OLANCHO
Detenidos alcaldes que son identificados con el presidente Mel Zelaya.
Seis buses en el cruce de Lepaguare han sido detenidos por el ejército y se les han ponchado las llantas para evitar que la gente llegue a la capital del país.
La radio Juticalpa, en Juticalpa, Olancho fue tiroteada y sacada del aire.
Campesinos toman carreteras haciendo barricadas con palos y machetes.
COLÓN
En zonas de Colón, organizaciones de mujeres están denunciando que hay reclutamiento forzoso para los batallones debido a la alta deserción de soldados en la zona.
Están sacando de las casas a jóvenes desde los doce años.
En la comunidad de Guadalupe Carney, Trujillo, se ha hecho una toma permanente de carreteras. Hay una gran cantidad de personas acuerpando la toma, y una coordinación de asamblea con representantes de distintos movimientos.
Han decidido ir caminando hasta Tegucigalpa, cueste lo que cueste.
YORO
En El Progreso, Yoro, se reprimió una manifestación y se detuvieron a: Marcelino Martínez, Jorge Cordón, y Eric Oliva entre otros cuyos nombres desconocemos, en total ocho personas.
La radio Progreso de la Compañía de Jesús, fue intervenida militarmente destruyendosu equipo. Los vecinos quisieron proteger la radio y fueron reprimidos.
COMAYAGUA
Meambar, un pequeño poblado de Comayagua donde se organizó una manifestación de sesenta personas y se han tomado la municipalidad.
En el desvío de Pito Solo se levantó una toma de carretera que duró una buena parte del día.
CHOLUTECA
Se están movilizando para Tegucigalpa, asamblea permanente de movimiento magisterial y campesinos.
SANTA BÁRBARA
Movilizaciones en municipios importantes en Trinidad y Colinas.
El alcalde de Trinidad ha alentado a todo el municipio a movilizarse.
Hay orden de captura para seis alcaldes del municipio y para el gobernador del departamento, igualmente para un candidato a diputado.
LA MOSQUITIA
Movilización de los maestros desde ayer en Puerto Lempira.
No tienen ninguna información más allá de los medios oficiales.
1/7/09
Sigue la represión
Deponen de su cargo al alcalde de Tocoa Colon
Desde Tocoa Colon se nos ha informado que el sr. Adan Funez fue depuesto como alcalde municipal por el delito de apoyar una consulta popular. En su lugar fue nombrado el sr. Boris Reyes quien fuera el candidato por el movimiento de Micheletti en las pasadas elecciones internas.
Los vecinos se quejan por la cancelacion de los medios internacionales que ofrecen informacion sobre la situacion en el pais.
Nahun Palacios un reconocido periodista de la zona ha sido encarcelado solo por el hecho de haber transmitido la protesta de de ayer.
En estos momentos realizan una toma en la carretera hacia Trujillo y no hay medios de comunicacion.
Felix Molina por su parte nos informa que Gustavo López, periodista de Radio Globo, denucnia que los periodistas son amenazados si dicen cuántos manifestantes protestan en contra del golpe de Estado. Gustavo López dice que "pueden informar desde las calles sobre las manifestaciones que repudian el golpe y piden la restitución del Presidente Manuel Zelaya, pero tenemos que decir que son unos cuantos manifestantes; si decimos la verdad, nos distorsionan la voz o nos cortan la señal".
Radio Globo, propiedad del empresario liberal Alejandro Villatoro, fue tomada por efectivos del Ejército el domingo tras el secuestro y expulsión del Presidente Manuel Zelaya.
El personal que pudo entrar a la emisora antes del clímax de la conspiración política seguida del golpe militar contra el Estado fue amenazado, no pudo informar sobre lo ocurrido. La emisora difundió música.
El Director de noticias de Radio Globo, David Romero, hizo intentos por romper el cerco informativo, pero fue amenazado; por la tarde-noche saltó desde una ventana del segundo piso del edificio sede de la radio; escapó. Y los soldados quedaron al mando."Los militares destartalaron puertas, computadoras, cables, micrófonos, grabadoras, editoras y dañaron la consola principal", resumió Gustavo
.El lunes el equipo de prensa transmitió noticias por Internet, pero sus emisiones fueron bloqueadas.
El martes la emisora restableció sus transmisiones "normales", tras la retirada de los uniformados."No podemos transmitir notas sobre desalojos, represiones, heridos, lesionados o muertos; estamos condicionados", concluyó el reportero de Radio Globo.
Desde Tocoa Colon se nos ha informado que el sr. Adan Funez fue depuesto como alcalde municipal por el delito de apoyar una consulta popular. En su lugar fue nombrado el sr. Boris Reyes quien fuera el candidato por el movimiento de Micheletti en las pasadas elecciones internas.
Los vecinos se quejan por la cancelacion de los medios internacionales que ofrecen informacion sobre la situacion en el pais.
Nahun Palacios un reconocido periodista de la zona ha sido encarcelado solo por el hecho de haber transmitido la protesta de de ayer.
En estos momentos realizan una toma en la carretera hacia Trujillo y no hay medios de comunicacion.
Felix Molina por su parte nos informa que Gustavo López, periodista de Radio Globo, denucnia que los periodistas son amenazados si dicen cuántos manifestantes protestan en contra del golpe de Estado. Gustavo López dice que "pueden informar desde las calles sobre las manifestaciones que repudian el golpe y piden la restitución del Presidente Manuel Zelaya, pero tenemos que decir que son unos cuantos manifestantes; si decimos la verdad, nos distorsionan la voz o nos cortan la señal".
Radio Globo, propiedad del empresario liberal Alejandro Villatoro, fue tomada por efectivos del Ejército el domingo tras el secuestro y expulsión del Presidente Manuel Zelaya.
El personal que pudo entrar a la emisora antes del clímax de la conspiración política seguida del golpe militar contra el Estado fue amenazado, no pudo informar sobre lo ocurrido. La emisora difundió música.
El Director de noticias de Radio Globo, David Romero, hizo intentos por romper el cerco informativo, pero fue amenazado; por la tarde-noche saltó desde una ventana del segundo piso del edificio sede de la radio; escapó. Y los soldados quedaron al mando."Los militares destartalaron puertas, computadoras, cables, micrófonos, grabadoras, editoras y dañaron la consola principal", resumió Gustavo
.El lunes el equipo de prensa transmitió noticias por Internet, pero sus emisiones fueron bloqueadas.
El martes la emisora restableció sus transmisiones "normales", tras la retirada de los uniformados."No podemos transmitir notas sobre desalojos, represiones, heridos, lesionados o muertos; estamos condicionados", concluyó el reportero de Radio Globo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia
CIDH SOLICITA VISITAR HONDURAS, OTORGA MEDIDAS CAUTELARESY PIDE INFORMACIÓN
Washington, D.C., 30 de junio de 2009 -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó realizar una visita a Honduras con el objeto de verificara la brevedad la vigencia de los derechos humanos en el país tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
La Comisión Interamericana ha recibido información preocupante, a través de solicitudes de medidas cautelares, comunicaciones verbales y escritas y reportes de medios de comunicación, según la cual varias personas habrían sido detenidas arbitrariamente; algunas habrían sido liberadas y sobre otras se desconoce el paradero. Asimismo, se recibió información de que varias personas habrían sido agredidas y otras amenazadas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de su Reglamento, la Comisión solicitó la realización de la visita.
