Paramilitares en el Aguan lo dice el Tiempo de Colombia

Fuente El tiempo.com

Colombia

Enlistan ex Auc para ir a Honduras

La oferta se regó como pólvora hace tres semanas en el Magdalena Medio. Dos de los ex lugartenientes del ex jefe ‘para’ Walter Ochoa Guisao, alias ‘el Gurre’, se encargaron de hacerles la propuesta a ex combatientes del grupo del ex ‘para’ Ramón Isaza.

Para explicar en qué consistía, cerca de 40 muchachos fueron citados en unos talleres que quedan en el predio ‘El Japón’, una hacienda de más de mil hectáreas que perteneció al narco Jairo Correa Alzate y que hoy, en teoría, está en manos del Estado, a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y de adjudicaciones que hizo el Incoder (Ver: ‘¿Quién controla…”).

Les dijeron que empresarios de Honduras estaban interesados en ‘importar’ a ex miembros de las Auc como mercenarios. “Dicen que necesitan combatientes rasos. Ese día, llegaron también hombres de Eduardo Cifuentes, ‘el Águila’, que quieren salir del país porque la DEA les abrió investigación por narcotráfico”, dijo uno de los asistentes.

Y agregó que la oferta fue un salario de 14 mil lempiras (un millón y medio de pesos), comida y vivienda.

Según les explicaron, empresarios de la palma y la caña quieren proteger sus predios rurales y urbanos de la violencia que ha generado el golpe y del ataque urbano de las ‘maras’ (pandillas), que se salieron de madre: “Uno de los líderes del reclutamiento, con oficina en Bogotá, ya viajó a Centroamérica con un grupo, y ahora anda negociando armas”, dice el testigo.

Y otro grupo que aceptó quedó concentrado en un campamento, en uno de los predios de ‘El Japón’, mientras se decide si lo envían vía Panamá o por barco, por La Guajira, y evadiendo controles.
¿Qué dice Colombia? Esta no es la primera vez que terrenos de ‘El Japón’ sirven de centro de concetración ‘para’. El propio Ramón Isaza le dijo a la Fiscalía hace un mes que allí estuvo por años uno de sus grandes campamentos (ver recuadro).

Frank Pearl, alto consejero para la Reintegración, manifiesta que no puede negar ni afirmar que el reclutamiento esté ocurriendo, por ser un asunto de Policía.

Y el coronel Ricardo Restrepo Londoño, uno de los oficiales expertos en el tema de las nuevas bandas criminales (Bacrim), asegura que la única anomalía confirmada en la zona es la marcada presencia de la banda ‘los Rastrojos’ –ejército privado de narcos del Valle–, que está reclutando a ex miembros de las Auc de Isaza y de ‘El Águila’.

“No descartamos que ellos sean los que puedan estar involucrados en el tema de Honduras. Vamos a investigar”, dijo Restrepo.

Por su parte, Diana Ochoa, alcaldesa de La Dorada –y quien llegó al cargo luego de que dos de sus antecesores fueron judicializados por nexos con las Auc–, dice que no ha recibido información de la Policía sobre el tema y que de ‘El Japón’ poco sabe: “Sólo que una parte se la dieron a una asociación de campesinos”.

El DAS revisa movimientos migratorios a Honduras sin que, por ahora, se encuentren salidas atípicas por el aeropuerto El Dorado. Entre enero y agosto se registran 3.178 salidas de colombianos a ese destino, pero hay conexiones con otros países centroamericanos aún no chequeadas.

Honduras, dividida El embajador de Honduras en Colombia, Hernán Bermúdez, le dijo a este diario que desconoce el tema, pero advirtió que las Fuerzas Militares de su país tienen el pleno control del territorio (Ver: “No tenemos información...”).

No obstante, dos sectores en Honduras (uno civil y otro político) denuncian presencia de ‘paras’ extranjeros desde la primera semana de agosto.

Uno de ellos es el Frente de Resistencia Popular, formado por movimientos que se unieron contra el golpe a Manuel Zelaya (el 28 de junio pasado); y el otro es el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras.

La presidenta de éste último, Bertha Olivo, le dijo a EL TIEMPO que tiene información confiable sobre la formación de un grupo de 120 ‘paras’, financiados por empresarios que apoyan el golpe.
Igual información maneja la resistencia hondureña, que habla de presencia ‘para’ en San Pedro Sula y en el departamento de Santa Bárbara.

Y añade: “Sabemos de combatientes de Cuba y Salvador, y no nos extraña la oferta a colombianos”. También afirma que tres asesinatos de miembros de la resistencia, en agosto, habrían sido cometidos por sicarios de paramilitares.

  Expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el empleo de mercenarios, encontraron evidencias sobre la formación de un grupo de 120 paramilitares procedentes de diversos países de la región que habrían llegado para apoyar el golpe.

Por otro lado, fuentes periodísticas que citan a militares hondureños señalan que el tema podría ser para prestar protección a las numerosas pistas clandestinas usadas para el tráfico de drogas que hay en el norte del país. Este año, entre enero y agosto, se han inutilizado 16 pistas. Honduras es uno de los principales puntos de tránsito de la droga que va con rumbo a E.U. u.investigativa@eltiempo.com.co.
- ‘No tenemos información’: Embajador de Honduras El embajador de Honduras en Colombia, Hernán Bermúdez, dijo que no tiene conocimiento del reclutamiento de ex ‘paras’ en el Magdalena Medio para ser llevados a su país. “Las fuerzas militares de Honduras tienen control sobre el territorio y, luego de consultar a organismos de inteligencia, no conocemos de un plan de reclutamiento en Colombia”, dijo Bermúdez, en conversación telefónica. Sobre las denuncias de la oposición hondureña, que dan cuenta de la presencia de paramilitares, dijo: “Pueden decir eso, pero de ahí a que sea cierto, es otra cosa. No tenemos información de que esté ocurriendo, es algo insólito y descabellado”.
- ¿QUIÉN CONTROLA FINCA ‘EL JAPÓN’? La hacienda ‘El Japón’ tiene más de mil hectáreas y cerca de 300 se salieron de las manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), desde mayo del 2004 cuando el depositario, Gustavo Isaza, las arrendó por seis años y 3 millones 200 mil pesos a terceros, que se negaron a reversar el contrato para que el Incoder las parcelara: “Tuvi- mos dificultades, incluso para entrar al predio”, dijo un funcionario del Incoder. Otra parte de la finca, unas 677 hectáreas conocidas como ‘La Tenaza’, ‘Consacá’ y ‘Jolones’, le fue entregada por el Incoder a asociaciones campesinas. Hace un mes, Ramón Isaza reconoció que su grupo estaba detrás del crimen del líder Jhon Jairo Gómez, quien intentó que la DNE entregara la finca a campesinos. Y dijo que en ‘El Japón’ siempre hubo una base del Frente Ómar Isaza y que, pese al proceso de extinción, César Alzate (pariente del señalado narco Jairo Correa y ex alcalde de La Dorada) administraba el predio. Por ahora, la DNE informó que espera a que venza el contrato para recuperar la hacienda. Y el Incoder asegura que sus proyectos son exitosos.

Publicación

eltiempo.com

Sección

Nación

Fecha de publicación

13 de septiembre de 2009

Autor

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Alto a las ejecuciones de campesinos y lideres populares en el Bajo Aguán

A la comunidad nacional, al gobierno de la República y a la comunidad internacional

 Sobre las ejecuciones de campesinos y líderes populares en el Bajo Aguan y el acelerado deterioro dela situación de los derechos humanos en el país.

 Este es el momento en que callar es uncrimen.   Froylan Turcios
 Quien mira cometer un crimen y lo calla,lo comete. José Martí
 Guardar silencio es compartir el crimen.     José Adán Castelar

 Los regímenes surgidos después del golpe de Estado de junio de 2009, ungidos por el gobierno norteamericano, por la camarilla empresarial que ha saqueado el país y por las iglesias fundamentalistas, han reeditado la represión que, en la década del ochenta, sumió a Honduras en el dolor.
 Si ayer un militarismo fanático, fascista y brutal entrenó y formó grupos de asesinos para que secuestraran, mataran y desaparecieran selectiva y clandestinamente a dirigentes populares y políticos, hoy, ese militarismo que por muchos años se mantuvo larvado, reeditado quizás ahora con mejor equipo y mayores entusiasmos antipopulares, ha vuelto a la luz para emprender tareas de exterminio en el lugar que les señalen.

