura de diario El Heraldo a la conmemoración del 15 de Septiembre, día de la Independencia nacional y de Centroamérica.
A la marcha convocada desde el gobierno de facto, ofertando el tradicional desfile estudiantil, se replicó con otra manifestación convocada por la Resistencia. La respuesta a los llamamientos fue desigual. Se estima que más de 200 mil personas atendieron la convocatoria de la Resistencia, pero ninguna de ellas apareció en la edición del 16 de septiembre de El Heraldo. Se trataba no sólo de censurar, sino de ocultamiento deliberado de un suceso informativo. Nada trascendió de las acciones de protesta que en esa misma fecha se efectuaron en las principales ciudades y municipios del interior.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA POLÍTICA
No obstante, de muchas maneras, la sociedad hondureña se enteró de que la oposición no sólo existía, sino que aumentaba.
Las nuevas tecnologías hicieron su estreno social bajo aplicaciones políticas: los teléfonos celulares y los mensajitos, la internet y la amplia variedad de mecanismos que posibilita: radioemisoras, televisoras, páginas web, periódicos digitales, blogs, yutube, facebook, etc.
Lo interesante de ese proceso es su aplicación por la juventud, la facilidad y rapidez con que la asimila y domina, y la conversión de la sociedad en una fuente informativa y de opinión beligerante.
Para el golpismo se presentaba una circunstancia insoluble: no se trataba ya de controlar únicamente a los medios, sino que las personas se habían convertido, a la vez, en fuentes y medios.
De cara al futuro inmediato, las formas de incidencia política tendrán que tomar en cuenta esa lección. Incluso varió la identificación del auditorio: el público-masa inició una transición inédita hacia el público-red social.
Rebasado por esa dinámica, el gobierno de facto se planteó: ¿Cómo frenar un flujo informativo que no puede controlar? Su respuesta fue básicamente en tres vías:
a) Mantener y reforzar el cerco informativo oficialista, lo que implicaba desinformar, ocultar o tergiversar las noticias.
b) Contratar asesores y agencias de imagen y publicidad, nacionales y extranjeros.
c) Aumentar la represión a los medios, acciones y fuentes informativas de la Resistencia.
EL DECRETO REPRESIVO Y SUS EFECTOS
En perspectiva, el arma más efectiva que sacó del arsenal de la represión fue el Decreto Ejecutivo PCM-16-2009, con el cual no sólo impuso el toque de queda, sino que suspendió la libertad de tránsito, prohibió
las reuniones públicas no autorizadas por la policía o el ejército, impidió la libre expresión y autorizó la suspensión de cualquier radioemisora o canal de televisión que “ofenda funcionarios gubernamentales o atente contra resoluciones gubernamentales”.
Las amenazas contenidas en el decreto se hicieron efectivas a partir del 21 de septiembre, cuando el estado de protesta generalizada se avivó con el ingreso al país, clandestinamente, del presidente Zelaya Rosales.
Para el gobierno de facto resultó imprescindible apretar el cuello a los espacios opositores de la comunicación social porque estaba perdiendo la guerra de la opinión pública.
El 28 de septiembre, efectivos militares procedieron a cerrar el Canal 36 y Radio Globo; de igual forma, les decomisaron el equipo de transmisión y lo trasladaron al Batallón de Comunicaciones, amparados en el
Decreto Ejecutivo en referencia y en la resolución OD 019/09 del 28 de septiembre. Silenciar a la Globo y al Canal 36 tuvo un efecto inmediato en la capacidad de movilización y comunicación de la Resistencia. Un peligroso vínculo de dependencia quedaba de manifiesto.
El decreto represivo tuvo vigencia —sin haber sido aprobado nunca por el Congreso Nacional— casi un mes, hasta el 17 de octubre, cuando fue anulado por el Decreto Ejecutivo 124-2009 que le dio seguimiento específico en contra de la libertad de expresión y que autorizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para cancelar el uso de títulos habilitantes otorgados a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que no “cumplen los requisitos”.
En ese marco, varios medios radiales procedieron a cancelar espacios contratados con organizaciones
sociales.
En Radio América y HRN cerraron los programas de las organizaciones magisteriales y de derechos humanos. Uno de los afectados fue “La Bullaranga”, del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), que se convirtió en una especie de programa errante, puesto que sufrió la censura en varios medios donde intentaba mantenerse en el aire. Una situación similar ocurrió con los programas del Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” y del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), transmitidos originalmente desde Radio Cadena Voces, propiedad del ex presidente Ricardo Maduro.
La protesta nacional en contra de esas acciones represivas fue respaldada por la comunidad internacional. Numerosas delegaciones de diversa procedencia llegaron al país para constatar lo que ocurría. La mayoría no eran bienvenidas por el gobierno de facto, que las consideraba influidas o contaminadas por el “chavismo”, en alusión a una presunta conspiración mediática, diplomática y política internacional auspiciada por el presidente venezolano Hugo Chávez.
Pese al ambiente intimidante, las delegaciones realizaron entrevistas con periodistas, leyeron los medios escritos, escucharon programas de radio, vieron los espacios televisivos y dialogaron con la ciudadanía. La conclusión al respecto fue constatar que el “cerco mediático” tenía un doble objetivo: impedir a la población expresarse libremente y evitar su acceso a una información contrastante.
Los propietarios de los medios oficialistas actuaron de común acuerdo, y sus periodistas también. La orden era destruir la imagen de Zelaya y la Resistencia y, en el otro extremo, ensalzar la de Micheletti y las Fuerzas Armadas.
Ninguna crítica al gobierno de Micheletti trascendió entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010.
Fuentes de la Secretaría de Finanzas del nuevo gobierno, encabezado por Porfirio Lobo, calculan en unos 1200 millones de lempiras el costo de la corrupción pública en el interregno golpista; y en ninguno de los
medios oficialistas aparecieron denuncias al respecto.
Una larga noche de impunidad se tendió con la complicidad mediática. El silencio midió su peso en oro.
A la altura de septiembre, esos medios asumieron su otro gran encargo: promover el proceso electoral de noviembre como “masivo, legítimo y transparente”.
EL PISOTEADO DERECHO A LA INFORMACIÓN
En el ínterin entre el golpe y las elecciones, las formas para evitar el acceso a información opositora fueron numerosas. En algunos casos se llegó al extremo de disparar contra instalaciones radiales, como le ocurrió a Radio Juticalpa (Olancho), o la multiplicación de amenazas de agresiones físicas a periodistas en resistencia.
