MANUEL TORRES CALDERÓN*
Aunque los golpistas tomaron las previsiones del caso para controlar y
doblegar medios de comunicación y periodistas, no es fácil tapar los ojos,
oídos y boca de una sociedad en pleno siglo xxi. Sin remedio, la máscara
mediática tradicional cayó, y un tipo de periodismo murió, desacreditado por
servil y corrupto. Sin embargo, no nació otro nuevo. Quizá esté en gestación
y tenga representaciones aisladas, pero aún está pendiente. En el camino
de la ciudadanización del Derecho a la Información, la experiencia vivida
a partir del 28 de junio es apenas el comienzo. He aquí un buen punto de
partida para debatir al respecto.
A un año del 28 de junio de 2009, los detalles de la conspiración aún no trascienden.
Se conocen algunos datos, pero no todos. Las interrogantes superan con creces a las respuestas:
¿Cómo operó la trama mediática? ¿Quiénes integraron el “Estado Mayor” de las operaciones
sicológicas? ¿Dónde funcionó y cómo se financió? ¿Cuál fue el papel de los asesores internacionales?
¿Hubo israelitas en la operación? ¿Cuándo llegaron, cuándo partieron?...
En la consumación de un golpe de Estado, fase en la cual los acontecimientos se desenvuelven a una velocidad de vértigo, dos son los instrumentos operativos indispensables: las armas y los medios. Cualquiera de ellos que escape de control pone en riesgo el resultado. Eso es válido en cualquier país del mundo.
Los golpistas hondureños conocen de la sociedad de la información y adoptaron las previsiones del caso. Sin embargo, en lo mediático, el panorama es más complejo que lo previsto en el papel: no es fácil tapar los ojos, oídos y boca de una sociedad.
Lo primero que se cumplió en la conspiración
fue el alineamiento de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, con HRN, Radio América y Televicentro a la cabeza.
Todos los que apoyaron la caída de Zelaya celebraron los sucesos, sin que en esa actitud hubiera diferencias entre propietarios de medios y la mayoría de sus periodistas. Con tal complicidad, parecía que el cerrojo mediático sería rápido y efectivo, cuestión de horas, pero no fue así.
De los integrantes de ese poderoso cartel llamado Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, únicamente la familia Rosenthal, propietaria de diario Tiempo, Canal 11 y Cable Color, rechazó convertirlos en un instrumento propagandístico incondicional del golpe. La tendencia de sus editoriales y noticias fue defender la institucionalidad pública quebrantada y los derechos personales y constitucionales de Zelaya, sin volverse portavoz del presidente derrocado, ni defensora a ultranza de su gestión de gobierno. Sus contenidos se cuidaron mucho de no contribuir a una polarización extrema de la opinión pública.
Bajo control la mayoría de la prensa tradicional, los militares se dieron a la tarea de enfrentar a los medios televisivos y radiales que reaccionaron en contra del golpe; algunos lo hacían con cautela, temerosos de un cierre total que los dejara fuera del aire, y otros apostaron a que la reversión del golpe era posible y asumieron una programación de agitación, denuncia y convocatoria de la Resistencia.
EL GOLPE ROMPIÓ LA RUTINA DE LA PRENSA INTERNACIONAL
En el caso de la prensa internacional, la cobertura fue inmediata e incontrolable para el golpismo. Hacía años que no ocurría en América Latina un “cuartelazo” contra un gobernante civil, con el ingrediente adicional de un contexto geopolítico que involucraba de manera directa la visión del presidente venezolano Hugo Chávez.
Los acontecimientos en Honduras reunieron todos los requisitos para entrar al plató de los medios televisivos internacionales: dramatismo, color, violencia y desenlace incierto.
También fueron días en los cuales la agenda informativa mundial pasaba momentos de rutina, a excepción de la muerte inesperada de Michael Jackson, el 25 de junio, en Los Ángeles.
En las primeras horas de aquel domingo un hecho circunstancial se volvió clave: en Tegucigalpa había un equipo de prensa de la cadena de televisión Telesur que cubría los pormenores de la anunciada consulta de la “cuarta urna”, a la que respaldaba con su cobertura.
Como es conocido, Telesur es una compañía pública fundada en 2005 que tiene a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela como auspiciantes. Todos ellos rompieron relaciones con el gobierno usurpador de Micheletti y condenaron al golpismo. Telesur reflejó ese criterio y cubrió en extenso el desarrollo de los acontecimientos.
Ante el eclipse informativo oficialista, se dio el fenómeno de que Telesur se volvió local en Honduras. Las compañías por cable, que incluían en su oferta a Telesur, vieron multiplicada su audiencia. Fue tan importante la cobertura de esa cadena, que sus informativos y programas especiales se retransmitían por
emisoras hondureñas en resistencia, y sus reportajes eran subidos de inmediato a sitios de Yutube, donde aún pueden verse.