En el campo y la ciudad, en las manifestaciones de ciudadanos indignados por la crisis y el golpe, en los desfiles de estudiantes y maestros, allí donde haya una protesta de gente libre, se hace presente el aparato de muerte con las tanquetas, los fusiles, las bombas, las pistolas bajo el falaz argumento de que-sometidos al imperio del orden dominante y el silencio fraguados por las armas- florecen el progreso, la democracia y la convivencia.

Justo cuando se suponía que tenía que mejorar esa situación, a raíz del Acuerdo de Cartagena y cuando los presidentes de Honduras y Colombia declaran que se está cumpliendo con el compromiso de respeto a los derechos humanos, los hechos sangrientos de los últimos días revelan una involución, especialmente porque se ha criminalizado al movimiento campesino señalando la existencia de vínculos con fuerzas guerrilleras entrenadas y financiadas por gobiernos extranjerosy con narcotraficantes cuyos socios son otros.

Si la situación es grave en todo el país, en el agro y especialmente en la región del Bajo Aguán, es insostenible. El cómputo de los muertos ya sobrepasa al medio centenar.

El envío de contingentes militares regulares pretende desviar o desdibujar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la presencia de escuadrones de asesinos y en la protección a elementos represivos de índole particular que campean en la región y los cuales se conocen por su vocación provocadora y homicida. Asimismo, la forma cómo se está manejando el problema permite deducir que lo que se busca es agotar la capacidad de lucha de los campesinos para imponer una solución mediatizada que privilegie los intereses de grandes empresarios del agro en la zona.

Pero la ceguera del gobierno, sus compromisos con la gran empresa y su desconocimiento de las leyes sociales les impide ver que, en la lucha campesina, no habrá agotamiento y que, de no encontrarse pronto una solución justa y democrática a la problemática agraria, la región del Aguán puede convertirse en la puerta de entrada para acciones de mayor envergadura en donde estaría comprometido todo el futuro del país.

Se ha llegado a  una etapa clave en la escalada violenta; un momento dramático y sangriento que nos obliga, a los firmantes académicos e intelectuales, artistas y creadores de las más diversas filiaciones, a denunciar el comportamiento vil de las fuerzas que pretenden resolver los conflictos estructurales latentes de nuestra sociedad por la vía del crimen político, del asesinato a sangre fría y la intimidación de las organizaciones.

Nos escandaliza, también, que, pese a la evidencia, la generalidad del sistema mediático, identificado con el golpe de estado y que repite las líneas de la propaganda oficialista, desestima los síntomas de degradación social y política y continúa fingiendo que aquí no pasa nada. Así, los feminicidios se imputan, como dice la policía, al perfil de las víctimas; se afirma que los crímenes contra los líderes populares son producto de la delincuencia común; se vinculan al narcotráfico o son el resultado de riñas intestinas. Se ha llegado,incluso, al extremo de minusvalorar o tergiversar el asesinato de un estudiante adolescente que participaba en una manifestación pacífica en el portón de su escuela.

Los crímenes permanecen en perfecta impunidad y se reproducen cada vez con mayor saña y crueldad, en el marco de una estrategia para infundir el miedo, castrar el ánimo batallador de nuestro pueblo y matar su esperanza.

Entendemos la importancia de la agroindustria y de la seguridad jurídica, que solo puede establecerse sobre una ley consensuada. No pretendemos dictar líneas de política, sino llamar la atención sobre el salvajismo con el cual sepretende sofocar las justas demandas sociales. La violencia incontrolable supone un Estado incapaz de mantener el orden y garantizar la convivencia, atributos sine qua non de la soberanía y la legitimidad.

Por lo anterior, los abajo firmantes, urgimos a la comunidad internacionaly nacional a pronunciarse contra el desangramiento permanente que ocurre en el Bajo Aguán. Cada vida segada en aras de satisfacer los intereses de la oligarquía nacional y de sus vínculos transnacionales económicos y políticos,es un crimen más de lesa humanidad que aleja la posibilidad de reconstruir la convivencia.

Rodolfo Pastor Fasquelle, historiador;
Darío A. Euraque, historiador;
Teresa de Maria Campos; antropóloga y artista;
Helen Umaña, escritora;
Isadora Paz, socióloga y artista de la danza;
AníbalDelgado Fiallos, sociólogo;
 Mario Gallardo, escritor;
 MarioArdón Mejía, antropólogo;
 Adrienne Pine, antropóloga;
Armando García, escritor y fotógrafo;
 GeraldinaTercero, antropóloga;
 Manuel de Jesús Pineda, escritor;
Roxana Pastor Fasquelle, educadora;
Guillermo Mejía, periodista;
EduardoBähr, escritor;
Débora Ramos,escritora;
J Antonio Fúnez,escritor y diplomático;
 DanaFrank, historiadora;
Julio Escoto, escritor,
Patricia Murillo,periodista;
Gustavo Larach, historiador;
Maríade los Ángeles Mendoza, historiadora;
A. Flores publicista;
Allan Fajardo, sociólogo y empresario;
Anarella Vélez, historiadora;
Héctor MartínezMortiño; economista;
Emilio Guerrero, escritor y empresario;
 Héctor Castillo, artista;
Jorge Martinez, escritor,
Sergio Raúl Rodríguez, músico,
 Víctor Manuel Ramos, médico y escritor,
Mayra J. Mejía delCid, abogada;
Héctor Valerio, médico y empresario;
Marcio Valenzuela, ingeniero y empresario;
Gustavo Zelaya, filósofo e historiador,
Rosa María Messen Ghidinelli, socióloga,
Jorge A. Amaya Banegas, historiador,
 Daniel Reichman, antropólogo,
Oscar A. Puerto Posas, economista,
 Russel Sheptak, historiador e ingeniero en computo,
 Rosemary Joyce, antropóloga,
Mauricio de Maria Campos,economista, y diplomático,
 Iris Mencía, poeta y periodista,
Joaquín Portillo historiador,
Isbela Orellana, socióloga,
Omar Pinto, artista,
Edgar Soriano,historiador,
Tito Estrada, dramaturgo,
 Natalie Roque, historiadora,
Cesar Lazo, periodista y escritor,
FabricioEstrada, poeta,
 Ricardo Salgado, politólogo,
Soledad Altamirano, poeta,
RodolfoPastor Campos, politólogo y diplomático,
Lety Elvir, escritora

1 de Septiembre 2011

Declaraciones de Zenaida Velasquez respecto al asesinato de su hermana a la que le fue lanzada una bomba lacrimógena.

Zenaida Velasquez y familia denuncian al Estado hondureño por asesinatoo de su hermana.

Zenaida Velasquez y familia presentaron denuncia  por Homicidio, Abuso de Autoridad, Falta a los Deberes de los Funcionarios , Negligencia Inexcusable y Terrorismo de Estado,  ante la Fiscalía delos Derechos Humanos del Ministerio Público el miércoles 6 de Abril de 2011. Los denunciados son  Porfirio Lobo Sosa, presidente del país,  Marlon Pascua, Ministro de Defensa y Oscar Álvarez, Ministro de Seguridad.


Acompañaron a la familia Velasquez el COFADEH, representado por Berta Oliva y Kenia Oliva y el presidente del COPEMH Jaime Rodriguez.

Si bien el gobierno hondureño no quiere asumir ninguna responsabilidad, la investigación realizada señala que la maestra Ilse Velasquez murió por el uso de fuerza desmedida en la represión contra una manifestación pacífica de los maestros el día 18 de Marzo. La manifestación se realizaba cerca del Instituto de Previsión del Magisterio.