Una característica constante que explica por qué hubo tantos amenazados o agredidos, es el carácter nacional de la represión al Derecho a la Información y también la amplitud de la reacción popular ante los abusos del poder.
Desde radioemisoras de larga tradición social, como Radio Progreso, hasta señales nuevas como el Canal 22, “Patepluma” de Santa Bárbara, fueron hostigadas. No se trataba únicamente de las establecidas en la ciudad capital, Tegucigalpa, sino en las cabeceras departamentales y principales municipios del país.
El papel de los coroneles o jefes de batallones como figuras de poder recobró vigencia en esta coyuntura. La Base Naval de Castilla, en el departamento de Colón, fue una de las más activas en la intimidación a comunicadores sociales.
Una faceta adicional de la represión, poco mencionada, es que alcanzó también a las fuentes informativas. El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), cuyo director, el Padre Ismael Moreno, lo es también de Radio Progreso, fue sitiado por militares en su sede.
Circunstancias similares padecieron organismos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y otros defensores de los derechos humanos.
Cabe destacar que los medios favorables al golpe también denunciaron actos en su contra, como Radio América y HRN, a cuyas instalaciones fueron lanzados artefactos explosivos de procedencia desconocida, sin provocar daños relevantes.
La diferencia es que los atentados contra la oposición mediática al golpe siempre promovían el silencio o la censura, mientras que a las oficialistas nunca les alteró su programación u orientación.
LA IDEOLOGÍA COMO ARMA DE PERSUASIÓN
Esos ejemplos refuerzan la tesis de que al golpe lo acompañó una guerra sicológica que encontró, en la mayoría de los grandes medios, un acompañamiento consciente. Esos medios, históricamente, se han encargado de invisibilizar la crisis de fondo de la sociedad hondureña al imponer agendas informativas alejadas de la realidad económica, social y política. Su papel antes, durante y después del golpe es consecuente con su tradición.
Sin embargo, no deja de sorprender el parcialismo absoluto que exhibieron a favor del proyecto golpista y sus ejecutores, y la manera en que se despojaron de cualquier respeto a la técnica y ética periodística para asumir el papel de medios de guerra, de una guerra contrainsurgente.
Para estos y sus periodistas principales, esa actuación tuvo un alto costo. Radio América, por ejemplo, vio desplomar su índice de audiencia, despojada ya del mito de “La voz informativa del pueblo”.
La base fundamental de la estrategia mediática fue la manipulación de conceptos, la desinformación
y la intimidación.
Su punto de partida, la piedra angular sobre la cual se construyó todo su discurso, como se expresó anteriormente, fue negar de entrada la existencia de un golpe de Estado y defender la tesis oficial de la Sucesión Presidencial.
La diferencia no era simplemente del titular periodístico, sino que respondió a una lógica obsecuente de interpretar los hechos de determinada forma y no de otra.
Cualquier análisis de contenido confirma su alejamiento de todos los fundamentos periodísticos.
No hubo una línea que separara los géneros informativos, interpretativos y de opinión.
Uno y otro se mezclaba, usando los calificativos ideológicos como armas de persuasión. Los rumores,
conjeturas y especulaciones se manejaron como noticias confirmadas.
La línea editorial —que estigmatizaba a Zelaya Rosales y su vinculación al chavismo— desbordó al resto de los contenidos periodísticos. La ideologización del conflicto fue el sello predominante; también en los medios identificados con la Resistencia zelayista.
EN RESUMEN
Interesante fue constatar que muchos de los minifundios mediáticos existentes se declararon en rebeldía ante la versión impuesta. Aparecieron numerosos espacios digitales, dentro y fuera de la Red de Desarrollo Sostenible, que es el principal portal de la ciudadanía hondureña.
Salieron a la red: Defensores en Línea, El Inventario, Los Necios, C-Libre, Noticias de Honduras en Resistencia y otros.
Como ocurre en otras naciones bajo condiciones de conflicto, aparecieron los blogueros, haciendo periodismo informativo e interpretativo, de denuncia y opinión, como Oscar Estrada, Fabricio Estrada, Fabricio Herrera, Samuel Zelaya y muchos más, nacionales y extranjeros.
En estos meses nacieron radios rebeldes en frecuencias no autorizadas o en Internet —al margen del control o la intimidación de CONATEL—, cuando más arreciaba la censura mediática.
Los viejos programas de gremios y actores sociales se transformaron en focos de denuncia; como los magisteriales, de las organizaciones feministas, de las etnias, de jóvenes, de comunidades religiosas, etc., y surgieron, en paralelo, múltiples manifestaciones de resistencia cultural: en la pintura, narrativa, poesía,
música. La nueva versión del Himno Nacional, arreglada por Nordestal Yeco y cantada por Karla Lara, es toda una ruptura con la “cultura cívica” tradicional. De similar forma apareció el humor político, con personajes como Proscilapia Ventura, una “periodista” que, desde la ficción, decía verdades y que emergió de la factoría cultural de Radio Progreso. Esa resistencia amplia y creativa amerita una investigación aparte.
Es tan impactante lo ocurrido en Honduras que, en el plano de la información comunicación, lo local se volvió internacional (los espacios de la Resistencia eran transmitidos simultáneamente en otros países)
y lo internacional se volvió local.
Las nuevas tecnologías de comunicación aparecieron también en el escenario del enfrentamiento.
Los dueños de grandes empresas de telefonía celular que se alinearon a favor del golpe no pudieron evitar que, a través de sus mismas redes, se informara la otra versión de los acontecimientos.
No hubo espacio de comunicación que no fuera utilizado como resistencia. Muchas capacidades personales de comunicación fueron puestas al servicio de la denuncia y la información, de forma espontánea. Un buen ejemplo es Yutube, en el que se colgaban a diario los trabajos tanto de videoartistas como de aficionados.
Los documentalistas profesionales de video, varios de los cuales son egresados de escuelas de cine, realizaron a su vez una labor extraordinaria de registro y edición. Varios de sus trabajos aún están por divulgarse porque su valor testimonial trasciende lo coyuntural. De igual forma es importante destacar el papel de la prensa extranjera, buena parte de la cual asumió una cobertura objetiva de los hechos y pudo decir al mundo lo que estaba ocurriendo al interior de Honduras.
No hay duda que la máscara mediática tradicional se cayó en la sociedad hondureña y que un tipo de periodismo murió, desacreditado por servil y corrupto.
