A la comunidad nacional, al gobierno de la República y a la comunidad internacional
Sobre las ejecuciones de campesinos y líderes populares en el Bajo Aguan y el acelerado deterioro dela situación de los derechos humanos en el país.
Este es el momento en que callar es uncrimen. Froylan Turcios
Quien mira cometer un crimen y lo calla,lo comete. José Martí
Guardar silencio es compartir el crimen. José Adán Castelar
Los regímenes surgidos después del golpe de Estado de junio de 2009, ungidos por el gobierno norteamericano, por la camarilla empresarial que ha saqueado el país y por las iglesias fundamentalistas, han reeditado la represión que, en la década del ochenta, sumió a Honduras en el dolor.
Si ayer un militarismo fanático, fascista y brutal entrenó y formó grupos de asesinos para que secuestraran, mataran y desaparecieran selectiva y clandestinamente a dirigentes populares y políticos, hoy, ese militarismo que por muchos años se mantuvo larvado, reeditado quizás ahora con mejor equipo y mayores entusiasmos antipopulares, ha vuelto a la luz para emprender tareas de exterminio en el lugar que les señalen.
En el campo y la ciudad, en las manifestaciones de ciudadanos indignados por la crisis y el golpe, en los desfiles de estudiantes y maestros, allí donde haya una protesta de gente libre, se hace presente el aparato de muerte con las tanquetas, los fusiles, las bombas, las pistolas bajo el falaz argumento de que-sometidos al imperio del orden dominante y el silencio fraguados por las armas- florecen el progreso, la democracia y la convivencia.
Justo cuando se suponía que tenía que mejorar esa situación, a raíz del Acuerdo de Cartagena y cuando los presidentes de Honduras y Colombia declaran que se está cumpliendo con el compromiso de respeto a los derechos humanos, los hechos sangrientos de los últimos días revelan una involución, especialmente porque se ha criminalizado al movimiento campesino señalando la existencia de vínculos con fuerzas guerrilleras entrenadas y financiadas por gobiernos extranjerosy con narcotraficantes cuyos socios son otros.
Si la situación es grave en todo el país, en el agro y especialmente en la región del Bajo Aguán, es insostenible. El cómputo de los muertos ya sobrepasa al medio centenar.
El envío de contingentes militares regulares pretende desviar o desdibujar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la presencia de escuadrones de asesinos y en la protección a elementos represivos de índole particular que campean en la región y los cuales se conocen por su vocación provocadora y homicida. Asimismo, la forma cómo se está manejando el problema permite deducir que lo que se busca es agotar la capacidad de lucha de los campesinos para imponer una solución mediatizada que privilegie los intereses de grandes empresarios del agro en la zona.
Pero la ceguera del gobierno, sus compromisos con la gran empresa y su desconocimiento de las leyes sociales les impide ver que, en la lucha campesina, no habrá agotamiento y que, de no encontrarse pronto una solución justa y democrática a la problemática agraria, la región del Aguán puede convertirse en la puerta de entrada para acciones de mayor envergadura en donde estaría comprometido todo el futuro del país.
Se ha llegado a una etapa clave en la escalada violenta; un momento dramático y sangriento que nos obliga, a los firmantes académicos e intelectuales, artistas y creadores de las más diversas filiaciones, a denunciar el comportamiento vil de las fuerzas que pretenden resolver los conflictos estructurales latentes de nuestra sociedad por la vía del crimen político, del asesinato a sangre fría y la intimidación de las organizaciones.
Nos escandaliza, también, que, pese a la evidencia, la generalidad del sistema mediático, identificado con el golpe de estado y que repite las líneas de la propaganda oficialista, desestima los síntomas de degradación social y política y continúa fingiendo que aquí no pasa nada. Así, los feminicidios se imputan, como dice la policía, al perfil de las víctimas; se afirma que los crímenes contra los líderes populares son producto de la delincuencia común; se vinculan al narcotráfico o son el resultado de riñas intestinas. Se ha llegado,incluso, al extremo de minusvalorar o tergiversar el asesinato de un estudiante adolescente que participaba en una manifestación pacífica en el portón de su escuela.
Los crímenes permanecen en perfecta impunidad y se reproducen cada vez con mayor saña y crueldad, en el marco de una estrategia para infundir el miedo, castrar el ánimo batallador de nuestro pueblo y matar su esperanza.