Zenaida afirma que hubo responsabilidad pública al ordenar irresponsablemente la represión contra los manifestantes. Además se señala que hubo violación a los protocolos que regulan el ejercicio de la autoridad policial competente en sus acciones represoras contra la población civil. Este punto fue ampliamente señalado en la audiencia realizada recientemente, cuando se le preguntó a las autoridades hondureñas si existía un protocolo y cuál era su contenido. Las respuestas de los representantes hondureños fueron ambiguas, al grado que se determinó pedir mayor información sobre el tema. Para más información escuchar este enlace: Uso desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional y el Ejército de Honduras http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=122 del   141 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Y es que la barbarie policíaca se refleja cada día cuando en los operativos jamás se valora el peligro que representa para toda la población la lluvia de gases y golpes que acompañan todos y cada uno de los actos de la fuerza pública porque no toman en cuenta las recomendaciones que señalan las convenciones internacionales que retoma la misma Constitución de la República.

La denuncia se presentará también al Alto Comisionado de Derechos Humanos a quien le solicitarán acompañe la demanda de justicia, así como al G-16.  Los familiares expresaron que sus acciones pretenden el cese definitivo de la represión y de las muertes violentas en contra de quienes piensan diferente a la oligarquía y sus instrumentos de terror, asi mismo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de cada uno de los asesinatos políticos ocurridos después del golpe de Estado.

La pretensión es que el régimen ofrezca un informe oficial, completo y veraz, en repuesta a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Según los familiares se debe realizar un juicio contra los responsables de llevar a cabo la represión y el correspondiente castigo legal a los victimarios, entre otras demandas.

En el comunicado de la familia de la víctima  Zenaida Velásquez, expresa que “sabemos que enfrentaremos campañas desinformativas agresivas y constantes amenazas contra los sobrevivientes de la familia Velásquez. No importa, nos asiste la razón y el derecho.
La abogada Kenia Oliva dio lectura a la denuncia que se está presentando ante la Fiscalía de Derechos Humanos, donde le transcriben las aseveraciones del Ministro de Defensa, Marlon Pascua, “el Presidente Porfirio Lobo ha dado las instrucciones de impedir toda toma pública, y en este caso vamos a actuar de forma precisa y vamos a tomar las acciones necesarias para evitar cualquier toma de vía de comunicación", "si vemos que hay alguna situación de peligro las Fuerzas Armadas van a tener que utilizar la fuerza, siempre con las instrucciones necesarias para impedir que esto continúe.

En los hechos la denuncia señala que los participantes se reunieron desde las 8:00 a.m. frente a las Instalaciones físicas del Instituto de Previsión del Magisterio. A las 10:44 a.m., los manifestantes escucharon el fuerte sonido de una sirena, la experiencia de estos sonidos le indicaba a los manifestantes que la represión era inminente, y que iba a dar comienzo.

Los cuerpos represivos estaban compuestos por policías preventivos, escuadrón cobras y elementos del ejército. Las bombas lacrimógenas eran lanzadas contra los manifestantes que corrieron en varias direcciones tratando de protegerse del agua lanzada por las tanquetas policiales y de los gases que emanaban de las bombas lacrimógenas, los que provocan asfixia e inhabilitación física temporal a quienes los inhalan.Es en ese momento que todos los manifestantes levantan sus brazos en una demostración de que no estaban armados y de que la manifestación era pacífica. Sin embargo las tanquetas provistas de pistones de alta presión comenzaron a arrojar agua con químicos y gases lacrimógenos sobre los manifestantes.

El relato destaca que Ilse junto a varios miembros de su familia estaban consumiendo alimentos en una esquina cerca al INPREMA, pero inesperadamente los cuerpos represivos comenzaron a lanzar decenas de bombas lacrimógenas desde diferentes ángulos, creando un ambiente de confusión por la cantidad de humo generado y la concenración impedía la visibilidad, y provocaba asfixia y confusión en las personas, obstaculizando la evacuación forzada, por lo que la familia Velásquez corrió en diferentes direcciones.

Las personas que la auxiliaron, la subieron a la paila de un carro, en el que condujeron a la víctima al Hospital Escuela. El vehículo fue perseguido con alevosía y ventaja por una de las tanquetas policiales, que les arrojaba agua con químicos, en forma continua.
Responsables actuaron con alevosía total

“los Señores ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y PORFIRIO LOBO SOSA, actuaron con total Alevosía, pues al emplear a los agentes de seguridad para que cumplieran sus ordenes deliberadamente, y al armarlos con bombas lacrimógenas, tanquetas, fusiles de bala viva, cascos, escudos y todo el armamento como si fueran a enfrentar una guerra armada, les ocasionó a los manifestantes debilitamiento para su defensa a tal grado que después de levantar sus brazos en señal de PAZ, se dieron cuenta que a los policías, esto no les importaba y que la orden era exterminarlos”, destaca la denuncia.

En ese sentido la conducta de ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y LOBO SOSA, forzaron e indujeron a ejecutar unas acciones que son constitutivas de Delito, pues nuestro ordenamiento jurídico las tipifica como HOMICIDIO, USO EXCESIVO DE LA FUERZA, ABUSO DE AUTORIDAD, FALTA A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, NEGLIGENCIA INEXCUSABLE Y TERRORISMO DE ESTADO.

En la petición de la denuncia que está firmada por Bertha Oliva, como Coordinadora del COFADEH demanda investigar rápida y exhaustivamente los hechos expuestos a fin que se pueda determinar la responsabilidad de los señores OSCAR ALVAREZ GUERRERO, MARLON PASCUA Y PORFIRIO LOBO SOSA, y si de las investigaciones resulta que existen otros responsables de la muerte de la Profesora ILSE IVANIA VELASQUEZ RODRIGUEZ, como los autores materiales, presentar requerimiento fiscal contra quienes resulten responsables ante Juez competente.

Piden médico forense que no sea del Ministerio Público
Solicitar al Juez competente que nombre o juramente Peritos Expertos, imparciales para determinar las pericias necesarias en el artefacto recogido por testigos presenciales, así como Médicos Forenses externos al Ministerio Publico para que practiquen las diligencias que sean necesarias, a fin de determinar la causa de la muerte de la profesora ILSE IVANIA VELASQUEZ RODRIGUEZ, que estos peritos o médicos forenses pueden ser propuestos por los peticionarios, se solicita en la denuncia.

Además que se solicite rastrear ADN practicando pruebas al Artefacto que según testigos presenciales fue el que impacto inicialmente en la cabeza de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, lo que le hizo perder el conocimiento y caer en forma violenta sobre el pavimento, dicha solicitud se hará a laboratorios especializados en derechos humanos reconocidos internacionalmente y que serán propuestos por los peticionarios. Artefacto que es entregado a la fiscalía de Derechos al momento de presentación de esta denuncia.

Mujeres defendiendo el derecho a manifestar

Guerra sin máscaras

A partir del golpe de Estado militar Honduras ha sido convertida en un laboratorio experimental de Guerra Programada y de terror mediático donde concurren fuerzas de ocupación militar del pentágono, fuerzas militares y policiales colombianas, sicarios , guardias de seguridad privada e intelectuales nacionales e internacionales tarifados por la ultraderecha norteamericana , europea y latinoamericana.


El plan es abortar cualquier proceso de democratización, liberación y transforma de nuestro país en una plataforma ideológica política y militar de agresión contra los pueblos del Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y todos los países afines al ALBA.

A raíz de la convocatoria al Paro Cívico el 30 de marzo del 2011por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organizaciones campesinas, obreras, mujeres, feministas, comunidad de la diversidad sexual ; artistas , estudiantes de secundaria , universitarios, maestros, maestras y diferentes movimientos en resistencia se manifestaron en solidaridad con el magisterio nacional y protestaron contra las multinacionales que han apoyado a las fuerzas golpistas.

Las protestas se realizaron en puntos vitales del territorio nacional mediante: toma de puentes y carreteras, marchas plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Universidad Pedagógica Francisco Morazán.

Se estima más de un centenar de personas fueron afectadas tanto por los gases, persecución, tortura, detención e impacto por armas de fuego.

El asalto de las tropas militares y policiales del Alma Mater y la Universidad Pedagógica con la consecuente salvaje represión estudiantil fueron hechos que se volvieron a realizar con el silencio de las autoridades universitarias.
Las zonas más importantes del Paro Cívico fueron: Dulce Nombre de Copan, Chiquila, Santa Bárbara en el occidente; Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en Cortés y El Progreso, Yoro. Al norte: San Pedro Sula y Ceiba, en el centro Tegucigalpa, en la zona Sur: Choluteca y el Aguan cerca de la costa atlántica.
En los Planes, zona del Aguan del departamento de Colón se concentraron aproximadamente mil personas con la presencia de aproximadamente 400 campesinos(as) miembros de la margen izquierda MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguan), representantes del MCA(Movimiento Campesino del Aguan), maestros y maestras.