Sin embargo, paradójicamente, no nació otro nuevo. Quizá esté en gestación y tenga representaciones aisladas, pero se encuentra pendiente. La censura oficial golpista tuvo un éxito inesperado: creó en la oposición, como respuesta, otro tipo de censura, basada en la intolerancia y la descalificación. Otra forma de cultura autoritaria surgió en la propia Resistencia. Una nueva forma de pensamiento único, autoritario y vertical apareció en contraste con las bases de un movimiento que se manifestaba creativo, diverso e imaginativo.
El análisis constructivo fue sustituido por la apología incondicional y una nueva forma de niebla esparció el temor de que si se objetaba algo se corría el riesgo de estar fuera.
Los instrumentos básicos del periodismo: dudar y preguntar, se volvieron de alto riesgo. Al pensamiento
crítico se le exigió militancia incondicional, como en la derecha se le pide servidumbre.
¿Cuánto tiempo se mantendrá esa situación, conteniendo como dique el desarrollo de la oposición?, no se sabe.
En el camino de la ciudadanización del Derecho a la Información, la experiencia vivida por la sociedad
hondureña a partir del 28 de junio es apenas el comienzo.
Fuente: Revista Envío. Número 25 Junio 2010
Aunque los golpistas tomaron las previsiones del caso para controlar y
doblegar medios de comunicación y periodistas, no es fácil tapar los ojos,
oídos y boca de una sociedad en pleno siglo xxi. Sin remedio, la máscara
mediática tradicional cayó, y un tipo de periodismo murió, desacreditado por
servil y corrupto. Sin embargo, no nació otro nuevo. Quizá esté en gestación
y tenga representaciones aisladas, pero aún está pendiente. En el camino
de la ciudadanización del Derecho a la Información, la experiencia vivida
a partir del 28 de junio es apenas el comienzo. He aquí un buen punto de
partida para debatir al respecto.
A un año del 28 de junio de 2009, los detalles de la conspiración aún no trascienden.
Se conocen algunos datos, pero no todos. Las interrogantes superan con creces a las respuestas:
¿Cómo operó la trama mediática? ¿Quiénes integraron el “Estado Mayor” de las operaciones
sicológicas? ¿Dónde funcionó y cómo se financió? ¿Cuál fue el papel de los asesores internacionales?
¿Hubo israelitas en la operación? ¿Cuándo llegaron, cuándo partieron?...
En la consumación de un golpe de Estado, fase en la cual los acontecimientos se desenvuelven a una velocidad de vértigo, dos son los instrumentos operativos indispensables: las armas y los medios. Cualquiera de ellos que escape de control pone en riesgo el resultado. Eso es válido en cualquier país del mundo.
Los golpistas hondureños conocen de la sociedad de la información y adoptaron las previsiones del caso. Sin embargo, en lo mediático, el panorama es más complejo que lo previsto en el papel: no es fácil tapar los ojos, oídos y boca de una sociedad.
Lo primero que se cumplió en la conspiración fue el alineamiento de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, con HRN, Radio América y Televicentro a la cabeza.
Todos los que apoyaron la caída de Zelaya celebraron los sucesos, sin que en esa actitud hubiera diferencias entre propietarios de medios y la mayoría de sus periodistas. Con tal complicidad, parecía que el cerrojo mediático sería rápido y efectivo, cuestión de horas, pero no fue así.
De los integrantes de ese poderoso cartel llamado Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, únicamente la familia Rosenthal, propietaria de diario Tiempo, Canal 11 y Cable Color, rechazó convertirlos en un instrumento propagandístico incondicional del golpe. La tendencia de sus editoriales y noticias fue defender la institucionalidad pública quebrantada y los derechos personales y constitucionales de Zelaya, sin volverse portavoz del presidente derrocado, ni defensora a ultranza de su gestión de gobierno. Sus contenidos se cuidaron mucho de no contribuir a una polarización extrema de la opinión pública.
Bajo control la mayoría de la prensa tradicional, los militares se dieron a la tarea de enfrentar a los medios televisivos y radiales que reaccionaron en contra del golpe; algunos lo hacían con cautela, temerosos de un cierre total que los dejara fuera del aire, y otros apostaron a que la reversión del golpe era posible y asumieron una programación de agitación, denuncia y convocatoria de la Resistencia.
EL GOLPE ROMPIÓ LA RUTINA DE LA PRENSA INTERNACIONAL
En el caso de la prensa internacional, la cobertura fue inmediata e incontrolable para el golpismo. Hacía años que no ocurría en América Latina un “cuartelazo” contra un gobernante civil, con el ingrediente adicional de un contexto geopolítico que involucraba de manera directa la visión del presidente venezolano Hugo Chávez.
Los acontecimientos en Honduras reunieron todos los requisitos para entrar al plató de los medios televisivos internacionales: dramatismo, color, violencia y desenlace incierto.
También fueron días en los cuales la agenda informativa mundial pasaba momentos de rutina, a excepción de la muerte inesperada de Michael Jackson, el 25 de junio, en Los Ángeles.
En las primeras horas de aquel domingo un hecho circunstancial se volvió clave: en Tegucigalpa había un equipo de prensa de la cadena de televisión Telesur que cubría los pormenores de la anunciada consulta de la “cuarta urna”, a la que respaldaba con su cobertura.
Como es conocido, Telesur es una compañía pública fundada en 2005 que tiene a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela como auspiciantes. Todos ellos rompieron relaciones con el gobierno usurpador de Micheletti y condenaron al golpismo. Telesur reflejó ese criterio y cubrió en extenso el desarrollo de los acontecimientos.
Ante el eclipse informativo oficialista, se dio el fenómeno de que Telesur se volvió local en Honduras. Las compañías por cable, que incluían en su oferta a Telesur, vieron multiplicada su audiencia. Fue tan importante la cobertura de esa cadena, que sus informativos y programas especiales se retransmitían por
emisoras hondureñas en resistencia, y sus reportajes eran subidos de inmediato a sitios de Yutube, donde aún pueden verse.
Los militares se percataron de ello y el equipo de prensa de Telesur, junto a otras corresponsalías, fue acosado de inmediato por el gobierno golpista a través de la Policía de Migración; pero ello no impidió que trascendieran otras versiones informativas en el momento justo.
Telesur no fue la única. Incluso CNN, desde un primer momento, calificó lo ocurrido como “golpe de Estado” y sus noticieros permitieron, a un alto porcentaje de la población hondureña, enterarse de los detalles que encubrían los grandes medios nacionales. También exhibió los disparates de los altos cargos golpistas que eran entrevistados en vivo. Luego hubo una presión fuerte de la derecha internacional para que CNN retornara a su carril ideológico característico. Los golpistas llegaron a prohibir temporalmente la transmisión en Honduras de Telesur y CNN, pero esa censura se convirtió en un bumerán que les trajo descrédito.