Entendemos la importancia de la agroindustria y de la seguridad jurídica, que solo puede establecerse sobre una ley consensuada. No pretendemos dictar líneas de política, sino llamar la atención sobre el salvajismo con el cual sepretende sofocar las justas demandas sociales. La violencia incontrolable supone un Estado incapaz de mantener el orden y garantizar la convivencia, atributos sine qua non de la soberanía y la legitimidad.
Por lo anterior, los abajo firmantes, urgimos a la comunidad internacionaly nacional a pronunciarse contra el desangramiento permanente que ocurre en el Bajo Aguán. Cada vida segada en aras de satisfacer los intereses de la oligarquía nacional y de sus vínculos transnacionales económicos y políticos,es un crimen más de lesa humanidad que aleja la posibilidad de reconstruir la convivencia.
Rodolfo Pastor Fasquelle, historiador;
Darío A. Euraque, historiador;
Teresa de Maria Campos; antropóloga y artista;
Helen Umaña, escritora;
Isadora Paz, socióloga y artista de la danza;
AníbalDelgado Fiallos, sociólogo;
Mario Gallardo, escritor;
MarioArdón Mejía, antropólogo;
Adrienne Pine, antropóloga;
Armando García, escritor y fotógrafo;
GeraldinaTercero, antropóloga;
Manuel de Jesús Pineda, escritor;
Roxana Pastor Fasquelle, educadora;
Guillermo Mejía, periodista;
EduardoBähr, escritor;
Débora Ramos,escritora;
J Antonio Fúnez,escritor y diplomático;
DanaFrank, historiadora;
Julio Escoto, escritor,
Patricia Murillo,periodista;
Gustavo Larach, historiador;
Maríade los Ángeles Mendoza, historiadora;
A. Flores publicista;
Allan Fajardo, sociólogo y empresario;
Anarella Vélez, historiadora;
Héctor MartínezMortiño; economista;
Emilio Guerrero, escritor y empresario;
Héctor Castillo, artista;
Jorge Martinez, escritor,
Sergio Raúl Rodríguez, músico,
Víctor Manuel Ramos, médico y escritor,
Mayra J. Mejía delCid, abogada;
Héctor Valerio, médico y empresario;
Marcio Valenzuela, ingeniero y empresario;
Gustavo Zelaya, filósofo e historiador,
Rosa María Messen Ghidinelli, socióloga,
Jorge A. Amaya Banegas, historiador,
Daniel Reichman, antropólogo,
Oscar A. Puerto Posas, economista,
Russel Sheptak, historiador e ingeniero en computo,
Rosemary Joyce, antropóloga,
Mauricio de Maria Campos,economista, y diplomático,
Iris Mencía, poeta y periodista,
Joaquín Portillo historiador,
Isbela Orellana, socióloga,
Omar Pinto, artista,
Edgar Soriano,historiador,
Tito Estrada, dramaturgo,
Natalie Roque, historiadora,
Cesar Lazo, periodista y escritor,
FabricioEstrada, poeta,
Ricardo Salgado, politólogo,
Soledad Altamirano, poeta,
RodolfoPastor Campos, politólogo y diplomático,
Lety Elvir, escritora
1 de Septiembre 2011
1/9/11
7/4/11
Zenaida Velasquez y familia denuncian al Estado hondureño por asesinatoo de su hermana.
Acompañaron a la familia Velasquez el COFADEH, representado por Berta Oliva y Kenia Oliva y el presidente del COPEMH Jaime Rodriguez.
Si bien el gobierno hondureño no quiere asumir ninguna responsabilidad, la investigación realizada señala que la maestra Ilse Velasquez murió por el uso de fuerza desmedida en la represión contra una manifestación pacífica de los maestros el día 18 de Marzo. La manifestación se realizaba cerca del Instituto de Previsión del Magisterio.
Zenaida afirma que hubo responsabilidad pública al ordenar irresponsablemente la represión contra los manifestantes. Además se señala que hubo violación a los protocolos que regulan el ejercicio de la autoridad policial competente en sus acciones represoras contra la población civil. Este punto fue ampliamente señalado en la audiencia realizada recientemente, cuando se le preguntó a las autoridades hondureñas si existía un protocolo y cuál era su contenido. Las respuestas de los representantes hondureños fueron ambiguas, al grado que se determinó pedir mayor información sobre el tema. Para más información escuchar este enlace: Uso desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional y el Ejército de Honduras http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=122 del 141 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Y es que la barbarie policíaca se refleja cada día cuando en los operativos jamás se valora el peligro que representa para toda la población la lluvia de gases y golpes que acompañan todos y cada uno de los actos de la fuerza pública porque no toman en cuenta las recomendaciones que señalan las convenciones internacionales que retoma la misma Constitución de la República.