Los militares se percataron de ello y el equipo de prensa de Telesur, junto a otras corresponsalías, fue acosado de inmediato por el gobierno golpista a través de la Policía de Migración; pero ello no impidió que trascendieran otras versiones informativas en el momento justo.
Telesur no fue la única. Incluso CNN, desde un primer momento, calificó lo ocurrido como “golpe de Estado” y sus noticieros permitieron, a un alto porcentaje de la población hondureña, enterarse de los
detalles que encubrían los grandes medios nacionales. También exhibió los disparates de los altos cargos golpistas que eran entrevistados en vivo. Luego hubo una presión fuerte de la derecha internacional para que CNN retornara a su carril ideológico característico. Los golpistas llegaron a prohibir temporalmente la transmisión en Honduras de Telesur y CNN, pero esa censura se convirtió en un bumerán que les trajo descrédito.
EL SECUESTRO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En el frente interno, el control informativo siguió un patrón similar en todo el país. En principio,
fuerzas combinadas de soldados y policías —inclui
dos altos oficiales de batallones— incursionaron durante la mañana del 28 de junio en las instalaciones de emisoras y canales de televisión opositores para ordenar a los equipos de prensa que no transmitieran sus programas, e incluso que cerraran los medios de comunicación por tiempo indefinido. La mayor agresión ocurrió contra Radio Globo, Canal 36 y, en menor intensidad, Radio Progreso.
La acción de los comandos militares contra esas instalaciones fue similar al atentado ocurrido
en la casa del presidente Zelaya Rosales, sólo que en el caso de los medios lo que se secuestró fue la
libertad de expresión.
Los estrategas del golpe sabían que tenían dos desafíos claros que afrontar: uno, el carisma y la influencia de Zelaya Rosales en un sector importante de la población, lo cual hacía suponer el surgimiento de una corriente de simpatía e indignación ante lo sucedido; y, dos, el espectro demasiado amplio de la oferta mediática existente en Honduras y el potencial de enlace insurreccional de las nuevas tecnologías de comunicación. En los últimos años la red se ha hecho demasiado grande e influyente como para tenerla en el puño.
Entre la experiencia del que había sido el último golpe de Estado (1978) y el actual hubo una diferencia ostensible en términos mediáticos. En el 78 bastó con alinear las dos principales cadenas radiales, HRN y Radio América, el Canal 5 de televisión y los tres periódicos existentes para imponer la versión castrense.
En 2009 fue muy diferente. Además de que la naturaleza del conflicto era diferente, el teatro de operaciones, por así decirlo, se había diversificado, tal como se comprobó en el transcurso de las horas, días, semanas y meses venideros.
LA PROPAGANDA SE IMPUSO AL PERIODISMO
La disputa por el acceso a los medios y el control del tema por parte de la opinión pública se volvió decisiva. Infortunadamente, en un contexto de creciente polarización, en el registro histórico de los hechos la propaganda se impuso al periodismo, y ambos contendientes se encargaron de reducir el espacio a la confrontación de las ideas. Las calificaciones y descalificaciones avasallaron los contenidos.
La intolerancia al golpe era correcta, pero no la intolerancia al debate para esclarecer la naturaleza de la crisis, la responsabilidad histórica de sus protagonistas y la búsqueda de las salidas democráticas al
conflicto. El clientelismo siguió, bajo diferentes argumentaciones, promoviendo una sociedad excluyente.
Bajo esas circunstancias, los dos primeros pasos que dio el golpismo le hicieron perder de entrada la batalla:
el primero fue la insistencia en llamar “sucesión” a lo que todo el mundo calificaba como “golpe de Estado”. Ese empecinamiento, por ejemplo, puso a los golpistas de espaldas a la gran mayoría de los medios internacionales de prensa que cubrieron los hechos.
Un periodista español que acudió al Congreso Nacional fue entrevistado y confrontado por un reportero oficialista que le reclamó por qué calificaba como “golpe” lo ocurrido, y la respuesta fue: “eso se llama así aquí o en cualquier parte del mundo”.
El segundo aspecto tuvo que ver con los detalles operativos. La captura violenta, secuestro y expulsión —en pijama— a San José de Costa Rica del presidente Zelaya, desnudó la indefensión de la mayoría de la población hondureña. Ese atropello mayúsculo se perpetró teniendo como testigo un “juez ejecutor de la Corte Suprema de Justicia”. Como reacción, un comentario escueto y natural se esparció por todos los rincones: “
si eso le ocurrió al Presidente de la República, qué no le puede pasar al resto de la ciudadanía”.
En el fondo, el rechazo inicial al golpe no consistía en tener o no simpatía para Zelaya —eso quedaba en un plano personal—,
sino en la exigencia colectiva a favor del debido proceso y el freno al retorno del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos.
