18/5/08

Denuncian en bloque a los magistrados de la corte segunda de apelaciones de Francisco Morazàn


SE PRESENTA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL FISCAL GENERAL ADJUNTO.-ACOMPAÑO FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN PLENAMENTE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y SEÑALO LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN ORIGINALES.- PRONTA RESPUESTA.


SOBERANO CONGRESO NACIONAL.


Yo, Mauricio Velasco Laínez, mayor de edad, casado, Abogado, miembro del Colegio de Abogados de Honduras 01217, con Despacho Profesional ubicado en la Colonia Tepeyac, calle Alberto Membreño 1302 y de este domicilio, con el debido respeto comparezco ante el Soberano Congreso Nacional, a denunciar al señor Fiscal General de la República Abogado Leonidas Rosa Bautista y al Fiscal General Adjunto Omar Cerna para que se les examine por la comisión que se integre o en su defecto se les interpele, para determinar si han actuado con negligencia, ineficacia o en contradicción a las reglas de la buena administración, en la denuncia que formulé en el Ministerio Público desde el 19 de septiembre de 2006, contra los Magistrados de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán Ana Esther Rivera, Arturo Humberto Raudales Banegas y Oscar Manuel Arita Aguilar, por los delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento. La denuncia fue registrada en el Ministerio Público con el número de expediente 4036-05.

La presente denuncia la fundamento en los hechos y consideraciones de derecho siguientes:


H E C H O S


PRIMERO: Desde hace varios años y en cumplimiento fiel del artículo 40 numeral 1 de la Constitución de la República que impone el deber ineludible a todos los ciudadanos de cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes, y también para no incurrir en el grave delito de encubridor tipificado en el artículo 388 numeral 5) del Código Penal, he denunciado a Profesionales del Derecho, Funcionarios y Empleados judiciales, incluyendo por supuesto a Jueces y Magistrados, que integran verdaderas redes de corrupción al interior del Poder Judicial y que negocian con la administración de justicia como si se tratara de un artículo mercantil objeto de compraventa. Este comportamiento correcto, ético y honesto me ha ocasionado la enemistad de muchos Abogados, Jueces y Magistrados que han tratado por todos los medios a su alcance de meterme a la cárcel, suspenderme en el ejercicio profesional y emplear todo tipo de artimañas para que pierda los juicios en que me he desempeñado como procurador o litigante.

SEGUNDO: En la fraudulenta demanda de imaginarios daños y perjuicios morales que me promoviera en el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, el reconocido y famoso acusador profesional Licenciado Daniel Torres Herrera, quien ha pretendido despojarme de todos mis bienes por no pagar un chantaje de $500,000, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, integrada por los Magistrados(as) Arturo Humberto Raudales Banegas, Ada Esther Rivera y María Antonieta Mendoza de Castro, en el expediente de apelación 108-04, el 11 de mayo del 2004, dictaron sentencia definitiva a mi favor, declarando con lugar parcialmente una apelación que interpuse y revocando un ilegal auto dictado por el Juez de la causa, acompaño fotocopia de la referida sentencia cuyo original se encuentra en los Juzgados Unificados de Letras de lo Civil de Francisco Morazán.

TERCERO: Después de que la Corte Segunda de Apelaciones el 11 de mayo de 2004, había dictado sentencia a mi favor, un año después, o sea el 26 de junio de 2006, en la misma apelación 108-04 y con la excepción de la Magistrada María Antonieta de Mendoza que fue sustituida por el Magistrado Oscar Manuel Arita, se dictó una nueva sentencia pero en esta oportunidad en mi contra, para lo cual se destruyó y se sustrajo delictivamente del expediente 108-04, la primera sentencia dictada a mi favor el 11 de mayo del 2004, acompaño fotocopia de la referida sentencia dictada fraudulentamente por la Corte Segunda de Apelaciones, el 26 de junio de 2006, cuyo original se encuentra en los Juzgados Unificados de Letras de lo Civil de Francisco Morazán.

CUARTO: Teniendo más que indicios racionales y pruebas irrefutables en mi poder, desde el 19 de septiembre del 2006, interpuse denuncia ante el Ministerio Público contra los Magistrados de la Corte Segunda de Apelaciones que habían dictado delictivamente, la fraudulenta sentencia el 26 de junio de 2006, por cometer en mi perjuicio los delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento. A la fecha todos mis esfuerzos y gestiones ante el Ministerio Público, han sido infructuosos para que se interponga el requerimiento fiscal correspondiente, en contra de los responsables.


FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Fundo la presente denuncia en los artículos 1, 40 numeral 1), 80, 205 numerales 11, 20, 21 y 22 y 321 de la Constitución de la República; artículo 388 numeral 5) del Código Penal; artículos 92, 268 y 269 numeral 1) del Código Procesal Penal; artículos 1, 6, 16 numerales 6 y 16; 17, 24 numeral 1), 25 reformado y 78 de la Ley de Ministerio Público; artículos 36, 70 y 75 del Reglamento Interior del Congreso Nacional.


P E T I C I O N.


Por lo expuesto al Soberano Congreso Nacional, respetuosamente Pido: admitir la presente denuncia juntamente con la fotocopias de documentos que acompaño y tener por señalado el lugar donde se encuentran originales, se proceda de inmediato a investigar por la Comisión designada, si los denunciados Fiscal General de la República Abogado Leónidas Rosa Bautista y el Fiscal General Adjunto Omar Cerna, actuaron con negligencia, ineficiencia o en contradicción a las reglas de la buena administración, en la denuncia que he interpuesto en el Ministerio Público desde el 19 de septiembre de 2006, expediente número 4036-05, o en su defecto, se les interpele por el Congreso Nacional y oportunamente se les suspenda de sus cargos por todo el término que dura la investigación y se determine si procede su separación definitiva.

Tegucigalpa M.D.C. 16 de mayo del 2008.



Abogado Mauricio Velasco Laínez.

17/5/08

Universidad ex Rectora Ana Belén Castillo

SE DENUNCIA INACTIVIDAD DE PROCESOS DE INVESTIGACION QUE INVOLUCRA A ALTOS (EX) FUNCIONARIOS Y PERSONAS CON ALTO PERFIL POLITICO Y ECONOMICO DEL PAIS. SITUACION QUE CONDUCE AL OLVIDO Y CONSECUENTE IMPUNIDAD DE LOS MISMOS.
VIOLACION DE NORMAS ELEMENTALES DE ADMINISTARCION DE LA INSTITUCION DEL MINISTERIO PÚBLICO. SUSPENSION DE FISCALES GENERALES. QUE SE TOMEN DECLARACIONES TESTIFICALES. RECEPCION DE DOCUMENTOS. PRACTICA DE INSPECCIONES. SE NOMBRE COMISION INVESTIGADORA.
Señores Diputados Congreso Nacional de la República de Honduras
Nosotros, VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMÁN, FOAD ALEJANDRO CASTILLO, JARI DIXON HERRERA, SORAYA LIZETH MORALES ROMERO, LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, SARAH JANETH AGUILAR CRUZ, ELMER SANTOS DIAZ Y JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, todos (as) mayores de edad, hondureños, tarjeta de identidad por su orden 1808-1975-00564, 0801-1978-08933, 0801-1971-06976, 0704-1965-00102, 0801-1971-11022, 0801-1978-03278, 1317-1973-00053 y 0506-1974-00111 respectivamente; Con el debido respeto comparecemos a presentar formal denuncia a efecto de que se investiguen las razones por lo que, la Fiscalía General de la República de Honduras, rectorada por los ciudadanos LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y OMAR CERNA GARCIA, por medio de distintas oficinas, ha contribuido a que los casos que a continuación se enuncian, se encuentren en inactividad y consecuentemente en un estado superlativo de impunidad, considerando la trascendencia económica y el rompimiento que se causa al orden institucional del país, y a la falta de credibilidad y transparencia que deben adquirir los actos que se generan en la administración pública; el mismo va seguido de las explicaciones correspondientes.