La denuncia se presentará también al Alto Comisionado de Derechos Humanos a quien le solicitarán acompañe la demanda de justicia, así como al G-16. Los familiares expresaron que sus acciones pretenden el cese definitivo de la represión y de las muertes violentas en contra de quienes piensan diferente a la oligarquía y sus instrumentos de terror, asi mismo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de cada uno de los asesinatos políticos ocurridos después del golpe de Estado.
La pretensión es que el régimen ofrezca un informe oficial, completo y veraz, en repuesta a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Según los familiares se debe realizar un juicio contra los responsables de llevar a cabo la represión y el correspondiente castigo legal a los victimarios, entre otras demandas.
En el comunicado de la familia de la víctima Zenaida Velásquez, expresa que “sabemos que enfrentaremos campañas desinformativas agresivas y constantes amenazas contra los sobrevivientes de la familia Velásquez. No importa, nos asiste la razón y el derecho.
La abogada Kenia Oliva dio lectura a la denuncia que se está presentando ante la Fiscalía de Derechos Humanos, donde le transcriben las aseveraciones del Ministro de Defensa, Marlon Pascua, “el Presidente Porfirio Lobo ha dado las instrucciones de impedir toda toma pública, y en este caso vamos a actuar de forma precisa y vamos a tomar las acciones necesarias para evitar cualquier toma de vía de comunicación", "si vemos que hay alguna situación de peligro las Fuerzas Armadas van a tener que utilizar la fuerza, siempre con las instrucciones necesarias para impedir que esto continúe.
En los hechos la denuncia señala que los participantes se reunieron desde las 8:00 a.m. frente a las Instalaciones físicas del Instituto de Previsión del Magisterio. A las 10:44 a.m., los manifestantes escucharon el fuerte sonido de una sirena, la experiencia de estos sonidos le indicaba a los manifestantes que la represión era inminente, y que iba a dar comienzo.
Los cuerpos represivos estaban compuestos por policías preventivos, escuadrón cobras y elementos del ejército. Las bombas lacrimógenas eran lanzadas contra los manifestantes que corrieron en varias direcciones tratando de protegerse del agua lanzada por las tanquetas policiales y de los gases que emanaban de las bombas lacrimógenas, los que provocan asfixia e inhabilitación física temporal a quienes los inhalan.Es en ese momento que todos los manifestantes levantan sus brazos en una demostración de que no estaban armados y de que la manifestación era pacífica. Sin embargo las tanquetas provistas de pistones de alta presión comenzaron a arrojar agua con químicos y gases lacrimógenos sobre los manifestantes.
El relato destaca que Ilse junto a varios miembros de su familia estaban consumiendo alimentos en una esquina cerca al INPREMA, pero inesperadamente los cuerpos represivos comenzaron a lanzar decenas de bombas lacrimógenas desde diferentes ángulos, creando un ambiente de confusión por la cantidad de humo generado y la concenración impedía la visibilidad, y provocaba asfixia y confusión en las personas, obstaculizando la evacuación forzada, por lo que la familia Velásquez corrió en diferentes direcciones.
Las personas que la auxiliaron, la subieron a la paila de un carro, en el que condujeron a la víctima al Hospital Escuela. El vehículo fue perseguido con alevosía y ventaja por una de las tanquetas policiales, que les arrojaba agua con químicos, en forma continua.
Responsables actuaron con alevosía total
“los Señores ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y PORFIRIO LOBO SOSA, actuaron con total Alevosía, pues al emplear a los agentes de seguridad para que cumplieran sus ordenes deliberadamente, y al armarlos con bombas lacrimógenas, tanquetas, fusiles de bala viva, cascos, escudos y todo el armamento como si fueran a enfrentar una guerra armada, les ocasionó a los manifestantes debilitamiento para su defensa a tal grado que después de levantar sus brazos en señal de PAZ, se dieron cuenta que a los policías, esto no les importaba y que la orden era exterminarlos”, destaca la denuncia.
En ese sentido la conducta de ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y LOBO SOSA, forzaron e indujeron a ejecutar unas acciones que son constitutivas de Delito, pues nuestro ordenamiento jurídico las tipifica como HOMICIDIO, USO EXCESIVO DE LA FUERZA, ABUSO DE AUTORIDAD, FALTA A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, NEGLIGENCIA INEXCUSABLE Y TERRORISMO DE ESTADO.