Los campesinos defendieron el derecho a la tierra y a la educación pública
Durante tres horas la protesta pacífica fue objeto de lanzamiento de disparos dirigidos al cuerpo de más de trecientas bombas lacrimógenas y luego a múltiples disparos de bala vida de fusiles galiles y pistolas nueve milímetros .Según el relato de una de las victimas era una lluvia de balas que silbaban en los oídos.

Los resultados preliminares fueron seis heridos del MUCA: Neftalí Espinal, Franklin Hernández, Víctor Manuel Euceda, Paulino Chávez y Antonio Vásquez.
Un campesino del MCA fue golpeado en forma severa y dos maestros: Elías Nieto y Waldina Meléndez fueron heridos.
Algunas de las víctimas fueron hospitalizadas y sin respetar su condición traumática los militares y policías no respetaron las normas hospitalarias; al continuar violando sus derechos
Según el relato campesino murió un guardia de Seguridad que andaba con una escopeta y que fue confundido por las fuerzas represivas y recibió un disparo. Tres policías fueron objeto de trauma durante la confrontación.
Mientras esta barbarie ocurría; un contingente militar, policial con guardias privados y sicarios de los terratenientes desalojaba un grupo de campesinos de “La Aurora” quienes ante la desproporcionada fuerza represiva y terror no confrontaron y defenderán las tierras que según ellos legítimamente les pertenecen.

El discurso de los cuerpos represivos y la guerra mediática es justificar la impunidad de las agresiones y tortura aduciendo en forma falsa y perversa la presencia de extranjeros (Cuba, Venezuela y Nicaragua)

Esta guerra programada articulada a una campaña mediática tienen fines experimentales la tortura física y psicológica , los crímenes de lesa humanidad , la utilización de armas toxicas letales en espacios cerrados y disparos dirigidos al cuerpo de las victimas produciendo quemaduras e incluso muerte.

En nombre de la democracia, de dios y la defensa de la propiedad privada de la oligarquía y las multinacionales se agrede a los cuerpos humanos como si fueran desechos o cosas sin valor.
Los operarios de la violencia ya no necesitan ocultar sus rostros con las capuchas y aunque se protejan con las máscaras antigás, tarde o temprano sufrirán el impacto de los tóxicos.

La esencia de esta agresión contra el pueblo está en la ¡Verdad sin Mascaras! cuyo contenido es la ideología y práctica fascista de los fieles servidores de la oligarquía y el capital multinacional.

Solo la organización, resistencia, movilización y la unidad de todo nuestro pueblo articulada a la solidaridad internacional podremos construir una nueva sociedad donde Honduras vuelva ser nuestra y de “Nuestra América”.

Juan Almendrárez Bonilla
Ex Rector UNAH

Policía de la Kennedy se niega a reconocer Habeas Corpus.

En el país la ley no solamente no se respeta sino que no se conoce. Se desconoce que las acciones de protección de los derechos constitucionales, el habeas corpus fue establecido en Honduras como derecho a partir de la Constitución de 1865 (art. 77), la policía represora ignora también que ya en la Constitución de 1894 se garantizó que: Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea victima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esa Constitución establecía, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por
leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público (art. 29). La policía no sabe que el  el habeas corpus y el amparo, se recogieron posteriormente en todas las Constituciones subsiguientes, habiendo estado reguladas en la Constitución de 1982 en los artículos 182 y 183. Olímpicamente niegan los habeas corpus que se están presentando actualmente ignorando lo que establece el artículo 182 de la Constitución que dicen defender.
El artículo 182 dice textualmente lo siguiente:


El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. E consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla:

Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y
Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.
La acción de Habeas Corpus se ejercerá sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libre de costas.

Los jueces o magistrados no podrá desechar la acción de Habeas Corpus y tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personales.
Los tribunales que dejaren de admitir estas acciones incurrirán en responsabilidad penal y administrativa.
Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal.

Es en este marco que se presenta la siguiente denuncia que presenta claramente la situación de vulnerabilidad en que viven los hondureños cada día de su existencia.
"El dia 30 de marzo tras la represión en la universidad nacional, me hice presente a la posta de la policia nacional en la colonia Kennedy de Tegucigalpa para interceder a favor de dos jóvenes detenidos.

Ahí se encontraban ya compañeras de COFADEH que sin descanso hacían tramites por los mismos jóvenes detenidos ilegalmente. Como una de las primeras medidas inmediatamente redacté y presente un recurso de Habeas Corpus a favor de los jóvenes para verificar su integridad física. La policia de la colonia Kennedy SE NEGO A RECONOCER EL HABEAS CORPUS. El oficial a cargo dijo que "solo reconoceria eso del comisionado de derechos humanos Ramon Custodio y por escrito y sellado". Al explicarle que TODO CIUDADANO O CIUDADANA puede presentar un recurso de Habeas Corpus, respondío que eramos ignorantes y que estudiaramos bien antes de ir a molestar a la policia.
Se requirieron horas de negociaciones para poder liberar a los detenidos, en gran medida gracias a la paciencia y diligencia de las compañeras de COFADEH".

Hasta aquí la denuncia. Ahora bien cualquier lector desprevenido podría decir que por lo menos aceptan que un organismo de DDHH pueda presentar la acción, pero cualquier hondureño sabe el rol que juega y ha jugado el sr. Custodio en la crisis que desde hace casi dos años vive el país. Ningún hondureño  puede confiar en una institución que hoy día defiende a los autores de un golpe de Estado que nos tiene viviendo en un caos permanente. De ahí que la denuncia es grave porque demuestra la complacencia de los cuerpos represores, representados en este caso por la policía, para con el sr. Custodio en lugar de actuar como lo manda la Constitución de la República.

Inician las audiencias sobre continuos atentados a los derechos humanos en el país.

El panameño Ricardo Maduro era el presidente de Honduras y Óscar Alvarez su ministro cuando sucedieron los hechos. Ellos son los primeros responsables de lo que sucedió pero jamás pagarán por sus errores.


Comenzaron hoy en Washington las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Directamente desde la sede de la OEA, Derecho a Voz brinda el siguiente informativo que resume los puntos más importantes llevados a la atención de la CIDH por organizaciones y activistas de derechos humanos de la región.


• Intimidaciones y agresiones contra defensores de derechos humanos en Honduras:. Las consecuencias del golpe de Estado en Honduras continúan siendo tema de interés para la CIDH. En presencia de representantes del gobierno de Porfirio Lobo, organizaciones hondureñas denunciaron las constantes intimidaciones y agresiones que aún reciben por parte de funcionarios del gobierno. Advirtieron además que el gobierno sigue sin otorgar las medidas de protección para defensores de derechos humanos ordenadas por la CIDH. Al tomar la palabra, los representantes del Estado negaron todas las acusaciones. Ante una consulta del comisionado Felipe González sobre la cantidad de policías procesados por violaciones a los derechos humanos, uno de ellos se encontró en problemas al no poder ofrecer una respuesta clara y se comprometió ante la CIDH de enviar por escrito los datos solicitados.
• Represión policial en las calles de Honduras: Un grupo de abogados hondureños de la zona norte del país acusó a la policía y al ejército hondureño de utilizar de manera desmedida la fuerza y de reprimir violentamente manifestaciones pacíficas. Los denunciantes informaron a la CIDH que las autoridades no investigan y que la falta de justicia y la impunidad “no hacen más que aumentar la represión.” En su descarga el Estado argumentó que la policía sólo “sale a la calle para prevenir la violencia e intentar dialogar con la gente.” De los cinco miembros del gobierno presentes, algunos se mostraron más abiertos a escuchar mientras que otros acusaron a las organizaciones de estar mintiendo e inclusive negaron que lo ocurrido en junio de 2009 fue un golpe de Estado

Fuente:http://www.derechoavoz.org/2011/03/informe-sobre-primer-dia-de-audiencias-publicas-en-la-cidh/

CIDH presenta caso de Honduras ante la CORTE IDH

CIDH PRESENTA CASOS SOBRE COLOMBIA, EL SALVADOR Y HONDURAS ANTE LA CORTE IDH


Washington, DC, 25 de marzo de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 12.658, Luís Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y familia, respecto de Colombia, el Caso 10.720, Masacres de El Mozote y lugares aledaños, respecto de El Salvador, y el Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), respecto de Honduras.

El Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras, se relaciona con la muerte de 107 personas privadas de libertad en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004. Estas muertes fueron consecuencia directa de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario que eran de conocimiento de las autoridades competentes. Las víctimas fueron personas acusadas de pertenecer a “maras”, a quienes se mantenía aislados del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre. El Estado no ha emprendido la investigación de los hechos denunciados y la sanción de los responsables como un deber jurídico propio y de forma diligente. El caso se enmarca en el contexto general de las políticas de seguridad pública y las políticas penitenciarias dirigidas a combatir a las “maras”. El caso se envió a la Corte IDH el 11 de marzo de 2011 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Enlaces útiles:

Informe de Admisibilidad, Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras

Demandas y casos enviados a la CorteIDH

Sitio web de la CIDH

Sigue el clima de sosobra en Honduras, otro crimen màs, esta vez un médico humanista don Chema Turcios.

Tegucigalpa 2 de febrero 2011

Dr. José Manuel Espinal:
Honorable Presidente del Colegio Médico de Honduras
Honorables Miembros de la Junta Directiva:

En relación al asesinato del Dr. José María Turcios García, ocurrido el 31 de enero del 2011; a las 6 PM y quien fuera acribillado a balazos en Quimistan , Santa Bárbara.; me permito plantear con todo respeto lo siguiente:

El Dr. Turcios fue un destacado médico nacional, especialista en Salud Pública y Administración de Hospitales- Ocupó honrosos cargos como Director de Centros Hospitalarios del país y Director del Instituto Hondureño de Seguridad Socia(IHSS)l en San Pedro Sula.

Fue médico de la Selección Nacional de Futbol del Equipo Olimpia; trabajó en Programas de Salud de Naciones Unidas.
Galeno destacado por su servicio a las clases mas desfavorecidas del país y padre de nuestro colega Dr. Lenin Turcios.

Apelo a la conciencia de solidaridad, al Código de Ética de nuestra organización y solicito a ustedes se realice una investigación médica, forense y criminológica sobre este asesinato ; cuya misión tenga un horizonte mas allá de los informes de los cuerpos represivos del Estado.
Con el fin de esclarecer estos hechos criminales sugiero se integre una Comisión Investigadora; cuyos resultados sean del conocimiento de los familiares y otros destinatarios; según lo estime la Junta Directiva.
Con muestras de mi mas alta consideración y en espera de una respuesta favorable. Se suscribe de ustedes, atentamente

Juan Almendares Bonilla

Director Ejecutivo del CPTRT

c.c. Organismos internacionales de Derechos Humanos y a la Asamblea Médica Mundial

Denuncia

D E N U N C I A

De nuevo nos dirigimos a la Comunidad Nacional e Internacional para denunciar las agresiones de las fuerzas de represión que actúan impunemente en contra del campesinado hondureño. En el presente caso la agresión fue en contra del grupo Empresa Unión Juvenil de Santa Rosa del Aguan.

El desalojo violento ocurrió el 16 de septiembre e iba dirigido a causar la muerte de dirigentes de la organización. En el marco de esta acción fueron afectadas 80 familias, dos niños casi perecen quemados y cuatro campesinos han sido procesados. Muchos de los afiliados a la Empresa Unión Juvenil andan huyendo o están de posada en casas de familiares o amigos. Esta empresa está afiliada a la ANACH.

Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales:

Manifestar su condena a este tipo de hechos que constantemente están causando muertes y persecución a compatriotas del Bajo Aguan.

Demandar del Poder Ejecutivo las acciones inmediatas necesarias para el cese de todas estas agresiones que expresan fehacientemente como el manto de la impunidad protege a quienes pretenden negarles a nuestros compatriotas campesinos su legítimo derecho a la tierra.

Dr. Juan Almendares B.

Las anomalías y prepotencia de una Policía que abusa de su poder en un Estado sin Ley viva.

El caso de la detención arbitraria de un joven militante del FNRP

Hijo de una lidereza presidenta de los mercados de Tegucigalpa, doña Arnulfa García, el joven Edwuin Otoniel Aguilera García, no solamente fue detenido sin orden legal, sino que también la policía falsificó el parte del detenido cometiendo  el delito,  agravado con alevosía, de falsedad documental y falsa imputación de un delito. 

 Hechos

El sábado 18 de Setiembre a las 2 y media de la tarde Edwuin se encontraba en el mercado las Américas acompañado de dos amigas y frente al puesto de ventas de su madre. Es como si a uno de ustedes lo detuvieran en la propia puerta de la casa, y bajo la presencia de la propia madre.
A él se acercaron unos policías que procedieron a solicitarle sus documentos. Edwuin no llevaba su tarjeta de identidad porque días antes había sido asaltado.  El no tener su documentación fue el pretexto de la policía para detenerlo y llevarlo a las celdas de la posta del Galindo y, posteriormente, a la cuarta estación del barrio Belén. Este pasaje es importante porque la motivación de la detención fue el no portar documentos de identificación, motivación que, posteriormente, fue alterada por la misma policía, con el  egravante que el joven no podía ser detenido ya que existe una resolución del Ministerio Público en el sentido que ninguna persona puede ser privada de su libertad por no portar documento de identificación. En pocas palabras en este acto ilegal es la policía la que ha comentido un rosario de delitos.

Inmediatamente después de la detención la madre, doña Arnulfa García, acude a la posta del Galindo a pedir la libertad de su hijo. Lleva una fotocopia de la tarjeta de identidad. La recibe el oficial 0201 que estaba de turno. Al reclamar la libertad de su hijo, doña Arnulfa recibe una sola respuesta: el oficial 0201 la amenaza con meterla "presa" también a ella.

Casi a escondidas, el joven Edwuin y otros detenidos, son llevados a otra delegación policial: la del barrio Belén. Doña Arnulfa, mujer de temple y valiente, llega también a la estación de policía del barrio Belén con la fotocopia de la tarjeta de identidad de su hijo. La muestra y solicita verlo, pero como la ley no existe en Honduras, la respuesta de los oficiales de turno es la misma de siempre: negar los hechos. Niegan la detención y el traslado de Edwin a esa delegación. Doña Arnulfa no se rinde y declara que tiene testigos que han visto cuándo su hijo era llevado en una patrulla junto a otros pobres desgraciados de quienes también se negaba su detención a los padres que llegaban a reclamar por ellos.

Ante la imposibilidad de obtener su derecho, doña Arnulfa, ya desesperada y temiendo por la vida de su hijo, denuncia su caso al CODEH, es obvio que no puede denunciar al CONADEH porque sabe muy bien que CONADEH no puede responder por los derechos humanos de la gente común y corriente.

El CODEH solicita la cooperación del Observatorio Ecuménico de DDJJ del CLAI pues está ya colaborando en la denuncia por la agresión que la policía militarizada hizo a la población indefensa que conmemoraba el 15 de Setiembre y por el vil asesinato de la presidenta del SITRAHISS, doña Juana Bustillo, por parte de un escuadrón de la muerte.

El Observatorio Ecuménico del CLAI oficialmente interviene en el caso. Llama a la delegación policial de Belén (Tel. 2237526) en donde obtiene el nombre de los oficiales responsables: un inspector de apellido ESCOBAR,otro de apellido AGUILAR y otro de apellido AMADOR, todos ausentes por andar haciendo "operativos".  El policía que respondió al teléfono concluyó diciendo que "no podía liberar al detenido sin tener orden del fiscal o del juez y si lo hacía sería hasta el día siguiente". Es interesante ver como a la madre del joven se le negó la presencia en la estación de Belén y cómo ante la intervención del CLAI no le queda más remedio a la policía que aceptar lo que hasta hace poco negaba: Edwuin Otoniel Aguilera estaba ahí, detenido e incomunicado.