La CIDH dirigió la carta al Presidente del Congreso y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, autoridades que permanecen en sus cargos tras el golpe de Estado, debido a la imposibilidad de dirigirse en este momento al Presidente Manuel Zelaya y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas.
Por otra parte, la CIDH otorgó medidas cautelares el 28 de junio y las amplió el 29 de junio de 2009, y en ambas oportunidades solicitó información sobre la situación de varias personas. La medida cautelar del 28 de junio fue otorgada a favor de la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas.
La decisión adoptada por la Comisión se basó en solicitudes de medidas cautelares presentadas por varias organizaciones, así como en hechos de conocimiento público, de conformidad con los cuales la Ministra Rodas había sido privada de libertad en forma arbitraria y se ignoraba su paradero.
La CIDH requirió al Estado de Honduras que aclarara la situación y paradero de la Ministra Rodas ; que adoptara las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal; y que se dispusiera su inmediata libertad.
La Comisión informó que requería contar con información, en forma urgente, sobre la implementación de las medidas requeridas, a más tardar el 30 de junio de 2009.
Al día siguiente del otorgamiento de la medida, el 29 de junio, la Ministra Rodas se encontraba en México. En la misma carta enviada el 28 de junio, la Comisión solicitó al Estado de Honduras información sobre la situación de otras altas autoridades estatales, familiares del Presidente Manuel Zelaya y un grupo de líderes sociales, con el fin de tomar una decisión sobre varias solicitudes de medidas cautelares.
La CIDH estableció el mismo plazo del 30 de junio de 2009 para recibir información sobre la situación de estas personas y sobre cualquier medida adoptada para salvaguardar su seguridad.
Hasta el momento de la emisión del presente comunicado de prensa, la CIDH no había recibido respuesta a su solicitud.
La siguiente es la lista de personas sobre las cuales la CIDH solicitó información:
Autoridades estatales
César Ham, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática; Marvin Ponce, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática; Enrique Flores Lanza, Secretario de la Presidencia; Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo; Doris García, Ministra del Instituto Nacional de la Mujer; Miriam Mejia, Instituto de la Juventud; Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros; Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias; Luter Castillo Harris, Jefe de Cooperación Externa de la Cancillería de la República; Arcadia López, Ministra de Staff de Casa Presidencial; Carlos Melano, asistente del Presidente Zelaya; Enrique Reina, asistente del Presidente Zelaya; ylos demás Ministros, Vice ministros y miembros del Gabinete del Presidente Zelaya Rosales.
Los y las familiares del Presidente Zelaya Rosales
Dirigentes populares
Rafael Alegría, dirigente nacional de Vía Campesina; Ángel Alvarado, del Comité Nacional de Resistencia; Juan Barahona, del Bloque Popular; Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN); Eulogio Chávez, del Comité Nacional de Resistencia; Bertha Oliva de Nativí, del Comité de Familiares Detenidos -Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Andrés Pavón Uribe, del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH); Marvin Ponce, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; Carlos Eduardo Reina, del Comité Nacional de Resistencia; Carlos Humberto Reyes, del Bloque Popular; Sara Elisa Rosales, de la organización Las Lolas y Movimiento Feminista; Israel Salinas, del Sindicato Mayoritario; y,Salvador Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
El 29 de junio de 2009, la CIDH amplió las medidas cautelares a favor de Edras Amado López, Bertha Cáceres y César Ham.
De acuerdo a la información recibida, fuerzas militares rondarían la casa de habitación de Bertha Cáceres, miembra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y la casa de habitación de César Ham, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática, habría sido ametrallada. Asimismo, Esdras Amado López, periodista del programa Cholusatsur del Canal 36, habría sido detenido y se desconoce su paradero.
La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad personal de los beneficiarios; en el caso particular de Edran Amado López, que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad.
La CIDH solicitó información en forma urgente sobre la implementación de esta ampliación de medidas requeridas, a más tardar el 1 de julio de 2009.
La CIDH dio el mismo plazo para que Honduras informe sobre la situación de Roger Ulises Peña, Alan McDonald, Adriana Sivori, Larry Sánchez, María José Díaz y Freddy Quintero. Según la información recibida, Roger Ulises Peña, sindicalista, habría sido atropellado el 29 de junio de 2009 por un comando militar y se encontraría en estado grave de salud; Alan McDonald, caricaturista, habría sido detenido arbitrariamente junto con su hija de 17 meses en un operativo en el que un grupo de soldados habría saqueado su casa y destruido sus caricaturas; y Adriana Sivori, Larry Sánchez, María José Díaz, y Freddy Quintero, corresponsales de TeleSUR, habrían sido detenidos arbitrariamente por fuerzas militares y despojados de sus equipos de trabajo y documentación.
La Comisión también solicitó a Honduras informar a la CIDH a más tardar el 1 de julio si se ha declarado un estado de excepción y, en ese caso, cuáles medidas han sido adoptadas para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y garantías judiciales inderogables.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 27 que en ningún caso pueden suspenderse, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, a la protección de la familia, los derechos políticos y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Asimismo, la Comisión Interamericana solicitó se le informe si se ha producido alguna muerte en conexión con el golpe de Estado, y en este caso información específica al respecto; y sobre todas las detenciones que se habrían practicado desde el día 28 de junio de 2009 en conexión con el golpe de Estado o en operativos de control de orden público posteriores, incluyendo información sobre la identidad de las personas detenidas, las causas de su detención, su actual paradero, si hay personas incomunicadas y si existen recursos judiciales disponibles y en funcionamiento para revisar las causas y condiciones de esas detenciones.
En relación a la situación del derecho a la libertad de expresión, la CIDH solicitó que se le informe sobre la presunta clausura del Canal 36, el Canal 8 y medios de comunicación estatal; la presunta toma de HONDUTEL por parte de efectivos militares; el presunto corte deliberado de servicios de luz y teléfono; la presunta orden, bajo amenaza de fuerza, para que dos equipos de TeleSUR desmontasen sus equipos e interrumpiesen transmisiones; la presunta prohibición de transmitir a canales de televisión por cable (TeleSUR, CNN, CubaVisión Internacional); la presunta prohibición al Diario El Tiempo y el Canal 11 de transmitir declaraciones de funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya; la toma de Radio Globo por elementos militares y las presuntas vejaciones, amenazas e intimidaciones contra su personal, incluyendo a Alejandro Villatoro, Lidieth Díaz, Rony Martínez, Franklin Mejía, David Ellner Romero, y Orlando Villatoro, la presunta toma de Radio Progreso por elementos militares; las medidas adoptadas para asegurar la vida e integridad personal de un periodista del Diario El Heraldo que habría sido atacado por particulares durante una manifestación frente de la Casa Presidencial; y la presunta detención de 22 buses en los que se desplazaban miembros de pueblos indígenas provenientes de Olancho y Jesús de Otoro.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emitió un comunicado de prensa el 29 de junio condenando las limitaciones a este derecho tras el golpe de Estado y urgiendo a su respeto irrestricto.