En ese instante un poderoso movimiento social emergía y había que precisarlo en su verdadera magnitud y potencial para no perderlo.
LAS PRIMERAS ESCARAMUZAS
El conflicto Mel Zelaya versus la prensa no nació el 28 de junio; en una conspiración de esta naturaleza, la primera maquinaria que se pone a trabajar es la mediática. Apenas unas cuantas horas después de tomar posesión de la Presidencia (enero 2006), Zelaya se quejó del trato que le daba la prensa. No le gustaron las críticas a su discurso inaugural. El desencuentro, sin embargo, no anticipaba la ruptura venidera. Con los meses, la queja se multiplicó y elevó su tono. La disputa tenía que ver con quién imponía la agenda pública: el presidente o los denominados “poderes fácticos”.
Zelaya sabía perfectamente que entre los grupos de poder más influyentes se encuentra el mediático, dominado por unas pocas familias que cobran peaje a la libre circulación de las ideas. Si quieren, apoyan; si no, anulan. La crítica puede ser por cualquier cosa, justificada o no; porque —en lo fundamental— son un instrumento de presión, una manera de perseguir o conseguir algo para beneficio privado o de un grupo corporativo.
Paradójicamente, ha sido el Estado el que ha dado a ese grupo el poder que ahora ostenta. La concesión de contratos multimillonarios, privilegios, facilidades, contactos y la complicidad del secreto explican que la burocracia sea, a estas alturas, un simple rehén de la mediocracia. Lo trágico es que el trasfondo de esa asociación ha sido, a su vez, un proceso histórico, sistemático y permanente de privatización o anulación del derecho social a la información.
ZELAYA NO HIZO LA DIFERENCIA
Zelaya, al asumir la Presidencia, intentó influir en los medios a través de los periodistas y, al igual que sus antecesores, fomentó un complejo entarimado de compromisos mediante canje de favores o por la vía descarnada de la corrupción. Todos los ex presidentes, salvo Carlos Flores Facussé, pensaron que
entre los periodistas/reporteros y los propietarios de los medios era posible levantar una cuña y
separarlos, pero no es así. Propietarios y medios trabajan de común acuerdo. Es un círculo de complicidades y lealtades que gira alrededor del poder y sus regalías. Con Zelaya no hubo ningún cambio de calidad en la relación Casa Presidencial-medios periodistas.
Esa capacidad que siempre tuvo Zelaya, de reciclar dirigentes sociales que estaban de salida, la mostró también
con los periodistas que llamó a su entorno, varios de los cuales procedían de las fosas más profundas de la corrupción mediática. La experiencia acumulada enseña que mientras sale más y más dinero para comprar voluntades periodísticas, más vulnerable se vuelve el gobernante, atrapado en una pegajosa e interminable red de tráfico de influencias. La corrupción sólo estimula la compraventa.
Esa lección no pareció entenderla Zelaya, ni sus asesores.
Su jefe de prensa, Raúl Valladares, era el tipo de enlace tradicional que bien pudo desempeñar esas funciones en cualquier gobierno anterior. Tan prolijo en el gesto amistoso como en la represalia a quienes muerden la mano del amo. Ex jefe de los noticieros de HRN, fue uno de los favorecidos a principios de los años 90 por el ex presidente conservador Rafael Leonardo Callejas, bajo cuyo régimen la corrupción en el gremio periodístico alcanzó uno de los mayores niveles de los que se tiene memoria. Fue la época del surgimiento del llamado “Grupo de los 13” o los
“tiburones”, en el que figuraban los periodistas con mayor acceso y cercanía al poder, varios de los
cuales volvieron a ser favorecidos con Zelaya.
EN POS DE UN PERIODISMO INCONDICIONAL
Las evidencias confirman que no hubo ninguna diferencia sustancial respecto del pasado en el enfoque de Zelaya hacia los periodistas y los medios; el cambio más bien fue de contexto.
Esta vez, promediando la mitad de su mandato, Zelaya fue más allá y financió las operaciones, o parte de ellas, de algunos medios que respaldaban su proyecto político, entre ellos Radio Globo y Canal 36, así como de numerosos programas particulares rentados por periodistas. Las cuentas de esa subvención no están claras, pero se calculan en cifras de siete dígitos.