Por la tarde, alrededor de las 6,30 el CLAI logra comunicarse con el Sub inspector de apellido Aguilar que confirma la respuesta del policía que atendió anteriormerte el teléfono: "ellos no pueden hacer nada". El CLAI no se amedrenta y le recuerda al sub inspector que existe el delito de abuso de autoridad y detención ilegal, le recuerda también - a veces la amnesia o la ignorancia pareciera que pueden dar resultados- que fue el mismo Ministerio Público que sacó una resolución para evitar tanto abuso cometido por la misma policía. Tal resolución dice expresamente que "ninguna persona puede ser privada de libertad por no portar documentos de identificación". No hay que olvidar que en Honduras gran cantidad de personas no tiene su tarjeta de identidad por problemas del Instituto encargado de identificar a las personas.

El Observatorio Ecuménico, reitera al sub inspector Aguilar que "si el joven no tiene antecedentes penales, no ha agredido a ninguna persona o a ningún policía, no representa ninguna amenaza para la sociedad o las autoridades" y, además ya plenamente identificado por su misma madre que había ido a reclamarlo, "no entendía el porqué de la negación a ponerlo en libertad y por qué no lo entregaba de inmediato". 

Cómo toca recordar el espíritu de las leyes y su contenido a las mismas autoridades el CLAI le recordaba entonces al sub inspector Aguilar que en el país, al menos sobre el papel,  la ley no contempla el arresto y detención por 24 horas por una detención a todas luces ilegal, que su deber era poner a los detenidos a la orden del Fiscal e informar al CONADEH . Para reforzar la solicitud y refrescar la memoria a los desmemoriados CLAI le recuerda al sub inspector el ejemplo reciente del caso de los dos jóvenes que fueron detenidos en esa misma delegación, fueron reclamados por sus parientes, la delegación negó la presencia de los jóvenes y los pobres detenidos aparecieron asesinados y con señales de tortura días después. Como cereza sobre el pastel, y muy inteligentemente, CLAI le recuerda al sub inspector que en esa misma estación de Belén hay  un agente de apellido OLIVA que se dedica a asaltar las celdas de los detenidos. Informa por último CLAI que si no obtiene respuesta buscará comunicarse con el  Comisionado Mario Rene Chamorro jefe de la Región Metropolitana para ponerle en antecedentes de la situación. Al final el Oficial Aguilar se compromete  a "revisar el caso y ver que podía hacer", admitiendo "ingenuamente"  que la policía actúa como quiere y no cómo señala la ley, y accediendo a "revisar el caso" solamente ante el "temor" de que su superior fuera "avisado".

Una vez obtenida una respuesta medianamente positiva el CLAI contacta a doña Arnulfa y le informa que puede llamar al sub inspector García para sacar a su hijo de la posta de Belén. Para sorpresa de doña Arnulfa, se descubre entonces que en el registro de ingreso a la delegación la Policía había cambiado el parte, falsificando los documentos y cambiando los hechos. Ya el ingreso de Edwuin no era por no llevar documento  de identidad sino por "escándalo público", por ello le dicen a doña Arnulfa pondrán al detenido a disposición del Juez de Conciliación hasta el día siguiente. Doña Arnulfa reclama y trae a memoria del sub inspector la reciente plática con el representante del Observatorio Ecuménico.  La respuesta que obtiene es una sola y cargada de toda la prepotencia que puede ofrecer la impunidad y la falta de un verdadero Estado de derecho: "A nosotros no nos manda nadie, ninguna otra autoridad, aquí mandamos nosotros" dice alegremente y con todo el cinismo o  ignorancia el sub inspector de turno García y agrega: "venga mañana".

La única salida, ante la desesperación de la madre que temía por la vida de su hijo fue la de proporcionarle el número de celular del Comisionado René Chamorro, para que fuera ella misma la que le expusiera el caso de abuso de autoridad. Chamorro de inmediato envió en una patrulla a un inspector de policía para que pusiera inmediatamente en libertad a Edwuin y entregarlo a su madre porque su detención era, a todas luces, ilegal.

A las 10 de la noche, por fin, doña Arnulfa pudo abrazar a su hijo Edwuin, que de no haber sido por la determinación del Comisionado Chamorro, la valiente insistencia de la señora y la intervención del CLAI,  iba seguramente en contra de un destino lleno de incognitas y, de repente, podía hasta correr la mala suerte de los jóvenes asesinados.

El dilema es ¿Cúantos Chamorros tiene que tener la policía para no cometer abusos e ilegalidades? ¿Hasta cuándo la población indefensa tendrá que defenderse de la misma Policía? ¿Podemos seguir pagando con nuestros impuestos a nuestros propios torturadores y asesinos?

Lo que se vive en las cárceles de las posta policiales.

Esta es otra historia todavía no contada y mucho menos documentada, pero el tiempo en que Edwuin pasó detenido fue suficiente para salir aterrorizado. Declara doña Arnulfa que fue testigo, junto a otras personas, de las torturas y maltratos que la policía cometía contra un joven, del que desconoce su nombre. Este pobre joven fue torturado por la policía coon  latigazos en todo el cuerpo, la cara, las piernas, los brazos, la espalda, todo  al estilo de las cárceles clandestinas de Videla, que ahora alega que ellos nunca fueron sádicos.  Después de cada sesión de tortura lo revivían echándole agua para lavarle la sangre y de nuevo volvían a la carga con el látigo, hasta provocar de nuevo las hemorragias y al final encerrarlo en una celda.  Lejos están estos "héroes"  de recordar la prohibición establecida en el artículo 68 de la Constitución, en la Ley Orgánica de la Policía, en el Código Procesal Penal y el contenido de los tratados internacionales. ¿De que ha servido gastar tanto recurso en capacitación y formación en DDHH en esta gente si su comportamiento demuestra que no ha habido ninguna repercusión? O peor aún, tal vez los recursos gastados han servido para evitar males mayores logrando que los carniceros se apiaden de sus víctimas.

El CLAI ha realizado una excelente labor y nos ha dado material, con su informe, para documentar lo que cualquiera de nosotros puede vivir si llega a ser "huésped" de esos centros de detención que más que de detención tendrían que llamarse centros de tortura. La FISCALÍA de los DDHH tendría que intervenir todas las delegaciones para evitar los abusos de autoridad y los actos de represión que la policía realiza contra la indefensa población y que ve ya como comportamiento normal.

Esta relación ha sido realizada sobre la base del informe presentado por Leonel Casco Gutiérrez, Procurador de los Derechos Humanos
Coordinador Observatorio Ecuménico DDHH del CLAI.
Celular 9892-6935

Campaña para asesinar a los dirigentes sindicales en el gobierno del "humanismo cristiano"

El gobierno del "humanismo cristiano" sigue ignorando los asesinatos de los líderes sindicales hondureños. El ministro encargado, ex cónsul con sinecura en Texas, no pasa de dar declaraciones triunfalistas que los hechos de sangre se encargan de desmentirlo.

Ayer le tocó el turno a una valiente mujer. La presidenta del del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Sitraihss), Juana Bustillo, quien fue asesinada cobardamente por un sicario en la colonia el Roble.

Por la forma en que se perpetró el crimen no hay duda que ha sido por encargo: la estaban esperando tres asesinos, conocían su ruta y la única agredida fue ella en el grupo que se conducía en el automóvil.
El único que continúa a negar la existencia de esos escuadrones de la muerte es el señor ministro de seguridad que es experto, eso sí, en dar declaraciones por la radio y por la prensa.

Diario Tiempo relata que "compañeros de trabajo informaron que Bustillo, de 49 años, estuvo hasta las 7:30 de la noche en el IHSS, reunida con otros sindicalistas. De allí salió con dos personas, un hombre y una mujer, en una camioneta color rojo, que ella manejaba. Tomó el bulevar hacia el norte e ingresó a la colonia El Roble por la segunda entrada, hasta llegar frente a un minisúper, donde se estacionó. De inmediato se le acercó un sujeto, quien le disparó y le asestó tres balazos. Luego salió corriendo hacia un turismo, color beige, que le esperaba estacionado atrás de la camioneta, en el cual huyó. Las dos personas que iban con ella la acomodaron en el mismo vehículo que manejaba y la llevaron de regreso al hospital del IHSS, distante a menos de un kilómetro en línea recta por el Bulevar del Norte".