La Comisión Interamericana condenó enérgicamente el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional que tuvieron lugar el 28 de junio de 2009 en Honduras, a través de un comunicado emitido esa misma fecha.
La CIDH reitera el llamado urgente realizado en esa oportunidad, para que se restaure el orden democrático en Honduras y para que se respeten los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta Democrática Interamericana.
En la misma fecha, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de una resolución del Consejo Permanente, condenó el golpe de Estado y la detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Zelaya, exigió el inmediato, seguro e incondicional retorno del Presidente Zelaya a sus funciones constitucionales, anunció que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional, y convocó a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que tiene lugar hoy. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
La Asociación de Jueces por la Democracia denuncia a los golpistas ante la Fiscalía
1. DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO
De: Asociaciòn de Jueces Por la Democracia AJD
SE DENUNCIA LA COMISION DE DELITOS CONTRA LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TERRORISMO, DETENCIÓN ILEGAL, REBELIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, TRAICION A LA PATRIA.
SE OFRECE INFORMACION DOCUMENTAL Y TESTIFICAL PARA DAR SUSTENTO A LOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN.
Fiscalía General de la República Ministerio PúblicoTegucigalpa,
MDCVÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, GUILLERMO LÓPEZ LONE, OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, JARI DIXON HERRERA, FOAD ALEJANDRO CASTILLO, MARCO TULIO PADILLA MENDOZA, TIRZA FLORES, CLAUDIA HERSMANDORFER, HERMES ANIBAL REYES NAVARETE, BERTHA OLIVA, MARÍA DEL ROSARIOS ROIZ ANDINO, MYRNA ISABEL MEJÍA FLORES, LIDIA CÁLIX, MARCELA GUZMÁN MELGHEM 0801-1981-09381; ciudadanos y ciudadanas hondureñas, mayores de edad, de este domicilio, con el debido respeto comparecemos denunciando la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, USURPACIÓN DE FUNCIONES, TERRORISMO, REBELIÓN, TRAICIÓN A LA PATRIA, DELITOS CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO Y CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO HONDUREÑO; solicitamos que se determine los niveles de responsabilidad que en estos hechos tienen los señores ROMEO ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MIGUEL A. GARCÍA PADGETT, JUAN PABLO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LUIS JAVIER PRINCE SUAZO miembros del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de Honduras; ROBERTO MICHELETTI BAÍN, JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA PAZ, RAMÓN VELÁSQUEZ NAZAR, MARY ELIZABETH FLORES FLAKES junto a los demás diputados y diputadas que participaron y aprobaron la resolución o decreto mediante la cual se destituyó al ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES de su condición de Presidente Constitucional de la República de Honduras; los bienes jurídicos quebrantados son la EXISTENCIA Y LA SEGURIDAD DEL ESTADO, LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LA PATRIA; los hechos, las pruebas y fundamentos de derecho en los cuales se fundamenta la presente acción; se describen a continuación:
PRIMERO: El domingo veintiocho de junio de dos mil nueve alrededor de las cinco de la mañana, en la Colonia 3 Caminos de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, con instrucciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, un contingente de militares ingresaron violentamente a la vivienda del Presidente Constitucional de la República, señor José Manuel Zelaya Rosales con el fin de darle captura, acción en la cual se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre los agresores y la guardia de honor presidencial, la cual finalmente es reducida a la impotencia.
Posteriormente a su captura el presidente es trasladado a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea de Honduras y luego puesto en un avión que lo conduce a San José de Costa Rica.
Por medios de comunicación masiva la Corte Suprema de Justicia divulgó ese mismo día 28 de junio un comunicado de prensa en el que reseñaba la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, misma que ordenada la suspensión de la Encuesta de Opinión denominada "Cuarta Urna" y el decomiso de las urnas, papeletas y todo el material relacionado con la llamada consulta popular. Sobra decir que dicho juzgado no tiene facultades para decretar la detención de ninguna persona, por lo que la detención del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales se produce sin la orden judicial respectiva que en todo caso debió ser producto de un proceso bien definido por el Código Procesal Penal en sus artículos 417 y siguientes y sin lugar a dudas la detención justificada de cualquier persona en la república de Honduras, implica su puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes, lo que en este caso no sucedió.
SEGUNDO: El Congreso Nacional de la República, no obstante que la mayoría de diputados y diputadas son del interior del país y que sus reuniones ordinaria se realizan de martes a jueves; ese mismo día domingo veintiocho de junio de 2009, realizó reunión con una importante presencia de congresistas, acto en el cual se le da lectura a una supuesta carta de renuncia de su cargo como Presidente de la República del señor José Manuel Zelaya Rosales; y al ser consultado el señor JOSE ALFREDO SAAABEDRA como secretario del Poder Legislativo sobre la procedencia de dicha correspondencia, jamás dio razón de la misma, pero si admitió que no tenía razones para dudar del contenido de dicho documento, no obstante que el supuesto deponente Zelaya Rosales, negaba tal renuncia por distintos medios de comunicación desde San José de Costa Rica.
TERCERO: En la misma reunión del Congreso Nacional aludida en el acápite anterior, según lo transmitido por medios de comunicación y lo expresado por algunos congresistas entre ellos el señor ROBERTO MICHELETTI BAIN Y JOSE ALFREDO SAABEDRA PAZ, se informo que una comisión creada previamente por ese poder del Estado, presento un informe mediante el cual se somete a consideración la improbación de la conducta del ciudadano presidente de la República Manuel Zelaya Rosales; la cual es aprobada por unanimidad de los las congresistas asistentes, y a través de ese mecanismo se decide la sustitución del presidente de la República, nombrando en su lugar al mismo ROBERTO MICHELLETI BAIN y a su vez este es sustituido de su cargo como presidente del Congreso nacional por el señor JOSE ALFREDO SAABEDRA
CUARTO: Ese mismo día de los hechos, fue interrumpido el fluido eléctrico en la mayor parte del territorio nacional, las radioemisoras y televisoras en su mayoría interrumpieron voluntariamente su transmisión, los medios de comunicación de la presidencia de la república fueron cerrados bajo circunstancias aún no esclarecidas y algunos medios alternativos fueron asaltados por contingentes militares que les obligaron a salir del aire y a que el personal abandonará sus centros de trabajo. Así mismo se produjo la detención selectiva y deliberada de varias personas, entre las que se destaca la de la señora PATRICIA RODAS Ministra de Relaciones Exteriores, así mismo fueron privados de su libertad y agredidos los embajadores de la República Bolivariana de Venezuela, de Nicaragua y Cuba.