CASO CONOCIDO COMO CONSTRUCCION DE AULAS NUMERO 6-A

CONTRA: ANA BELEN CASTILLO.

DELITO: ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE.

PERJUICIO: ADMINISTRACION PUBLICA.

HECHOS:

La Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ANA BELEN CASTILLO autorizó en esa casa de educación superior, la construcción del edificio llamado AULAS NUMERO 6-A de forma directa y no como lo ordena la Ley de Contratación del Estado, adjudicando el proyecto a la empresa Nacional de Ingenieros, que según informes de los supervisores estaba incumpliendo con la construcción del otro Edificio AULAS NUMERO 6.

Para legitimar la adjudicación del proyecto, adujeron que la construcción del edificio Aulas numero 6-A era un apéndice o una ampliación del edificio aulas numero 6. Sin embargo, la construcción de las aulas numero 6 tuvo un costo de 30 millones de lempiras, y la ampliación, es decir la construcción del Edificio Aulas Numero 6-A tenia un costo de casi 70 millones de lempiras, por lo que resulta espurio el argumento de la señora ANA BELEN CASTILLO, de que se podía soslayar la Licitación Pública cuando el sentido común nos indica que se tratan de dos obras independientes y autónomas. Además, las reglas elementales de la lógica nos demuestran que una ampliación es un apéndice en porcentajes menores a la obra original que se pretendía ampliar.

Existe un informe técnico del Decano de Ingeniería Civil, ADOLFO RAQUEL QUAN que está incorporado a la denuncia sobre las irregularidades de estos proyectos.

Los edificios no se construyeron en su totalidad, y hay pendientes sendas demandas de orden civil que aun no han sido resueltas, y lo que es más grave, se dejaron vencer las garantías.Se le turnó el proyecto de requerimiento al Fiscal General de la República, Abogado LEONIDAS ROSA BAUTISTA, desde el año 2005, tal como consta en el libro de anteproyectos de requerimiento fiscal que obra en la secretaría de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, pero no se tuvo respuesta alguna, y cuando iban a preguntar por la denuncia los maestros de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se les decía, y se les continúa diciendo que esperan el informe del Tribunal Superior de Cuentas, cuando normalmente ya antes se han presentado acciones penales públicas de inmediato siempre que no se han realizado Licitaciones Públicas que debían efectuarse como lo manda la Ley de Contratación del Estado, y asimismo cuando se han dejado vencer garantías.

Caso PRAF-SALUD ( Elias Lizardo -Elizabeth Zúniga de Mazariegos)

SE DENUNCIA INACTIVIDAD DE PROCESOS DE INVESTIGACION QUE INVOLUCRAN A ALTOS (EX) FUNCIONARIOS Y PERSONAS CON ALTO PERFIL POLITICO Y ECONOMICO DEL PAIS. SITUACION QUE CONDUCE AL OLVIDO Y CONSECUENTE IMPUNIDAD DE LOS MISMOS.
VIOLACION DE NORMAS ELEMENTALES DE ADMINISTARCION DE LA INSTITUCION DEL MINISTERIO PÚBLICO. SUSPENSION DE FISCALES GENERALES. QUE SE TOMEN DECLARACIONES TESTIFICALES. RECEPCION DE DOCUMENTOS. PRACTICA DE INSPECCIONES. SE NOMBRE COMISION INVESTIGADORA.
Señores Diputados Congreso Nacional de la República de Honduras
Nosotros, VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMÁN, FOAD ALEJANDRO CASTILLO, JARI DIXON HERRERA, SORAYA LIZETH MORALES ROMERO, LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, SARAH JANETH AGUILAR CRUZ, ELMER SANTOS DIAZ Y JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, todos (as) mayores de edad, hondureños, tarjeta de identidad por su orden 1808-1975-00564, 0801-1978-08933, 0801-1971-06976, 0704-1965-00102, 0801-1971-11022, 0801-1978-03278, 1317-1973-00053 y 0506-1974-00111 respectivamente; Con el debido respeto comparecemos a presentar formal denuncia a efecto de que se investiguen las razones por lo que, la Fiscalía General de la República de Honduras, rectorada por los ciudadanos LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y OMAR CERNA GARCIA, por medio de distintas oficinas, ha contribuido a que los casos que a continuación se enuncian, se encuentren en inactividad y consecuentemente en un estado superlativo de impunidad, considerando la trascendencia económica y el rompimiento que se causa al orden institucional del país, y a la falta de credibilidad y transparencia que deben adquirir los actos que se generan en la administración pública; el mismo va seguido de las explicaciones correspondientes.
ALGUNOS DE LOS MUCHOS CASOS LAMENTABLES DE CORRUPCION QUE LACERAN AL PUEBLO DE HONDURAS.
1.CASO PRAF-SALUD
INVESTIGADOS: ELIAS LIZARDO
DELITOS:ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
PERJUDICADO: LA ADMINISTRACION PÚBLICA
En el Gobierno del Presidente Ricardo Maduro Joest, y específicamente en el Ministerio de Salud se celebró un convenio interinstitucional entre el Secretario de Estado en los Despachos de Salud, Licenciado ELIAS LIZARDO Y ELIZABETH DE MAZARIEGOS quien fungía como Director del Programa de Asignación Familiar (PRAF). Este convenio tenía como propósito dar una cobertura al sector salud para pago de empleados por contrato. En este convenio se manejaron alrededor de 525 millones de lempiras, y las personas que manejaron el Proyecto fueron el Secretario General de Salud, y otra persona que fue nombrada como coordinador del proyecto. El señor ministro en los Despachos de Salud, autorizó las firmas de estas personas, y pese a que se manejaron cantidades millonarias como la enunciada (LPS 525,000.000.00) no se exigió fianza o caución para responder por las obligaciones, tal y como lo exige la ley de orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Se emitieron cheques por cantidades significativas utilizando nombres de personas que no están inscritas en el Registro Nacional de las Personas, y de personas que no trabajaron para la Secretaría de Salud, tal como consta en el expediente investigativo que obra en los archivos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Estos cheques fueron cambiados por unas pocas personas.
Se presentó proyecto de Requerimiento Fiscal contra el Ex Secretario de Salud, y el encargado del proyecto por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FRAUDE.
Se decretó autos de prisión en los dos requerimientos presentados, sin embargo, pese a que se le presentó a la autoridad superior del Ministerio Público el proyecto de requerimiento fiscal contra el ciudadano ELIAS LIZARDO Ex Ministro de Salud, se ha pedido de parte de la autoridad enunciada uno y otro dictamen para evitar presentar el requerimiento fiscal en su contra.
Es importante señalar, que actualmente luego de generarse la crisis en el País por esta Huelga de Hambre, se pretende presentar el requerimiento para esconder sus omisiones deliberadas. La pregunta que cabe es, el por que hasta este preciso momento en que se ha evidenciado a la Fiscalía General de la República, en relación a su omisión que como funcionarios han mantenido en la falta de voluntad para ejercer la acción penal en los Tribunales de la República, pretenden presentarla (acción) hasta hoy?

Comunicado de la Asociación de Fiscales en Huelga

COMUNICADO PUBLICO


La Asociación de Fiscales en Huelga de Hambre en la Lucha contra la Corrupción imperante en el Ministerio Público a todo el pueblo hondureño que con sus organizaciones se han solidarizado y acompañan esta justa lucha en todo el país y que hoy cumplimos 34 días en Huelga de Hambre comunicamos lo siguiente:

1.- Con fecha 8 de Mayo del 2008 el Poder Ejecutivo sancionó en el diario oficial La Gaceta el decreto Legislativo No. 49-2008, que reformó el Artículo No. 25 de la actual Ley del Ministerio Público, cuyo contenido fundamental es autorizar la investigación de la conducta administrativa del Fiscal General de la República y del Fiscal General Adjunto y en consecuencia, la suspensión o la separación definitiva como medida de procedimiento o según la gravedad de las violaciones de la Ley en el ejercicio de sus funciones.