El 3 de febrero de 2010 fue asesinada Vanessa Janeth Zepeda Alonso, de 29 años, una enfermera que trabajaba en el hospital del IHSS en Tegucigalpa, y quien también era miembro del Sitraihss.

El 16 de julio pasado el jefe de compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social y su familia fueron atacados a balazos en la colonia Jardines del Valle.

Te golpeo porque me da la gana

Manifestación tranquila, al fondo comienza la agresión barbárica de la policía.

El país tocó fondo y lo están demostrando en estos momentos los policías que sin motivo alguno impiden que los hondureños manifiesten publicamente este 15 de Setiembre.

En nuestro "democrático" país las fuerzas represoras de la oligarquía sin pudor alguno y con rampante impunidad declaran que golpean al pueblo, que manifiesta, porque  "molestan los desfiles", tal y como lo acaba de declarar el comisario Castillo Lemus, que ignora completamente el contenido de la declaración de derechos humanos.

Al preguntarle sobre las personas golpeadas, expresó que "es muy difícil controlar a todo el personal y que se ha tratado de frenar al personal cuando en este momento algunos han tenido acciones emotivas”.

Acciones emotivas, una explicación que solo es posible en un país en donde el ser humano ya no vale nada. Se le golpea, se le reprime, se le gasea porque simplemente para la oligarquía y para sus servidores: militares, policías y políticos el pueblo no vale absolutamente nada.

Mientras tanto, el Alcalde de San Pedro Sula como fiel representante de sus amos, invita a la comunidad internacional a ver la forma "pacifica y alegre" con que los sampedranos celebran las “fiestas patrias”.

En el hospital hay cinco personas gravemente heridas, detenidas ilegalmente bajo custodia policial y sin que hasta ahora sepan el porqué han sido golpeados y por qué están detenidos, otras personas están llegando intoxicadas al hospital Catarino Rivas y se reporta un muerto: un humilde ciudadano que vendía lotería y que sufrió la agresión salvaje de la policía.

Personas agredidas, niños y adultos,  buscaron refugio en la Iglesia menonita en donde los miembros de esta iglesia en lugar de auxiliarlos las agredieron verbalmente y los sacaron a empellones.

En este momento a las 12:53, cuando algunas personas se reagrupaban en el parque la policia empieza a reprimir nuevamente y a lanzar bombas lacrimogenas.

De esta manera, hoy 15 de Septiembre, el pueblo constata, una vez más, la barbaie de que es objeto por parte de la oligarqía,  autoridades, fuerzas armadas y policía.

Amenazan al padre Melo por facilitar protecciàon a joven violada por miembros de la policía hondureña

PRONUNCIAMIENTO DE LOS JESUITAS DE HONDURAS.

Los Superiores de la Compañía de Jesús en Honduras, frente a las amenazas y coacciones de las que reiteradamente es objeto el P. Ismael Moreno, S.I. (P. Melo), manifestamos lo siguiente ante la opinión pública nacional e internacional:

PRIMERO: Denunciamos que en las últimas semanas el P. Melo ha sido objeto de amenazas a muerte por personas desconocidas a través de mensajes y llamadas a su teléfono celular. Tales amenazas hacen relación con la decisión humanitaria de facilitar protección a la joven Irma Melissa Villanueva en un caso conocido ya por la Fiscalía del Ministerio Público y por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

SEGUNDO: Ratificamos que la relación del P. Melo con Irma Melissa y su familia se enmarca exclusivamente en los sucesos acaecidos el día 14 de agosto en Choloma, día en el que Irma Melissa acusa a varios policías de haberla violado con ocasión de una marcha de la resistencia en esa ciudad. La actuación del P. Moreno se enmarca dentro del compromiso cristiano frente a situaciones que requieren el acompañamiento humanitario de religiosos como él.

TERCERO: Advertimos que las amenazas contra el P. Melo no se refieren a él solo. La Compañía de Jesús denuncia que, Gerardo Chévez, reportero de Radio Progreso también está recibiendo amenazas e intimidaciones por su trabajo informativo en la Radio.

CUARTO: Comunicamos que el viernes 17 de abril el P. Valentín Menéndez S.I., superior de los jesuitas de El Progreso, Yoro, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos de San Pedro Sula, en la que pide se prosigan las investigaciones relativas a las amenazas y coacciones contra el P. Melo.
QUINTO: Exigimos a las autoridades nacionales la realización de una investigación diligente y efectiva sobre los hechos denunciados y hacemos un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que le den seguimiento a este caso.
Dado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil diez.
Valentín Menéndez S.I.
Superior de los Jesuitas de El Progreso.
Carlos Solano S.I. Juan José Colato S.I.
Superior de los Jesuitas de Yoro Superior de los Jesuitas de Tocoa.

No hay medicina, la gente muere de dengue, pero si hay plata para comprar armas. Viva Honduras

El paramilitarismo amenaza a dirigentes que luchan a favor de los DDHH

Plataforma de derechos humanos denuncia existencia de “Comando Álvarez Martínez”


Fuente:  Red Morazánica de Información .

Tegucigalpa 26 de agosto de 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, denunció hoy la existencia una organización paramilitar denominada “Comando Álvarez Martínez”, conocida también como “CAM”, dedicada amenazar a los ciudadanos que trabajan en la defensa del los derechos humanos.

La denuncia fue presentada en conferencia de prensa, donde denunciaron también, que se han recrudecido las amenazas por todos los medios contra activistas sociales y defensoras/defensores de derechos humanos.

Las amenazas son recibidas a “través de mensajes por medios electrónicos firmados con las siglas “CAM” o “Comando Álvarez Martínez”, identidad ya usada en el pasado en actos de terrorismo de Estado” recuerdan.
Diferentes organizaciones internacionales han hecho llamados al Estado de Honduras, para que cese la persecución y las amenazas que reciben de forma permanente las personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Ayer el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicitó a “la comunidad nacional e internacional, de manera urgente”, Para que se inicie un proceso de investigación, análisis y tomen postura oficial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Lobo Sosa en contra del pueblo hondureño.
Hace pocos días Amnistía Internacional emitió una acción urgente a favor de la defensora de los derechos humanos Gladis Lanza, después de que recibió un mensaje amenazador de correo electrónico y una serie de llamadas telefónicas anónimas.
Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Améndola renovado”.
Según la comunicación de AI, “muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980”.
El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza, relató la carta de AI.
Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la población a que denuncia cualquier acto de represión e intimidación en cualquiera de las oficinas de las organizaciones que conforman la Plataforma de Derechos Humanos.

Teniente Coronel Cristobal Antonio Vargas mantiene amenazada a entera familia

El teniente coronel, Cristóbal Antonio Vargas, de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH), fue culpado públicamente, ayer, de amenazas a muerte e intento de asesinato, por la señora Iris Lorena Molina Hernández, y por su esposo, José Adalberto Mejía, quien es director del Hospital de Santa Bárbara.

Molina Hernández, denunció en Globo TV, que desde el 28 de junio de 2009, en que se inició el golpe de Estado que defenestró al presidente Manuel Zelaya, en Honduras, ella ha sido víctima permanente del “acoso del Coronel Vargas y de la esposa de éste, Victoria Yaneth de Vargas”.
El oficial Vargas, vive en una casa que alquila contiguo a la de Iris Molina, ubicada en el Bulevar Romero Larios, en Comayagua, y llegó irritado a la vivienda propiedad de la familia ofendida “exigiéndole que apagara la Radio Globo”.
Molina le respondió al Coronel, que ella estaba en su casa y “no puede venir a decirme [él] cómo, cuándo y qué debo escuchar”, relató la agraviada.
El uno de agosto de 2010, el teniente coronel Vargas volvió a plantarse frente a la casa de los Molina Mejía, como a las nueve y 45 de la noche, gritándoles que salieran y haciendo varios disparos -aparentemente al aire- con su arma de reglamento, según denunció Iris Molina.
El coronel Vargas, la misma noche, “mandó a los hijos [de él] a recoger los casquillos de bala, para que no hubiera evidencias”, amplió la denunciante.
Sin embargo, Iris Molina describió que “se pueden contar doce disparos que quedaron incrustados en la pared del costado y en la del frente de la casa”, de la familia hostigada.