Los denunciados como parte de un plan preconcebido son coautores de conductas que nuestro ordenamiento jurídico las sanciona en los términos siguientes:
1. Delito contra los Altos Funcionarios del Estado: Articulo 323 del Código Penal, el cual se configura con el hecho que los coautores en este caso, ofenden al presidente de la República en su integridad corporal y en su libertad.
2. Delito contra la forma de gobierno: Artículo 328 numerales 1, 2, 3 y 4 en este supuesto se sanciona a todas aquellas personas que por la fuerza o fuera de las vías legales alteren la forma de gobierno, los denunciados entre otros comportamientos han alterado la forma de su suceder al titular del ejecutivo
3. Terrorismo artículo 335 numeral 5 , son autores de este delito quienes con fines políticos atentan contra la seguridad del Estado; acción que en este caso se concreta entre otras formas a través de la evidente planificación, organización , coordinación y ejecución de la ilegal detención del Presidente Manuel Zelaya Rosales y de personas que coinciden con su propuesta de dirección política del país.
4. Rebelión artículo 336 del Código Penal; en virtud que la jerarquía militar determino la utilización de la fuerza de las armas para junto a los congresistas derrocar al presidente Manuel Zelaya Rosales y el ejercicio del poder ejecutivo. En este tipo penal también se configura la conducta de aquellas personas que por delegación de quienes han alterado el orden constitucional, han asumido cargos públicos
5. Detención ilegal artículo 333 numeral 1 del Código Penal. El presidente de la República, la Ministra de Relaciones exteriores, los embajadores de la república de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sin orden judicial fueron privados de su libertad; en el marco de las acciones de los denunciados.
6. Abuso de Autoridad artículo 349 numeral 2; la resolución o decreto de los diputados al Congreso Nacional, que ordena la sustitución del presidente Manuel Zelaya Rosales electo por voluntad popular; es un acto absolutamente contrario a la Constitución de la República, en virtud que la facultad que la Constitución de la República concede al Congreso Nacional para improbar la conducta oficial de un funcionario público, no implica derecho o facultada para removerlo o destituirlo.
7. Traición artículo 2 constitucional, establece que la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria, el cual es regulado por el Código Penal en su artículo 302.
1.- Recortes de periódicos impresos y electrónicos en donde consta la cobertura de los hechos.5.- Que se tome declaración a las siguientes personas:
a.- José Manuel Zelaya Rosalesb.- A los miembros de la guardia de honor presidencial que custodiaban su vivienda el día de los hechos.
Artículos: 2, 80, 82, 331 de la Constitución de la República;, 16, 17, 41, 263, 264, 267, 272, 273 y 274 del Código Procesal Penal, 302, 323, 328, 335, 336, 333 y 349 del Código Penal
A la Fiscalía del Ministerio Publico, respetuosamente pedimos: Admitir la presente acción juntamente con los documentos que se acompañan; instruir y practicar las investigaciones que resulten procedentes como inspecciones, toma de declaraciones a testigos propuestos y a quien resulte necesario escuchar; agotada que sea la investigación, proceder a interponer Requerimiento Fiscal en contra del los denunciados e instar la tramitación del proceso judicial hasta que los mismos sean condenados por la comisión de los delitos CONTRA LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TERRORISMO, DETENCIÓN ILEGAL, REBELIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD,TRAICION A LA PATRIA; teniendo como perjudicada a mi representada la Cooperativa de Ahorro y crédito, San Antonio María Clarete Limitada.
Tegucigalpa, MDC 30 de Junio de 2009.
De: Asociaciòn de Jueces Por la Democracia AJD
SE DENUNCIA LA COMISION DE DELITOS CONTRA LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TERRORISMO, DETENCIÓN ILEGAL, REBELIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, TRAICION A LA PATRIA.
SE OFRECE INFORMACION DOCUMENTAL Y TESTIFICAL PARA DAR SUSTENTO A LOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN.
Fiscalía General de la República Ministerio PúblicoTegucigalpa,
MDCVÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, GUILLERMO LÓPEZ LONE, OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL, JARI DIXON HERRERA, FOAD ALEJANDRO CASTILLO, MARCO TULIO PADILLA MENDOZA, TIRZA FLORES, CLAUDIA HERSMANDORFER, HERMES ANIBAL REYES NAVARETE, BERTHA OLIVA, MARÍA DEL ROSARIOS ROIZ ANDINO, MYRNA ISABEL MEJÍA FLORES, LIDIA CÁLIX, MARCELA GUZMÁN MELGHEM 0801-1981-09381; ciudadanos y ciudadanas hondureñas, mayores de edad, de este domicilio, con el debido respeto comparecemos denunciando la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, USURPACIÓN DE FUNCIONES, TERRORISMO, REBELIÓN, TRAICIÓN A LA PATRIA, DELITOS CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO Y CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO HONDUREÑO; solicitamos que se determine los niveles de responsabilidad que en estos hechos tienen los señores ROMEO ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MIGUEL A. GARCÍA PADGETT, JUAN PABLO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LUIS JAVIER PRINCE SUAZO miembros del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de Honduras; ROBERTO MICHELETTI BAÍN, JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA PAZ, RAMÓN VELÁSQUEZ NAZAR, MARY ELIZABETH FLORES FLAKES junto a los demás diputados y diputadas que participaron y aprobaron la resolución o decreto mediante la cual se destituyó al ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES de su condición de Presidente Constitucional de la República de Honduras; los bienes jurídicos quebrantados son la EXISTENCIA Y LA SEGURIDAD DEL ESTADO, LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LA PATRIA; los hechos, las pruebas y fundamentos de derecho en los cuales se fundamenta la presente acción; se describen a continuación:
HECHOS
PRIMERO: El domingo veintiocho de junio de dos mil nueve alrededor de las cinco de la mañana, en la Colonia 3 Caminos de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, con instrucciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, un contingente de militares ingresaron violentamente a la vivienda del Presidente Constitucional de la República, señor José Manuel Zelaya Rosales con el fin de darle captura, acción en la cual se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre los agresores y la guardia de honor presidencial, la cual finalmente es reducida a la impotencia.
Posteriormente a su captura el presidente es trasladado a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea de Honduras y luego puesto en un avión que lo conduce a San José de Costa Rica.
Por medios de comunicación masiva la Corte Suprema de Justicia divulgó ese mismo día 28 de junio un comunicado de prensa en el que reseñaba la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, misma que ordenada la suspensión de la Encuesta de Opinión denominada "Cuarta Urna" y el decomiso de las urnas, papeletas y todo el material relacionado con la llamada consulta popular. Sobra decir que dicho juzgado no tiene facultades para decretar la detención de ninguna persona, por lo que la detención del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales se produce sin la orden judicial respectiva que en todo caso debió ser producto de un proceso bien definido por el Código Procesal Penal en sus artículos 417 y siguientes y sin lugar a dudas la detención justificada de cualquier persona en la república de Honduras, implica su puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes, lo que en este caso no sucedió.
