Acompañaron a la familia Velasquez el COFADEH, representado por Berta Oliva y Kenia Oliva y el presidente del COPEMH Jaime Rodriguez.
Si bien el gobierno hondureño no quiere asumir ninguna responsabilidad, la investigación realizada señala que la maestra Ilse Velasquez murió por el uso de fuerza desmedida en la represión contra una manifestación pacífica de los maestros el día 18 de Marzo. La manifestación se realizaba cerca del Instituto de Previsión del Magisterio.
Zenaida afirma que hubo responsabilidad pública al ordenar irresponsablemente la represión contra los manifestantes. Además se señala que hubo violación a los protocolos que regulan el ejercicio de la autoridad policial competente en sus acciones represoras contra la población civil. Este punto fue ampliamente señalado en la audiencia realizada recientemente, cuando se le preguntó a las autoridades hondureñas si existía un protocolo y cuál era su contenido. Las respuestas de los representantes hondureños fueron ambiguas, al grado que se determinó pedir mayor información sobre el tema. Para más información escuchar este enlace: Uso desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional y el Ejército de Honduras http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=122 del 141 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Y es que la barbarie policíaca se refleja cada día cuando en los operativos jamás se valora el peligro que representa para toda la población la lluvia de gases y golpes que acompañan todos y cada uno de los actos de la fuerza pública porque no toman en cuenta las recomendaciones que señalan las convenciones internacionales que retoma la misma Constitución de la República.
La denuncia se presentará también al Alto Comisionado de Derechos Humanos a quien le solicitarán acompañe la demanda de justicia, así como al G-16. Los familiares expresaron que sus acciones pretenden el cese definitivo de la represión y de las muertes violentas en contra de quienes piensan diferente a la oligarquía y sus instrumentos de terror, asi mismo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de cada uno de los asesinatos políticos ocurridos después del golpe de Estado.
La pretensión es que el régimen ofrezca un informe oficial, completo y veraz, en repuesta a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Según los familiares se debe realizar un juicio contra los responsables de llevar a cabo la represión y el correspondiente castigo legal a los victimarios, entre otras demandas.
En el comunicado de la familia de la víctima Zenaida Velásquez, expresa que “sabemos que enfrentaremos campañas desinformativas agresivas y constantes amenazas contra los sobrevivientes de la familia Velásquez. No importa, nos asiste la razón y el derecho.
La abogada Kenia Oliva dio lectura a la denuncia que se está presentando ante la Fiscalía de Derechos Humanos, donde le transcriben las aseveraciones del Ministro de Defensa, Marlon Pascua, “el Presidente Porfirio Lobo ha dado las instrucciones de impedir toda toma pública, y en este caso vamos a actuar de forma precisa y vamos a tomar las acciones necesarias para evitar cualquier toma de vía de comunicación", "si vemos que hay alguna situación de peligro las Fuerzas Armadas van a tener que utilizar la fuerza, siempre con las instrucciones necesarias para impedir que esto continúe.
En los hechos la denuncia señala que los participantes se reunieron desde las 8:00 a.m. frente a las Instalaciones físicas del Instituto de Previsión del Magisterio. A las 10:44 a.m., los manifestantes escucharon el fuerte sonido de una sirena, la experiencia de estos sonidos le indicaba a los manifestantes que la represión era inminente, y que iba a dar comienzo.
Los cuerpos represivos estaban compuestos por policías preventivos, escuadrón cobras y elementos del ejército. Las bombas lacrimógenas eran lanzadas contra los manifestantes que corrieron en varias direcciones tratando de protegerse del agua lanzada por las tanquetas policiales y de los gases que emanaban de las bombas lacrimógenas, los que provocan asfixia e inhabilitación física temporal a quienes los inhalan.Es en ese momento que todos los manifestantes levantan sus brazos en una demostración de que no estaban armados y de que la manifestación era pacífica. Sin embargo las tanquetas provistas de pistones de alta presión comenzaron a arrojar agua con químicos y gases lacrimógenos sobre los manifestantes.
El relato destaca que Ilse junto a varios miembros de su familia estaban consumiendo alimentos en una esquina cerca al INPREMA, pero inesperadamente los cuerpos represivos comenzaron a lanzar decenas de bombas lacrimógenas desde diferentes ángulos, creando un ambiente de confusión por la cantidad de humo generado y la concenración impedía la visibilidad, y provocaba asfixia y confusión en las personas, obstaculizando la evacuación forzada, por lo que la familia Velásquez corrió en diferentes direcciones.
Las personas que la auxiliaron, la subieron a la paila de un carro, en el que condujeron a la víctima al Hospital Escuela. El vehículo fue perseguido con alevosía y ventaja por una de las tanquetas policiales, que les arrojaba agua con químicos, en forma continua.
Responsables actuaron con alevosía total
“los Señores ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y PORFIRIO LOBO SOSA, actuaron con total Alevosía, pues al emplear a los agentes de seguridad para que cumplieran sus ordenes deliberadamente, y al armarlos con bombas lacrimógenas, tanquetas, fusiles de bala viva, cascos, escudos y todo el armamento como si fueran a enfrentar una guerra armada, les ocasionó a los manifestantes debilitamiento para su defensa a tal grado que después de levantar sus brazos en señal de PAZ, se dieron cuenta que a los policías, esto no les importaba y que la orden era exterminarlos”, destaca la denuncia.
En ese sentido la conducta de ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y LOBO SOSA, forzaron e indujeron a ejecutar unas acciones que son constitutivas de Delito, pues nuestro ordenamiento jurídico las tipifica como HOMICIDIO, USO EXCESIVO DE LA FUERZA, ABUSO DE AUTORIDAD, FALTA A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, NEGLIGENCIA INEXCUSABLE Y TERRORISMO DE ESTADO.
En la petición de la denuncia que está firmada por Bertha Oliva, como Coordinadora del COFADEH demanda investigar rápida y exhaustivamente los hechos expuestos a fin que se pueda determinar la responsabilidad de los señores OSCAR ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y PORFIRIO LOBO SOSA, y si de las investigaciones resulta que existen otros responsables de la muerte de la Profesora ILSE IVANIA VELASQUEZ RODRIGUEZ, como los autores materiales, presentar requerimiento fiscal contra quienes resulten responsables ante Juez competente.
Piden médico forense que no sea del Ministerio Público
Solicitar al Juez competente que nombre o juramente Peritos Expertos, imparciales para determinar las pericias necesarias en el artefacto recogido por testigos presenciales, así como Médicos Forenses externos al Ministerio Publico para que practiquen las diligencias que sean necesarias, a fin de determinar la causa de la muerte de la profesora ILSE IVANIA VELASQUEZ RODRIGUEZ, que estos peritos o médicos forenses pueden ser propuestos por los peticionarios, se solicita en la denuncia.
Además que se solicite rastrear ADN practicando pruebas al Artefacto que según testigos presenciales fue el que impacto inicialmente en la cabeza de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, lo que le hizo perder el conocimiento y caer en forma violenta sobre el pavimento, dicha solicitud se hará a laboratorios especializados en derechos humanos reconocidos internacionalmente y que serán propuestos por los peticionarios. Artefacto que es entregado a la fiscalía de Derechos al momento de presentación de esta denuncia.
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