En relación con la prensa, el gobierno Zelaya fue cómplice de un sistema de corruptelas responsable de que a muchos periodistas y medios se les olvidara lo elemental de su trabajo: distinguir entre hechos y opiniones; difundir sólo informaciones fundamentadas y contrastadas y evitar datos imprecisos que puedan lesionar la dignidad de las personas; facilitar “sin tergiversar” todos los datos sobre la información difundida; rectificar con diligencia; utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes; no difundir informaciones recibidas de forma confidencial; no usar información privilegiada en provecho propio; respetar el derecho a no proporcionar información o responder a preguntas; no aceptar retribuciones para influir o publicar informaciones u opiniones; respetar el derecho a la intimidad y la imagen; observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia; tratar con especial cuidado la información referente a menores; cuidar las imágenes que, por su crueldad, puedan dañar la sensibilidad; y, por último, actuar “con especial responsabilidad y rigor” en caso de informaciones que puedan suscitar discriminaciones.
Promover el buen periodismo no fue un objetivo gubernamental; al contrario, se trataba de conseguir un periodismo incondicional. Zelaya dio continuidad al hecho de que el Estado hondureño nunca ha tenido una visión social pública en el campo de la comunicación; al contrario, uno tras otro, los gobernantes han renunciado conscientemente a ella, al grado que algunos se encargaron de ceder a particulares desde la frecuencia asignada a la televisión nacional hasta ser complacientes con el control de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) por parte de algunos empresarios.
De Zelaya se afirmó, repetidas veces,
que llegó a regalar equipos de televisión a periodistas/ empresarios que, paradójicamente, después los utilizaron en su contra. Nadie, por supuesto, investigó cómo un gobernante puede regalar bienes públicos a particulares sin que actúen los órganos fiscalizadores del
Estado.
CUANDO LAS DIFERENCIAS SE CONVIRTIERON EN CONFLICTOS
Un elemento que sí resultó novedoso, derivado de la confrontación con los propietarios de los medios, fue la decisión presidencial de publicar un semanario que diera cuenta de sus obras y opiniones: Poder Ciudadano, y potenciar la capacidad instalada y cobertura del Canal 8 de televisión. Ambos funcionaron como órganos de propaganda y, el Canal 8 en particular, se volvió difusor de una especie de “reality show” del presidente Zelaya.
La “transparencia” se volvió medio, no fin.
Pese a sus esfuerzos, en la práctica Zelaya no tuvo la “buena prensa” que esperaba, pero tampoco manifestó interés de alterar las reglas del juego. En esa dirección la colisión era inevitable.
Las diferencias se convirtieron en conflictos a partir de 2007, cuando empezó la aproximación presidencial al gobierno de Hugo Chávez. Las verdaderas lealtades de la prensa se quitaron cualquier tipo de caretas. A partir de ese momento las críticas en su contra se volvieron constantes e ideológicamente cerradas. No
importaba si había razón o no, si estaba el dato comprobado o era rumor; si la información tenía visos de verdad o era pura mentira.
A nivel escrito, La Prensa y El Heraldo marcaban la pauta. El más rancio conservadurismo afloró como su línea editorial, y las reglas del periodismo salieron sobrando. El trasfondo ideológico de los medios terminó en guerra abierta contra las decisiones de Zelaya. Paradójicamente, cuando el gobernante cuestionado se percató de que no era posible evitar la confrontación, entonces intuyó que podía sacarle provecho.
A mediados de 2008, la estrategia presidencial no era evitar el conflicto, sino capitalizarlo políticamente a su favor. De nuevo apareció en la actitud del gobernante el criterio de que “en la crisis me crezco”. De hecho, Zelaya encontró la fórmula para imponer la agenda mediática nacional, con o sin el beneplácito de los dueños de los medios.
Cada semana surgía desde Casa Presidencial un tema de controversia; una vez podía ser una serenata con los Tigres del Norte para cantarle al “Jefe de jefes” y otra podía ser su esfuerzo diplomático para que la OEA suspendiera las sanciones a Cuba. En esa dinámica, las dos últimas imposiciones mediáticas fueron determinantes: la “cuarta urna”, de la que se afirma que inicialmente le fue sugerida por Arturo Corrales, convertido después en su acusador golpista y, ligada a la anterior, la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que ambas propuestas salieron a la palestra pública, el resto de la agenda nacional y de la acción gubernamental dejó de figurar.
Para la derecha hondureña, desde una perspectiva distinta, con la confrontación mediática también se habían roto los límites y se pasaba a otro plano:
el de la conspiración militar. Se probaba que los medios por sí mismos no podían derrocar al gobierno, pero tampoco sostenerlo.
ABLANDANDO EL ESCENARIO
En las sombras de la oposición al zelayismo la conspiración avanzaba como un rodillo aplastante de la opinión pública, creando condiciones para una ruptura que se perfilaba inminente. Varios propietarios
de medios mostraban estar al tanto de la operación por venir. La censura y la autocensura se abrían camino para el desenlace.
Las banderillas se clavaban en Zelaya para aislarlo y debilitarlo.
Los titulares de la semana del golpe anticipaban el porvenir.