EL SECUESTRO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En el frente interno, el control informativo siguió un patrón similar en todo el país. En principio,
fuerzas combinadas de soldados y policías —incluidos altos oficiales de batallones— incursionaron durante la mañana del 28 de junio en las instalaciones de emisoras y canales de televisión opositores para ordenar a los equipos de prensa que no transmitieran sus programas, e incluso que cerraran los medios de comunicación por tiempo indefinido. La mayor agresión ocurrió contra Radio Globo, Canal 36 y, en menor intensidad, Radio Progreso.
La acción de los comandos militares contra esas instalaciones fue similar al atentado ocurrido
en la casa del presidente Zelaya Rosales, sólo que en el caso de los medios lo que se secuestró fue la
libertad de expresión.
Los estrategas del golpe sabían que tenían dos desafíos claros que afrontar: uno, el carisma y la influencia de Zelaya Rosales en un sector importante de la población, lo cual hacía suponer el surgimiento de una corriente de simpatía e indignación ante lo sucedido; y, dos, el espectro demasiado amplio de la oferta mediática existente en Honduras y el potencial de enlace insurreccional de las nuevas tecnologías de comunicación. En los últimos años la red se ha hecho demasiado grande e influyente como para tenerla en el puño.
Entre la experiencia del que había sido el último golpe de Estado (1978) y el actual hubo una diferencia ostensible en términos mediáticos. En el 78 bastó con alinear las dos principales cadenas radiales, HRN y Radio América, el Canal 5 de televisión y los tres periódicos existentes para imponer la versión castrense.
En 2009 fue muy diferente. Además de que la naturaleza del conflicto era diferente, el teatro de operaciones, por así decirlo, se había diversificado, tal como se comprobó en el transcurso de las horas, días, semanas y meses venideros.
LA PROPAGANDA SE IMPUSO AL PERIODISMO
La disputa por el acceso a los medios y el control del tema por parte de la opinión pública se volvió decisiva. Infortunadamente, en un contexto de creciente polarización, en el registro histórico de los hechos la propaganda se impuso al periodismo, y ambos contendientes se encargaron de reducir el espacio a la confrontación de las ideas. Las calificaciones y descalificaciones avasallaron los contenidos.
La intolerancia al golpe era correcta, pero no la intolerancia al debate para esclarecer la naturaleza de la crisis, la responsabilidad histórica de sus protagonistas y la búsqueda de las salidas democráticas al
conflicto. El clientelismo siguió, bajo diferentes argumentaciones, promoviendo una sociedad excluyente.
Bajo esas circunstancias, los dos primeros pasos que dio el golpismo le hicieron perder de entrada la batalla: el primero fue la insistencia en llamar “sucesión” a lo que todo el mundo calificaba como “golpe de Estado”. Ese empecinamiento, por ejemplo, puso a los golpistas de espaldas a la gran mayoría de los medios internacionales de prensa que cubrieron los hechos.
Un periodista español que acudió al Congreso Nacional fue entrevistado y confrontado por un reportero oficialista que le reclamó por qué calificaba como “golpe” lo ocurrido, y la respuesta fue: “eso se llama así aquí o en cualquier parte del mundo”.
El segundo aspecto tuvo que ver con los detalles operativos. La captura violenta, secuestro y expulsión —en pijama— a San José de Costa Rica del presidente Zelaya, desnudó la indefensión de la mayoría de la población hondureña. Ese atropello mayúsculo se perpetró teniendo como testigo un “juez ejecutor de la Corte Suprema de Justicia”. Como reacción, un comentario escueto y natural se esparció por todos los rincones: “si eso le ocurrió al Presidente de la República, qué no le puede pasar al resto de la ciudadanía”.
En el fondo, el rechazo inicial al golpe no consistía en tener o no simpatía para Zelaya —eso quedaba en un plano personal—, sino en la exigencia colectiva a favor del debido proceso y el freno al retorno del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos.
En ese instante un poderoso movimiento social emergía y había que precisarlo en su verdadera magnitud y potencial para no perderlo.
LAS PRIMERAS ESCARAMUZAS
El conflicto Mel Zelaya versus la prensa no nació el 28 de junio; en una conspiración de esta naturaleza, la primera maquinaria que se pone a trabajar es la mediática. Apenas unas cuantas horas después de tomar posesión de la Presidencia (enero 2006), Zelaya se quejó del trato que le daba la prensa. No le gustaron las críticas a su discurso inaugural. El desencuentro, sin embargo, no anticipaba la ruptura venidera. Con los meses, la queja se multiplicó y elevó su tono. La disputa tenía que ver con quién imponía la agenda pública: el presidente o los denominados “poderes fácticos”.
Zelaya sabía perfectamente que entre los grupos de poder más influyentes se encuentra el mediático, dominado por unas pocas familias que cobran peaje a la libre circulación de las ideas. Si quieren, apoyan; si no, anulan. La crítica puede ser por cualquier cosa, justificada o no; porque —en lo fundamental— son un instrumento de presión, una manera de perseguir o conseguir algo para beneficio privado o de un grupo corporativo.
Paradójicamente, ha sido el Estado el que ha dado a ese grupo el poder que ahora ostenta. La concesión de contratos multimillonarios, privilegios, facilidades, contactos y la complicidad del secreto explican que la burocracia sea, a estas alturas, un simple rehén de la mediocracia. Lo trágico es que el trasfondo de esa asociación ha sido, a su vez, un proceso histórico, sistemático y permanente de privatización o anulación del derecho social a la información.
ZELAYA NO HIZO LA DIFERENCIA
Zelaya, al asumir la Presidencia, intentó influir en los medios a través de los periodistas y, al igual que sus antecesores, fomentó un complejo entarimado de compromisos mediante canje de favores o por la vía descarnada de la corrupción. Todos los ex presidentes, salvo Carlos Flores Facussé, pensaron que
entre los periodistas/reporteros y los propietarios de los medios era posible levantar una cuña y
separarlos, pero no es así. Propietarios y medios trabajan de común acuerdo. Es un círculo de complicidades y lealtades que gira alrededor del poder y sus regalías. Con Zelaya no hubo ningún cambio de calidad en la relación Casa Presidencial-medios periodistas.