SEGUNDO: El Congreso Nacional de la República, no obstante que la mayoría de diputados y diputadas son del interior del país y que sus reuniones ordinaria se realizan de martes a jueves; ese mismo día domingo veintiocho de junio de 2009, realizó reunión con una importante presencia de congresistas, acto en el cual se le da lectura a una supuesta carta de renuncia de su cargo como Presidente de la República del señor José Manuel Zelaya Rosales; y al ser consultado el señor JOSE ALFREDO SAAABEDRA como secretario del Poder Legislativo sobre la procedencia de dicha correspondencia, jamás dio razón de la misma, pero si admitió que no tenía razones para dudar del contenido de dicho documento, no obstante que el supuesto deponente Zelaya Rosales, negaba tal renuncia por distintos medios de comunicación desde San José de Costa Rica.
TERCERO: En la misma reunión del Congreso Nacional aludida en el acápite anterior, según lo transmitido por medios de comunicación y lo expresado por algunos congresistas entre ellos el señor ROBERTO MICHELETTI BAIN Y JOSE ALFREDO SAABEDRA PAZ, se informo que una comisión creada previamente por ese poder del Estado, presento un informe mediante el cual se somete a consideración la improbación de la conducta del ciudadano presidente de la República Manuel Zelaya Rosales; la cual es aprobada por unanimidad de los las congresistas asistentes, y a través de ese mecanismo se decide la sustitución del presidente de la República, nombrando en su lugar al mismo ROBERTO MICHELLETI BAIN y a su vez este es sustituido de su cargo como presidente del Congreso nacional por el señor JOSE ALFREDO SAABEDRA
CUARTO: Ese mismo día de los hechos, fue interrumpido el fluido eléctrico en la mayor parte del territorio nacional, las radioemisoras y televisoras en su mayoría interrumpieron voluntariamente su transmisión, los medios de comunicación de la presidencia de la república fueron cerrados bajo circunstancias aún no esclarecidas y algunos medios alternativos fueron asaltados por contingentes militares que les obligaron a salir del aire y a que el personal abandonará sus centros de trabajo. Así mismo se produjo la detención selectiva y deliberada de varias personas, entre las que se destaca la de la señora PATRICIA RODAS Ministra de Relaciones Exteriores, así mismo fueron privados de su libertad y agredidos los embajadores de la República Bolivariana de Venezuela, de Nicaragua y Cuba.
CONFIGURACIÓN JURIDICO PENAL DE LOS HECHOS
Los denunciados como parte de un plan preconcebido son coautores de conductas que nuestro ordenamiento jurídico las sanciona en los términos siguientes:
1. Delito contra los Altos Funcionarios del Estado: Articulo 323 del Código Penal, el cual se configura con el hecho que los coautores en este caso, ofenden al presidente de la República en su integridad corporal y en su libertad.
2. Delito contra la forma de gobierno: Artículo 328 numerales 1, 2, 3 y 4 en este supuesto se sanciona a todas aquellas personas que por la fuerza o fuera de las vías legales alteren la forma de gobierno, los denunciados entre otros comportamientos han alterado la forma de su suceder al titular del ejecutivo
3. Terrorismo artículo 335 numeral 5 , son autores de este delito quienes con fines políticos atentan contra la seguridad del Estado; acción que en este caso se concreta entre otras formas a través de la evidente planificación, organización , coordinación y ejecución de la ilegal detención del Presidente Manuel Zelaya Rosales y de personas que coinciden con su propuesta de dirección política del país.
4. Rebelión artículo 336 del Código Penal; en virtud que la jerarquía militar determino la utilización de la fuerza de las armas para junto a los congresistas derrocar al presidente Manuel Zelaya Rosales y el ejercicio del poder ejecutivo. En este tipo penal también se configura la conducta de aquellas personas que por delegación de quienes han alterado el orden constitucional, han asumido cargos públicos
5. Detención ilegal artículo 333 numeral 1 del Código Penal. El presidente de la República, la Ministra de Relaciones exteriores, los embajadores de la república de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sin orden judicial fueron privados de su libertad; en el marco de las acciones de los denunciados.
6. Abuso de Autoridad artículo 349 numeral 2; la resolución o decreto de los diputados al Congreso Nacional, que ordena la sustitución del presidente Manuel Zelaya Rosales electo por voluntad popular; es un acto absolutamente contrario a la Constitución de la República, en virtud que la facultad que la Constitución de la República concede al Congreso Nacional para improbar la conducta oficial de un funcionario público, no implica derecho o facultada para removerlo o destituirlo.
7. Traición artículo 2 constitucional, establece que la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria, el cual es regulado por el Código Penal en su artículo 302.
SE OFRECE INFORMACION EN CARÁCTER DE PRUEBA
1.- Recortes de periódicos impresos y electrónicos en donde consta la cobertura de los hechos.5.- Que se tome declaración a las siguientes personas:
a.- José Manuel Zelaya Rosalesb.- A los miembros de la guardia de honor presidencial que custodiaban su vivienda el día de los hechos.
FUNDAMENTOS LEGALES.
Artículos: 2, 80, 82, 331 de la Constitución de la República;, 16, 17, 41, 263, 264, 267, 272, 273 y 274 del Código Procesal Penal, 302, 323, 328, 335, 336, 333 y 349 del Código Penal
PETICION CONCRETA.-
A la Fiscalía del Ministerio Publico, respetuosamente pedimos: Admitir la presente acción juntamente con los documentos que se acompañan; instruir y practicar las investigaciones que resulten procedentes como inspecciones, toma de declaraciones a testigos propuestos y a quien resulte necesario escuchar; agotada que sea la investigación, proceder a interponer Requerimiento Fiscal en contra del los denunciados e instar la tramitación del proceso judicial hasta que los mismos sean condenados por la comisión de los delitos CONTRA LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TERRORISMO, DETENCIÓN ILEGAL, REBELIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD,TRAICION A LA PATRIA; teniendo como perjudicada a mi representada la Cooperativa de Ahorro y crédito, San Antonio María Clarete Limitada.
Tegucigalpa, MDC 30 de Junio de 2009.
Pronunciamiento de ASONOG
PRONUNCIAMIENTO 1
La Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) formado por quince diferentes organizaciones de la sociedad civil hondureña (OCDIH, CASM, ADROH, HERMANDAD DE HONDURAS, CCD, ODECO, AESMO, UTC, PILARH, DIA, APDI, ATRIDEST, COPRAOL, ADEVAS Y COPROCAA) a la comunidad nacional e internacional hace saber su posición ante los hechos acaecidos en el país.
Primero: Lamentamos profundamente la situación de caos e inestabilidad originados por la pugna entre los grupos de poder que por años han manejado el país a su antojo y conveniencia, desconociendo reiteradamente la voluntad y aspiraciones de las grandes mayorías por construir un estado digno, transparente y verdaderamente democrático.
