Hay muchos que se preguntan si los fiscales en huelga de hambre tenían razón para protestar de manera tan clamorosa, a los que dudan les recomedamos que vayan a dar una vueltecita por los portales hondureños y podrán comprobar como en casi todo acto administrativo existen fuertes dudas sobre la actuación de los funcionarios; y es que en Honduras así ha sido y así sigue siendo, hasta que todos y cada uno nos convenzamos que esos delincuentes merecen todo nuestro desprecio además de la cárcel y la restitución de todo lo robado.
El mismo Consejo Nacional Anticorrupción sigue, rutinariamente, señalando actos delictivos y presentando los informes anuales al Congreso, en donde fingen no saber nada y así todo queda ignorado. De que nos sirve un Consejo Nacional Anticorrupción cuyos señalamientos ni hacen cosquillas a los corruptos y a los que los apoyan? Y para muestra un botón, el informe 2007 del CNA al Congreso, que no ha merecido ni tan siquiera una respuesta pública de parte de los interpelados como si los hondureños no fuésemos dignos de respeto o como si se pensase que la impunidad seguirá reinando vida natural durante.
Es el mismo CNA el que aseveraba que la fiscalía anticorrupción del Nor Occidente trabajaba sin ningún apoyo por parte del Fiscal General, a pesar que el fiscal Santos había documentado 42 casos y acciones penales contra altos funcionarios de esta región y es el mismo CNA el que, el 31 de julio 2007 – 8 meses antes de la huelga de fiscales- denunciaba como las altas autoridades de la Fiscalía del Estado trataban de desestimular el trabajo del fiscal Luis Javier Santos Cruz, enviándolo a la zona de El Progreso para que no continuara con los casos que ven como imputados a Oscar Kilgore, Ingmar Gonzales y Rubén Bonilla (con auto de prisión que nadie ejecuta), por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos, igual su traslado llevaba el mensaje de desetimular a la fiscalía y bajar el perfil de acusaciones contra los regidores de la municipalidad de San Pedro Sula de dos administraciones: 2002-2006 y 2006-2010, siempre por delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, es decir por administrar la alcaldía como si fuera casa propia – sin seguir los procedimientos que ordena la ley- y por lo que vulgarmente se llama robo de fondos públicos, y por último por el caso contra un oficial de policía que faltó a sus deberes. (http://www.cna.hn/uploads/files/POSICION_6_DCC.pdf)
El caso Kilgore
Las acusaciones contra el ex Alcalde Oscar Eduardo Kilgore, el ex director de Comunicaciones Serapio Umanzor, el ex gerente financiero Ingmar González y Rubén Bonilla, ex jefe de Servicios Municipales –todos con Auto de Prisión aunque gozan de libertad- son graves.
En pocas palabras mensualmente y por tres años seguidos sacaban de las arcas municpales medio millón de lempiras, es decir 900,000 mil dólares en total; para ello utilizaban planillas fantasmas con nombres falsos de personas que, sobre el papel, se dedicaban a la limpieza vial. Es claro que este burdo robo golpea dos veces al ciudadano sampedrano: la primera porque la ciudad necesita realmente de estos trabajos que nunca fueron hechos y la segunda porque la miseria de tanto hondureño merecía que sus autoridades emplearan los recursos para dar trabajo a tantos que huyen del país por no tener un salario para sobrevivir. Los señores acusados de robo alegan que los fondos los “usaron para publicidad”.
Y por favor no se vayan de espaldas, nuestros héroes tienen otro auto de prisión para juicio: Kilgore y Serapio Umanzor están acusados de comprar uniformes directamente, sin licitación, a la empresa VCI Diseño y Publicidad, parece ser que los uniformes eran de hilo y tela transparente porque no se encontraron en los almacenes municipales.
El romance de la Planilla Fantasma.
La estratagema de la planilla fantasma le había producido excelentes resultados al ex alcalde Kilgore, tanto que el Alcalde actual Rodolfo Padilla Sunceri, sus colaboradores Serapio Umanzor Díaz, Director de Comunicaciones), Marco Antonio Bermúdez Wills (tesorero Municipal), Luis Alonso Euceda (Auditor Municipal), según acusaciones, no dudaron un segundo en proseguir con la misma, pero está vez aumetaron la cantidad, la inflación golpea duro, y en lugar de la sustracción de los 500,000 Lempiras mensuales los “administradores” sustraían la bella suma de 650,000 lempiras, cada mes, entre febrero y agosto de 2006 fecha en la que fueron descubiertos.
Si bien fueron sobreseidos todos menos Umanzor y Euceda, que tienen auto de prisión, el fiscal apeló pero todavía la corte de apelaciones no se ha pronunciado .
El mismo abogado Santos, cuyo clamor por una justicia que no se prostituya tanto, ha hecho que cientos de hondureños comiencen a abrir los ojos, y que camina con medidas cautelares de protección porque ha recibido amenazas de muerte, logró con su arduo trabajo judicializar sendos casos contra la Corporación Municipal de la Ceiba (2002-2006) y contra tres de sus miembros con acusación de abuso de autoridad.
Desde siempre cualquier alcaldillo vende al mejor postor las areas verdes de las municipalidades sin rendir cuentas a nadie, sin darle importancia al derecho social y ambiental que cada comunidad tiene para gozar de areas verdes. Es así que con arrogancia total Gónzalo Rivera y Aurelio Martínez (según las acusaciones) dispusieron dar en dominio pleno varios lotes cuyo destino era el de servir de pulmón y lugar de recreación para los que ahí viven.
Actualmente, no obstante la acusación, los acusados Gónzalo Rivera –en su condición de Alcalde de la Municipalidad- y Aurelio Martínez, son diputados al Congreso Nacional. Para que los hondureños abramos los ojos hay que recordar que desde el año 2007 el expediente fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, en donde duerme el sueño de los justos, para no dañar a tan respetables personas y porque la misma CSJ no puede ser independiente ya que el nombramiento de sus miembros ha sido producto de una vergonzosa repartición de puestos entre los dos partidos tradicionales que desgobiernan el país.
Igual camino siguió el expediente contra Hernán Banegas – actualmente diputado- y toda la Corporación Municipal de Tocoa (2002-06) por delito de abuso de autoridad por permitir la compra de una motoniveladora por dos millones de Lempiras sin llevarla a licitación y por violación de deberes. Existe auto de prisión decretado y el expediente está en la caja fuerte de la gran CSJ.
Grandes señores son prófugos de la justicia, aunque sean figuras públicas, porque la justicia más que ciega es puta: así Roberto Larios Silva (1998-2002) y Oscar Kilgore –como regidor- con auto de prisión para juicio por haber dado en dominio pleno las áreas verdes de la colonia El Pedregal, se pasean por las calles y avenidas de San Pedro Sula, dan declaraciones, figuran en las páginas de los diarios y hablan por la radio mientras el expediente yace en el limbo de la Corte.
Santa Bárbara no se queda atrás y así el pro hombre y ex alcalde Edgardo Sabillón Castillo -1998-2002 (cacique de la zona) ya condenado por los delitos pero libre, según la acusa, se robó un millón de Lempiras que tendrían que haber servido para llevar la energía eléctrica a familias que se alumbran con ocote en pleno siglo XXI, no habiéndole bastado esto, la acusación indica que se robó de la municipalidad otros 118,000 Lempiras para pagar la prima de un automóvil que compró en la Corporación Flores. Como cacique de Santa Bárbara y por sus contactos políticos no está acostumbrado a que se le señale por lo que es, así agredió al fiscal que lo acusaba delante el Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara.
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