Esa capacidad que siempre tuvo Zelaya, de reciclar dirigentes sociales que estaban de salida, la mostró también con los periodistas que llamó a su entorno, varios de los cuales procedían de las fosas más profundas de la corrupción mediática. La experiencia acumulada enseña que mientras sale más y más dinero para comprar voluntades periodísticas, más vulnerable se vuelve el gobernante, atrapado en una pegajosa e interminable red de tráfico de influencias. La corrupción sólo estimula la compraventa.
Esa lección no pareció entenderla Zelaya, ni sus asesores. Su jefe de prensa, Raúl Valladares, era el tipo de enlace tradicional que bien pudo desempeñar esas funciones en cualquier gobierno anterior. Tan prolijo en el gesto amistoso como en la represalia a quienes muerden la mano del amo. Ex jefe de los noticieros de HRN, fue uno de los favorecidos a principios de los años 90 por el ex presidente conservador Rafael Leonardo Callejas, bajo cuyo régimen la corrupción en el gremio periodístico alcanzó uno de los mayores niveles de los que se tiene memoria. Fue la época del surgimiento del llamado “Grupo de los 13” o los
“tiburones”, en el que figuraban los periodistas con mayor acceso y cercanía al poder, varios de los
cuales volvieron a ser favorecidos con Zelaya.
EN POS DE UN PERIODISMO INCONDICIONAL
Las evidencias confirman que no hubo ninguna diferencia sustancial respecto del pasado en el enfoque de Zelaya hacia los periodistas y los medios; el cambio más bien fue de contexto.
Esta vez, promediando la mitad de su mandato, Zelaya fue más allá y financió las operaciones, o parte de ellas, de algunos medios que respaldaban su proyecto político, entre ellos Radio Globo y Canal 36, así como de numerosos programas particulares rentados por periodistas. Las cuentas de esa subvención no están claras, pero se calculan en cifras de siete dígitos.
En relación con la prensa, el gobierno Zelaya fue cómplice de un sistema de corruptelas responsable de que a muchos periodistas y medios se les olvidara lo elemental de su trabajo: distinguir entre hechos y opiniones; difundir sólo informaciones fundamentadas y contrastadas y evitar datos imprecisos que puedan lesionar la dignidad de las personas; facilitar “sin tergiversar” todos los datos sobre la información difundida; rectificar con diligencia; utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes; no difundir informaciones recibidas de forma confidencial; no usar información privilegiada en provecho propio; respetar el derecho a no proporcionar información o responder a preguntas; no aceptar retribuciones para influir o publicar informaciones u opiniones; respetar el derecho a la intimidad y la imagen; observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia; tratar con especial cuidado la información referente a menores; cuidar las imágenes que, por su crueldad, puedan dañar la sensibilidad; y, por último, actuar “con especial responsabilidad y rigor” en caso de informaciones que puedan suscitar discriminaciones.
Promover el buen periodismo no fue un objetivo gubernamental; al contrario, se trataba de conseguir un periodismo incondicional. Zelaya dio continuidad al hecho de que el Estado hondureño nunca ha tenido una visión social pública en el campo de la comunicación; al contrario, uno tras otro, los gobernantes han renunciado conscientemente a ella, al grado que algunos se encargaron de ceder a particulares desde la frecuencia asignada a la televisión nacional hasta ser complacientes con el control de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) por parte de algunos empresarios.
De Zelaya se afirmó, repetidas veces, que llegó a regalar equipos de televisión a periodistas/ empresarios que, paradójicamente, después los utilizaron en su contra. Nadie, por supuesto, investigó cómo un gobernante puede regalar bienes públicos a particulares sin que actúen los órganos fiscalizadores del
Estado.
CUANDO LAS DIFERENCIAS SE CONVIRTIERON EN CONFLICTOS
Un elemento que sí resultó novedoso, derivado de la confrontación con los propietarios de los medios, fue la decisión presidencial de publicar un semanario que diera cuenta de sus obras y opiniones: Poder Ciudadano, y potenciar la capacidad instalada y cobertura del Canal 8 de televisión. Ambos funcionaron como órganos de propaganda y, el Canal 8 en particular, se volvió difusor de una especie de “reality show” del presidente Zelaya.
La “transparencia” se volvió medio, no fin.
Pese a sus esfuerzos, en la práctica Zelaya no tuvo la “buena prensa” que esperaba, pero tampoco manifestó interés de alterar las reglas del juego. En esa dirección la colisión era inevitable.
Las diferencias se convirtieron en conflictos a partir de 2007, cuando empezó la aproximación presidencial al gobierno de Hugo Chávez. Las verdaderas lealtades de la prensa se quitaron cualquier tipo de caretas. A partir de ese momento las críticas en su contra se volvieron constantes e ideológicamente cerradas. No
importaba si había razón o no, si estaba el dato comprobado o era rumor; si la información tenía visos de verdad o era pura mentira.
A nivel escrito, La Prensa y El Heraldo marcaban la pauta. El más rancio conservadurismo afloró como su línea editorial, y las reglas del periodismo salieron sobrando. El trasfondo ideológico de los medios terminó en guerra abierta contra las decisiones de Zelaya. Paradójicamente, cuando el gobernante cuestionado se percató de que no era posible evitar la confrontación, entonces intuyó que podía sacarle provecho.
A mediados de 2008, la estrategia presidencial no era evitar el conflicto, sino capitalizarlo políticamente a su favor. De nuevo apareció en la actitud del gobernante el criterio de que “en la crisis me crezco”. De hecho, Zelaya encontró la fórmula para imponer la agenda mediática nacional, con o sin el beneplácito de los dueños de los medios.
Cada semana surgía desde Casa Presidencial un tema de controversia; una vez podía ser una serenata con los Tigres del Norte para cantarle al “Jefe de jefes” y otra podía ser su esfuerzo diplomático para que la OEA suspendiera las sanciones a Cuba. En esa dinámica, las dos últimas imposiciones mediáticas fueron determinantes: la “cuarta urna”, de la que se afirma que inicialmente le fue sugerida por Arturo Corrales, convertido después en su acusador golpista y, ligada a la anterior, la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que ambas propuestas salieron a la palestra pública, el resto de la agenda nacional y de la acción gubernamental dejó de figurar.
Para la derecha hondureña, desde una perspectiva distinta, con la confrontación mediática también se habían roto los límites y se pasaba a otro plano: el de la conspiración militar. Se probaba que los medios por sí mismos no podían derrocar al gobierno, pero tampoco sostenerlo.