Segundo: Que en apego a nuestro estado de derecho, rechazamos y desaprobamos categóricamente el Golpe de Estado contra el legítimo presidente electo por el pueblo Hondureño pues esta acción además de inconstitución nos sitúa ante el mundo como una sociedad carente de todo dialogo y desfasada del nuevo orden mundial.
Tercero: Demandamos un inmediato restablecimiento del sistema democrático que ha sido violentado por el golpe de estado y la restitución del presidente electo en apego a nuestra constitución y demás leyes.
Cuarto: Que como organización respetuosa de la ley no podemos reconocer al actual gobierno, nombrado por el congreso nacional por no haber sido electo democráticamente sino producto de una sucesión forzada.
Quinto: Condenamos el silencio al que han sido sometidos algunos medios de comunicación y la violación al derecho de la libre expresión, y la persecución política de la que han sido víctimas lideres de diferentes movimientos sociales a nivel nacional.
Sexto: Demandamos que se juzgue y condene a quienes han orquestado y ejecutado este duro golpe en contra de la democracia y el pueblo de Honduras.
Hacemos un llamado a los diferentes sectores del país, para que en pos de la unidad de la nación promovamos el dialogo y encontrar los mecanismos que nos permitan el re establecimiento del sistema democrático en Honduras.
Santa Rosa de Copan 29 Junio 2009
El gabinete de Honduras en la resistencia. Comunicado
COMUNICADO GABINETE DEL GOBIERNO DE HONDURAS EN LA RESISTENCIA
Considerando:Que el domingo 28 de junio, a tempranas horas de la mañana, el Presidente Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, fue secuestrado por un grupo de militares, trasladándolo a Costa Rica, desde donde él mismo denunció en conferencia de prensa a nivel internacional, el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional.
Considerando:Que el Congreso Nacional de la República, hizo aparecer una renuncia con una firma falsificada, desmentida por el propio Presidente Zelaya y su Gabinete.
Considerando: Que, con argumentos fuera de la realidad, procedieron a aceptar la supuesta renuncia del Presidente y de su Gabinete de Gobierno, para luego nombrar de manera ilegal e inconstitucional a Roberto Micheletti Bain, quien prestó juramento como Presidente de Facto.
Considerando:Que la familia del Presidente José Manuel Zelaya Rosales y los miembros de su gabinete están siendo perseguidos, sin el goce de ninguna garantía legal.
Considerando:Que el Presidente de facto y su ilegítimo gobierno junto a diputados y grupos militares han decretado un toque de queda de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana, violentando los derechos garantizados en nuestra Carta Magna.
Considerando:La imposibilidad que tiene en estos momentos el pueblo hondureño para recibir información objetiva y el cierre de medios de comunicación independientes, en otro flagrante y consumado atentado a la libertad de expresión.
Considerando:Que todos los países miembros de la Comunidad Internacional, incluida la Unión Europea, la OEA, los países del Cono Sur, los miembros del ALBA, el sistema de integración Centro americana (SICA), y la ONU, condenan el golpe de estado militar, desconociendo totalmente al gobierno usurpador e ilegal, y que exigen la restitución inmediata e incondicional del único Presidente Constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales.
LOS MIEMBROS DEL GABINETE DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE ZELAYA AL PUEBLO Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DECLARAN:
1. Que el único gobierno legalmente constituido y electo por el pueblo es el del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales,
2. Que estamos organizados, junto a miembros de la sociedad civil, obreros, trabajadores, partidos políticos y sociedad en general en una resistencia pacífica, desconociendo la instalación del Gobierno y Presidente de Facto que pretenden dar un zarpazo a la democracia de nuestro país
3. Que el pueblo hondureño ha reaccionado valiente pero pacíficamente en contra de este golpe a la democracia
4. Que reiteramos que estamos en pie a la par de nuestro Presidente, atentos para defender la democracia y estamos seguros de que gracias al contundente apoyo del noble pueblo hondureños y de la comunidad internacional restableceremos el Estado de Derecho y se reinstalará el Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales electo por el pueblo, para que cumpla su periodo constitucional y continúe su incansable labor en favor del pueblo hondureño.
Exhortamos a todo el pueblo hondureño para que continuemos defendiendo pacíficamente la democracia para que en las próximas horas restablezcamos el orden y la paz en nuestra amada Honduras.
Tegucigalpa MDC 29 de junio del 2009.
Gabinete del Gobierno de Honduras en la Resistencia
ENRIQUE FLORES LANZA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
EDUARDO ENRIQUE REINA, SECRETARIO PRIVADO
REBECA SANTOS, SECRETARIA DE FINANZAS
FREDIS CERRATO, SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CESAR SALGADO, MINISTRO DEL FHIS
RICCI MONCADA, MINISTRA DE ENERGIA
EDWIN ARAQUE, PRESIDENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS
JACOBO LAGOS, MINISTRO DE STAFF PRESIDENCIAL
MARCIO SIERRA, VICEMINISTRO DE LA PRESIDENCIA
BEATRIZ VALLE, MINISTRA DE RREE POR LEY
CARLOS ORBIN MONTOYA, MINISTRO ASESOR
RODOLFO PASTOR FASQUELLE, MINISTRO DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
MILTON JIMENEZ PUERTO, PRESIDENTE COMISION NAC. BANCA Y SEGUROS RICARDO ARIAS, VICEMINISTRO DE LA PRESIDENCIA
JORGE MENDEZ , GERENTE DE SANAA
FRANCISCO FUNES, GERENTE DEL INA
MARCO VELASQUEZ, VICEMINISTRO DE TRANSPORTE Y VIVIENDA
MARCO TULIO CARTAGENA, SUBGERENTE DEL INA
ADA SERRANO, DIRECTORA DEL PANI
JOSE MEDINA, MINISTRO DE LAS ETNIAS
ANGEL MURILLO SELVA, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
MAYRA MEJIA, MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MARLON BREVE, MINISTRO DE EDUCACION
MARCO BURGOS, MINISTRO DE COMISIÓN PERMANENTE DE EMERGENCIAS
KAREN ZELAYA, MINISTRA DE COOPERACION
DORIS GARCIA, MINISTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJERJORGE
ALBERTO ROSA, GERENTE HONDUTEL
SUYAPA PRUDOT, MINISTRA DEL INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
siguen las formas.
El golpista Micheletti ha violado los siguientes artìculos de la Constitucion
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, 1982 (Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982)
TITULO I: DEL ESTADO CAPITULO I DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO ARTICULO
2.- La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
ARTICULO 4.- La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
ARTICOLO 72.- Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.
ARTICULO 73.- Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la Ley.
ARTICULO 74.- No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.
ARTICULO 77.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.
ARTICULO 79.- Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.
ARTICULO 84.- Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley. No obstante, el delincuente in-fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad de be permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección.
ARTICULO 98.- Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.
ARTICULO 100.- Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
ARTICULO 102.- Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero.