En la petición de la denuncia que está firmada por Bertha Oliva, como Coordinadora del COFADEH demanda investigar rápida y exhaustivamente los hechos expuestos a fin que se pueda determinar la responsabilidad de los señores OSCAR ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y PORFIRIO LOBO SOSA, y si de las investigaciones resulta que existen otros responsables de la muerte de la Profesora ILSE IVANIA VELASQUEZ RODRIGUEZ, como los autores materiales, presentar requerimiento fiscal contra quienes resulten responsables ante Juez competente.
Piden médico forense que no sea del Ministerio Público
Solicitar al Juez competente que nombre o juramente Peritos Expertos, imparciales para determinar las pericias necesarias en el artefacto recogido por testigos presenciales, así como Médicos Forenses externos al Ministerio Publico para que practiquen las diligencias que sean necesarias, a fin de determinar la causa de la muerte de la profesora ILSE IVANIA VELASQUEZ RODRIGUEZ, que estos peritos o médicos forenses pueden ser propuestos por los peticionarios, se solicita en la denuncia.
Además que se solicite rastrear ADN practicando pruebas al Artefacto que según testigos presenciales fue el que impacto inicialmente en la cabeza de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, lo que le hizo perder el conocimiento y caer en forma violenta sobre el pavimento, dicha solicitud se hará a laboratorios especializados en derechos humanos reconocidos internacionalmente y que serán propuestos por los peticionarios. Artefacto que es entregado a la fiscalía de Derechos al momento de presentación de esta denuncia.
1/4/11
Guerra sin máscaras
A partir del golpe de Estado militar Honduras ha sido convertida en un laboratorio experimental de Guerra Programada y de terror mediático donde concurren fuerzas de ocupación militar del pentágono, fuerzas militares y policiales colombianas, sicarios , guardias de seguridad privada e intelectuales nacionales e internacionales tarifados por la ultraderecha norteamericana , europea y latinoamericana.
El plan es abortar cualquier proceso de democratización, liberación y transforma de nuestro país en una plataforma ideológica política y militar de agresión contra los pueblos del Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y todos los países afines al ALBA.
A raíz de la convocatoria al Paro Cívico el 30 de marzo del 2011por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organizaciones campesinas, obreras, mujeres, feministas, comunidad de la diversidad sexual ; artistas , estudiantes de secundaria , universitarios, maestros, maestras y diferentes movimientos en resistencia se manifestaron en solidaridad con el magisterio nacional y protestaron contra las multinacionales que han apoyado a las fuerzas golpistas.
Las protestas se realizaron en puntos vitales del territorio nacional mediante: toma de puentes y carreteras, marchas plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Universidad Pedagógica Francisco Morazán.
Se estima más de un centenar de personas fueron afectadas tanto por los gases, persecución, tortura, detención e impacto por armas de fuego.
El asalto de las tropas militares y policiales del Alma Mater y la Universidad Pedagógica con la consecuente salvaje represión estudiantil fueron hechos que se volvieron a realizar con el silencio de las autoridades universitarias.
Las zonas más importantes del Paro Cívico fueron: Dulce Nombre de Copan, Chiquila, Santa Bárbara en el occidente; Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en Cortés y El Progreso, Yoro. Al norte: San Pedro Sula y Ceiba, en el centro Tegucigalpa, en la zona Sur: Choluteca y el Aguan cerca de la costa atlántica.
En los Planes, zona del Aguan del departamento de Colón se concentraron aproximadamente mil personas con la presencia de aproximadamente 400 campesinos(as) miembros de la margen izquierda MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguan), representantes del MCA(Movimiento Campesino del Aguan), maestros y maestras.
Los campesinos defendieron el derecho a la tierra y a la educación pública
Durante tres horas la protesta pacífica fue objeto de lanzamiento de disparos dirigidos al cuerpo de más de trecientas bombas lacrimógenas y luego a múltiples disparos de bala vida de fusiles galiles y pistolas nueve milímetros .Según el relato de una de las victimas era una lluvia de balas que silbaban en los oídos.
Los resultados preliminares fueron seis heridos del MUCA: Neftalí Espinal, Franklin Hernández, Víctor Manuel Euceda, Paulino Chávez y Antonio Vásquez.
Un campesino del MCA fue golpeado en forma severa y dos maestros: Elías Nieto y Waldina Meléndez fueron heridos.
Algunas de las víctimas fueron hospitalizadas y sin respetar su condición traumática los militares y policías no respetaron las normas hospitalarias; al continuar violando sus derechos
Según el relato campesino murió un guardia de Seguridad que andaba con una escopeta y que fue confundido por las fuerzas represivas y recibió un disparo. Tres policías fueron objeto de trauma durante la confrontación.