La manipulación extrema que los poderes fácticos hicieron de la mayoría de los medios hizo
que se hablara en Honduras del terrorismo mediático. Paradójicamente, en una crisis que demandaba el diálogo y el debate como mecanismos de solución, lo que se impuso fue la incomunicación. El manoseo de temas, instituciones y fuentes fue total.
Los sucesos del 28 de junio fueron congruentes con sus antecedentes. La censura mediática se reforzó con la censura estatal y se impuso en todas las manifestaciones posibles: desde el cese brutal de empresas de comunicación (por ejemplo, Radio Globo y Canal 36), agresiones físicas contra comunicadores sociales y cortes de energía eléctrica, hasta cadenas nacionales de radio y televisión.
LAS RESPUESTAS A LA DESINFORMACIÓN OFICIAL
Se produjo una experiencia nefasta que no puede pasar inadvertida. La indignación de la población ante la manipulación mediática tampoco tiene precedentes en el país. A pesar del cerco a la palabra, la imagen y
las letras que tendió el gobierno golpista, es imposible en esta era tecnológica cerrar por completo los espacios.
Las respuestas a la desinformación fueron desde el añejo uso de las paredes hasta el perfil alternativo intrínseco en las nuevas tecnologías de comunicación. Una de las expresiones que más se grabó en el colectivo hondureño fue:
Cuando los medios callan, las paredes hablan. Los grafiti invadieron los muros con expresiones que iban desde frases con mensajes violentos e insultantes hasta los más elaborados, profundos y simbólicos.
Desde el golpismo se ensayaron todo tipo de alternativas para silenciar la respuesta popular a la desinformación oficial, incluso se llegó a contar con la asesoría de expertos extranjeros en guerra sicológica. Un capítulo no esclarecido fue la actuación de asesores israelitas en un pretendido intento de silenciar el flujo informativo a través de internet.
En la crisis fue común que se repintaran con pintura blanca los grafiti de la Resistencia, el estallido de explosivos de bajo poder, el sabotaje a sitios web, los cortes de energía, la irrupción de uniformados en salasde redacción, la destrucción de transmisores y las agresiones a comunicadores. El desafío planteado
en tiempos de golpes de Estado es comunicación versus incomunicación, y eso lo confirmó la experiencia vivida por la sociedad hondureña.
TODA REACCIÓN GENERA UNA RESPUESTA
Contrario a lo que los estrategas del golpe pensaron, la comunicación social resistió a la incomunicación oficialista y rápidamente se convirtió en pieza clave de una contracultura que incluyó otras formas y géneros de socialización y transmisión de las denuncias, declaraciones y mensajes. Cada marcha de la Resistencia atraía un mercadillo informal de la protesta, donde se vendían desde discos hasta sombreros alusivos a Zelaya, como nuevo y rentable icono de la rebeldía.
En esas circunstancias, todo recurso era considerado válido, no importa si se respetaban o no las normas profesionales y éticas del Periodismo y la comunicación social.
Las medias-verdades se imponen en los tiempos de conflicto. El caso de la fotografía aparecida en diario La Prensa del cuerpo de Isis Obed Murillo, primera víctima mortal de la represión, lo ilustra perfectamente. En una foto aparecía Isis con las señales visibles de su asesinato, en otra —publicada también— aparecía sin esas señales.
El photoshop ideológico había hecho su trabajo de bisturí censor y su estreno en un golpe de Estado latinoamericano.
Consciente, el gobierno michelettista, de que no había podido imponer su versión —la sucesión— de lo ocurrido, la siguiente etapa de su estrategia fue convencer a la comunidad nacional e internacional de que
la normalidad había retornado luego de las reacciones primeras de protesta.
De la realidad del país se proyectaban dos lecturas: una, la real; la otra, la irreal.
La “irreal” construía sus propios escenarios, como en los estudios cinematográficos; una “realidad” de tabla yeso.
El más destacado fue la organización y movilización de las llamadas marchas de los blanquitos, conformadas por centenares y hasta miles de personas movilizadas como “base social” del michelettismo
y que procedían de diversos orígenes, desde aquellos que marchaban voluntariamente, hasta los obligados por las empresas donde trabajaban.
Fotografías, videos, transmisiones radiales y televisivas acompañaban profusamente esas marchas en las cuales el común denominador era el “anti zelayismo” y el “anti chavismo”. En el primer mes posterior al 28 de junio fueron constantes esas convocatorias (lunes y viernes); luego se redujeron hasta desaparecer.
La presencia en las calles la ganó la Resistencia; no hubo día (de domingo a lunes) sin que se convocara, pese a que la respuesta desde la fuerza armada fue la represión brutal y, desde los medios, el silencio casi absoluto.