ARTICULO 182.- El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual;
ARTICULO 242.- Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Designado que elija al efecto el Congreso Nacional ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falte para terminar el período constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto los tres designados, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional, y a falta de este último, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia por el tiempo que faltare para terminar el período constitucional. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a uno de los designados para que lo sustituya. Si la elección del Presidente y Designados no estuviere declarada un día antes del veintisiete de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Ministros, el que deberá convocar a elecciones de autoridades supremas, dentro de los quince días subsiguientes a dicha fecha. Estas elecciones se practicarán dentro de un plazo no menor de cuatro ni mayor de seis meses, contados desde la fecha de la convocatoria. Celebradas las elecciones, el Tribunal Nacional de Elecciones, o en su defecto el Congreso Nacional, o la Corte Suprema de Justicia, en su caso, hará la declaratoria correspondiente, dentro de los veinte días subsiguientes a la fecha de la elección, y los electos tomarán inmediatamente posesión de sus cargos hasta completar el período constitucional correspondiente.
ARTICULO 272.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
ARTICULO 278.- Las órdenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del Jefe de las mismas, deberán ser acatadas y ejecutadas.
ARTICULO 311.- La calidad de Juez o Magistrado en funciones es incompatible con el libre ejercicio de la profesión del derecho y con la de funcionario o empleado de otros poderes públicos, excepto la de docente y de Diplomático ad-hoc. Los Jueces y Magistrados en funciones no podrán participar por motivo alguno en actividades políticas partidistas de cualquier clase, excepto la de emitir su voto personal, tampoco podrán sindicalizarse ni declararse en huelga.
321.- Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.
ARTICULO 322.- Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".
ARTICULO 323.- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito
TITULO I: DEL ESTADO CAPITULO I DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO ARTICULO
2.- La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
ARTICULO 4.- La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
CAPITULO II
DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES
ARTICOLO 72.- Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.
ARTICULO 73.- Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la Ley.
ARTICULO 74.- No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.
ARTICULO 77.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.
ARTICULO 79.- Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.
ARTICULO 84.- Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley. No obstante, el delincuente in-fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad de be permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección.
ARTICULO 98.- Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.
ARTICULO 100.- Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
ARTICULO 102.- Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero.
TITULO IV: DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES CAPITULO I
DEL HABEAS CORPUS Y EL AMPARO
ARTICULO 182.- El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual;
y
CAPITULO VI DEL PODER EJECUTIVO
ARTICULO 242.- Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Designado que elija al efecto el Congreso Nacional ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falte para terminar el período constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto los tres designados, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional, y a falta de este último, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia por el tiempo que faltare para terminar el período constitucional. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a uno de los designados para que lo sustituya. Si la elección del Presidente y Designados no estuviere declarada un día antes del veintisiete de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Ministros, el que deberá convocar a elecciones de autoridades supremas, dentro de los quince días subsiguientes a dicha fecha. Estas elecciones se practicarán dentro de un plazo no menor de cuatro ni mayor de seis meses, contados desde la fecha de la convocatoria. Celebradas las elecciones, el Tribunal Nacional de Elecciones, o en su defecto el Congreso Nacional, o la Corte Suprema de Justicia, en su caso, hará la declaratoria correspondiente, dentro de los veinte días subsiguientes a la fecha de la elección, y los electos tomarán inmediatamente posesión de sus cargos hasta completar el período constitucional correspondiente.
CAPITULO X DE LAS FUERZAS ARMADAS
ARTICULO 272.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
ARTICULO 278.- Las órdenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del Jefe de las mismas, deberán ser acatadas y ejecutadas.
CAPITULO XII
DEL PODER JUDICIAL
ARTICULO 311.- La calidad de Juez o Magistrado en funciones es incompatible con el libre ejercicio de la profesión del derecho y con la de funcionario o empleado de otros poderes públicos, excepto la de docente y de Diplomático ad-hoc. Los Jueces y Magistrados en funciones no podrán participar por motivo alguno en actividades políticas partidistas de cualquier clase, excepto la de emitir su voto personal, tampoco podrán sindicalizarse ni declararse en huelga.
CAPITULO XIII
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS SERVIDORES ARTICULO
321.- Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.
ARTICULO 322.- Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".
ARTICULO 323.- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito
Carta a Obama
Empezare por decirle Señor que no espero que su politica exterior redima a mi pueblo; solo el pueblo redime al pueblo. Y aunque en este momento como mi presidente y compañeros ministros soy un prófugo, no buscare su protección ni su amparo para mi persona aunque existen circunstancias que lo propiciarían, porque se me enseño desde niño a confiar en mis propias fuerzas, en la comunidad que me circunda y la ayuda d e los amigos que la ofrecen.
Pero tambien debo confesar que fue alentador escuchar primero a su Embajador H. Llorens decir que las FFAA le debían en primer lugar obediencia a su Comandante en Jefe el Presidente, una cadena de mando que en EEUU no podría amenazarse nunca y, después, a su Canciller H. Clinton rechazando el golpe y escucharlo a Ud. anunciando que reconoce como Presidente a Manuel Zelaya. Y asimismo ver la posición firme que ha tenido su gobierno en los organismos internacionales hasta este momento.
Creo justo advertir que lo contrario hubiera sido fatal y contrariar la determinacion de los países vecinos, de la comunidad Continental o la resolución de la ONU habría dado al traste con la credibilidad de la política anunciada de su gobierno, de hacerse acompañar en el exterior por la comunidad de las naciones. Y ese retroceso habría condenado a las nuevas democracias de America Latina a una cadena de golpes en domino y le habría perdido a EEUU quizás la ultima oportunidad de conservar la buena voluntad de nuestros pueblos que habrían visto a su país una vez mas como aliado de las oligarquías trogloditas y sus marionetas armadas como en los setentas.
¿Como podría EEUU defender los derechos de la oposición democrática en Iran y al mismo tiempo darle la espalda a las fuerzas democraticas en Honduras? Acaso no están en Iran igual que en Honduras los soldados “ejecutando” ordenes superiores de brutalidad contra la población desarmada e indefensa en las calles, con varios muertos ya?
¿Podria condonarse aquí y condenarse alla la participación y manipulación de los clérigos fundamentalistas, aunque sean de distintas sectas, que justifican la represión? Frente a mis narices y en el momento que esto escribo se ha atacado con gases primero y después con balas de plomo a los manifestantes en aras de o invocando como pretexto la defensa del orden y de “la democracia? ¿Las ficciones jurídicas no son las mismas acaso aquí y alla?
¿Acaso las manifestaciones alla manipuladas a favor del continuismo oficialista y clerical no son equivalentes a las que aqui movilizan la base social de lareacción conservadora y fundamentalmente anti democrática?
No falta quien exige en EEUU, por razones oscuras, que abandone Ud las posiciones dignas y decentes a favor de nuestro gobierno derrocado manu militari, y anuncie una investigacion suya de las ilegalidades que se nos han imputado.
Permitame Ud orientar esa investigación.