Mientras esta barbarie ocurría; un contingente militar, policial con guardias privados y sicarios de los terratenientes desalojaba un grupo de campesinos de “La Aurora” quienes ante la desproporcionada fuerza represiva y terror no confrontaron y defenderán las tierras que según ellos legítimamente les pertenecen.
El discurso de los cuerpos represivos y la guerra mediática es justificar la impunidad de las agresiones y tortura aduciendo en forma falsa y perversa la presencia de extranjeros (Cuba, Venezuela y Nicaragua)
Esta guerra programada articulada a una campaña mediática tienen fines experimentales la tortura física y psicológica , los crímenes de lesa humanidad , la utilización de armas toxicas letales en espacios cerrados y disparos dirigidos al cuerpo de las victimas produciendo quemaduras e incluso muerte.
En nombre de la democracia, de dios y la defensa de la propiedad privada de la oligarquía y las multinacionales se agrede a los cuerpos humanos como si fueran desechos o cosas sin valor.
Los operarios de la violencia ya no necesitan ocultar sus rostros con las capuchas y aunque se protejan con las máscaras antigás, tarde o temprano sufrirán el impacto de los tóxicos.
La esencia de esta agresión contra el pueblo está en la ¡Verdad sin Mascaras! cuyo contenido es la ideología y práctica fascista de los fieles servidores de la oligarquía y el capital multinacional.
Solo la organización, resistencia, movilización y la unidad de todo nuestro pueblo articulada a la solidaridad internacional podremos construir una nueva sociedad donde Honduras vuelva ser nuestra y de “Nuestra América”.
Juan Almendrárez Bonilla
Ex Rector UNAH
El plan es abortar cualquier proceso de democratización, liberación y transforma de nuestro país en una plataforma ideológica política y militar de agresión contra los pueblos del Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y todos los países afines al ALBA.
A raíz de la convocatoria al Paro Cívico el 30 de marzo del 2011por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organizaciones campesinas, obreras, mujeres, feministas, comunidad de la diversidad sexual ; artistas , estudiantes de secundaria , universitarios, maestros, maestras y diferentes movimientos en resistencia se manifestaron en solidaridad con el magisterio nacional y protestaron contra las multinacionales que han apoyado a las fuerzas golpistas.
Las protestas se realizaron en puntos vitales del territorio nacional mediante: toma de puentes y carreteras, marchas plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Universidad Pedagógica Francisco Morazán.
Se estima más de un centenar de personas fueron afectadas tanto por los gases, persecución, tortura, detención e impacto por armas de fuego.
El asalto de las tropas militares y policiales del Alma Mater y la Universidad Pedagógica con la consecuente salvaje represión estudiantil fueron hechos que se volvieron a realizar con el silencio de las autoridades universitarias.
Las zonas más importantes del Paro Cívico fueron: Dulce Nombre de Copan, Chiquila, Santa Bárbara en el occidente; Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en Cortés y El Progreso, Yoro. Al norte: San Pedro Sula y Ceiba, en el centro Tegucigalpa, en la zona Sur: Choluteca y el Aguan cerca de la costa atlántica.
En los Planes, zona del Aguan del departamento de Colón se concentraron aproximadamente mil personas con la presencia de aproximadamente 400 campesinos(as) miembros de la margen izquierda MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguan), representantes del MCA(Movimiento Campesino del Aguan), maestros y maestras.
Los campesinos defendieron el derecho a la tierra y a la educación pública
Durante tres horas la protesta pacífica fue objeto de lanzamiento de disparos dirigidos al cuerpo de más de trecientas bombas lacrimógenas y luego a múltiples disparos de bala vida de fusiles galiles y pistolas nueve milímetros .Según el relato de una de las victimas era una lluvia de balas que silbaban en los oídos.
Los resultados preliminares fueron seis heridos del MUCA: Neftalí Espinal, Franklin Hernández, Víctor Manuel Euceda, Paulino Chávez y Antonio Vásquez.
Un campesino del MCA fue golpeado en forma severa y dos maestros: Elías Nieto y Waldina Meléndez fueron heridos.
Algunas de las víctimas fueron hospitalizadas y sin respetar su condición traumática los militares y policías no respetaron las normas hospitalarias; al continuar violando sus derechos
Según el relato campesino murió un guardia de Seguridad que andaba con una escopeta y que fue confundido por las fuerzas represivas y recibió un disparo. Tres policías fueron objeto de trauma durante la confrontación.