CENSURA Y OCULTAMIENTO
La represión policial y militar no era noticia en los medios oficialistas e igual se ocultó la magnitud de las protestas. Uno de los ejemplos de omisión total de la información que más llamó la atención ocurrió en la cobertura de diario El Heraldo a la conmemoración del 15 de Septiembre, día de la Independencia nacional y de Centroamérica.
A la marcha convocada desde el gobierno de facto, ofertando el tradicional desfile estudiantil, se replicó con otra manifestación convocada por la Resistencia. La respuesta a los llamamientos fue desigual. Se estima que más de 200 mil personas atendieron la convocatoria de la Resistencia, pero ninguna de ellas apareció en la edición del 16 de septiembre de El Heraldo. Se trataba no sólo de censurar, sino de ocultamiento deliberado de un suceso informativo. Nada trascendió de las acciones de protesta que en esa misma fecha se efectuaron en las principales ciudades y municipios del interior.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA POLÍTICA
No obstante, de muchas maneras, la sociedad hondureña se enteró de que la oposición no sólo existía, sino que aumentaba.
Las nuevas tecnologías hicieron su estreno social bajo aplicaciones políticas: los teléfonos celulares y los mensajitos, la internet y la amplia variedad de mecanismos que posibilita: radioemisoras, televisoras, páginas web, periódicos digitales, blogs, yutube, facebook, etc.
Lo interesante de ese proceso es su aplicación por la juventud, la facilidad y rapidez con que la asimila y domina, y la conversión de la sociedad en una fuente informativa y de opinión beligerante.
Para el golpismo se presentaba una circunstancia insoluble: no se trataba ya de controlar únicamente a los medios, sino que las personas se habían convertido, a la vez, en fuentes y medios.
De cara al futuro inmediato, las formas de incidencia política tendrán que tomar en cuenta esa lección. Incluso varió la identificación del auditorio: el público-masa inició una transición inédita hacia el público-red social.
Rebasado por esa dinámica, el gobierno de facto se planteó: ¿Cómo frenar un flujo informativo que no puede controlar? Su respuesta fue básicamente en tres vías:
a) Mantener y reforzar el cerco informativo oficialista, lo que implicaba desinformar, ocultar o tergiversar las noticias.
b) Contratar asesores y agencias de imagen y publicidad, nacionales y extranjeros.
c) Aumentar la represión a los medios, acciones y fuentes informativas de la Resistencia.
EL DECRETO REPRESIVO Y SUS EFECTOS
En perspectiva, el arma más efectiva que sacó del arsenal de la represión fue el Decreto Ejecutivo PCM-
16-2009, con el cual no sólo impuso el toque de queda, sino que suspendió la libertad de tránsito, prohibió
las reuniones públicas no autorizadas por la policía o el ejército, impidió la libre expresión y autorizó la suspensión de cualquier radioemisora o canal de televisión que “ofenda funcionarios gubernamentales o atente contra resoluciones gubernamentales”.
Las amenazas contenidas en el decreto se hicieron efectivas a partir del 21 de septiembre, cuando el estado de protesta generalizada se avivó con el ingreso al país, clandestinamente, del presidente Zelaya Rosales.
Para el gobierno de facto resultó imprescindible apretar el cuello a los espacios opositores de la comunicación social porque estaba perdiendo la guerra de la opinión pública.
El 28 de septiembre, efectivos militares procedieron a cerrar el Canal 36 y Radio Globo; de igual forma, les decomisaron el equipo de transmisión y lo trasladaron al Batallón de Comunicaciones, amparados en el
Decreto Ejecutivo en referencia y en la resolución OD 019/09 del 28 de septiembre. Silenciar a la Globo y al Canal 36 tuvo un efecto inmediato en la capacidad de movilización y comunicación de la Resistencia. Un peligroso vínculo de dependencia quedaba de manifiesto.
El decreto represivo tuvo vigencia —sin haber sido aprobado nunca por el Congreso Nacional— casi un mes, hasta el 17 de octubre, cuando fue anulado por el Decreto Ejecutivo 124-2009 que le dio seguimiento específico en contra de la libertad de expresión y que autorizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para cancelar el uso de títulos habilitantes otorgados a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que no “cumplen los requisitos”.
En ese marco, varios medios radiales procedieron a cancelar espacios contratados con organizaciones
sociales.
En Radio América y HRN cerraron los programas de las organizaciones magisteriales y de derechos humanos. Uno de los afectados fue “La Bullaranga”, del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), que se convirtió en una especie de programa errante, puesto que sufrió la censura en varios medios donde intentaba mantenerse en el aire. Una situación similar ocurrió con los programas del Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” y del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), transmitidos originalmente desde Radio Cadena Voces, propiedad del ex presidente Ricardo Maduro.