2.- Con esta decisión legislativa producto de nuestra ferrea lucha y la solidaridad de Pueblo hondureño, tenemos a disposición dos vías para la distitución del Fiscal General y del Adjunto: La acción de oficio del mismo Congreso Nacional y la denuncia de irregularidades de parte interesada.

3. Con fecha 9 de mayo a instancia de parte interesada se ha presentado la denuncia para investigar a los abogados Leonidas Rosa Bautista y Omar Cerna en su condición de Fiscal General y Adjunto respectivamente por actuaciones de negligencia, ineficiencia y en contradicción con las reglas de la buena administración; denuncia que fue presentada ante Secretaría de Congreso Nacional de la Republica de Honduras.

3.- Al pueblo hondureño le hacemos un llamado a estar alerta, vigilante y movilizado para lograr la suspensión y distitución del Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, dado que es harto evidente el incumplimiento de sus responsabilidades como funcionario del Ministerio Público y del involucramiento en la obstrucción de la justicia en colusión con los casos de corrupción que se ha desnaturalizado y deslegitimado esa institucón del Estado.

Bajo del Congreso Nacional

Tegucigalpa MDC 10 de mayo del 2008

Pantig Galo -Jamar Comercial, La Tigra


Panting Galo






CON CARACTER DE URGENTE Y EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA SALUD DE TODOS LOS VECINOS DE TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA Y SETENTA COMUNIDADES Y DE LOS INTERESES DEL ESTADO, SE INTERPONE DENUNCIA CONTRA FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA POR RETENER EXPEDIENTE Y REQUERIMIENTO FISCAL CONTRA EX MINISTRA PATRICIA PANTING GALO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE(SERNA), QUE CON UN DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y DICTAMENES FALSOS, EXTENDIERON A LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C. V., AUTORIZACION AMBIENTAL PARA CONSTRUIR ILEGAL Y DAÑINO PROYECTO HABITACIONAL EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA.- SE ACOMPAÑAN FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN, PLENAMENTE, LA PROCEDENCIA DE ESTA DENUNCIA Y SE SEÑALA LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN ORIGINALES.


SOBERANO CONGRESO NACIONAL.







Yo, MAURICIO VELASCO LAINEZ, mayor de edad, casado, Abogado, miembro del Colegio de Abogados de Honduras número 01217, con Despacho Profesional ubicado en la Colonia Tepeyac, calle Alberto Membreño número 1302 y de este domicilio, con el debido respeto comparezco ante el Soberano Congreso Nacional, a denunciar al señor Fiscal General de la República Abogado Leonidas Rosa Bautista para que se le examine por la Comisión que se integre o en su defecto se le interpele, para determinar si ha actuado con negligencia, ineficacia o en contradicción a las reglas de la buena administración, en la denuncia que formulé entre otros contra la ex ministra Patricia Panting Galo, desde el 31 de enero de 2005, registrada con el número de expediente 15033-2004, por haber otorgado autorización ambiental para la construcción de 24 chalet de lujo en el Parque Nacional La Tigra a la empresa Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., apoyándose en un diagnóstico ambiental falso, en una declaración jurada también falsa, y tres dictámenes también falsos.

Fundamento la presente denuncia en los hechos y consideraciones de derecho que a continuación expongo:


H E C H O S



PRIMERO: El Parque Nacional La Tigra es un bosque nublado de insustituible valor que contribuye a la calidad de vida y a la salud de todos los habitantes de la ciudad capital y de setenta comunidades que se encuentran a su alrededor, proporcionándoles oxígeno y agua potable de la mejor calidad, al mismo tiempo que es refugio de veinte y tres(23) especies de aves migratorias, dos especies de fauna protegida y cuatro especies de fauna en peligro de extinción, y también posee una rica variedad de especies vegetales. Con el propósito de conservar y preservar la ecología y el potencial hidrológico de la zona mediante Decreto Ley Número 976 del 14 de julio de 1980, la Junta Militar de Gobierno fijó los límites del Parque Nacional La Tigra, dentro de los cuales está terminantemente prohibida la construcción de proyectos habitacionales.

SEGUNDO: Al tener conocimiento que la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., había obtenido de la ex Ministra Patricia Panting Galo una autorización ambiental para construir un proyecto habitacional en el Parque Nacional La Tigra, di inicio a mis investigaciones y como producto de las mismas pude comprobar con toda certeza que la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., al momento de solicitar la autorización ambiental en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, había presentado un diagnóstico ambiental elaborado por el Ingeniero Mario Javier Martínez, que contenía información falsa y una declaración jurada firmada por el Presidente del Consejo de administración de la sociedad señor Belford Jarquín Blandon que también era falsa, y que además, en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, tres de sus funcionarios, habían dictado tres dictámenes falsos para favorecer a la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V.

TERCERO: Para evitar lo que indudablemente es el inicio de la destrucción del Parque Nacional la Tigra, en cumplimiento del artículo 40 numeral 1 de la Constitución de la República y 388 numeral 5) del Código Penal, el 31 de enero de 2005 presente la denuncia número 15033-04 en el Ministerio Público, para que se investigaran todos los actos de corrupción y delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, cometidos en la tramitación de la autorización ambiental de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y al mismo tiempo solicité que de inmediato se paralizaran los trabajos de construcción que de manera ilegal ya había iniciado dicha sociedad, causando graves e irreversibles daños en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.

Con la denuncia que formulé en el Ministerio Público, logre que los trabajos de construcción se paralizaran y que la ex Ministra Patricia Panting Galo, anulara la fraudulenta autorización ambiental que había extendido a favor de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., en base a la información falsa proporcionada por la misma sociedad y los dictámenes falsos de tres funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

CUARTO: Después de presentarme en incontables oportunidades y de solicitar por escrito y verbalmente al Fiscal Especial del Ambiente del Ministerio Público Abogado Aldo Santos que me informara sobre el resultado de mi denuncia, se me participó desde hace más de un año, que se presentaría requerimiento fiscal contra la ex Ministra Patricia Panting Galo y varios funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, lo cual nunca aconteció puesto que el Fiscal General Abogado Leónidas Rosa Bautista solicitó el expediente 15033-04 reteniéndolo durante casi diez meses para dictar el 6 de agosto de 2007 una resolución ordenando remitir de oficio el expediente 15033-04, a la Procuraduría General de la República, a efecto de que junto con la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente del Ministerio Público, definieran lo que estimaran pertinente para el ejercicio de las acciones civiles y criminales, afirmando también, que por la ejecución de agenda recargada resolvía hasta el 6 de agosto de 2007.

Mi denuncia contenida en el expediente 15033-04, en cumplimiento de lo resuelto por el Fiscal General, fue trasladada a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, y ambos entes se han pronunciado en el sentido de que no son competentes para conocer del asunto y han devuelto el expediente al Ministerio Público. Es oportuno señalar, que casos similares a mi denuncia han sido resueltos de manera pronta, directa y definitiva por la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público sin intervención de otras autoridades.

Acompaño copia de la ilegal resolución dictada por el señor Fiscal General, el 6 de agosto de 2007, y señalo que la resolución original se encuentra en el expediente 15033-04 del Ministerio Público.

QUINTO: Desde que presenté mi denuncia en el Ministerio Público el 31 de enero de 2005, han transcurrido a la fecha 3 años y 4 meses, tiempo durante el cual la apoderada de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., Abogada Doris Imelda Madrid Zeron, presentó una insólita, insolente y absurda demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, demandando al Estado de Honduras, para que se le restituya a la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. la autorización ambiental que fue anulada por la ex Ministra Patricia Panting Galo y que en principio le había otorgado a la mencionada sociedad, apoyándose en la información falsa proporcionada por el consultor y el Presidente del Consejo de administración de la misma sociedad y en tres dictámenes falsos de tres funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

Demás está afirmar, que es al Estado de Honduras al que le asiste y corresponde el derecho no solamente de demandar a la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. por los enormes daños y perjuicios irreversibles que ha ocasionado al Parque Nacional La Tigra, sino que también le corresponde promover las acusaciones criminales contra todos los funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y los asesores y socios de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. que utilizaron documentos falsos y emitieron dictámenes también falsos, para que la mencionada sociedad obtuviera de manera fraudulenta en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la autorización ambiental que extendió la ex Ministra Patricia Panting Galo.