Mientras esta barbarie ocurría; un contingente militar, policial con guardias privados y sicarios de los terratenientes desalojaba un grupo de campesinos de “La Aurora” quienes ante la desproporcionada fuerza represiva y terror no confrontaron y defenderán las tierras que según ellos legítimamente les pertenecen.
El discurso de los cuerpos represivos y la guerra mediática es justificar la impunidad de las agresiones y tortura aduciendo en forma falsa y perversa la presencia de extranjeros (Cuba, Venezuela y Nicaragua)
Esta guerra programada articulada a una campaña mediática tienen fines experimentales la tortura física y psicológica , los crímenes de lesa humanidad , la utilización de armas toxicas letales en espacios cerrados y disparos dirigidos al cuerpo de las victimas produciendo quemaduras e incluso muerte.
En nombre de la democracia, de dios y la defensa de la propiedad privada de la oligarquía y las multinacionales se agrede a los cuerpos humanos como si fueran desechos o cosas sin valor.
Los operarios de la violencia ya no necesitan ocultar sus rostros con las capuchas y aunque se protejan con las máscaras antigás, tarde o temprano sufrirán el impacto de los tóxicos.
La esencia de esta agresión contra el pueblo está en la ¡Verdad sin Mascaras! cuyo contenido es la ideología y práctica fascista de los fieles servidores de la oligarquía y el capital multinacional.
Solo la organización, resistencia, movilización y la unidad de todo nuestro pueblo articulada a la solidaridad internacional podremos construir una nueva sociedad donde Honduras vuelva ser nuestra y de “Nuestra América”.
Juan Almendrárez Bonilla
Ex Rector UNAH
31/3/11
Policía de la Kennedy se niega a reconocer Habeas Corpus.
En el país la ley no solamente no se respeta sino que no se conoce. Se desconoce que las acciones de protección de los derechos constitucionales, el habeas corpus fue establecido en Honduras como derecho a partir de la Constitución de 1865 (art. 77), la policía represora ignora también que ya en la Constitución de 1894 se garantizó que: Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea victima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esa Constitución establecía, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por
leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público (art. 29). La policía no sabe que el el habeas corpus y el amparo, se recogieron posteriormente en todas las Constituciones subsiguientes, habiendo estado reguladas en la Constitución de 1982 en los artículos 182 y 183. Olímpicamente niegan los habeas corpus que se están presentando actualmente ignorando lo que establece el artículo 182 de la Constitución que dicen defender.
El artículo 182 dice textualmente lo siguiente:
El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. E consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla:
Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y
Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.
La acción de Habeas Corpus se ejercerá sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libre de costas.
Los jueces o magistrados no podrá desechar la acción de Habeas Corpus y tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personales.
Los tribunales que dejaren de admitir estas acciones incurrirán en responsabilidad penal y administrativa.
Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal.
Es en este marco que se presenta la siguiente denuncia que presenta claramente la situación de vulnerabilidad en que viven los hondureños cada día de su existencia.
"El dia 30 de marzo tras la represión en la universidad nacional, me hice presente a la posta de la policia nacional en la colonia Kennedy de Tegucigalpa para interceder a favor de dos jóvenes detenidos.
Ahí se encontraban ya compañeras de COFADEH que sin descanso hacían tramites por los mismos jóvenes detenidos ilegalmente. Como una de las primeras medidas inmediatamente redacté y presente un recurso de Habeas Corpus a favor de los jóvenes para verificar su integridad física. La policia de la colonia Kennedy SE NEGO A RECONOCER EL HABEAS CORPUS. El oficial a cargo dijo que "solo reconoceria eso del comisionado de derechos humanos Ramon Custodio y por escrito y sellado". Al explicarle que TODO CIUDADANO O CIUDADANA puede presentar un recurso de Habeas Corpus, respondío que eramos ignorantes y que estudiaramos bien antes de ir a molestar a la policia.
Se requirieron horas de negociaciones para poder liberar a los detenidos, en gran medida gracias a la paciencia y diligencia de las compañeras de COFADEH".
Hasta aquí la denuncia. Ahora bien cualquier lector desprevenido podría decir que por lo menos aceptan que un organismo de DDHH pueda presentar la acción, pero cualquier hondureño sabe el rol que juega y ha jugado el sr. Custodio en la crisis que desde hace casi dos años vive el país. Ningún hondureño puede confiar en una institución que hoy día defiende a los autores de un golpe de Estado que nos tiene viviendo en un caos permanente. De ahí que la denuncia es grave porque demuestra la complacencia de los cuerpos represores, representados en este caso por la policía, para con el sr. Custodio en lugar de actuar como lo manda la Constitución de la República.
leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público (art. 29). La policía no sabe que el el habeas corpus y el amparo, se recogieron posteriormente en todas las Constituciones subsiguientes, habiendo estado reguladas en la Constitución de 1982 en los artículos 182 y 183. Olímpicamente niegan los habeas corpus que se están presentando actualmente ignorando lo que establece el artículo 182 de la Constitución que dicen defender.