ABLANDANDO EL ESCENARIO
En las sombras de la oposición al zelayismo la conspiración avanzaba como un rodillo aplastante de la opinión pública, creando condiciones para una ruptura que se perfilaba inminente. Varios propietarios
de medios mostraban estar al tanto de la operación por venir. La censura y la autocensura se abrían camino para el desenlace.
Las banderillas se clavaban en Zelaya para aislarlo y debilitarlo.
Los titulares de la semana del golpe anticipaban el porvenir.
La manipulación extrema que los poderes fácticos hicieron de la mayoría de los medios hizo
que se hablara en Honduras del terrorismo mediático. Paradójicamente, en una crisis que demandaba el diálogo y el debate como mecanismos de solución, lo que se impuso fue la incomunicación. El manoseo de temas, instituciones y fuentes fue total.
Los sucesos del 28 de junio fueron congruentes con sus antecedentes. La censura mediática se reforzó con la censura estatal y se impuso en todas las manifestaciones posibles: desde el cese brutal de empresas de comunicación (por ejemplo, Radio Globo y Canal 36), agresiones físicas contra comunicadores sociales y cortes de energía eléctrica, hasta cadenas nacionales de radio y televisión.
LAS RESPUESTAS A LA DESINFORMACIÓN OFICIAL
Se produjo una experiencia nefasta que no puede pasar inadvertida. La indignación de la población ante la manipulación mediática tampoco tiene precedentes en el país. A pesar del cerco a la palabra, la imagen y
las letras que tendió el gobierno golpista, es imposible en esta era tecnológica cerrar por completo los espacios.
Las respuestas a la desinformación fueron desde el añejo uso de las paredes hasta el perfil alternativo intrínseco en las nuevas tecnologías de comunicación. Una de las expresiones que más se grabó en el colectivo hondureño fue: Cuando los medios callan, las paredes hablan. Los grafiti invadieron los muros con expresiones que iban desde frases con mensajes violentos e insultantes hasta los más elaborados, profundos y simbólicos.
Desde el golpismo se ensayaron todo tipo de alternativas para silenciar la respuesta popular a la desinformación oficial, incluso se llegó a contar con la asesoría de expertos extranjeros en guerra sicológica. Un capítulo no esclarecido fue la actuación de asesores israelitas en un pretendido intento de silenciar el flujo informativo a través de internet.
En la crisis fue común que se repintaran con pintura blanca los grafiti de la Resistencia, el estallido de explosivos de bajo poder, el sabotaje a sitios web, los cortes de energía, la irrupción de uniformados en salasde redacción, la destrucción de transmisores y las agresiones a comunicadores. El desafío planteado
en tiempos de golpes de Estado es comunicación versus incomunicación, y eso lo confirmó la experiencia vivida por la sociedad hondureña.
TODA REACCIÓN GENERA UNA RESPUESTA
Contrario a lo que los estrategas del golpe pensaron, la comunicación social resistió a la incomunicación oficialista y rápidamente se convirtió en pieza clave de una contracultura que incluyó otras formas y géneros de socialización y transmisión de las denuncias, declaraciones y mensajes. Cada marcha de la Resistencia atraía un mercadillo informal de la protesta, donde se vendían desde discos hasta sombreros alusivos a Zelaya, como nuevo y rentable icono de la rebeldía.
En esas circunstancias, todo recurso era considerado válido, no importa si se respetaban o no las normas profesionales y éticas del Periodismo y la comunicación social.
Las medias-verdades se imponen en los tiempos de conflicto. El caso de la fotografía aparecida en diario La Prensa del cuerpo de Isis Obed Murillo, primera víctima mortal de la represión, lo ilustra perfectamente. En una foto aparecía Isis con las señales visibles de su asesinato, en otra —publicada también— aparecía sin esas señales.
El photoshop ideológico había hecho su trabajo de bisturí censor y su estreno en un golpe de Estado latinoamericano.
Consciente, el gobierno michelettista, de que no había podido imponer su versión —la sucesión— de lo ocurrido, la siguiente etapa de su estrategia fue convencer a la comunidad nacional e internacional de que
la normalidad había retornado luego de las reacciones primeras de protesta.
De la realidad del país se proyectaban dos lecturas: una, la real; la otra, la irreal.
La “irreal” construía sus propios escenarios, como en los estudios cinematográficos; una “realidad” de tabla yeso.
El más destacado fue la organización y movilización de las llamadas marchas de los blanquitos, conformadas por centenares y hasta miles de personas movilizadas como “base social” del michelettismo
y que procedían de diversos orígenes, desde aquellos que marchaban voluntariamente, hasta los obligados por las empresas donde trabajaban.
Fotografías, videos, transmisiones radiales y televisivas acompañaban profusamente esas marchas en las cuales el común denominador era el “anti zelayismo” y el “anti chavismo”. En el primer mes posterior al 28 de junio fueron constantes esas convocatorias (lunes y viernes); luego se redujeron hasta desaparecer.
La presencia en las calles la ganó la Resistencia; no hubo día (de domingo a lunes) sin que se convocara, pese a que la respuesta desde la fuerza armada fue la represión brutal y, desde los medios, el silencio casi absoluto.
CENSURA Y OCULTAMIENTO
La represión policial y militar no era noticia en los medios oficialistas e igual se ocultó la magnitud de las protestas. Uno de los ejemplos de omisión total de la información que más llamó la atención ocurrió en la cobertura de diario El Heraldo a la conmemoración del 15 de Septiembre, día de la Independencia nacional y de Centroamérica.
A la marcha convocada desde el gobierno de facto, ofertando el tradicional desfile estudiantil, se replicó con otra manifestación convocada por la Resistencia. La respuesta a los llamamientos fue desigual. Se estima que más de 200 mil personas atendieron la convocatoria de la Resistencia, pero ninguna de ellas apareció en la edición del 16 de septiembre de El Heraldo. Se trataba no sólo de censurar, sino de ocultamiento deliberado de un suceso informativo. Nada trascendió de las acciones de protesta que en esa misma fecha se efectuaron en las principales ciudades y municipios del interior.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA POLÍTICA
No obstante, de muchas maneras, la sociedad hondureña se enteró de que la oposición no sólo existía, sino que aumentaba.
Las nuevas tecnologías hicieron su estreno social bajo aplicaciones políticas: los teléfonos celulares y los mensajitos, la internet y la amplia variedad de mecanismos que posibilita: radioemisoras, televisoras, páginas web, periódicos digitales, blogs, yutube, facebook, etc.