SEXTO: El señor Fiscal General al retener indebidamente el expediente de la denuncia 15033-05 y al no cumplir diligentemente con su deber de promover las acusaciones criminales en contra de todos los implicados en la obtención fraudulenta de la autorización ambiental a favor de la sociedad Jamar Comercial e Industrial S.A. de C. V; ha permitido que la Jueza Rina Auxiliadora Alvarado del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, dicte una descabellada, aberrante y arbitraria sentencia, condenando al Estado de Honduras, a restituir la fraudulenta autorización ambiental a la empresa Jamar Comercial industrial S.A. de C. V. sentencia que también implica, sentenciar al Parque Nacional La Tigra a su destrucción total.

La aberrante, ilegal y arbitraria sentencia dictada por la Jueza Rina Auxiliadora Alvarado fue confirmada por la sentencia dictada el 8 de abril de 2008, por mayoría de votos de los Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Saúl Suazo Lara y Edith Yolanda Gutiérrez, emitiendo su voto particular en contra, la Magistrada Norma Lanza de Flores.

Acompaño copia de la ilegal sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el 8 de abril de 2008, cuyo original se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, en donde se ha interpuesto un recurso de casación, para tratar de revertir las dos sentencias aberrantes e ilegales que se han producido, caso contrario, se estaría consumando un caso histórico de vergüenza, ilegalidad y corrupción; y de resultados negativos insospechados e irreversibles para la salud y la vida de todas las personas que no beneficiamos del oxígeno y agua pura que produce el Parque Nacional La Tigra.

Como la ilegal e improcedente demanda presentada por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo se encuentra respaldada en sus argumentaciones, en la documentación falsa que presentó la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para obtener autorización ambiental y en los dictámenes falsos de tres funcionarios de dicha Secretaría de Estado, existen indicios racionales de que se están utilizando en dicha demanda, documentos y dictámenes falsos, por lo que oportunamente le solicité a la Jueza Rina Auxiliadora Alvarado que para que no incurriera en el delito de encubrimiento tipificado en el artículo 380 numeral 5) del Código Penal, que en cumplimiento de los artículos 269 del Código Procesal Penal y 54 letra f) de la Ley de la Carrera Judicial, comunicara al Ministerio Público que se está cometiendo el delito en la demanda mencionada al utilizar documentos falsos, comunicación que no se ha producido a la fecha, pero que el Congreso Nacional ahora que tiene conocimiento de ese delito, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Público.

SEPTIMO: El Comisionado Nacional de Derechos Humanos por medio de su Departamento de Quejas solicitó en el Ministerio Público, el 1 de junio de 2005 fotocopia del expediente de mi denuncia 15033-04 pero a la fecha, no se ha interesado en hacer ninguna gestión en defensa de todos los vecinos de la ciudad capital y de las setenta comunidades que se encuentran en los alrededores del Parque Nacional La Tigra, recayendo toda la responsabilidad de defender los derechos de los capitalinos y vecinos del Parque Nacional La Tigra, en mi persona.

Acompaño copia de la nota presentada en el Ministerio Público el 1 de junio de 2005 por la representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el expediente 15033-04, sin que a la fecha haya efectuado ninguna gestión posterior.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


Fundamentó la presente denuncia en los artículos 1, 40 numeral 1), 80, 205 numerales 11, 20, 21 y 22, y 321 de la Constitución de la República; artículo 388 numeral 5) del Código Penal; artículos 92, 268 y 269 numeral 1) del Código Procesal Penal; artículos 1, 6, 16 numerales 6 y 16; 17 24 numeral 1), 25 reformado y 78 de la Ley del Ministerio Público; artículo 54 letra f) de la Ley de la Carrera Judicial y artículos 36, 70 y 75 del Reglamento Interior del Congreso Nacional.


P E T I C I O N


Por todo lo anteriormente expuesto al Soberano Congreso Nacional, con respeto Pido: admitir la presente denuncia juntamente con las fotocopias de documentos que adjunto y tener por señalado el lugar donde se encuentran los originales, que a la brevedad se integre la comisión para investigar si el denunciado Fiscal General de la República, Abogado Leónidas Rosa Bautista actuó con negligencia, ineficiencia o en contradicción a las reglas de la buena administración, en la denuncia que interpuse en el Ministerio Público desde el 31 de enero de 2005, expediente número 15033-04, o en su defecto se le interpele por el Congreso Nacional y oportunamente se le suspenda de su cargo por todo el término que dura la investigación y se determine si procede su separación definitiva.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de mayo de 2008






ABOGADO MAURICIO VELASCO LAINEZ.

14/5/08

Miguel Pastor imputado




CASO CONOCIDO COMO DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL



IMPUTADO: MIGUEL RODRIGO PASTOR



DELITO: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS.



PERJUICIO: ADMINISTRACION PUBLICA.




HECHOS:





En este caso se destinaron cantidades millonarias que se debían de pagar en concepto de cotizaciones al INJUPEMP, para pago de salarios en la municipalidad, esto le limitó la posibilidad a los que trabajan en la Corporación Municipal para acceder a préstamos personales e hipotecarios en el precitado Instituto, hasta la llegada del presente Alcalde Municipal, quien tuvo que lograr un acuerdo de pago con el INJUPEMP para que sus empleados pudiesen tener los beneficios que la Institución ofrece a sus beneficiarios.


En adición a lo anterior, se investiga el pago a personal de una agencia de publicidad propiedad del señor SEBASTIAN PASTOR, con dineros de la Corporación Municipal Municipal.


El delito de la MALVERSACION por cambio de destino esta debidamente acreditado, y no se precisa ninguna clase de informes técnicos para proceder de inmediato, solamente es necesaria la consignación de las partidas presupuestarias que se han violentado, y la burla a las previsiones del presupuesto que se generaron con el estudio previo y técnico de necesidades de alta prioridad, elaborado por personal que trabaja en el Departamento de Presupuesto de la Corporación Municipal del Distrito Central.



En la Fiscalía Especial contra la Corrupción este caso era investigado exhaustivamente por la Fiscal CARLA INTERIANO, y luego de que manifestara que había suficientes méritos para ejercer la acción penal pública contra el ex Alcalde Miguel Rodrigo Pastor se le trasladó a la unidad de delitos tributarios.

Por otra parte es meritorio manifestar que a los fiscales de juicio se les relevó del manejo de 5 casos , que son los de alto perfil por las personas en ellos involucradas, es decir los casos más importantes que se encuentran en investigación en la Fiscalía Especial contra la Corrupción por la trascendencia económica y política de sus actores.

12/5/08

Segunda demanda

CON CARACTER DE URGENTE Y EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA SALUD DE TODOS LOS VECINOS DE TEGUCIGALPA, COMAYAGUELA Y SETENTA COMUNIDADES Y DE LOS INTERESES DEL ESTADO, SE INTERPONE DENUNCIA CONTRA FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA POR RETENER EXPEDIENTE Y REQUERIMIENTO FISCAL CONTRA EX MINISTRA PATRICIA PANTING GALO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE(SERNA), QUE CON UN DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y DICTAMENES FALSOS, EXTENDIERON A LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C. V., AUTORIZACION AMBIENTAL PARA CONSTRUIR ILEGAL Y DAÑINO PROYECTO HABITACIONAL EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA.- SE ACOMPAÑAN FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN, PLENAMENTE, LA PROCEDENCIA DE ESTA DENUNCIA Y SE SEÑALA LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN ORIGINALES.