El artículo 182 dice textualmente lo siguiente:
El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. E consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla:
Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y
Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.
La acción de Habeas Corpus se ejercerá sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libre de costas.
Los jueces o magistrados no podrá desechar la acción de Habeas Corpus y tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personales.
Los tribunales que dejaren de admitir estas acciones incurrirán en responsabilidad penal y administrativa.
Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal.
Es en este marco que se presenta la siguiente denuncia que presenta claramente la situación de vulnerabilidad en que viven los hondureños cada día de su existencia.
"El dia 30 de marzo tras la represión en la universidad nacional, me hice presente a la posta de la policia nacional en la colonia Kennedy de Tegucigalpa para interceder a favor de dos jóvenes detenidos.
Ahí se encontraban ya compañeras de COFADEH que sin descanso hacían tramites por los mismos jóvenes detenidos ilegalmente. Como una de las primeras medidas inmediatamente redacté y presente un recurso de Habeas Corpus a favor de los jóvenes para verificar su integridad física. La policia de la colonia Kennedy SE NEGO A RECONOCER EL HABEAS CORPUS. El oficial a cargo dijo que "solo reconoceria eso del comisionado de derechos humanos Ramon Custodio y por escrito y sellado". Al explicarle que TODO CIUDADANO O CIUDADANA puede presentar un recurso de Habeas Corpus, respondío que eramos ignorantes y que estudiaramos bien antes de ir a molestar a la policia.
Se requirieron horas de negociaciones para poder liberar a los detenidos, en gran medida gracias a la paciencia y diligencia de las compañeras de COFADEH".
Hasta aquí la denuncia. Ahora bien cualquier lector desprevenido podría decir que por lo menos aceptan que un organismo de DDHH pueda presentar la acción, pero cualquier hondureño sabe el rol que juega y ha jugado el sr. Custodio en la crisis que desde hace casi dos años vive el país. Ningún hondureño puede confiar en una institución que hoy día defiende a los autores de un golpe de Estado que nos tiene viviendo en un caos permanente. De ahí que la denuncia es grave porque demuestra la complacencia de los cuerpos represores, representados en este caso por la policía, para con el sr. Custodio en lugar de actuar como lo manda la Constitución de la República.
27/3/11
26/3/11
Inician las audiencias sobre continuos atentados a los derechos humanos en el país.
El panameño Ricardo Maduro era el presidente de Honduras y Óscar Alvarez su ministro cuando sucedieron los hechos. Ellos son los primeros responsables de lo que sucedió pero jamás pagarán por sus errores.
Comenzaron hoy en Washington las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Directamente desde la sede de la OEA, Derecho a Voz brinda el siguiente informativo que resume los puntos más importantes llevados a la atención de la CIDH por organizaciones y activistas de derechos humanos de la región.
• Intimidaciones y agresiones contra defensores de derechos humanos en Honduras:. Las consecuencias del golpe de Estado en Honduras continúan siendo tema de interés para la CIDH. En presencia de representantes del gobierno de Porfirio Lobo, organizaciones hondureñas denunciaron las constantes intimidaciones y agresiones que aún reciben por parte de funcionarios del gobierno. Advirtieron además que el gobierno sigue sin otorgar las medidas de protección para defensores de derechos humanos ordenadas por la CIDH. Al tomar la palabra, los representantes del Estado negaron todas las acusaciones. Ante una consulta del comisionado Felipe González sobre la cantidad de policías procesados por violaciones a los derechos humanos, uno de ellos se encontró en problemas al no poder ofrecer una respuesta clara y se comprometió ante la CIDH de enviar por escrito los datos solicitados.