Lo interesante de ese proceso es su aplicación por la juventud, la facilidad y rapidez con que la asimila y domina, y la conversión de la sociedad en una fuente informativa y de opinión beligerante.
Para el golpismo se presentaba una circunstancia insoluble: no se trataba ya de controlar únicamente a los medios, sino que las personas se habían convertido, a la vez, en fuentes y medios.
De cara al futuro inmediato, las formas de incidencia política tendrán que tomar en cuenta esa lección. Incluso varió la identificación del auditorio: el público-masa inició una transición inédita hacia el público-red social.
Rebasado por esa dinámica, el gobierno de facto se planteó: ¿Cómo frenar un flujo informativo que no puede controlar? Su respuesta fue básicamente en tres vías:
a) Mantener y reforzar el cerco informativo oficialista, lo que implicaba desinformar, ocultar o tergiversar las noticias.
b) Contratar asesores y agencias de imagen y publicidad, nacionales y extranjeros.
c) Aumentar la represión a los medios, acciones y fuentes informativas de la Resistencia.
EL DECRETO REPRESIVO Y SUS EFECTOS
En perspectiva, el arma más efectiva que sacó del arsenal de la represión fue el Decreto Ejecutivo PCM-16-2009, con el cual no sólo impuso el toque de queda, sino que suspendió la libertad de tránsito, prohibió
las reuniones públicas no autorizadas por la policía o el ejército, impidió la libre expresión y autorizó la suspensión de cualquier radioemisora o canal de televisión que “ofenda funcionarios gubernamentales o atente contra resoluciones gubernamentales”.
Las amenazas contenidas en el decreto se hicieron efectivas a partir del 21 de septiembre, cuando el estado de protesta generalizada se avivó con el ingreso al país, clandestinamente, del presidente Zelaya Rosales.
Para el gobierno de facto resultó imprescindible apretar el cuello a los espacios opositores de la comunicación social porque estaba perdiendo la guerra de la opinión pública.
El 28 de septiembre, efectivos militares procedieron a cerrar el Canal 36 y Radio Globo; de igual forma, les decomisaron el equipo de transmisión y lo trasladaron al Batallón de Comunicaciones, amparados en el
Decreto Ejecutivo en referencia y en la resolución OD 019/09 del 28 de septiembre. Silenciar a la Globo y al Canal 36 tuvo un efecto inmediato en la capacidad de movilización y comunicación de la Resistencia. Un peligroso vínculo de dependencia quedaba de manifiesto.
El decreto represivo tuvo vigencia —sin haber sido aprobado nunca por el Congreso Nacional— casi un mes, hasta el 17 de octubre, cuando fue anulado por el Decreto Ejecutivo 124-2009 que le dio seguimiento específico en contra de la libertad de expresión y que autorizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para cancelar el uso de títulos habilitantes otorgados a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que no “cumplen los requisitos”.
En ese marco, varios medios radiales procedieron a cancelar espacios contratados con organizaciones
sociales.
En Radio América y HRN cerraron los programas de las organizaciones magisteriales y de derechos humanos. Uno de los afectados fue “La Bullaranga”, del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), que se convirtió en una especie de programa errante, puesto que sufrió la censura en varios medios donde intentaba mantenerse en el aire. Una situación similar ocurrió con los programas del Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” y del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), transmitidos originalmente desde Radio Cadena Voces, propiedad del ex presidente Ricardo Maduro.
La protesta nacional en contra de esas acciones represivas fue respaldada por la comunidad internacional. Numerosas delegaciones de diversa procedencia llegaron al país para constatar lo que ocurría. La mayoría no eran bienvenidas por el gobierno de facto, que las consideraba influidas o contaminadas por el “chavismo”, en alusión a una presunta conspiración mediática, diplomática y política internacional auspiciada por el presidente venezolano Hugo Chávez.
Pese al ambiente intimidante, las delegaciones realizaron entrevistas con periodistas, leyeron los medios escritos, escucharon programas de radio, vieron los espacios televisivos y dialogaron con la ciudadanía. La conclusión al respecto fue constatar que el “cerco mediático” tenía un doble objetivo: impedir a la población expresarse libremente y evitar su acceso a una información contrastante.
Los propietarios de los medios oficialistas actuaron de común acuerdo, y sus periodistas también. La orden era destruir la imagen de Zelaya y la Resistencia y, en el otro extremo, ensalzar la de Micheletti y las Fuerzas Armadas.
Ninguna crítica al gobierno de Micheletti trascendió entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010.
Fuentes de la Secretaría de Finanzas del nuevo gobierno, encabezado por Porfirio Lobo, calculan en unos 1200 millones de lempiras el costo de la corrupción pública en el interregno golpista; y en ninguno de los
medios oficialistas aparecieron denuncias al respecto.
Una larga noche de impunidad se tendió con la complicidad mediática. El silencio midió su peso en oro.
A la altura de septiembre, esos medios asumieron su otro gran encargo: promover el proceso electoral de noviembre como “masivo, legítimo y transparente”.
EL PISOTEADO DERECHO A LA INFORMACIÓN
En el ínterin entre el golpe y las elecciones, las formas para evitar el acceso a información opositora fueron numerosas. En algunos casos se llegó al extremo de disparar contra instalaciones radiales, como le ocurrió a Radio Juticalpa (Olancho), o la multiplicación de amenazas de agresiones físicas a periodistas en resistencia.
Una característica constante que explica por qué hubo tantos amenazados o agredidos, es el carácter nacional de la represión al Derecho a la Información y también la amplitud de la reacción popular ante los abusos del poder.
Desde radioemisoras de larga tradición social, como Radio Progreso, hasta señales nuevas como el Canal 22, “Patepluma” de Santa Bárbara, fueron hostigadas. No se trataba únicamente de las establecidas en la ciudad capital, Tegucigalpa, sino en las cabeceras departamentales y principales municipios del país.
El papel de los coroneles o jefes de batallones como figuras de poder recobró vigencia en esta coyuntura. La Base Naval de Castilla, en el departamento de Colón, fue una de las más activas en la intimidación a comunicadores sociales.
Una faceta adicional de la represión, poco mencionada, es que alcanzó también a las fuentes informativas. El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), cuyo director, el Padre Ismael Moreno, lo es también de Radio Progreso, fue sitiado por militares en su sede.
Circunstancias similares padecieron organismos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y otros defensores de los derechos humanos.
Cabe destacar que los medios favorables al golpe también denunciaron actos en su contra, como Radio América y HRN, a cuyas instalaciones fueron lanzados artefactos explosivos de procedencia desconocida, sin provocar daños relevantes.