SOBERANO CONGRESO NACIONAL.


Yo, MAURICIO VELASCO LAINEZ, mayor de edad, casado, Abogado, miembro del Colegio de Abogados de Honduras número 01217, con Despacho Profesional ubicado en la Colonia Tepeyac, calle Alberto Membreño número 1302 y de este domicilio, con el debido respeto comparezco ante el Soberano Congreso Nacional, a denunciar al señor Fiscal General de la República Abogado Leonidas Rosa Bautista para que se le examine por la Comisión que se integre o en su defecto se le interpele, para determinar si ha actuado con negligencia, ineficacia o en contradicción a las reglas de la buena administración, en la denuncia que formulé entre otros contra la ex ministra Patricia Panting Galo, desde el 31 de enero de 2005, registrada con el número de expediente 15033-2004, por haber otorgado autorización ambiental para la construcción de 24 chalet de lujo en el Parque Nacional La Tigra a la empresa Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., apoyándose en un diagnóstico ambiental falso, en una declaración jurada también falsa, y tres dictámenes también falsos.

Fundamento la presente denuncia en los hechos y consideraciones de derecho que a continuación expongo:


H E C H O S


PRIMERO: El Parque Nacional La Tigra es un bosque nublado de insustituible valor que contribuye a la calidad de vida y a la salud de todos los habitantes de la ciudad capital y de setenta comunidades que se encuentran a su alrededor, proporcionándoles oxígeno y agua potable de la mejor calidad, al mismo tiempo que es refugio de veinte y tres(23) especies de aves migratorias, dos especies de fauna protegida y cuatro especies de fauna en peligro de extinción, y también posee una rica variedad de especies vegetales. Con el propósito de conservar y preservar la ecología y el potencial hidrológico de la zona mediante Decreto Ley Número 976 del 14 de julio de 1980, la Junta Militar de Gobierno fijó los límites del Parque Nacional La Tigra, dentro de los cuales está terminantemente prohibida la construcción de proyectos habitacionales.

SEGUNDO: Al tener conocimiento que la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., había obtenido de la ex Ministra Patricia Panting Galo una autorización ambiental para construir un proyecto habitacional en el Parque Nacional La Tigra, di inicio a mis investigaciones y como producto de las mismas pude comprobar con toda certeza que la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., al momento de solicitar la autorización ambiental en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, había presentado un diagnóstico ambiental elaborado por el Ingeniero Mario Javier Martínez, que contenía información falsa y una declaración jurada firmada por el Presidente del Consejo de administración de la sociedad señor Belford Jarquín Blandon que también era falsa, y que además, en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, tres de sus funcionarios, habían dictado tres dictámenes falsos para favorecer a la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V.

TERCERO: Para evitar lo que indudablemente es el inicio de la destrucción del Parque Nacional la Tigra, en cumplimiento del artículo 40 numeral 1 de la Constitución de la República y 388 numeral 5) del Código Penal, el 31 de enero de 2005 presente la denuncia número 15033-04 en el Ministerio Público, para que se investigaran todos los actos de corrupción y delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, cometidos en la tramitación de la autorización ambiental de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y al mismo tiempo solicité que de inmediato se paralizaran los trabajos de construcción que de manera ilegal ya había iniciado dicha sociedad, causando graves e irreversibles daños en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.

Con la denuncia que formulé en el Ministerio Público, logre que los trabajos de construcción se paralizaran y que la ex Ministra Patricia Panting Galo, anulara la fraudulenta autorización ambiental que había extendido a favor de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., en base a la información falsa proporcionada por la misma sociedad y los dictámenes falsos de tres funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

CUARTO: Después de presentarme en incontables oportunidades y de solicitar por escrito y verbalmente al Fiscal Especial del Ambiente del Ministerio Público Abogado Aldo Santos que me informara sobre el resultado de mi denuncia, se me participó desde hace más de un año, que se presentaría requerimiento fiscal contra la ex Ministra Patricia Panting Galo y varios funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, lo cual nunca aconteció puesto que el Fiscal General Abogado Leónidas Rosa Bautista solicitó el expediente 15033-04 reteniéndolo durante casi diez meses para dictar el 6 de agosto de 2007 una resolución ordenando remitir de oficio el expediente 15033-04, a la Procuraduría General de la República, a efecto de que junto con la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente del Ministerio Público, definieran lo que estimaran pertinente para el ejercicio de las acciones civiles y criminales, afirmando también, que por la ejecución de agenda recargada resolvía hasta el 6 de agosto de 2007.

Mi denuncia contenida en el expediente 15033-04, en cumplimiento de lo resuelto por el Fiscal General, fue trasladada a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, y ambos entes se han pronunciado en el sentido de que no son competentes para conocer del asunto y han devuelto el expediente al Ministerio Público. Es oportuno señalar, que casos similares a mi denuncia han sido resueltos de manera pronta, directa y definitiva por la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público sin intervención de otras autoridades.

Acompaño copia de la ilegal resolución dictada por el señor Fiscal General, el 6 de agosto de 2007, y señalo que la resolución original se encuentra en el expediente 15033-04 del Ministerio Público.

QUINTO: Desde que presenté mi denuncia en el Ministerio Público el 31 de enero de 2005, han transcurrido a la fecha 3 años y 4 meses, tiempo durante el cual la apoderada de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V., Abogada Doris Imelda Madrid Zeron, presentó una insólita, insolente y absurda demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, demandando al Estado de Honduras, para que se le restituya a la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. la autorización ambiental que fue anulada por la ex Ministra Patricia Panting Galo y que en principio le había otorgado a la mencionada sociedad, apoyándose en la información falsa proporcionada por el consultor y el Presidente del Consejo de administración de la misma sociedad y en tres dictámenes falsos de tres funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

Demás está afirmar, que es al Estado de Honduras al que le asiste y corresponde el derecho no solamente de demandar a la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. por los enormes daños y perjuicios irreversibles que ha ocasionado al Parque Nacional La Tigra, sino que también le corresponde promover las acusaciones criminales contra todos los funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y los asesores y socios de la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. de C. V. que utilizaron documentos falsos y emitieron dictámenes también falsos, para que la mencionada sociedad obtuviera de manera fraudulenta en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la autorización ambiental que extendió la ex Ministra Patricia Panting Galo.

SEXTO: El señor Fiscal General al retener indebidamente el expediente de la denuncia 15033-05 y al no cumplir diligentemente con su deber de promover las acusaciones criminales en contra de todos los implicados en la obtención fraudulenta de la autorización ambiental a favor de la sociedad Jamar Comercial e Industrial S.A. de C. V; ha permitido que la Jueza Rina Auxiliadora Alvarado del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, dicte una descabellada, aberrante y arbitraria sentencia, condenando al Estado de Honduras, a restituir la fraudulenta autorización ambiental a la empresa Jamar Comercial industrial S.A. de C. V. sentencia que también implica, sentenciar al Parque Nacional La Tigra a su destrucción total.

La aberrante, ilegal y arbitraria sentencia dictada por la Jueza Rina Auxiliadora Alvarado fue confirmada por la sentencia dictada el 8 de abril de 2008, por mayoría de votos de los Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Saúl Suazo Lara y Edith Yolanda Gutiérrez, emitiendo su voto particular en contra, la Magistrada Norma Lanza de Flores.

Acompaño copia de la ilegal sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el 8 de abril de 2008, cuyo original se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, en donde se ha interpuesto un recurso de casación, para tratar de revertir las dos sentencias aberrantes e ilegales que se han producido, caso contrario, se estaría consumando un caso histórico de vergüenza, ilegalidad y corrupción; y de resultados negativos insospechados e irreversibles para la salud y la vida de todas las personas que no beneficiamos del oxígeno y agua pura que produce el Parque Nacional La Tigra.