La protesta nacional en contra de esas acciones represivas fue respaldada por la comunidad internacional. Numerosas delegaciones de diversa procedencia llegaron al país para constatar lo que ocurría. La mayoría no eran bienvenidas por el gobierno de facto, que las consideraba influidas o contaminadas por el “chavismo”, en alusión a una presunta conspiración mediática, diplomática y política internacional auspiciada por el presidente venezolano Hugo Chávez.
Pese al ambiente intimidante, las delegaciones realizaron entrevistas con periodistas, leyeron los medios escritos, escucharon programas de radio, vieron los espacios televisivos y dialogaron con la ciudadanía. La conclusión al respecto fue constatar que el “cerco mediático” tenía un doble objetivo: impedir a la población expresarse libremente y evitar su acceso a una información contrastante.
Los propietarios de los medios oficialistas actuaron de común acuerdo, y sus periodistas también. La orden era destruir la imagen de Zelaya y la Resistencia y, en el otro extremo, ensalzar la de Micheletti y las Fuerzas Armadas.
Ninguna crítica al gobierno de Micheletti trascendió entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010.
Fuentes de la Secretaría de Finanzas del nuevo gobierno, encabezado por Porfirio Lobo, calculan en unos 1200 millones de lempiras el costo de la corrupción pública en el interregno golpista; y en ninguno de los
medios oficialistas aparecieron denuncias al respecto.
Una larga noche de impunidad se tendió con la complicidad mediática. El silencio midió su peso en oro.
A la altura de septiembre, esos medios asumieron su otro gran encargo: promover el proceso electoral de noviembre como “masivo, legítimo y transparente”.
EL PISOTEADO DERECHO A LA INFORMACIÓN
En el ínterin entre el golpe y las elecciones, las formas para evitar el acceso a información opositora fueron numerosas. En algunos casos se llegó al extremo de disparar contra instalaciones radiales, como le ocurrió a Radio Juticalpa (Olancho), o la multiplicación de amenazas de agresiones físicas a periodistas en resistencia.
Una característica constante que explica por qué hubo tantos amenazados o agredidos, es el carácter nacional de la represión al Derecho a la Información y también la amplitud de la reacción popular ante los abusos del poder.
Desde radioemisoras de larga tradición social, como Radio Progreso, hasta señales nuevas como el Canal 22, “Patepluma” de Santa Bárbara, fueron hostigadas. No se trataba únicamente de las establecidas en la ciudad capital, Tegucigalpa, sino en las cabeceras departamentales y principales municipios del país.
El papel de los coroneles o jefes de batallones como figuras de poder recobró vigencia en esta coyuntura. La Base Naval de Castilla, en el departamento de Colón, fue una de las más activas en la intimidación a comunicadores sociales.
Una faceta adicional de la represión, poco mencionada, es que alcanzó también a las fuentes informativas. El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), cuyo director, el Padre Ismael Moreno, lo es también de Radio Progreso, fue sitiado por militares en su sede.
Circunstancias similares padecieron organismos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y otros defensores de los derechos humanos.
Cabe destacar que los medios favorables al golpe también denunciaron actos en su contra, como Radio América y HRN, a cuyas instalaciones fueron lanzados artefactos explosivos de procedencia desconocida, sin provocar daños relevantes.
La diferencia es que los atentados contra la oposición mediática al golpe siempre promovían el silencio o la censura, mientras que a las oficialistas nunca les alteró su programación u orientación.
LA
IDEOLOGÍA COMO ARMA DE PERSUASIÓN
Esos ejemplos refuerzan la tesis de que al golpe lo acompañó una guerra sicológica que encontró, en la mayoría de los grandes medios, un acompañamiento consciente. Esos medios, históricamente, se han encargado de invisibilizar la crisis de fondo de la sociedad hondureña al imponer agendas informativas alejadas de la realidad económica, social y política. Su papel antes, durante y después del golpe es consecuente con su tradición.
Sin embargo, no deja de sorprender el parcialismo absoluto que exhibieron a favor del proyecto golpista y sus ejecutores, y la manera en que se despojaron de cualquier respeto a la técnica y ética periodística para asumir el papel de medios de guerra, de una guerra contrainsurgente.
Para estos y sus periodistas principales, esa actuación tuvo un alto costo. Radio América, por ejemplo, vio desplomar su índice de audiencia, despojada ya del mito de “La voz informativa del pueblo”.
La base fundamental de la estrategia mediática fue la manipulación de conceptos, la desinformación
y la intimidación.
Su punto de partida, la piedra angular sobre la cual se construyó todo su discurso, como se expresó anteriormente, fue negar de entrada la existencia de un golpe de Estado y defender la tesis oficial de la Sucesión Presidencial.
La diferencia no era simplemente del titular periodístico, sino que respondió a una lógica obsecuente de interpretar los hechos de determinada forma y no de otra.
Cualquier análisis de contenido confirma su alejamiento de todos los fundamentos periodísticos.