La diferencia es que los atentados contra la oposición mediática al golpe siempre promovían el silencio o la censura, mientras que a las oficialistas nunca les alteró su programación u orientación.
LA IDEOLOGÍA COMO ARMA DE PERSUASIÓN
Esos ejemplos refuerzan la tesis de que al golpe lo acompañó una guerra sicológica que encontró, en la mayoría de los grandes medios, un acompañamiento consciente. Esos medios, históricamente, se han encargado de invisibilizar la crisis de fondo de la sociedad hondureña al imponer agendas informativas alejadas de la realidad económica, social y política. Su papel antes, durante y después del golpe es consecuente con su tradición.
Sin embargo, no deja de sorprender el parcialismo absoluto que exhibieron a favor del proyecto golpista y sus ejecutores, y la manera en que se despojaron de cualquier respeto a la técnica y ética periodística para asumir el papel de medios de guerra, de una guerra contrainsurgente.
Para estos y sus periodistas principales, esa actuación tuvo un alto costo. Radio América, por ejemplo, vio desplomar su índice de audiencia, despojada ya del mito de “La voz informativa del pueblo”.
La base fundamental de la estrategia mediática fue la manipulación de conceptos, la desinformación
y la intimidación.
Su punto de partida, la piedra angular sobre la cual se construyó todo su discurso, como se expresó anteriormente, fue negar de entrada la existencia de un golpe de Estado y defender la tesis oficial de la Sucesión Presidencial.
La diferencia no era simplemente del titular periodístico, sino que respondió a una lógica obsecuente de interpretar los hechos de determinada forma y no de otra.
Cualquier análisis de contenido confirma su alejamiento de todos los fundamentos periodísticos.
No hubo una línea que separara los géneros informativos, interpretativos y de opinión.
Uno y otro se mezclaba, usando los calificativos ideológicos como armas de persuasión. Los rumores,
conjeturas y especulaciones se manejaron como noticias confirmadas.
La línea editorial —que estigmatizaba a Zelaya Rosales y su vinculación al chavismo— desbordó al resto de los contenidos periodísticos. La ideologización del conflicto fue el sello predominante; también en los medios identificados con la Resistencia zelayista.
EN RESUMEN
Interesante fue constatar que muchos de los minifundios mediáticos existentes se declararon en rebeldía ante la versión impuesta. Aparecieron numerosos espacios digitales, dentro y fuera de la Red de Desarrollo Sostenible, que es el principal portal de la ciudadanía hondureña.
Salieron a la red: Defensores en Línea, El Inventario, Los Necios, C-Libre, Noticias de Honduras en Resistencia y otros.
Como ocurre en otras naciones bajo condiciones de conflicto, aparecieron los blogueros, haciendo periodismo informativo e interpretativo, de denuncia y opinión, como Oscar Estrada, Fabricio Estrada, Fabricio Herrera, Samuel Zelaya y muchos más, nacionales y extranjeros.
En estos meses nacieron radios rebeldes en frecuencias no autorizadas o en Internet —al margen del control o la intimidación de CONATEL—, cuando más arreciaba la censura mediática.
Los viejos programas de gremios y actores sociales se transformaron en focos de denuncia; como los magisteriales, de las organizaciones feministas, de las etnias, de jóvenes, de comunidades religiosas, etc., y surgieron, en paralelo, múltiples manifestaciones de resistencia cultural: en la pintura, narrativa, poesía,
música. La nueva versión del Himno Nacional, arreglada por Nordestal Yeco y cantada por Karla Lara, es toda una ruptura con la “cultura cívica” tradicional. De similar forma apareció el humor político, con personajes como Proscilapia Ventura, una “periodista” que, desde la ficción, decía verdades y que emergió de la factoría cultural de Radio Progreso. Esa resistencia amplia y creativa amerita una investigación aparte.
Es tan impactante lo ocurrido en Honduras que, en el plano de la información comunicación, lo local se volvió internacional (los espacios de la Resistencia eran transmitidos simultáneamente en otros países)
y lo internacional se volvió local.
Las nuevas tecnologías de comunicación aparecieron también en el escenario del enfrentamiento.
Los dueños de grandes empresas de telefonía celular que se alinearon a favor del golpe no pudieron evitar que, a través de sus mismas redes, se informara la otra versión de los acontecimientos.
No hubo espacio de comunicación que no fuera utilizado como resistencia. Muchas capacidades personales de comunicación fueron puestas al servicio de la denuncia y la información, de forma espontánea. Un buen ejemplo es Yutube, en el que se colgaban a diario los trabajos tanto de videoartistas como de aficionados.
Los documentalistas profesionales de video, varios de los cuales son egresados de escuelas de cine, realizaron a su vez una labor extraordinaria de registro y edición. Varios de sus trabajos aún están por divulgarse porque su valor testimonial trasciende lo coyuntural. De igual forma es importante destacar el papel de la prensa extranjera, buena parte de la cual asumió una cobertura objetiva de los hechos y pudo decir al mundo lo que estaba ocurriendo al interior de Honduras.
No hay duda que la máscara mediática tradicional se cayó en la sociedad hondureña y que un tipo de periodismo murió, desacreditado por servil y corrupto.
Sin embargo, paradójicamente, no nació otro nuevo. Quizá esté en gestación y tenga representaciones aisladas, pero se encuentra pendiente. La censura oficial golpista tuvo un éxito inesperado: creó en la oposición, como respuesta, otro tipo de censura, basada en la intolerancia y la descalificación. Otra forma de cultura autoritaria surgió en la propia Resistencia. Una nueva forma de pensamiento único, autoritario y vertical apareció en contraste con las bases de un movimiento que se manifestaba creativo, diverso e imaginativo.
El análisis constructivo fue sustituido por la apología incondicional y una nueva forma de niebla esparció el temor de que si se objetaba algo se corría el riesgo de estar fuera.
Los instrumentos básicos del periodismo: dudar y preguntar, se volvieron de alto riesgo. Al pensamiento
crítico se le exigió militancia incondicional, como en la derecha se le pide servidumbre.
¿Cuánto tiempo se mantendrá esa situación, conteniendo como dique el desarrollo de la oposición?, no se sabe.
En el camino de la ciudadanización del Derecho a la Información, la experiencia vivida por la sociedad
hondureña a partir del 28 de junio es apenas el comienzo.
Fuente: Revista Envío. Número 25 Junio 2010
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