Como la ilegal e improcedente demanda presentada por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo se encuentra respaldada en sus argumentaciones, en la documentación falsa que presentó la sociedad Jamar Comercial Industrial S.A. en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para obtener autorización ambiental y en los dictámenes falsos de tres funcionarios de dicha Secretaría de Estado, existen indicios racionales de que se están utilizando en dicha demanda, documentos y dictámenes falsos, por lo que oportunamente le solicité a la Jueza Rina Auxiliadora Alvarado que para que no incurriera en el delito de encubrimiento tipificado en el artículo 380 numeral 5) del Código Penal, que en cumplimiento de los artículos 269 del Código Procesal Penal y 54 letra f) de la Ley de la Carrera Judicial, comunicara al Ministerio Público que se está cometiendo el delito en la demanda mencionada al utilizar documentos falsos, comunicación que no se ha producido a la fecha, pero que el Congreso Nacional ahora que tiene conocimiento de ese delito, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Público.

SEPTIMO: El Comisionado Nacional de Derechos Humanos por medio de su Departamento de Quejas solicitó en el Ministerio Público, el 1 de junio de 2005 fotocopia del expediente de mi denuncia 15033-04 pero a la fecha, no se ha interesado en hacer ninguna gestión en defensa de todos los vecinos de la ciudad capital y de las setenta comunidades que se encuentran en los alrededores del Parque Nacional La Tigra, recayendo toda la responsabilidad de defender los derechos de los capitalinos y vecinos del Parque Nacional La Tigra, en mi persona.

Acompaño copia de la nota presentada en el Ministerio Público el 1 de junio de 2005 por la representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el expediente 15033-04, sin que a la fecha haya efectuado ninguna gestión posterior.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


Fundamentó la presente denuncia en los artículos 1, 40 numeral 1), 80, 205 numerales 11, 20, 21 y 22, y 321 de la Constitución de la República; artículo 388 numeral 5) del Código Penal; artículos 92, 268 y 269 numeral 1) del Código Procesal Penal; artículos 1, 6, 16 numerales 6 y 16; 17 24 numeral 1), 25 reformado y 78 de la Ley del Ministerio Público; artículo 54 letra f) de la Ley de la Carrera Judicial y artículos 36, 70 y 75 del Reglamento Interior del Congreso Nacional.


P E T I C I O N


Por todo lo anteriormente expuesto al Soberano Congreso Nacional, con respeto Pido: admitir la presente denuncia juntamente con las fotocopias de documentos que adjunto y tener por señalado el lugar donde se encuentran los originales, que a la brevedad se integre la comisión para investigar si el denunciado Fiscal General de la República, Abogado Leónidas Rosa Bautista actuó con negligencia, ineficiencia o en contradicción a las reglas de la buena administración, en la denuncia que interpuse en el Ministerio Público desde el 31 de enero de 2005, expediente número 15033-04, o en su defecto se le interpele por el Congreso Nacional y oportunamente se le suspenda de su cargo por todo el término que dura la investigación y se determine si procede su separación definitiva.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de mayo de 2008






ABOGADO MAURICIO VELASCO LAINEZ.






11/5/08

El caso de la municipalidad de San Pedro Sula,

Tegucigalpa.- Fuente ERIC

Las investigaciones en diversos casos de corrupción llevadas a cabo por el fiscal Luís Javier Santos, le han generado la discriminación, persecución y amenazas a muerte por parte de esferas polí­ticas-empresariales corruptas, que obligaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictarle medidas cautelares de protección.

A pesar de cumplir 19 días sin probar alimentos sólidos y experimentar debilitamiento en su condición fí­sica, Luís Javier Santos de 36 años no pierde su carácter apacible, amable y sobre todo su claridad para explicar el trabajo que realizó con el ideal de servir a su paí­s en la lucha contra la corrupción.

Santos confesó que “moralmente nos sentimos animados aunque en el cuerpo sentimos un poco de debilidad, me afecta grandemente el hecho de no poder ver a mi hijo, el está en San Pedro Sula y está un poquito mal de salud y eso es lo único que me está afectando en lo moral.

Investigaciones en San Pedro Sula

Ingresó a la Fiscalía ­a en 1998 y al ser trasladado de Tocoa, Colón a la Coordinación de la Fiscalí­a de Lucha contra la Corrupción en San Pedro Sula, departamento de Cortés, al norte del país, comenzaron a gestarse las persecuciones y amenazas en su contra. “Ahí­ fue cuando empezamos a conocer realmente cómo se mueve el poder detrás de las autoridades que son nombradas por la ciudadanía, la municipalidad de San Pedro Sula fue una gran experiencia”, sostuvo.
Agregó que un equipo de 4 fiscales trabajó durante nueve meses para conocer que detrás de esa estructura municipal se movían cuatro grupos que controlaban la comuna a su antojo.

“Cada quien tenía su cuota detrás de la municipalidad y cada vez que se tocaba su parte asignada, ese grupo de poder salí­a a defender sus propios intereses, ahí fue donde empezamos a conocer cómo se sustrae el dinero sin escrúpulos de las arcas del Estado”, detalló Santos. Agregó que esas operaciones se realizan depositando cheques en cuentas particulares de los funcionarios o a través de fondos comunes que reúnen todo el dinero malversado para después utilizarlo en actividades polí­ticas. Todo eso nos llevó a que recibiéramos amenazas y a que desembocara en mi traslado para que dejáramos de seguir conociendo todos estos casos, explicó

El equipo de fiscales que coordinaba Luís Javier Santos investigó las administraciones de Roberto Larios Silva y Oscar Kilgore ex alcaldes de la municipalidad de San Pedro Sula, respectivamente. La auditorí­a se inició desde el año 2003 hasta la actual administración de Rodolfo Padilla Suncery, actual alcalde de San Pedro Sula. De todos estos expedientes de corrupción debidamente sustentados, no se ha logrado condenar a ninguno de los responsables.
Existe un auto de prisión en contra de Roberto Larios Silva en el que se incluye a Oscar Kilgore mientras actuó como regidor municipal, que ha sido retrasado porque ha transcurrido más de un año de permanecer engavetado en la Corte Suprema de Justicia, debido a que los defensores de los involucrados interpusieron un recurso de amparo contra la resolución que confirmaba el auto de prisión emanado de la Corte de Apelaciones.

Asimismo existen unos 7 requerimientos fiscales en contra del ex alcalde Oscar Kilgore, de los cuales ya han sido sobreseí­dos dos casos y a los otros cinco no se les ha dado continuidad y están parados por recursos que se han interpuesto sin ningún fundamento o bien porque no se les ha dado la agilidad que corresponde, aseguró el fiscal Luis Javier Santos.

Santos informó que hay 2 requerimientos en contra del actual alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunceri, uno en el cual el auto de prisión fue confirmado por la Corte de Apelaciones, al que se le impuso la suspensión del cargo, sin embargo a través de un recurso de amparo que lleva un año en la Corte Suprema de Justicia, el caso está estancado.
Los requerimientos fueron formulados por malversación de caudales públicos e implican además del alcalde Padilla Sunceri a 3 funcionarios, entre los que se implica al jefe de Comunicaciones Serapio Umanzor.

Este caso a nosotros nos dejó sorprendidos, porque ellos toman posesión el 26 de enero de 2006 y el 5 de marzo ya estaban sacando un cheque por 500 mil lempiras para la empresa del tesorero de la municipalidad, explicó Santos. Agregó que ese cheque se sacó sin ningún fundamento, no se sabía a quien se estaba pagando y sin embargo 3 meses después elaboraron una documentación en donde se señalaba que una empresa del tesorero municipal estaba vendiéndole papelería a la municipalidad sampedrana.