“Al día siguiente, nos mantuvo acorralados [el oficial], todo el día”, no los dejaba salir de la casa denunció Molina. Y explicó que ella y su esposo, han llamado a la Policía y pusieron la denuncia a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), pero sospechan que no quieren apurar el asunto por tratarse de un alto oficial.

Los esposos explicaron que también reciben ayuda del Comité para los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), a quien ellos pusieron la denuncia en Comayagua.

El presidente del Codeh, Andrés Pavón, explicó que “logramos que la Policía atendiera el caso, y la DGIC ha estado tratando del caso, nosotros pedimos una protección urgente a la Asociación Mundial de Derechos Humanos y a la Organización Mundial Contra la Tortura”.

Pavón agregó que “si el Estado no responde”, eso servirá para “mostrar que es porque hay una institucionalidad” que sostiene esa violación a los derechos humanos.
“La declaración dice, que escucharan [la familia] Radio Globo le molestaba ‘terriblemente’ al militar”, contó Pavón.

El Coronel llega gritando que la va mandar a matar.

El miércoles 11 de agosto de 2010, hace dos noches, el teniente coronel Vargas llegó a la casa, otra vez, a gritarle “que si no la mataba él, la iba a mandar a matar”, acusó Molina.

Reveló que Vargas también la ha seguido: “Una vez cuando me baje del bus apareció y se paró [el coronel] como a dos cuadras, y entonces cuando llegó, puso el carro de frente a mi casa”.

El coronel Vargas, también apostó un contingente militar de frente al hogar de los Mejía Molina, mientras otro resguardo de militares sacaban unas cosas, o hacían un trabajo en la casa de Vargas.

Manifestó estar preocupada porque tienen dos hijos menores y la mayor parte del tiempo ella está sola, porque su esposo trabaja en Santa Bárbara.

Los esposos Iris Lorena Hernández y José Adalberto Mejía, responsabilizaron al teniente coronel Cristóbal Antonio Vargas de cualquier atentado contra ellos o contra su familia.

El vocero de las Fueras Armadas, coronel Benjamín Oliva, recogió la denuncia y dijo que investigaría los hechos, y primero determinaría a qué fuero corresponde el caso, porque “no sería un acto institucional, sino personal” de Vargas, dijo.

Molina le respondió que “si es un acto personal, no institucional, con mucha más razón [Vargas] debe ser juzgado por su acción criminal”.

Comunicado del Observatorio Ecuménico

CONTINUAN AMENAZAS, PERSECUSIÓN Y HOSTIGAMIENTO CONTRA PERIODISTAS EN HONDURAS

El Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del Consejo Latinoamericano de Iglesias, a la comunidad nacional e internacional comunicamos lo siguiente.

1.- Este día lunes 16 de agosto de 2010, hemos recibido denuncia de parte de la periodista ITSMANIA PINEDA PLATEROS, Presidenta de la organización XIBALBA, ARTE Y CULTURA, por el hecho de haber sufrido una tentativa de asalto a su vivienda ubicada a la entrada de la colonia Las Torres de la ciudad de Comayaguela.
2.- El hecho se produjo la noche del sábado 14 de agosto, amanecer del día domingo 15 de agosto a las 2:00 a.m. de la madrugada, cuando sujetos desconocidos (tres sujetos) intentaron escarbar un hoyo en la pared de su casa, taladraron la pared del muro perimetral e intentaron sacar los balcones para penetrar a la vivienda. La acción delictiva fue evitada gracias al encendido automático de la luz, por lo que los individuos fueron sorprendidos dos en el patio y uno sentado en la viga a la par de la ventana y reconocidos por su propietaria, los cuales fueron enfrentados al siguiente día por la periodista y uno de ellos es informante de la policía.
3.- La periodista Itsmania Pineda Plateros interpuso la denuncia ante la DNIC el domingo 16 de agosto, para que proceda a realizar una investigación del acto, ya que teme por su vida, en vista que desconoce a que actividades se dedican estos individuos que residen en una casa vecina a la suya, porque sospecha que uno de estos sujetos es un ex policía que estaba asignado al departamento de Colón.

La periodista Pineda Plateros, desde el año 2006 ha sufrido amenazas, persecución y hostigamiento por su trabajo desde la organización XIBALBA, ARTE Y CULTURA en pro del rescate de cientos de jóvenes integrantes de maras y pandillas, por lo que en la actualidad goza de medidas cautelares de protección decretadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de lo cual tienen conocimiento la Fiscal Especial de los Derechos Humanos Abogada Sandra Ponce y la Secretaria de Seguridad.

También desde su creación en noviembre del 2009 es colaboradora voluntaria de este Observatorio.

4.- Según ha informado la periodista Pineda Plateros a este OEDH/CLAI, en igual situación vive la periodista y catedrática de educación media Licenciada ELVIRA LILIANA CÁRCAMO PUERTO a quien su casa ubicada en la colonia Arturo Quezada, bloque 47 casa 27 de la ciudad de Comayaguela, ha sido asaltada, le rayan las paredes y es víctima de hostigamientos por parte de un profesor de nombre Dimas y el señor Carlos Montoya que labora en HONDUTEL, por el hecho de militar en el Frente Nacional de Resistencia Popular y cuya denuncia ha sido interpuesta ante organismos de DDHH.

En días anteriores la periodista Liliana Cárcamo, había sido objeto de represalias por parte de los agentes policiales de la Posta de la Colonia San Francisco, quienes le decomisaron sus instrumentos de trabajo, documentos y la credencial como periodista acreditada ante la casa presidencial, ya que es Directora de un programa noticioso televisivo de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en canal 51. El delegado policial fue cambiado de sede y en su lugar nombrado el inspector de policía Daniel Molina.

La periodista Liliana Cárcamo goza de medidas de protección por parte de la Policía Metropolitana N.1 a cargo del Comisionado de Policía Ambrosio Ordoñez, gestionadas por la organización XIBALBA.
Este Observatorio hace un llamado a la comunidad internacional para que se demande del Presidente de facto Porfirio Lobo Sosa y sus cuerpos de seguridad, el respeto, protección para las víctimas y una investigación exhaustiva e inmediata de estos hechos, para sancionar a los culpables con todo el peso de la ley.

Tegucigalpa, MDC 16 de agosto de 2010.

Leonel Casco Gutiérrez

Procurador de los Derechos Humanos

Coordinador Observatorio Ecuménico DDHH del CLAI.

Se instala Comisión de la Verdad el 28 de Junio

El 28 de Junio de 2010 en la Plaza COLPROSUMAH, se instala  Comisión de la verdad, integrada por las siguientes personalidades nacionales e internacionales:

1. Nora Cortiñas, Fundadora del Movimiento Abuelas de la Plaza de Mayo, Argentina.

2. Luis Carlos Nieto, Magistrado y Catedrático, España.
3. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina.
4. Mirna Perla Jiménez, Magistrada de la Corte Suprema y defensora de.los derechos humanos, El Salvador.
5. Craig Scott, Abogado y defensor de los derechos humanos, Canadá.
6. Elsie Monge, Monja Católica, Directora del Frente Ecuatoriano de los Derechos Humanos, Ecuador.
7. Francois Houtart, Sacerdote Católico, Bélgica.
8. Francisco José Aguilar, Abogado y defensor de derechos humanos, Costa Rica.
9. Helen Umaña, Profesora universitaria, escritora, Honduras
10. Fausto Milla, Sacerdote católico, fundador de INEHSCO, Honduras.


Esta comisión  se ocupará de investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos humanos cometidas contra miles de hondureños y hondureñas desde el Golpe de Estado del pasado 28 de Junio de 2009.  Sus objetivos son:


a. Investigar y establecer las violaciones de derechos humanos que se produjeron a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y las que se perpetren hasta que finalice su mandato, identificando, de ser posible, a las personas e instituciones responsables.

b. Investigar y establecer los patrones de agresión y de persecución a que han estado sometidos los y las defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales que promueven cambios estructurales, identificando a los actores e instituciones responsables.
La Comisión de Verdad busca dignificar a las víctimas, documentando las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el período señalado.
Su trabajo se fundamenta en la premisa de que no se puede permitir el olvido y el perdón, ni que la impunidad impere sobre la justicia; asimismo, que las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no queden sin el repudio suficiente del pueblo hondureño y sin el castigo imprescindible.