• Represión policial en las calles de Honduras: Un grupo de abogados hondureños de la zona norte del país acusó a la policía y al ejército hondureño de utilizar de manera desmedida la fuerza y de reprimir violentamente manifestaciones pacíficas. Los denunciantes informaron a la CIDH que las autoridades no investigan y que la falta de justicia y la impunidad “no hacen más que aumentar la represión.” En su descarga el Estado argumentó que la policía sólo “sale a la calle para prevenir la violencia e intentar dialogar con la gente.” De los cinco miembros del gobierno presentes, algunos se mostraron más abiertos a escuchar mientras que otros acusaron a las organizaciones de estar mintiendo e inclusive negaron que lo ocurrido en junio de 2009 fue un golpe de Estado
Fuente:http://www.derechoavoz.org/2011/03/informe-sobre-primer-dia-de-audiencias-publicas-en-la-cidh/
Comenzaron hoy en Washington las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Directamente desde la sede de la OEA, Derecho a Voz brinda el siguiente informativo que resume los puntos más importantes llevados a la atención de la CIDH por organizaciones y activistas de derechos humanos de la región.
• Intimidaciones y agresiones contra defensores de derechos humanos en Honduras:. Las consecuencias del golpe de Estado en Honduras continúan siendo tema de interés para la CIDH. En presencia de representantes del gobierno de Porfirio Lobo, organizaciones hondureñas denunciaron las constantes intimidaciones y agresiones que aún reciben por parte de funcionarios del gobierno. Advirtieron además que el gobierno sigue sin otorgar las medidas de protección para defensores de derechos humanos ordenadas por la CIDH. Al tomar la palabra, los representantes del Estado negaron todas las acusaciones. Ante una consulta del comisionado Felipe González sobre la cantidad de policías procesados por violaciones a los derechos humanos, uno de ellos se encontró en problemas al no poder ofrecer una respuesta clara y se comprometió ante la CIDH de enviar por escrito los datos solicitados.
• Represión policial en las calles de Honduras: Un grupo de abogados hondureños de la zona norte del país acusó a la policía y al ejército hondureño de utilizar de manera desmedida la fuerza y de reprimir violentamente manifestaciones pacíficas. Los denunciantes informaron a la CIDH que las autoridades no investigan y que la falta de justicia y la impunidad “no hacen más que aumentar la represión.” En su descarga el Estado argumentó que la policía sólo “sale a la calle para prevenir la violencia e intentar dialogar con la gente.” De los cinco miembros del gobierno presentes, algunos se mostraron más abiertos a escuchar mientras que otros acusaron a las organizaciones de estar mintiendo e inclusive negaron que lo ocurrido en junio de 2009 fue un golpe de Estado
Fuente:http://www.derechoavoz.org/2011/03/informe-sobre-primer-dia-de-audiencias-publicas-en-la-cidh/
CIDH presenta caso de Honduras ante la CORTE IDH
CIDH PRESENTA CASOS SOBRE COLOMBIA, EL SALVADOR Y HONDURAS ANTE LA CORTE IDH
Washington, DC, 25 de marzo de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 12.658, Luís Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y familia, respecto de Colombia, el Caso 10.720, Masacres de El Mozote y lugares aledaños, respecto de El Salvador, y el Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), respecto de Honduras.
El Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras, se relaciona con la muerte de 107 personas privadas de libertad en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004. Estas muertes fueron consecuencia directa de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario que eran de conocimiento de las autoridades competentes. Las víctimas fueron personas acusadas de pertenecer a “maras”, a quienes se mantenía aislados del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre. El Estado no ha emprendido la investigación de los hechos denunciados y la sanción de los responsables como un deber jurídico propio y de forma diligente. El caso se enmarca en el contexto general de las políticas de seguridad pública y las políticas penitenciarias dirigidas a combatir a las “maras”. El caso se envió a la Corte IDH el 11 de marzo de 2011 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Enlaces útiles:
Informe de Admisibilidad, Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras
Demandas y casos enviados a la CorteIDH
Sitio web de la CIDH
Washington, DC, 25 de marzo de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 12.658, Luís Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y familia, respecto de Colombia, el Caso 10.720, Masacres de El Mozote y lugares aledaños, respecto de El Salvador, y el Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), respecto de Honduras.
El Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras, se relaciona con la muerte de 107 personas privadas de libertad en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004. Estas muertes fueron consecuencia directa de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario que eran de conocimiento de las autoridades competentes. Las víctimas fueron personas acusadas de pertenecer a “maras”, a quienes se mantenía aislados del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre. El Estado no ha emprendido la investigación de los hechos denunciados y la sanción de los responsables como un deber jurídico propio y de forma diligente. El caso se enmarca en el contexto general de las políticas de seguridad pública y las políticas penitenciarias dirigidas a combatir a las “maras”. El caso se envió a la Corte IDH el 11 de marzo de 2011 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Enlaces útiles:
Informe de Admisibilidad, Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras
Demandas y casos enviados a la CorteIDH
Sitio web de la CIDH
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