En Honduras no hay un estado de derecho que Uds. pudieran reconocer después que el domingo pasado al alba un destacamento militar, al servicio de una conspiración político-militar-empresarial, secuestro a nuestro Presidente, cuya legitimidad nadie había cuestionado para llevárselo por la fuerza al extranjero, balaceando su residencia privada y a su Guardia de Honor y deteniendo a ministros y funcionarios sin orden judicial.
Nuestro único delito Señor es el haber querido levantar una encuesta a nivel nacional para sondear la simpatía (o falta de ella) de la población para nuestra propuesta de una urna en las elecciones de Noviembre con el fin de convocar (o no) a una nueva constituyente. El juzgado al servicio de esa conspiración fallo antes de que celebraramos la encuesta que seria un delito levantarla. Mientras que el Congreso al mando de los jefes militares primero falsifico una renuncia del Presidente con todos sus ministros y desenmascarado ese ardid, ahora ha dispuesto, destituir al Presidente sin previo juicio para legitimar a posteriori el juramento de ayer.
Es posible Sr que en el laberinto de la legislación contradictoria se pueda tipificar como delito plantear una nueva constituyente contra la actual ley del país, esa de que se han burlado cínicamente nuestros enemigos antes y después del golpe, al mismo tiempo que la ensalzan como baluarte de institucionalidad ya que no contempla la posibilidad de la participación directa del electorado como tiene el electorado estadounidense cuando vota por la propuestas ciudadanas u oficiales en las elecciones.
Pero permítame recordarle Señor que cuando sus hermanos de raza en EEUU fueron esclavos hace apenas tres generación y fracción era delito también alzarse contra la esclavitud y era prohibido e ilegal cuestionar el “derecho” de sus “propietarios” y estaba tipificado como crimen el auxiliar a los profugos.
Nosotros hoy buscamos en America Latina y en Honduras, liberar a nuestro pueblo de una esclavitud secular, del hambre y la miseria y laindignidad a que los somete y condena una estructura económica injusta y una oligarquía egoísta que ha codificado sus trampas en la constitución reformada y que por lo demas controla casi todos los medios de comunicacion y los de la producion del pais.
Y Ud sabra entender entonces el sentimiento popular de apoyo.
Darle la espalda a ese pueblo eso si que seria traición y una hipocresía amoral imperdonable que se sumaria a otras infames de la historia.
Pero tambien debo confesar que fue alentador escuchar primero a su Embajador H. Llorens decir que las FFAA le debían en primer lugar obediencia a su Comandante en Jefe el Presidente, una cadena de mando que en EEUU no podría amenazarse nunca y, después, a su Canciller H. Clinton rechazando el golpe y escucharlo a Ud. anunciando que reconoce como Presidente a Manuel Zelaya. Y asimismo ver la posición firme que ha tenido su gobierno en los organismos internacionales hasta este momento.
Creo justo advertir que lo contrario hubiera sido fatal y contrariar la determinacion de los países vecinos, de la comunidad Continental o la resolución de la ONU habría dado al traste con la credibilidad de la política anunciada de su gobierno, de hacerse acompañar en el exterior por la comunidad de las naciones. Y ese retroceso habría condenado a las nuevas democracias de America Latina a una cadena de golpes en domino y le habría perdido a EEUU quizás la ultima oportunidad de conservar la buena voluntad de nuestros pueblos que habrían visto a su país una vez mas como aliado de las oligarquías trogloditas y sus marionetas armadas como en los setentas.
¿Como podría EEUU defender los derechos de la oposición democrática en Iran y al mismo tiempo darle la espalda a las fuerzas democraticas en Honduras? Acaso no están en Iran igual que en Honduras los soldados “ejecutando” ordenes superiores de brutalidad contra la población desarmada e indefensa en las calles, con varios muertos ya?
¿Podria condonarse aquí y condenarse alla la participación y manipulación de los clérigos fundamentalistas, aunque sean de distintas sectas, que justifican la represión? Frente a mis narices y en el momento que esto escribo se ha atacado con gases primero y después con balas de plomo a los manifestantes en aras de o invocando como pretexto la defensa del orden y de “la democracia? ¿Las ficciones jurídicas no son las mismas acaso aquí y alla?
¿Acaso las manifestaciones alla manipuladas a favor del continuismo oficialista y clerical no son equivalentes a las que aqui movilizan la base social de lareacción conservadora y fundamentalmente anti democrática?
No falta quien exige en EEUU, por razones oscuras, que abandone Ud las posiciones dignas y decentes a favor de nuestro gobierno derrocado manu militari, y anuncie una investigacion suya de las ilegalidades que se nos han imputado.
Permitame Ud orientar esa investigación.
En Honduras no hay un estado de derecho que Uds. pudieran reconocer después que el domingo pasado al alba un destacamento militar, al servicio de una conspiración político-militar-empresarial, secuestro a nuestro Presidente, cuya legitimidad nadie había cuestionado para llevárselo por la fuerza al extranjero, balaceando su residencia privada y a su Guardia de Honor y deteniendo a ministros y funcionarios sin orden judicial.
Nuestro único delito Señor es el haber querido levantar una encuesta a nivel nacional para sondear la simpatía (o falta de ella) de la población para nuestra propuesta de una urna en las elecciones de Noviembre con el fin de convocar (o no) a una nueva constituyente. El juzgado al servicio de esa conspiración fallo antes de que celebraramos la encuesta que seria un delito levantarla. Mientras que el Congreso al mando de los jefes militares primero falsifico una renuncia del Presidente con todos sus ministros y desenmascarado ese ardid, ahora ha dispuesto, destituir al Presidente sin previo juicio para legitimar a posteriori el juramento de ayer.
Es posible Sr que en el laberinto de la legislación contradictoria se pueda tipificar como delito plantear una nueva constituyente contra la actual ley del país, esa de que se han burlado cínicamente nuestros enemigos antes y después del golpe, al mismo tiempo que la ensalzan como baluarte de institucionalidad ya que no contempla la posibilidad de la participación directa del electorado como tiene el electorado estadounidense cuando vota por la propuestas ciudadanas u oficiales en las elecciones.
Pero permítame recordarle Señor que cuando sus hermanos de raza en EEUU fueron esclavos hace apenas tres generación y fracción era delito también alzarse contra la esclavitud y era prohibido e ilegal cuestionar el “derecho” de sus “propietarios” y estaba tipificado como crimen el auxiliar a los profugos.
Nosotros hoy buscamos en America Latina y en Honduras, liberar a nuestro pueblo de una esclavitud secular, del hambre y la miseria y laindignidad a que los somete y condena una estructura económica injusta y una oligarquía egoísta que ha codificado sus trampas en la constitución reformada y que por lo demas controla casi todos los medios de comunicacion y los de la producion del pais.
Y Ud sabra entender entonces el sentimiento popular de apoyo.
Darle la espalda a ese pueblo eso si que seria traición y una hipocresía amoral imperdonable que se sumaria a otras infames de la historia.
crónica de un golpe anunciado
POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006- 2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político- económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente defacto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político- económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
· Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006- 2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político- económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente defacto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político- económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
· Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
· Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
· Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009
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