Persisten amenazas

Luís Javier Santos fue objeto de agresiones fí­sicas por parte del alcalde de Santa Bárbara, Edgardo Sabillón Castillo, cuando reactivó una investigación que involucraba al edil en malversación de caudales públicos. Santos dijo que “las investigaciones establecieron que el Congreso Nacional presidido por Rafael Pineda Ponce, libró un cheque destinado a la aldea San Luís en Santa Bárbara para un proyecto de electrificación. Sin embargo el alcalde habí­a retirado y cambiado el cheque a través de otra municipalidad y con los fondos habí­a comprado un vehí­culo en Corporación Flores y el resto del dinero se habí­a quedado con el sin dar respuestas” aseguró

En este caso el tribunal consideró que habí­an suficientes méritos y procedió a su condena de 7 años de reclusión, pero al momento de ejecutar la pena máxima tembló la mano porque le admitieron una fianza e interpusieron un recurso de casación y el caso ya lleva más de un año de estar archivado en la Corte Suprema de Justicia, explicó, Luís Javier.

Santos narró que cuando el juez está dando el fallo de culpabilidad, el imputado (Edgardo Sabillón Castillo) se nos echó encima a los dos fiscales que estábamos en el juicio y nos atacó, debido a eso recibimos amenazas. Añadió que nos dijeron que en cualquier lado nos iban a quitar la vida, que nos iban a matar, y posteriormente a eso, se dio una serie de hechos que nosotros denunciamos como que el Fiscal General y la Directora de Fiscales nunca comparecieron dando su posición sobre este asunto.

El fiscal señaló que los casos de impacto social que en su momento logran pasar del Ministerio Público, por una polí­tica establecida por la institución, sino por la voluntad de algún fiscal que todaví­a cree en la justicia, es parado en la Corte y es archivado ahí­ mediante recursos tal vez inventados, tal engavetados, durmiendo el sueño de los justos.
Santos reveló que investigaciones señalaron a empresas constructoras ficticias o de maletí­n que celebraban contratos de servicios de pavimentación de calles con la municipalidad sampedrana. A través de esos contratos se lograron sustraer más de 70 millones de lempiras por reparación de calles que nunca se repararon como en Chamelecón y Rivera Hernández, nosotros investigamos con los vecinos y esas calles nunca fueron reparadas.

Cuando se inician los requerimientos en contra de los dueños de estas empresas fue cuando empezamos a recibir amenazas, porque son personas que dentro del círculo de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula tienen cierto poder y nos empezaron a decir que ellos no eran Edgardo Sabillón alcalde Santa Bárbara, que ellos si­, nos iban a matar.

Señala Luís Javier que no sólo esas amenazas se dieron, se dieron amenazas de funcionarios de la municipalidad donde incluso ahora si­ ya lo puedo decir, el sub jefe de la policía de análisis de San Pedro Sula, que fue asesinado en Tegucigalpa, manifestó que personas de la municipalidad habían llegado a proponerle a un compañero de la contratación de un sicario para que acabara con la vida de dos fiscales, uno que era Luís Javier Santos y el otro creemos que es uno que estaba involucrado en las investigaciones.

Debido a esto comparecimos a una serie de instancias, incluso al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en donde Bertha Oliva de Nativí­ fue quien nos dio el apoyo para interponer una denuncia ante la CIDH y fue allí en donde nos conceden la medida cautelar a nuestro favor.

Luís Javier Santos inició junto a 7 de sus compañeros y compañeras fiscales una huelga de hambre el pasado 7 de abril. La huelga cada dí­a suma más voluntarios a la causa de diversas organizaciones que exigen la reactivación de los casos de corrupción en el país.

Mejor que se vayan todos

EL TRIUNFO DE LOS FISCALES EN HUELGA
Por Manuel Torres Calderón,
PERIODISTA


PSC. Ya habrá tiempo de escribir como surgió la idea de los cuatro fiscales de iniciar el 7 de abril una huelga de hambre indefinida. Lo urgente ahora, a 33 días, es confirmar que el éxito de ese movimiento social se consolida en la misma medida en que la cleptocracia política y empresarial se niega a suspender de sus cargos al Fiscal General y su Adjunto. Si esa clase política que tiene como figura nominal al Presidente del Congreso Nacional hubiera accedido a las demandas iniciales, le habría ganado la batalla a los fiscales. Además de venderse como demócratas hubieran estado en condiciones para proteger a sus padrinos de cualquier investigación o auditoría.

La impunidad se basa en el sistema, no descansa en una institución en particular.En los primeros días los fiscales estaban tan solos que daba miedo pasear por los bajos del Palacio Legislativo, casi asustaban los fantasmas de arriba. Nada de multitudes, cantos, cánticos, firmas, cámaras, luces, carpas, mantas o transmisiones de televisión en vivo. Eso sí, Sandra Maribel Sánchez empezaba su histórica cobertura a través del noticiero que dirige en Radio Globo, una piedra muy molesta en el zapato de la censura. Por lo demás, no había reflectores y el país despertaba cada mañana en su escepticismo de siempre.

Eran, íngrimos, los fiscales en huelga de hambre, acompañados de personal del Equipo de Reflexión y Acción (ERIC) de los jesuitas –que en pareja se relevaban en el ayuno cada dos o tres días- y los vigilantes del Congreso Nacional. Lejos estaba Micheletti, en la tosquedad de su pensamiento, en percibir lo que se le venía encima. Lo primero que hizo, típico de su carácter y falta de visión, fue minimizar y hasta despreciar la huelga y su resistencia. De su corte seguramente le decían al oído "quién se creerá que son esos Víctor Fernández o Jari Dixon". Nadie daba un cinco por ellos, mucho menos Rosa Bautista. Probablemente tampoco los fiscales alimentaban muchas expectativas, pese a que la corrupción venía siendo identificada como una de las tres preocupaciones principales de la sociedad hondureña, superada apenas por el coste de la vida y la delincuencia (Banco Mundial, 2001).

El asunto es que la batalla era desigual, y sigue siendo desigual, en todos los sentidos del término. De un lado el Estado y los llamados "poderes fácticos", con todo su poder coercitivo, represivo, pragmático y mediático; y, por otro, un pequeño grupo ciudadano, persuasivo, dialogante, utópico y apenas dotado de voz y ejemplo. Ni siquiera un megáfono había en la carpa original de los huelguistas. Aquella soledad, sin embargo, comenzó a ser rota por inesperados acompañantes. Un grupo de jóvenes, clase media, sin filiación política, sin ninguna sigla de por medio, pero con voluntad, valor y compromiso se adelantaron a sus padres, se asomaron a la carpa y casi pidieron permiso para ser solidarios. Esa primera vez durmieron todos, como pudieron, cerca de los fiscales. Luego, una del grupo, Mariana Díaz, consiguió su carpa, consiguió colchoneta y sábanas, y empezó su ayuno prolongado. Los demás asumieron otras tareas. Después llegó otra marea de jóvenes, activos e ilusionados con este aliento de los años 70 que lograron rescatar de la historia. La incredulidad social comenzó a disiparse. Se entendió que los fiscales no tenían intención de suicidarse. El suicidio es un acto breve e irreversible mientras la huelga de hambre permite una presión graduada, y que suele ser un recurso último, después de haber usado muchos otros medios de lucha no violenta.[1]

El objetivo general planteado por los fiscales era de interés general; no privado. Se trataba de un grupo de jóvenes, quizá el promedio de edad sea de 35 años (Víctor tiene 32), que habiendo agotado todos los procedimientos internos posibles para enmendar el rumbo del Ministerio Público, decidieron reclamar lo que en este país son intangibles: dignidad y justicia. Se trataba de una acción política, no politizada como sostienen sus detractores. Política puesto que se enfrentaba a un Estado secuestrado, capturado, con técnicas difíciles de penalizar con el marco jurídico vigente.

La breve historia del Ministerio Público (1994) confirma como la mayor parte de la institucionalidad pública con atribuciones de investigación, fiscalización y juzgamiento, se desnaturalizó para satisfacer intereses políticos o económicos particulares, afectando el cumplimiento de responsabilidades públicas de interés colectivo. Los fiscales en huelga saben perfectamente bien que el Ministerio Público que reclaman, hace tiempo dejó de existir, ejecutado con el tiro de gracia de las cartas de libertad a favor de políticos corruptos y por la manipulación artera e ilegal de su ley por parte de las cúpulas del Congreso Nacional, sin distingo de partidos políticos dominantes.