No hubo una línea que separara los géneros informativos, interpretativos y de opinión.
Uno y otro se mezclaba, usando los calificativos ideológicos como armas de persuasión. Los rumores,
conjeturas y especulaciones se manejaron como noticias confirmadas.
La línea editorial —que estigmatizaba a Zelaya Rosales y su vinculación al chavismo— desbordó al resto de los contenidos periodísticos. La ideologización del conflicto fue el sello predominante; también en los medios identificados con la Resistencia zelayista.
EN RESUMEN
Interesante fue constatar que muchos de los minifundios mediáticos existentes se declararon en rebeldía ante la versión impuesta. Aparecieron numerosos espacios digitales, dentro y fuera de la Red de Desarrollo Sostenible, que es el principal portal de la ciudadanía hondureña.
Salieron a la red: Defensores en Línea, El Inventario, Los Necios, C-Libre, Noticias de Honduras en Resistencia y otros.
Como ocurre en otras naciones bajo condiciones de conflicto, aparecieron los blogueros, haciendo periodismo informativo e interpretativo, de denuncia y opinión, como Oscar Estrada, Fabricio Estrada, Fabricio Herrera, Samuel Zelaya y muchos más, nacionales y extranjeros.
En estos meses nacieron radios rebeldes en frecuencias no autorizadas o en Internet —al margen del control o la intimidación de CONATEL—, cuando más arreciaba la censura mediática.
Los viejos programas de gremios y actores sociales se transformaron en focos de denuncia; como los magisteriales, de las organizaciones feministas, de las etnias, de jóvenes, de comunidades religiosas, etc., y surgieron, en paralelo, múltiples manifestaciones de resistencia cultural: en la pintura, narrativa, poesía,
música. La nueva versión del Himno Nacional, arreglada por Nordestal Yeco y cantada por Karla Lara, es toda una ruptura con la “cultura cívica” tradicional. De similar forma apareció el humor político, con personajes como Proscilapia Ventura, una “periodista” que, desde la ficción, decía verdades y que emergió de la factoría cultural de Radio Progreso. Esa resistencia amplia y creativa amerita una investigación aparte.
Es tan impactante lo ocurrido en Honduras que, en el plano de la información comunicación, lo local se volvió internacional (los espacios de la Resistencia eran transmitidos simultáneamente en otros países)
y lo internacional se volvió local.
Las nuevas tecnologías de comunicación aparecieron también en el escenario del enfrentamiento.
Los dueños de grandes empresas de telefonía celular que se alinearon a favor del golpe no pudieron evitar que, a través de sus mismas redes, se informara la otra versión de los acontecimientos.
No hubo espacio de comunicación que no fuera utilizado como resistencia. Muchas capacidades personales de comunicación fueron puestas al servicio de la denuncia y la información, de forma espontánea. Un buen ejemplo es Yutube, en el que se colgaban a diario los trabajos tanto de videoartistas como de aficionados.
Los documentalistas profesionales de video, varios de los cuales son egresados de escuelas de cine, realizaron a su vez una labor extraordinaria de registro y edición. Varios de sus trabajos aún están por divulgarse porque su valor testimonial trasciende lo coyuntural. De igual forma es importante destacar el papel de la prensa extranjera, buena parte de la cual asumió una cobertura objetiva de los hechos y pudo decir al mundo lo que estaba ocurriendo al interior de Honduras.
No hay duda que la máscara mediática tradicional se cayó en la sociedad hondureña y que un tipo de periodismo murió, desacreditado por servil y corrupto.
Sin embargo, paradójicamente, no nació otro nuevo. Quizá esté en gestación y tenga representaciones aisladas, pero se encuentra pendiente. La censura oficial golpista tuvo un éxito inesperado: creó en la oposición, como respuesta, otro tipo de censura, basada en la intolerancia y la descalificación. Otra forma de cultura autoritaria surgió en la propia Resistencia. Una nueva forma de pensamiento único, autoritario y vertical apareció en contraste con las bases de un movimiento que se manifestaba creativo, diverso e imaginativo.
El análisis constructivo fue sustituido por la apología incondicional y una nueva forma de niebla esparció el temor de que si se objetaba algo se corría el riesgo de estar fuera.
Los instrumentos básicos del periodismo: dudar y preguntar, se volvieron de alto riesgo. Al pensamiento
crítico se le exigió militancia incondicional, como en la derecha se le pide servidumbre.
¿Cuánto tiempo se mantendrá esa situación, conteniendo como dique el desarrollo de la oposición?, no se sabe.
En el camino de la ciudadanización del Derecho a la Información, la experiencia vivida por la sociedad
hondureña a partir del 28 de junio es apenas el comienzo.
Fuente: Revista Envío. Número 25 Junio 2010
