El presidente de la Comisión Legislativa del Presupuesto Nacional, Francisco Pineda (N), ha informado públicamente que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, “con funcionarios a tiempo completo, (está) revisando los procesos de aprobación del presupuesto”.
Además, el Departamento del Tesoro USA “está revisando todas estas cosas que se dan y que no son normales en una ejecución presupuestaria de un país en crisis como nosotros” (sic), para lo cual, repetimos, los funcionarios estadounidenses están incorporados al despacho de dicha Comisión Legislativa.
La intervención de Estados Unidos en el Poder Legislativo hondureño, indudablemente a solicitud de nuestro gobierno, es insólita y al mismo tiempo revela la profundidad de la relación que existe entre ambos Estados, ya que, se dice, Honduras es “el mejor aliado” de Estados Unidos.
Es, por supuesto, un caso único pero que a los hondureños luce normal, natural, como lo demuestra nada menos que la Comisión Legislativa del Presupuesto Nacional, o sea la principal comisión del Poder Legislativo, que, en la práctica, decide anualmente el plan de gobierno, que es la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Honduras.
Para nada llama la atención esa supuesta cooperación técnica porque, en puridad de concepto, es inherente a nuestra realidad de “Banana Republic”, en la que todas las decisiones nacionales importantes, fundamentales, pasan por el tamiz colonial, ya se trate de la administración pública, de la gestión legislativa, de la impartición de justicia, y, en el meollo de todo esto, el control de los organismos de seguridad del Estado y de los procesos electorales.
Aparentemente esa petición de ayuda en materia presupuestaria fue motivada por los desmanes —por cierto de vieja data— en los sobresueldos de algunos (muchos) funcionarios públicos que, teóricamente, ganan más que el ciudadano presidente de la República o el ciudadano presidente del congreso nacional.
El tema, por supuesto, está englobado en el fenómeno mayor de la corrupción y su alter, la impunidad, columna vertebral del sistema hondureño que, en tanto sistema, afecta todas las actividades, vale decir políticas, económicas, sociales, culturales… y hasta espirituales.
Por consiguiente, el mismo congreso nacional ahora se declara, sin pena ni rubor, incapaz de realizar y ejercer por sí mismo sus obligaciones fundamentales, entre ellas las de aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos; aprobar o improbar las cuentas de los gastos públicos y la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República… Ministerio Público, etcétera.
Es, en suma, un reconocimiento explícito del hundimiento institucional, merced al cual la soberanía nacional y los mecanismos de contraloría, fiscalización y de administración de justicia pasan a ser sujetos inertes, en el marco de un Estado desvestido de integridad, por no decir un Estado fallido. Editorial de Tiempo. 1 Mayo 2014
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