Quienes menospreciando a los fiscales los califican de "ingenuos" o "incautos" carecen, deliberadamente, de razón. De hecho, su huelga de hambre no fue en última instancia para convocar al Congreso Nacional a negociar, sino para movilizar a la opinión pública, despertarla de su letargo, y crear una nueva relación de fuerza entre la ciudadanía y el Estado. En ese sentido, la legitimación popular de su huelga –cualquiera sea su desenlace- ya le dio la victoria histórica. Es posible que Honduras no sea la misma después de estos días, aunque el Estado y la política sigan bajo el poder de unos cuantos. El espejo que se rompió fue el de la complicidad pasiva de la ciudadanía con la corrupción; esa cohabitación vergonzante que se construye desde hace años, con cada nuevo escándalo que al quedar impune desalentaba a los honestos.

Es posible que cuando la huelga termine los grupos de siempre rehagan el espejo de su institucionalidad descubierta, pero no podrán ocultar las huellas de la fractura. Micheletti seguramente recibirá su voto de castigo, aunque otros de igual ralea saldrán beneficiados, Rosa Bautista y Cerna no soñarán con ser reelectos y quizá la ciudadanía se organice y presione por despolitizar la elección de los nuevos fiscales y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia. Las figuras cuentan a la hora de las reformas y no se puede repetir el abandono o la desidia ciudadana que propicio la destrucción de la credibilidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Esta huelga de hambre ha sido tan inhumanamente prolongada que ha permitido a la sociedad hacerse muchas preguntas y encontrar respuestas. Todavía es temprano para evaluar los resultados de un movimiento que aún persiste. Habrá que esperar para saber que opina la feligresía católica del papel de su Cardenal, que abandonó a sus sacerdotes en huelga; o de la grey evangélica que ve en campos pagados del Congreso Nacional el retrato de uno de sus pastores en abierto enfrentamiento con otras iglesias que se comprometieron a favor de la justicia o saber que dirán las bases de la Coordinadora Nacional de Resistencia y los gremios magisteriales ante la terrible tardanza con que la mayoría de sus dirigentes asumieron su solidaridad activa en esta coyuntura o de los sindicalistas frente a la pasividad cómplice de quienes manipulan las centrales obreras o de la misma opinión pública que deberá juzgar la incomprensión, falta de valentía para apelar a la objeción de conciencia o el comportamiento cínico y vendido de muchos periodistas y medios de comunicación o del G-16 (países cooperantes) que invierten tantos y tantos millones de dólares en promover la "seguridad jurídica" para terminar exhibiendo – con honrosas excepciones - una pasividad extrema o la complicidad descarada, como ocurrió en el caso de un diplomático de cuyo nombre nadie se quiere acordar.Habrá que analizar también los efectos sobre el Estado y toda la institucionalidad encargada de la lucha contra la corrupción, participe del colapso ético de la administración pública. Más de un mes después de que iniciaron su martirio, los fiscales deben saber que ganaron esta lucha. No sólo sensibilizaron a la opinión pública para combatir la corrupción sino que le mostraron que el camino para lograrlo se basa en la diversidad de esfuerzos. Allí en La Plaza de La Merced se ha visto lo impensable, desde feligreses de la Iglesia Vida Abundante trabajando en conjunto con los indígenas del COPINH hasta funcionarios de organismos públicos e incluso una diputada colocando sus carpas para no ingerir alimentos. Sólo movilizar en esta lucha a la clase media, tan individualizada por el modelo neoliberal, es un logro significativo.

La sociedad hondureña no se asoma a las carpas para ver morir lentamente a los fiscales y el resto de huelguistas sino para confirmar la insensibilidad de la clase política reinante y su desprecio a la vida de los otros. Bajo esas condiciones, las convicciones éticas y motivaciones de los huelguistas ya están a salvo de las dentelladas mediáticas del poder. Los perdedores son otros, aunque todavía tienen la oportunidad de una rectificación histórica. Cumplir con las demandas de los huelguistas de hambre no debe ser considerado por el Congreso Nacional y los dirigentes de los partidos políticos una debilidad del Estado, al contrario; es darle la razón a la razón. Lo peor que podrían hacer es cavar su propia tumba sumando la represión a su obstinación. Así empezó todo en Ecuador. La gente no exigía la salida de los diputados, sino del Presidente, por corrupto e ineficiente, pero al final terminó gritando: "¡mejor que se vayan todos!"

Tegucigalpa, 9 de mayo 2008

1/5/08

Se destapa la manipulación de la prensa tarifada



La opinión pública ha comenzado a protestar por la forma en que ciertos diarios "informan" a la población. Prensa sin Censura destapa la manipulación de los hechos.



La manipulacion de la verdad en sus manos


Tegucigalpa (PSC - Miércoles 30 de abril de 2008, 10:00 a.m.)
La manipulación de los acontecimientos que rodean la lucha de los fiscales honestos del Ministerio Publico y el pueblo hondureño se pone de evidencia con la descarada y mentirosa nota que publica el diario El Heraldo en su edicion de hoy miércoles 30 de abril de 2008. El mencionado diario, al afirmar que la "Marcha terminó en vandalismo; no habían policías". Falta una vez mas a la verdad y contradice el eslogan que adorna -eso mismo, únicamente adorna- la portada de sus ediciones diarias: "La verdad en sus manos". No negamos que los estudiantes de secundaria de dos institutos de la capital, al margen de la marcha y por cuestiones ajenas a la huelga de hambre, se enfrentaron cerca del Congreso Nacional donde se encuentran los fiscales pero de ninguna manera demerita la heroica gesta.
Nosotros, el Colectivo de Prensa Sin Censura, no tenemos necesidad de mentir ni de manipular lo acontecido por que no tenemos patrones que nos dicten sobre que tenemos que escribir, que enfoque tenemos que brindar a las noticias, ni que situaciones tenemos que ignorar. Aceptamos que somos objetivos pero no imparciales, como tampoco negamos o escondemos de qué lado estamos.
Todos los epítetos que se le quieren atribuir a los fiscales, y todos los negativos calificativos, que desde la gran prensa, no recogen el sentir del pueblo hondureño.
Los grandes medios reflejan la realidad desde el punto de vista de sus dueños, de la empresa privada, que también resulta cómplice de los mayores actos de corrupción que ha vivido la historia de Honduras. Cada lucha popular sirve para ponerlos en evidencia, a los medios y a los profesionales que practican un periodismo asistencialista.
El pueblo, ante el silencio y la manipulación de los grandes medios de comunicación, se ve obligado a usar las paredes y a gritar sus demandas en las calles, a tomarse las plazas o a recurrir a los volantes de distribución masiva para hacerse escuchar.
Volviendo al tema de los estudiantes les aclaramos que la marcha no se encontraba ni cerca cuando se dieron los enfrentamientos de los jóvenes estudiantes, la manifestación llegó una hora después de las trompadas, piedras y quema de llantas que hicieron los estudiantes. Cuando la manifestación popular llegó a los bajos del Congreso Nacional los únicos restos visibles de una presencia previa eran las cenizas de una llanta quemada por los estudiantes.
Con la llegada de la marcha se desarrolló junto a la estatua de indio Lempira una concentración popular donde los fiscales en huelga de hambre se dirigieron a los manifestantes. Nada de eso reflejan los periódicos en sus páginas, pero eso no nos extraña. Ya nos tienen acostumbrados a las malas noticias y al poco contenido positivo.
En similares términos a los usados por El Heraldo hace referencia al la manifestación de ayer el periódico digital Hondudiario, vaya nuestra protesta contra ellos también.
Esta nota de prensa es responsabilidad del colectivo Prensa Sin Censura (PSC) que tiene su oficina instalada en los bajos del Congreso Nacional de Honduras.
Por favor divulgue entre sus contactos esta noticia.